* Los padres de familia exigen
libertad inmediata
La Jornada, México, 3 de febrero de 2000
Llevaron al Consejo Tutelar de Menores a 76 miembros del
CGH
José Galán * Ayer
ingresaron al Consejo Tutelar para Menores 76 estudiantes del Consejo General de
Huelga, mismos que tienen menos de 18 años y que fueron arrestados luego de los
sucesos en la Preparatoria 3; se les acusa de lesiones, robo y daños en
propiedad ajena. Fueron trasladados en un camión de la línea comercial Elite,
placas 5217, y de inmediato se les sometió a un examen médico y se les obligó a
vestir el uniforme reglamentario; hasta las 5:00 de la tarde comenzaron a rendir
su declaración preparatoria.
A las 3:00 de la tarde, a bordo de tres camiones oficiales de
transporte de tropas, aproximadamente 150 elementos de la Policía Federal
Preventiva ingresaron en las instalaciones del consejo, armados sólo con escudos
antimotines y garrotes, mientras que en la calle circuló la versión de que
miembros del CGH llegarían a esas instalaciones para realizar un mitin de apoyo
en favor de los menores arrestados. Los camiones, vacíos, partieron
inmediatamente con rumbo desconocido.
Detenidos durante los hechos acaecidos este martes, los
estudiantes preparatorianos 51 hombres y 25 mujeres se declararon en
huelga de hambre en protesta por su detención.
Los representantes de los abogados, Carlos Reyes Mejía, Javier
Campos y Guadalupe Susano Caballero, informaron que el ingreso de los jóvenes
fue registrado oficialmente a las 10 de la mañana, y que existe un plazo legal
de 24 horas para que los comisionados del consejo resuelvan la situación legal
de cada uno de ellos. La resolución puede ir en tres vías: libertad absoluta,
libertad bajo las reservas de ley en cualquier momento pueden ser
regresados al consejo, o permanecer bajo la tutela de las autoridades y, en
caso de que lo amerite, su expediente sea turnado al Tribunal de Menores.
Celeste Mendoza, de la Academia Mexicana de Derechos Humanos,
denunció irregularidades en la detención y traslado de los menores ante la
autoridad. Los padres de familia exigieron la libertad inmediata de sus hijos y
responsabilizaron de los hechos al presidente Ernesto Zedillo, al secretario de
Gobernación, Diódoro Carrasco, y al rector de la UNAM, Juan Ramón de la
Fuente.
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