La participación, en ese espacio de relación entre Estado-Economía-Sociedad, hace que los sujetos se constituyan como ciudadanos.

Hecho que no se da “a priori”, sino que es producto de una construcción.

Ser ciudadano supone ser portador de derechos, reconocerse titular de derechos.

La figura del ciudadano como sujeto de derechos se fue construyendo con el reconocimiento de garantías civiles, luego políticas. Con el Estado de Bienestar se instaura y consolida la ciudadanía social, asociada a los derechos sociales asegurados por el Estado.

Con la globalización se desdibujan las naturales formas de organización política, se redefine la noción de lo público y lo privado, emergen nuevas consideraciones en cuanto a la ética, y pierden legitimidad las instituciones esencialmente socializadoras. A su vez la ciudadanía se transforma, ante procesos de exclusión y discriminación.

Como resultado del proceso político-histórico-social que desde hace más de tres décadas vivimos en nuestro país, aquellos sujetos cuya mayor participación podría generar un alivio a sus propios padecimientos, son quienes más cercenado tienen ese derecho.

La exclusión es vinculante con la discriminación. La discriminación comprende la pérdida de derechos. La “igualdad de derechos” frente a la “desigualdad de hecho”, constituye uno de los factores que desmoviliza a los excluidos sociales.

De hecho, en las últimas décadas, estamos inmersos en una pugna entre una visión “tecnocrática” de ciudadanía (que constituye a los sujetos en “víctimas”, “destinatarios”, “beneficiarios”) y una visión de ciudadanía como una construcción histórico-social, como expresión de derechos, de valores, de prácticas y representaciones, de lazos sociales.

A su vez, observamos una fuerte tendencia a la naturalización de la exclusión, que implica un deterioro del ser ciudadano.

Naturalización de la exclusión tanto surgida desde los “incluidos” como de los mismos excluidos, quienes, ante el corrimiento del Estado, ante la “desocupación”, ante la falta de “solidaridad”, ante la “falta de calidad en la práctica política” en los escenarios micro sociales (convertida en un puro “clientelismo político”), ante las necesidades de “subsistencia”, se someten a “planes” que inhabilitan sus derechos.

Naturalización de la exclusión en el marco de una sociedad marcada por incertidumbres, falta de convicciones, dificultad para construir un proyecto colectivo.

Una sociedad con lazos sociales deconstruídos, sin espacios “reales” de socialización.

Una sociedad de “malestar”.

Una sociedad en la que la drogadicción representa una de las expresiones de ese malestar.

Drogadicción y Ciudadanía.

La naturalización de la exclusión social (de la que hablaba hace unos minutos) comprende también a los sujetos consumidores de drogas.

Esta naturalización contiene diversas implicancias, una de ellas, es la construcción de “representaciones sociales” respecto de los drogadependientes; intentando establecer una peligrosa asimilación entre:

• drogadicto – violencia

• violencia – pobreza

• pobreza – drogadicto

• drogadicto – delito

Quienes estudiaron esta supuesta asimilación, no la relacionan “directamente”, “exclusivamente”, con una cuestión “económica”; sino también con la “degradación de valores” (tales como los vinculados a la solidaridad, al “ser-construir con otros” un proyecto común).

Con la “degradación de la palabra”.

Con la “degradación de espacios socializadores”.

Para los jóvenes de sectores más vulnerables, la calle, el grupo de “pares”, el tiempo vacío, se convierten en “espacios de referencia”. Espacios impregnados por el “inmediatismo”, el “coraje”, el “que me importa”, el “la vida no vale nada”.

Y son estos jóvenes los nacidos en la década del 80….que transitaron su adolescencia en la del 90.

Una parte de estos jóvenes, son los que hoy son “drogadictos”. Sujetos que, socialmente aparecen con una “ciudadanía recortada” (por eso son judicializados, penalizados, deslazados…)

Para “excluir a otro” hay que hacerlo “extraño”, “peligroso”, para ser susceptible de ser dominado, sometido.

Para sentirse “extraño”, “peligroso”, hay que aceptar una conciencia, una ciudadanía devaluada de sí mismo, desconociendo los propios aportes a una construcción colectiva.

No se trata que la “ciudadanía” sea otorgada a quienes la tienen “recortada”, “devaluada”…

Se trata de que esos derechos cercenados sean “resignificados”, sean “sentidos-reconocidos”, al “re-construir lazos sociales” al “hacer ver- reconocer” el proceso histórico-social de y con, cada sujeto/sujetos, al recuperar la historia desvastada, al tejer solidaridad, al tomar decisiones.

Y esta es una cuestión que a todos nosotros, desde cada espacio de intervención social, nos cabe preguntarnos:

-¿damos “valor” a su/s palabras, a su/s decisiones?, o las “tapamos”, priorizando “nuestra intervención”?

-¿nos preguntamos acerca de los “derechos” de los drogadictos/excluidos? O también los “cercenamos”?

Si tenemos una mirada del “drogadicto-excluido” como SUJETO HISTÓRICO-SOCIAL, ésta será captada, comprendida, habilitada, por ese/esos sujeto/s, con un “me escuchó, me dio la posibilidad de elegir, de ser, de crear, de decidir”.

Y esto es, nada más y nada menos, que “aportar” a la construcción de sujetos de derechos.

Bibliografía:

• “Ensayos sobre ciudadanía” – Lic. Nora Aquín (compil.) – Editorial Espacio.

• “La Intervención en lo Social” – Lic. Alfredo Carballeda – Editorial Paidós.

• “Ciudadanía y Trabajo Social” – Lic. María Cristina Melano –

• XIX Jornadas Nacionales de Trabajo Social – Mar del Plata.

• “La lógica de la ciudadanía y la exclusión” – Lic. Ana Facal – MEDH.

• “Intervención de Trabajo Social en situaciones de crisis. Posibilidades y límites” – Lic. Ana Biessy – Cuaderno Drogadicción y Sociedad – Editorial Espacio.