La vivienda es un derecho constitucional y un indicador social básico, su concreción demanda un esfuerzo financiero para los sectores de menores ingresos y el Estado. Por esta razón, interesa conocer cómo es la interrelación política habitacional / satisfacción de necesidades básicas. Aplicando una metodología cuali-cuantitativa este artículo analiza la interacción entre las políticas de Vivienda en la Argentina y su efecto en los problemas sociales en el periodo 1995 / 2005, estudiando como Caso el Barrio 20 viviendas de San Antonio Fray Mamerto Esquiú-Catamarca-Argentina. Las conclusiones a que se arribaron indican que las políticas sociales en general, y las de vivienda en particular responden parcialmente a las necesidades concretas de la gente, no consideran el hábitat en que se insertan, ni las historias de vida de los que la demandan.

Summary

Housing is a constitutional right and basic a social indicator, its concretion demands a financial effort for the sectors of smaller income and the State. Therefore, it interests to know how the interrelation between dwelling political and satisfaction of basics necessities are. Applying to a qualitative methodology this paper analyzes the interaction between the policies of House in Argentina and its effect in the social problems in period 1995/2005, Case the District 20 houses of San Antonio Fray Mamerto Esquiú-Catamarca- Argentine. The obtained results indicate that the social policies in general, and those of house in particular they do not respond to the specific necessities of people, do not consider the habitat in which are inserted, nor life histories of which they demand it.

Introducción:

Esta reflexión se focaliza en la interacción de las Políticas de Vivienda con la demanda habitacional y como esa interrelación impacta en la gente. Evalúa hasta qué punto son efectivas, si alcanzan el fin para el que fueron diseñadas, las condiciones contextuales en las que se implementan -económicas, políticas y sociales-, si se convierten en una herramienta de lucha para la reducción de la pobreza o si por el contrario agudizan los problemas que las personas sufren.

La metodología para analizar la interacción entre las políticas de Vivienda en la Argentina y su efecto en los problemas sociales en el periodo 1995 / 2005, se basa en el análisis del corpus teórico, la información estadística, de las distintas instituciones involucradas, entrevistas informales y semiestructuradas a informantes clave, y testimonios de los habitantes del Barrio 20 viviendas de San Antonio Fray Mamerto Esquiú-Catamarca seleccionado para el estudio de caso.

Los resultados obtenidos indican que las políticas sociales / habitacionales responden en parte a la demanda, porque no analizan adecuadamente el contexto social del cual proviene el sector más marginado, que según el contrato social deben atender. La vivienda es una variable poderosa en la negociación de los agentes, por el compromiso afectivo que tienen con el hábitat los sectores de menores ingresos, que están a merced del clientelismo político. Producen efectos que dependen de un interjuego de variables culturales, sociales y económicas. En Catamarca con la nueva Ley Federal de Vivienda de 1995, es posible una mayor adecuación a la demanda. Sin embargo, los cambios introducidos han tenido disímiles resultados.

Políticas Sociales Argentinas

Las democracias en América Latina y por ende en Argentina, se caracterizaron por su fragilidad, que se evidenció en la oscilación entre gobiernos de facto y democráticos. Una de las debilidades del sistema son los fuertes mecanismos de intermediación y regulación patrimonial, que alimentan relaciones clientelares y de seudo liderazgo.

Las políticas sociales de Argentina, históricamente son atravesadas por múltiples variables, que significan y resignifican los modos de demandar. Además de un derecho constitucional, hay un derecho que se construye diariamente, a partir de la demanda de los sectores que reclaman por el mejoramiento de sus condiciones de vida. Ese derecho ciudadano que se va consolidando en el centro de la demanda, puede o no convertirse en un deber estatal y en un derecho ciudadano. Todo depende del tratamiento que se haga del conflicto.

Un estado democrático que afirme los aportes de la sociedad civil y sus organizaciones representativas, no es solo el producto de una construcción práctica conceptual; es una elaboración compleja que debe contar con la participación de diversos agentes. El desarrollo de nuevas formas y prácticas participativas, debiera fundarse en el reconocimiento de las identidades sociales.

