Actualmente me dedico a investigar los modos particulares en que se construye –de modo contingente- la oferta y la demanda de atención en salud mental; simultáneamente, he venido participando de distintos dispositivos relacionados con el uso de drogas. En la convergencia de ambas inquietudes, tratando de articular dinámicas microsociales con procesos que tienen lugar en la estructura social, me ha venido llamando la atención cierto rasgo contemporáneo que quisiera aquí sugerir. Mi intención es compartir una hipótesis provisoria, según la que me planteo orientar futuros abordajes empíricos. De tal modo, no se trata de la conclusión de indagaciones anteriores, sino más bien de un bosquejo inicial, según el cual trazar el mapa de próximos recorridos investigativos.

Dicho esto, cabe especificar que lo que sigue a continuación se basa en la recolección de observaciones a modo impresionista, en el marco de dispositivos varios donde he tomado contacto con usuarios de drogas (tanto jóvenes como adultos, mayoritariamente varones, en el área metropolitana de Buenos Aires –AMBA- y pertenecientes a estratos que podrían clasificarse como bajos y medio-bajos de la población). Asimismo, retoma trabajos previos –propios y ajenos- acerca de discursos puestos en circulación en los medios masivos de comunicación, tanto como discusiones teóricas sostenidas en distintos textos, Jornadas y Congresos relacionados con temáticas de algún modo vinculadas a los derechos sociales, sobre las funciones del Estado.

Tomaré como punto de partida mi desacuerdo para con lo que comúnmente resuena en estas últimas discusiones. En ellas los análisis –y sus efectos más o menos mediatizados en la esfera de la acción social- suelen tener como supuesto incuestionado la mirada puesta en una supuesta edad de oro del Estado, o bien en una órbita de lo estatal concebida a modo normativo. Así, se retoman con insistencia conclusiones instaladas en cierta medida tanto en las ciencias sociales como en la opinión pública, en relación con la necesidad de señalar el incumplimiento del Estado en relación con lo que se definen como sus obligaciones, al tiempo que se lo caracteriza como en proceso de “achicamiento”. Quisiera aquí preguntarme sobre algunos procesos diferentes que, quedando invisibilizados por aquel mecanismo, parecieran emerger cuando el punto de mira se corre, y se ubica en las trayectorias institucionales de la población.

Recortando la esfera de la Salud Pública para construirla como analizador de mi planteo, mi hipótesis es que en determinados dispositivos terapéuticos, cuando se indagan las trayectorias institucionales de aquellos que momentáneamente ocupan el lugar de pacientes, el escenario resultante pareciera bien distinto a aquel que se deduce al focalizarse en los efectores y organismos estatales. En otras palabras: mientras que observando desde la perspectiva del sector público de salud, las respuestas estatales son ciertamente acotadas, cuando se observa desde la perspectiva de quienes transitan por ellas, siguiendo su trayectoria más allá de este paso circunstancial, las respuestas estatales parecen, si bien ineficaces, ciertamente extendidas.

La propuesta es, entonces, tratar de pensar tal problema de modo distinto, por si esto posibilitara, a su vez, inventar nuevas respuestas. A estos fines, partiré de una discusión conceptual sobre un nivel macrosocial, entendiendo que esto podría facilitar la presentación de algunas hipótesis iniciales en relación con lo que los itinerarios podrían estar mostrando. Como el planteo es algo no muy habitual, es posible que en principio parezca que los debates conceptuales que comenzaré por presentar son ajenos a pensar lo relativo a la asistencia sanitaria, y más aun a las experiencias que configuran huellas en los sujetos consultantes. Es entonces aquí mi desafío el intentar articular estos niveles, encontrando alguna lógica que posibilite el leer ciertos trazos de trayectorias individuales en una clave que nos permita comprender algo del contexto social ampliado.

