* Se les acusa de despojo, por lo que podrían salir bajo fianza

José Galán y Gustavo Castillo * La Procuraduría General de la República solicitó ayer al juzgado segundo de distrito en materia penal, con sede en el Reclusorio Norte, 430 órdenes de aprehensión en contra de igual número de miembros del Consejo General de Huelga y de diversas organizaciones sociales por el delito de despojo, el cual es considerado por la legislación como no grave, por lo que podrían obtener la libertad bajo fianza.

La consignación de un solo expediente ante dicho juzgado no contempla los hechos acaecidos este martes en la Preparatoria 3, sino que se remonta al inicio de la huelga en la máxima casa de estudios, e incluye tanto la toma de instalaciones académicas y de investigación como de otras fuera del campus universitario, incluyendo preparatorias y las escuelas nacionales de Música, Artes Plásticas, Enfermería y Ginecobstetricia, así como el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos.

Además, la toma violenta de los colegios de Ciencias y Humanidades y de las ENEP, en las que participaron no sólo estudiantes allí matriculados, sino importantes miembros del CGH, quienes estarían así sujetos a su arresto y posterior consignación ante el juzgado correspondiente

Fuentes judiciales confirmaron la entrega de un expediente en el que se solicita que se conceda orden de aprehensión, aunque será el juzgador quien decida, luego de analizarlo, contra quiénes de los ahí mencionados se ejercitaría acción penal. Esta solicitud está vinculada con las más de 70 denuncias presentadas en contra de los paristas de la UNAM. No tiene nexos con los hechos ocurridos el martes en la Prepa 3.

Arturo Patricio Becerril, primer secretario de acuerdos del juzgado segundo, y por mandato de ley juez en funciones, tendrá un plazo legal de 10 días hábiles para determinar contra cuántas personas se girará esta orden de aprehensión.

Sin embargo, cabe la posibilidad de que el juzgador no encuentre elementos suficientes para proceder en determinados casos, lo que dejaría inmediatamente sin efecto la petición formal de la PGR. En el caso contrario, ordenaría a la Policía Judicial Federal la detención de los presuntos responsables, quienes, una vez ante el juzgado, contarían con un plazo legal de 72 horas, que a solicitud de la defensa podría ampliarse a 144, para iniciar el proceso penal correspondiente.

Los funcionarios de la PGR mantienen total hermetismo sobre los detalles de dicho expediente, elaborado a lo largo de estos casi diez meses de huelga en la oficina del subprocurador A de procedimientos penales, Everardo Moreno Cruz, porque, según fuentes oficiales que solicitaron el anonimato, "la decisión está ahora en manos del juez, y como se trata de una averigüación en curso, no podemos proporcionar detalles".