Es fundamental la intervención de los sectores sociales en el ejercicio del poder del Estado. Las prácticas participativas de los distintos actores involucrados, son decisivas para imprimirle dinámica a la política habitacional. El catalizador debiera ser un Estado que amplíe su función, con énfasis en la redistribución de ingresos (movilidad social) que vuelvan fluidos los cambios en y de las relaciones sociales más allá de los procesos del desarrollo meramente económico.

Durante la década de los noventa la política de vivienda en el mundo ha atravesado un periodo de re-definición ideológica y política, en torno al papel que deben asumir los distintos actores estatales, privados y comunitarios, en la satisfacción de las necesidades entre ellas las del hábitat. En Argentina este proceso estuvo signado por conflictos y contradicciones ¹ asociados a la reforma del sector vivienda dentro de la transformación del Estado, a la nueva distribución entre actores gubernamentales y privados del poder económico y político.

Entre cambios los se incluyen por un lado la habilitación o facilitación de las políticas en función de las demandas y por el otro la asociación de distintos actores, especialmente las empresas constructoras que ofrecen servicios. De lo que surge la necesidad de suministrar un marco legislativo, institucional y financiero, que organice las interrelaciones entre el sector privado, las organizaciones sociales y los individuos con déficit habitacional.

En Argentina han prevalecido las políticas que atienden el negocio de las grandes empresas constructoras por sobre el interés de los sectores marginados que demandan vivienda. Se observa en los diferentes planes y operatorias dos tendencias una hegemónica y otra marginal.

La hegemónica representa un nuevo modelo de política de vivienda que ha comenzado a imponerse en la mayor parte de los países en desarrollo y realiza una apuesta fuerte a «que los mercados funcionen» (Visintini, 1978:65), incluye a la marginal presentando contradicciones. Sus modos básicos son:

• Impulsar al sector privado de la construcción (pequeñas cooperativas de construcción o empresas), para que entre al mercado. De este modo es “como si” el Estado se retirara pero en realidad los esfuerzos del gobierno se acentúan en apoyo a las empresas privadas que intervienen.

• Se ponen en marcha medidas e instrumentos de crédito, para que sean una alternativa atractiva para las entidades, en especial las financieras.

• Se busca estabilidad macro-económica, fortalecimiento de la estructura legal para el financiamiento de la vivienda, y una serie de medidas que hacen que cualquier entidad financiera, tenga líneas crediticias para la vivienda.

• Desde el punto de vista económico, tiende al perfeccionamiento del mercado. Pero el mercado, no favorece precisamente a los que menos tienen.

• Los subsidios que existen aparentemente gozan de transparencia, pero son usados políticamente para cautivar a quienes no tiene acceso al crédito. Impactan en la población de menos ingresos, este tipo de alternativas adquiere mayor relevancia en épocas pre-electorales.

En la política de vivienda, tanto en las provincias, como en los municipios, se pone en marcha un conjunto de experiencias locales, que “responden” a las necesidades de sus habitantes. Necesita un monitoreo desde lo institucional, que no siempre se realiza.

Etapas de Formulación de las políticas de vivienda.

Luego con la crisis de los ’70 los derechos sociales del Estado de Bienestar orientados a lo social se reconfiguran en un nuevo liberalismo capitalista. Si se evalúan, desde las Ciencias Sociales, los cambios estructurales ² que se dieron en las políticas habitacionales y la demanda de vivienda, se comprende como se constituyen las políticas sociales.

En el Estado de Bienestar las políticas como la de vivienda se conciben como un bien social de alcance universal, en el neocapitalismo como un bien de cambio, que el estado provee en forma focalizada. La vivienda es una necesidad, un satisfactor del hombre, o un bien de cambio, conforme a la perspectiva teórica –política desde la cual se interprete, que afecta a diferentes sectores de la sociedad.

La emergencia de un Estado neoliberal, tanto en el ámbito de su política sometida a lo económico, de performatividad y eficacia funcional, dominadas por la racionalidad instrumental definida por la fatalidad de la inserción en el mercado. A nivel de su política social se afirma una regulación “tecnicista” que en realidad es clientelista porque necesitaba legitimarse a nivel empresario y popular.