Introduciendo la discusión conceptual

Entre los supuestos instalados en el sentido común –tanto de expertos como de la opinión pública- resulta frecuente escuchar referencias al “achicamiento” o “retiro” del Estado. Como toda definición condiciona la respuesta, aquel supuesto de un Estado en retroceso se convierte así más de una vez en punto de partida para demandar su presencia.
Discutiendo con esta idea, quisiera defender aquí la idea que aquel postulado se relaciona con una concepción del Estado a la cual cabría calificar de ahistórica. Aunque esta afirmación resulte en principio contraintuitiva, considero que hablar de un “retiro” del Estado implica comprenderlo a este de modo cristalizado: es al recortar una sola dimensión -la de las políticas sociales- que se constata una disminución atribuida en el mismo gesto a las dimensiones restantes, que quedaron fuera del análisis. Si cambiásemos la perspectiva, podríamos tal vez intuir que, más que de un achicamiento de la incumbencia estatal, podría tratarse de una reformulación de sus ingerencias.

Para proseguir esta línea de indagación se vuelve necesario poder diferenciar el aparato estatal como conjunto de sus connotaciones valorativas. Imbuidos de esta cautela metodológica, quizás lograríamos acercarnos a la comprensión de que, si bien crecientes sectores de la población están cada vez más desprotegidos, esto podría no depender directa y proporcionalmente de una aparente disminución del Estado. Entiendo que algunas vicisitudes del tema “drogas” podrían quizás resultar sugerentes si se las toma como analizadores.

Antes de focalizar en esto, quisiera hacer dos aclaraciones, señalando algunos límites (más) de este trabajo. En primer lugar, anticipar que a los fines modestos de este artículo tomaré aquí al “Estado” como un sistema, pese a que entiendo que en la práctica funciona como algo distinto a un ente discreto y monolítico. Quienes hemos trabajado o trabajamos en el ámbito público conocemos por experiencia directa las grietas que pueden encontrarse al ocupar sus espacios, cuando se lo hace desde perspectivas y modalidades de intervención alternativas. Sabemos que quien esté en un lugar determinado puede marcar una diferencia para quienes se encuentran con la gran maquinaria estatal en el marco de su vida cotidiana. No obstante, a los fines de focalizar el planteo que aquí intento, optaré por descuidar este aspecto que considero fundamental, esperando que se me pueda disculpar semejante omisión.
En segundo lugar, creo necesario –para hablar del “achicamiento” del Estado- mencionar, aunque tampoco sea aquí mi objetivo profundizar en esto, que pese a lo que se argumenta desde algunos ámbitos, lo que está en juego en la realidad del Estado, más allá de las argumentaciones utilizadas para sostener distintas reformas, es algo distinto a la necesidad de reducir gastos.
Ejemplificando con el Sector Salud, que es al que aquí nos referiremos en relación con el gasto social, existen datos concretos que muestran que en el período al que podríamos llamar neoliberal no disminuyó el monto presupuestario sino que al contrario este ha aumentado mientras que se produjo un fuerte deterioro de su eficacia. En este sentido, distintos autores (Kaufman y Nelson, 2004) analizan el modo en que mayores partidas presupuestarias fueron asignadas al área durante la década del ´90 con el objetivo de contribuir a su reestructuración, es decir, a rediseñar estructuras en pos de aplicar políticas de focalización y descentralización –según los dictados de lo que se ha llamado “modernización” del Estado.

Continuidades y rupturas en la función del Estado

Ahora sí, una vez saldadas aquellas cuestiones de necesaria mención, volvamos al eje central de este artículo. Para re-pensar aquella afirmación instalada acerca del “retiro” estatal, que es lo que aquí me propongo, podría resultar fundamental comprender qué es lo que motiva a un determinado orden estatal, en un momento histórico puntual, a llevar adelante políticas sociales.
Tanto la historia como la teoría política pueden sugerirnos algunas pistas que nos orienten en esta comprensión. Así, podremos observar que el Estado Social (llamado también “benefactor”, “providencia” o “de bienestar”) surge como respuesta de los estados capitalistas frente al riesgo de conflictos sociales (Isuani, 1991).
Sea en respuesta a demandas formuladas o bien anticipándose a la posibilidad de estas, las intervenciones sociales del Estado podrían definirse como “conquistadas” por quienes en tal gesto refrendan su carácter de ciudadanos (O´Donnell, 2004), y se corresponden con cierta sensibilidad de las poblaciones, en términos de considerar algo como un derecho. Así, es en el marco de una compleja dinámica social que una cuestión específica se construye como “problema social”, y en tal gesto se define como algo injusto e indeseable, frente a lo cual es necesaria la intervención del ente erigido como representante del interés general –el Estado.