Hay sectores marginados del “sistema” total o parcialmente, que presionan sobre el mismo porque no pueden satisfacer necesidades básicas como la vivienda (Forni, 1999: 35 y 36). Entendiendo por necesidades básicas aquellas carencias de las que el ser humano no puede prescindir sin ver deteriorada su salud. Las necesidades son universales mientras que las demandas son específicas y van a depender principalmente de los valores del solicitante.

En América Latina se vivieron múltiples y confusas situaciones fundadas en ideologías diversas que llegaban a expresarse en ambiguas doctrinas nacionales. En esta ambigüedad, se tenía que crear un nuevo orden democrático. En los nuevos períodos se genera una reorganización institucional con expansión del aparato burocrático y de los servicios privatizados, el sector medio que jugó un papel importante al entrar al escenario político pasa en gran medida a formar a integrar los nuevos pobres.

Este proceso está imbricado en la construcción de la nación, de su autonomía y con el hecho de que las fuerzas minoritarias no asegurarían la continuidad de aquella construcción. Con esta debilidad democrática y ansias de populismos, aparece un nuevo horizonte, surgen nuevas instituciones de implementación de política al interior de la sociedad civil (ONGs), que se ocupan de parte del gasto social, por ende del uso de los recursos que se aplican en cada área, y manejan las políticas de sostenimiento de los ingresos, algunas con el desempeño de su trabajo y otras asistidas por el Estado.

Esta tendencia se instala en Argentina en 1991, posibilitando el avance del mercado en varios ámbitos (empresas del Estado, jubilaciones, legislación laboral, construcción) en coincidencia con las recomendaciones de los organismos internacionales de crédito, para disminuir la inversión pública y transferir fondos a la actividad privada especialmente internacional.

Frente a ello el Estado debe aumentar la competitividad para conquistar inversiones. Se trata de lograr apertura, flexibilidad, desregulación para articular la economía antes cerrada, a un capitalismo globalizado. En relación con la globalización, se desarrolla un discurso técnico-determinista que afirma la inserción en procesos que sobrepasan a los actores sociales. La reformulación de sociedad-estado implicó también la destrucción de la movilización de masas, pérdida de inclusión de gran parte de la clase trabajadora en el sistema, caída de los salarios, por ende el incremento de la dependencia de la población marginada de las políticas del Estado.

Para cumplir ese objetivo, el Estado deja de lado su función de productor de vivienda y asume el papel de administrador del sector, orienta el desempeño del ámbito privado -estructurado y no estructurado-, poniendo énfasis en la función generadora que cumple la vivienda en el desarrollo económico y social del país.

En muchos casos se producen conflictos porque la gente expresa lo que necesita, lo que espera que se dé cómo solución. Los temas comunes, dan lugar a demandas y tensiones políticas que impregnan los conflictos colectivos, caracterizados por la demanda de servicios, de vivienda entre otros.

Esas tensiones otorgan margen a los ajustes que desde el Estado deben bajar a la gente interviniendo en los conflictos que se generan, se resuelven positivamente si los gobiernos responden a través de las instituciones. La presión social ejercida termina por incorporar las demandas sociales a la agenda del Estado, se expresa en la reformulación de las políticas públicas urbanas / habitacionales y a nivel de la acción legislativa en la reformulación de los principios legales.

El Estado debiera contribuir a estructurar ese marco, cumpliendo un rol de facilitador de las iniciativas particulares y de regulador del mercado. Los nuevos escenarios mundiales en el ámbito del hábitat, promueven la creación de modos de gestión que permitan aunar la acción de los gobiernos, especialmente los locales, con las iniciativas del sector empresarial y las de la sociedad civil (ONG, organizaciones sociales y familias) para dar respuestas apropiadas.

Organismos de financiación

Los Organismos internacionales de Naciones Unidas y el Banco Mundial, incorporan códigos de gestión que fueron definidos en una sucesión de documentos y publicaciones de Naciones Unidas y Banco Mundial y finalmente incorporados en el Plan Mundial de Acción Siglo XXI que aprobaron los gobiernos nacionales en la Segunda Conferencia de las Naciones Unidas sobre Asentamientos Humanos, conocida como La Cumbre de La Ciudad o Hábitat II Estambul 1996.