Décadas atrás, este interés general era percibido como equivalente a la protección de aquellos sectores de la población más vulnerables (Andrenacci, 2005). En estrecha relación con tal atribución de sentido, se sostenía un relativo consenso social respecto del modo de prevenir la desestabilización del orden social. Así, como recurso para generar legitimidad, las intervenciones sociales del Estado tendían a funcionar en cierto sentido garantizando una mínima armonía colectiva. En definitiva, se consideraba mayormente que para sostener cierta paz social era aconsejable otorgar ciertos beneficios que conformaran un umbral mínimo de ciudadanía. Vale repetir que no se trata de dinámicas exentas de luchas colectivas, sino por el contrario: son las reivindicaciones las que motorizaban la ampliación continua de aquel umbral.

Tratando de pensar en términos procesuales para no caer en una oposición de polos discontinuos “antes/ahora” –lo cual implicaría una falacia narrativa- puede sugerirse que actualmente esta perspectiva no ha desaparecido, pero se encuentra en una fuerte disputa con otras. Y es en relación con esto que podrían formularse una serie de preguntas, a saber: si partimos de que las políticas públicas tienen como objetivo la legitimación de un determinado orden social, para luego considerar el hecho de que actualmente las políticas sociales padecerían de una fuerte ineficacia, ¿qué es lo que estaría permitiendo, no obstante, la legitimación del orden en nuestros días?. Dado que es notoria “la pobreza de las políticas contra la pobreza” ¹ (Lo Vuolo et al, 1999); ¿podría pensarse que hay otras respuestas que se están dando a la pobreza, que habilitan por otros medios la reproducción del orden social? ¿Cuáles son las bases que parecerían estar sustentando hoy la gobernabilidad? ¿Se ha “retirado” realmente el Estado? ¿O es que ha suplido con otro tipo de intervenciones su “retiro” de determinadas áreas?

Inducida por el modo en que me he formulado estas preguntas, una respuesta tentativa podría ser que las bases de la legitimidad del orden contemporáneo se encuentran ancladas en principios distintos a las de las políticas sociales. Esto podría llevarnos, tal vez, en el afán de comprender de qué principios se trata, a indagar las bases del consenso ampliado. ¿Cuáles son las áreas en las que se tiende a demandar intervenciones más fuertes por parte del Estado? ¿Cuáles son los sectores que disputan fuertemente por conquistar nuevas protecciones por parte del Estado? Una nueva respuesta, por demás provisoria pero que me animaría a aventurar a la luz de ciertos enunciados que suelen circular con particular insistencia en los medios masivos de comunicación, tanto como en las plataformas político-partidarias, es que un reclamo reiterado es el que se ha coagulado en torno del concepto de “(in)seguridad”.

Ahora bien, tal “seguridad” actualmente remite a contenidos un tanto diferentes de aquellos imperantes en las décadas donde las medidas denominadas de “seguridad social” tuvieron su apogeo. La inseguridad, en nuestro contexto, tiende a escindirse de la precariedad o la incertidumbre en las condiciones de vida y en la inserción social.
Así, en los diversos niveles administrativos se tiende a proteger mediante políticas públicas, y con una intervención estatal ciertamente pronunciada, los beneficios de algunos grupos concentrados. Entonces, aquella escisión –discursiva e imaginaria- entre inseguridad, por un lado, y aquellas políticas que entre otras cosas han tendido a una precarización importante del mercado laboral, por el otro, facilita una equivalencia casi inmediata entre inseguridad y “delito”.
Concepto este último que quizás haya también que poner entre comillas si se quiere hacer alusión a lo denegado: la delincuencia se presenta como desvinculada de la criminalidad organizada a gran escala (Del Olmo, 1997), de la corrupción de los funcionarios públicos o del afán de lucro empresarial que no respeta códigos de ética, entre otros fenómenos invisibilizados.

Construida esta discontinuidad en lo recortado como delictivo, es que la seguridad puede ser entendida como sinónimo del resguardar la propiedad privada -y la vida- de ciertos sectores de la población. El “bienestar general” habría pasado entonces, de ser aquel promovido por la integración de los desfavorecidos, a ser aquel que atañe sólo a los sectores en mayor o menor medida beneficiados –hasta el momento- por el orden social.
Se produce así un viraje donde lo que subyace en distintos debates políticos, disputando cada vez con mayor fuerza el sentido de las intervenciones estatales, es la intención de preservar a quienes por el momento se encuentren a salvo de la pauperización de aquellos que estén padeciendo los procesos de precarización ². En otras palabras, y para resumir lo anterior: el Estado Social, como idea y como práctica, se basaba en pensar que solucionando los problemas de los más pobres se resolvían los potenciales conflictos sociales, armonizando el orden del conjunto. En algún momento habrían comenzado a surgir enunciados rivales de esta postura, que tendieron a pensar problema y solución a la inversa: la paz social se conseguiría poniendo a raya a quienes no son beneficiados por este orden de cosas.

Mirando lo que prospera junto a lo que se va desintegrando

Tratando de articular lo sugerido arriba: pareciera que cuando se hace referencia al “retiro” del Estado se ponen en visibilidad -de modo recortado- los aspectos negativos de este proceso. Ahora bien, ¿cuáles son los aspectos productivos (en términos foucaultianos ³) que se encuentran ineludiblemente como contracara de aquellos? ¿Cuáles son las cosas que sí se hacen, y que permiten suplantar o soslayar lo que se deja de hacer?

Quizás lo que nos permitiría comprender mejor un aspecto sea, entonces, relacionarlo con su contrapunto. Mientras el Estado reduce su eficacia en lo relativo a las políticas sociales –y más aun en aquellas de corte universal y no asistencial- podría pensarse que está buscando el modo de ampliar su ingerencia en otras. Hay áreas en las que no sólo no se ha reducido sino que, por el contrario, se ha fortalecido su presencia. ¿Qué es lo que estaría habilitando, promoviendo, avalando, que esto así sea? Mi humilde sugerencia es que es el modo de obtener legitimidad: sólo merced al consenso puede producirse aquel viraje.

El sector Salud vuelve a resultar ejemplificador en términos de la respuesta provisoria que estoy aquí tratando de construir. ¿Por qué no estuvo éste área priorizado en la agenda pública de los ´90 (Kaufman y Nelson, op.cit.)? Entre otras cosas, porque se lo piensa como un beneficio para los sectores empobrecidos (Repetto, 2002).
En relación con esto, nuevamente resulta de interés afinar la mirada para poder observar más allá de lo declarado, sin quedarse con la primera impresión, dado que existe una denominación convencional para la lógica con la que se supone que operaría el subsector público que es la de “universalista” –denominación derivada del modo de financiamiento. Sin embargo, en la práctica la esfera pública (“subsector” desde sus orígenes) tendió a asimilarse a aquella utilizada por las poblaciones más desfavorecidas (Repetto, op.cit.).
Esta tensión se pone de manifiesto si cruzamos algunas referencias. Por ejemplo, la Ley 153 de la Ciudad de Buenos Aires habla explícitamente –hasta el momento- de “cobertura universal de la población” debido a que alcanza “a todas las personas sin excepción, sean residentes o no residentes de la Ciudad de Buenos Aires”. Sin embargo, una de las variables sociodemográficas que suelen utilizarse con total naturalidad en la actualidad y que se considera fundamental por ejemplo para realizar entre otros diagnósticos, el Análisis de Situación de Salud de la Ciudad (ASIS) denomina como “población sin cobertura de salud” a aquella que debería ser asistida por el subsistema público. En otras palabras: se podría conjeturar que mientras algunas denominaciones derivan del imaginario que asociaba la salud de cualquier recorte poblacional a un bienestar general, otras están atravesadas por la evidencia cotidiana de lo que sucede cuando no se cuenta con otra protección que la del Estado.

Para acercarse al entretejido real de las decisiones y omisiones en términos de política pública, entonces, cabe considerar la importancia de cómo son definidos los problemas sociales. Esto va de la mano no sólo con cómo se interviene, sino además con quienes son los autorizados para intervenir. Si consideramos al Estado en su doble faz de conciliación y coacción (O´Donnell, 1978), podemos poner a jugar a las políticas sociales no sólo en la correspondencia fundamental que estas guardan para con las políticas de empleo (Grassi, 2003) sino también para con las políticas de seguridad pública.