En Argentina, las políticas de vivienda tradicionalmente se ejecutaron mediante dos instituciones principales que operaban sin coordinación: el Fondo Nacional de la Vivienda (FONAVI) y el Banco Hipotecario Nacional (BHN). El primero creado en 1972, tiene a su cargo la “política social” directa para financiar viviendas unifamiliares, multifamiliares, obras de infraestructura y de equipamiento comunitario de los sectores de bajos ingresos. Los clientes del BHN, grupos de ingresos medios, accedían a créditos para refacciones, ampliaciones, terminaciones e incluso para la adquisición de vivienda ya construida.

En 1991, parte de los fondos que conformaban el FONAVI con el impuesto al salario, pasaron a financiarse con el fondo de coparticipación federal de impuestos a los combustibles. En 1992, el Poder Ejecutivo propuso mantener una suma fija - 900 millones de dólares-, que relacionada a un PBI creciente fue reduciendo la participación del sector del 1,1%, que había tenido en los años 1980/83, al 0,57% en 1993. Esta reducción se produce por la eliminación del piso establecido, quedando sólo el impuesto a los combustibles con un aporte fijo (Resnick Brenner, 1999).

La vivienda como “problema social” perdió entidad en el nuevo esquema institucional de la Argentina, a los grupos pobres les es cada vez más difícil acceder a este elemento clave. La reforma del sistema institucional y financiero implicó:

• La creación de un nuevo marco institucional y financiero.

• La reorganización del Banco Hipotecario Nacional (BHN) que se transformó en Banco Hipotecario SA, primer banco mayorista y luego en Sociedad Anónima privatizada.

• La promoción del sector privado mediante la constitución de un mercado de títulos inmobiliarios a largo plazo a través de la titularización de hipotecas.

Se advierte que la reestructuración aparejó cambios importantes respecto del anterior modelo de política de vivienda, los cuales, a su vez, han significado logros y conflictos.

Posteriormente un nuevo sistema fue concebido con la creación del Sistema Federal de la Vivienda, por Ley Nacional 24.464 de 1995, promulgada con el objeto de “facilitar las condiciones necesarias para posibilitar a la población de recursos insuficientes, en forma rápida y eficiente, el acceso a la vivienda digna. Ello, conforme lo previsto en el artículo 14 de la Constitución Nacional”.

El Sistema Federal se integra con: a) El Fondo Nacional de la Vivienda; b) Los organismos provinciales y de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires responsables de la aplicación de la ley y la administración de los recursos por ella creados; c) El Consejo Nacional de la vivienda.

La reestructuración otorga mayor poder a las provincias, se descentralizan los recursos y el poder político de aplicación de la nueva ley. La profundidad y el alcance de los cambios impulsados pasaron a depender, en buena medida, de:

• la voluntad política de los gobiernos provinciales.

• la fuerza de las alianzas y compromisos con las empresas constructoras y clientes políticos.

• la vocación de trabajo de las ONG y organizaciones de base.

Por lo tanto, es necesario analizar el variado mosaico de las políticas de vivienda provinciales para evaluar en qué medida se efectivizó la reforma y cuáles fueron sus resultados. Se detectan múltiples programas entre los que se puede citar el de regularización dominial, que tiende a asegurar la tenencia de la tierra a los ocupantes irregulares, para que puedan acceder y adecuarse a los estándares vigentes. También favorece a los propietarios, que al ser dueños de tierras usurpadas les permite regularizar la situación.

En Catamarca, el Barrio Santa Marta es un ejemplo, que se benefició por el programa de Regularización Dominial ( de asentamientos irregulares), porque sus habitantes presionaron ante las autoridades, y el gobierno luego de múltiples gestiones, se hizo cargo de adquirir las tierras a los propietarios, para entregar escrituras a los pobladores.

Esto es una muestra, de cómo es posible solucionar en un tiempo corto las problemáticas, cuando se dan las condiciones coyunturales. Una variable social como es la vivienda y en este caso, la tierra por la que lucharon por más de 15 años sus pobladores, requiere de la confluencia de una necesidad de votos con la fuerte demanda social.