O´Donnell (ibídem) plantea que no pocas veces los problemas relativos a los sectores más pobres son leídos bajo esta clave, y es así que llegan a instalarse en la agenda. Así, mientras que el Sector Salud, junto con otras políticas de integración social, no estuvo priorizado en su conjunto en la década del ´90, podemos encontrar un área puntual del sistema sanitario que –si bien podemos considerar que de modo insuficiente- fue seno de una activación relativa. Dicha activación se dio en un contrapunto complejo para con el aparato jurídico-represivo del Estado, y en íntima vinculación con lo que fue siendo definido como clave de los “problemas sociales”. Me refiero a pequeños, acotados, discontinuos, pero emergentes dispositivos pertenecientes al Estado o financiados por aquel, cuya población-objetivo son los usuarios de drogas.

Cabe recordar que en los últimos años el tema “drogas” ha ido ganando en la opinión pública en cuanto a imputación de causalidad de distintos factores que se perciben como poniendo en cuestión el orden social –entre ellos, principalmente, lo calificado como delincuencia. De tal modo, distintos actores han ido participando en una definición de los problemas sociales donde lo que se construye como figura del “drogadicto” constituye un destinatario privilegiado de un repertorio de mecanismos de disciplinamiento, que en la ambigüedad entre lo punitivo y lo terapéutico confunden lo que el Estado de Bienestar se había preocupado bien por distinguir. Quiero sugerir, entonces, que en los discursos que circulan socialmente sobre la definición del tema “drogas”, y que se encuentran actualmente en disputa, se pone de manifiesto -quizás de modo paradigmático- el lugar que las políticas sociales ocupan en el arco más amplio de las políticas públicas –o políticas de Estado.

La refractación de los procesos macrosociales en la vida cotidiana

Ahora sí, intentaré la justificación de todo este rodeo argumental, que podría considerarse un tanto abstracto. Tal como lo anuncié en un principio, se trata del desafío de ligar aquel proceso de orden macrosocial a lo que ocurre en la vida cotidiana de los sujetos. Es aquí que por momentos resulta evidente el hecho de que aquellas poblaciones para las cuales el sistema de salud pareciera volverse menos accesible, que son las poblaciones desfavorecidas, sí tienen un acceso que podríamos calificar –no sin cierto dejo de ironía- como “facilitado” a otras instituciones del Estado. Claro que se trata de un acceso impuesto, pero no por esto deja de ser recurrente. Es entonces que, quiero sugerir, puede rastrearse el modo en que aquel proceso que tiene lugar a nivel estructural se plasma en la vida cotidiana de los sujetos.

Así, cuando sacamos el foco de análisis de las políticas sociales, para ponerlo en las trayectorias de la población consultante por problemas relacionados con el uso de drogas, el “retiro” del Estado parecería cobrar otro cariz. Si bien no desde una sistematización rigurosa, me ha venido llamando poderosamente la atención, tanto en mi contacto directo como indirecto con usuarios del sistema de salud que transitan estos dispositivos, el modo fuerte en que sus trayectorias personales se encuentran marcadas por la intervención del Estado. Policías, comisarías, juzgados, institutos, y una serie de organismos públicos se conjugan en distinto orden y con distinta obstinación en cada una de las vidas de muchos de quienes acuden a los efectores de salud por este tema.

Quisiera, entonces, compartir la pregunta acerca de si acaso estas trayectorias nos permitirían entrever que el Estado ha dejado áreas vacantes sólo cuando se considera un aspecto de las políticas públicas –el de las políticas sociales. Si acaso estas trayectorias no constituirían un doloroso ejemplo de que se han encontrado otras formas de legitimación del orden social. Si acaso están tan desligadas de aquellos discursos que circulan en el imaginario contemporáneo reclamando “seguridad”. Si están tan desligadas de la fuerte asociación que muestran los medios masivos entre “la droga” (como fetiche) y “el delito”. Si no es que el Estado tiende a generar consenso a partir de una presencia fuerte en algunos ámbitos, restando eficacia a áreas que ya no parecieran convocarlo.

Sintetizando preguntas y respuestas sugeridas: quizás podría habilitarse otra mirada respecto de cómo entender al “retiro del Estado”. Es decir, considerando al Estado de modo bifronte (O´Donnell, op.cit.), cabría la pregunta acerca de si es “el Estado” como tal el que se retira o se achica, o es aquella dimensión de este que en épocas anteriores había posibilitado su legitimación. Y el que pueda hacerlo -sería necesario agregar- obedece a que circulan socialmente determinados discursos que habilitan aquella legitimación en otros términos (Colombo, 2008).
En definitiva, quisiera sugerir que en momentos históricos donde los procesos de legitimación posibilitan el despliegue de estrategias más ligadas a lo represivo, el Estado Social puede “retirarse” puesto que se encuentra el terreno disponible para que esto sea compensado con una fuerte entrada en escena de otro tipo de aparatos estatales. En definitiva, en contextos donde las valoraciones que circulan en lo social así lo permiten, la legitimidad es posible merced a otro tipo de intervenciones. Quizás, y de nuevo tengo que escribir dolorosamente, los itinerarios de la población, en su mezcla imbricada de búsqueda terapéutica y control social, podrían estar mostrándonos un aspecto de este proceso. Es sólo algo que me pregunto: cualquier tentativa de respuesta es provisoria.

Bibliografía consultada

* Adissi, Grisel; Fritsch, Pablo “El debate actual sobre la Ley de Drogas. Una disputa por la legitimidad entre agencias de control social”, ponencia presentada en las V Jornadas de Sociología de la UNLP, La Plata, Diciembre 2008

* Andrenacci, Luciano (comp.) “Problemas de política social en la Argentina contemporánea”, Editorial Prometeo, Buenos Aires, 2005

* Belmartino, Susana “La atención médica en el siglo XX – Instituciones y procesos”, Siglo XXI, Buenos Aires, 2005

* Colombo, Rafael "En el nombre de la (in)seguridad: politización y ´populismo punitivo´ en los discursos y programas de gobierno sobre el delito en Argentina (2007)", ponencia presentada en las V Jornadas de Sociología de la UNLP, La Plata, Diciembre 2008

* Del Olmo, Rosa "La conexión criminalidad violenta/drogas ilícitas: una mirada desde la criminología." En Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales Nº 2-3. (Abril- septiembre) IIES-FACES-UCV pp 182- 189, Caracas, 1997

* Foucault, Michel “Microfísica del poder”, La Piqueta, Madrid, 1992

* Grassi, Estela “Políticas y problemas sociales en la sociedad neoliberal -La otra década infame [I]” Editorial Espacio, Buenos Aires, 2003

* Isuani, Ernesto: Bismarck o Keynes: ¿Quién es el culpable? Notas sobre la crisis de Acumulación. En Isuani, Lo Vuolo y Tenti Fanfani, “El estado benefactor: un paradigma en crisis” Miñó y Dávila/CIEPP, Buenos Aires, 1991.

* Isuani, Ernesto; Tenti, Emilio et al “Estado democrático y política social”, EUDEBA, Buenos Aires, 1989

* Kaufman, R. Y Nelson, J. “Crucial Needs and Weak Incentives. Social Sector Reform, Democratization, and Globalization in Latin America”. Johns Hopkins University Press. (caps. 1, 2,4,7, 16), 2004

* Lo Vuolo, R. Barbeito, A. Pautassi, L y Rodríguez Enriquez, C “La pobreza de las políticas contra la pobreza”, CIEPP/Miño y Dávila, Buenos Aires, 1999

* O'Donnell Guillermo “Apuntes para una teoría del Estado”. Revista Mexicana de Sociología, Vol. 40, No. 4, Estado y Clases Sociales en América Latina (2) (Oct. - Dic.), pp. 1157-1199, México, 1978

* O´Donnell, Guillermo “El debate conceptual sobre la democracia” en AA.VV. La democracia en América Latina. Hacia una democracia de ciudadanas y ciudadanos. PNUD.. Pp. 11-86, Buenos Aires, 2004

* Repetto, Fabián “Gestión pública y desarrollo social en los noventa. Las trayectorias de Argentina y Chile”, Prometeo, Buenos Aires, 2002

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