Conflictos y contradicciones

Los conflictos derivados de la demanda de vivienda, se han tratado de diferentes modos. Lo ocurrido con posterioridad a la aplicación del Sistema Federal de la Vivienda, surge al analizarse la posición de los distintos actores en el marco de la nueva distribución de poder que implicó la reforma del sistema de vivienda. Se observa que en los casi 5 años, que van desde 1995 hasta fines de 1999, la política de vivienda ha estado atravesada por una serie de conflictos vigentes e irresueltos hacia final de la década.

Declaraciones de los entonces funcionarios, en 1996, la reforma afectaba a la «patria contratista» --aunque se había llegado a ciertos acuerdos con las empresas. También se daba con la gran dificultad de sanear la cartera hipotecaria, ya que la mitad de los deudores estaban en mora, y con el hecho de que las hipotecas se otorgaban a tasas subsidiadas de 3,5% al 4% anual, muy por debajo de lo que pretendería un inversor privado (diarios Clarín Economía, 20/05/96; Crónica 3/05/96; Ámbito Financiero, 14/05/96).

El intento desde la Secretaría de Desarrollo Social para reformar la Ley del Sistema Federal de la Vivienda; a comienzos de 1998, poniendo el énfasis en la necesidad de crear mecanismos de control que garantizaran que las provincias no utilizaran los fondos para cubrir sus desfasajes financieros no prosperó. Se preveía un sistema de premios para las provincias que usaran eficientemente los recursos y castigos en el caso de tener inmovilizados los recursos enviados por la Nación. (Clarín, 6/02/98).

En mayo de 1999 se logró un acuerdo respecto de los montos (los gobernadores lograron una rebaja de 100 millones en el ajuste). Pero la contienda se volvió a plantear más adelante con la discusión del presupuesto para el año 2000. El Presupuesto presentado en Washington al FMI en septiembre de 1999 preveía un crecimiento del PBI del 3,5% y un déficit fiscal de $4.500 millones para el año próximo. Todo esto se encontraba en plena discusión cuando las nuevas autoridades asumieron el 10 de diciembre de 1999. Todos los sectores se encontraban presionando en función de sus intereses.

Las grandes empresas presionaron para operar en una sola ventanilla (la nacional) porque les resulta más fácil que en varias dispersas en cada jurisdicción; mientras que del lado de las provincias se habrían alineado las empresas locales menores que tienen asegurada su participación en los planes provinciales de vivienda, ya que sus mecanismos de relación con los gobiernos provinciales están aceitados.

Definir si la vivienda debía seguir siendo responsabilidad del Estado, se expresó en la puja entre el Ministerio de Economía y los el resto de los actores ³-. Dicho de otro modo, si el Estado debía continuar manteniendo un fondo de vivienda de la envergadura del FONAVI, en un marco de ajustes fiscales. Se trata de un conflicto socioeconómico que ha tenido varias manifestaciones y que estuvo en plena efervescencia a fines de los 90, en el marco de la discusión del presupuesto del año 2000.

Las tensiones sociales, políticas y los dilemas de la democracia, pugnan entre uniformidad y diversidad, centralización y descentralización, concertación y dispersión del poder y recursos políticos, dicotomías que son asumidas y decididas por elites enquistadas en el aparato político. Los recursos públicos escasos se destacan siempre como una limitación para hacer frente este problema, la extrema pobreza de los grupos sociales a los que van dirigidos y la falta de participación de los sectores productivos privados.

Habitacional Provincial
El organismo encargado de implementar la política social en materia de vivienda conforme con las pautas que se establecen desde la nación y la provincia provincial es el Instituto Provincial de la Vivienda creado en1984, como Organismo Descentralizado y Autárquico del Estado Provincial por Ley N° 4.084, que le asigna una finalidad eminentemente social. Los objetivos, como único organismo especializado en materia de vivienda dentro de la provincia, son: a) Centralizar la ejecución de planes, proyectos y programas de viviendas, b) Realizar aportes de financiamiento a municipalidades para la construcción de obras de infraestructura y nexos de servicios (Argentina. IPV, 2007).

La Provincia en 1996 se adhirió a la Ley 24.464 "Sistema Federal de Vivienda" por medio de la Ley Provincial 4.887 /96. Desde 1998, por Decreto se desvincula el área encargada de la evaluación de postulantes y promoción social de los adjudicatarios, a la Dirección Provincial de Adjudicaciones y Control de Viviendas Sociales dependiente Subsecretaría de Acción Social/ Ministerio de Salud y Acción Social.

En el 2000 se dicta el Decreto Acuerdo 562 por el cual se modifica la Ley 4.084 transfiriendo las atribuciones y deberes que tenía el Directorio y el Presidente a un Administrador designado por el Poder Ejecutivo en Acuerdo de Ministros. Este organismo tiene que atender un déficit habitacional que se compone según los niveles de ingreso como se observa en el siguiente cuadro:

Cuadro 1. Situación Habitacional de Catamarca Deficitaria por Quintil de ingreso

Provincia	Quintiles de ingreso per cápita del hogar del total país	Absoluto			Porcentaje		Total de Hogares Deficitarios / Total de Hogares
		Total de Hogares deficitarios	Vivienda Buena	Total de hogares	Total de Hogares deficitarios	Total de Hogares

Catamarca	1	14.464	1.412	15.876	47,2%	20,4%	91,1%
	2	10.745	10.078	20.823	35,1%	26,8%	51,6%
	3	3.098	13.348	16.446	10,1%	21,2%	18,8%
	4	2.134	10.957	13.092	7,0%	16,8%	16,3%
	5	192	11.326	11.518	0,6%	14,8%	1,7%
	Total	30.633	47.122	77.755	100%	100%	39,4%

Fte Datos elaborados por la Dirección Nacional de Políticas Habitacionales en base al Censo 2.001. Secretaría de Urbano y Vivienda.

Como se observa en el cuadro, de los hogares de menores ingresos (cuartil 1) habita en viviendas deficitarias el 91,1% y este grupo representa el 47.2% del total del déficit. Por lo tanto las políticas habitacionales debieran al menos atender las necesidades de este grupo. No obstante las operatorias que maneja el IPV no tienen el nivel cuali /cuantitativo que la demanda requiere. Como se desprende del la triangulación realizada con el barrio analizado como estudio de caso.

El Barrio 20 Viviendas

Surge el interrogante, de cómo estas ideas de los organismos internacionales, nacionales y provinciales, sobre la política de vivienda se formulan, ejecutan e impactan en los sectores más pobres; dentro de los que se ubica Argentina y la provincia de Catamarca, donde encontramos numerosos barrios y asentamientos espontáneos, tales como el 20 Viviendas de San Antonio Fray Mamerto Esquiú.

Barrio que se asienta en un espacio con características urbanas, aunque más del 60% de las familias provienen de zonas rurales. Organizan su vida en medio de la incertidumbre, de ser familias pobres que salieron de un lugar “su lugar”, y en el barrio se enfrentan a cuestiones tales como pago de vivienda, de servicios, de impuestos a lo que antes no estaban obligados.

A ello se suma el estar junto a los otros, el mostrarse en lo urbano, son nuevos modos de estar, y de generar sus propias estrategias de vida, en un hábitat producido con prácticas culturales diferentes. Por efectos de las Políticas de Vivienda, fueron reubicados en 1992, en el marco de un Programa denominado de Emergencia Habitacional. Obtener una vivienda propia, les hizo deambular durante años por distintos organismos, hasta conseguir un lugar “digno” para vivir.

La dificultad está dada porque la estructura institucional de los municipios no está preparada para las nuevas dinámicas de trabajo que implican los programas de vivienda popular y a la vez porque hacer vivienda para los muy pobres no es negocio. Por ejemplo el caso de “RP” una habitante del barrio 20 Viviendas que expresó que “para mi el ambiente, es la paz que encuentro bajo el árbol, al lado del río cuándo voy con mi pareja” ⁴, sin considerar su ambiente al lugar que le asignaron para vivir, por lo tanto su compromiso para mejorar su vivienda y barrio es casi nulo. Estas desarticulaciones demandan un trabajo social en campo muy intenso para superar las falencias iniciales.

Las desarticulaciones se observan también en los casos de “EO” y “NC” ⁵ entre otros. Se trata de dos viviendas originalmente idénticas, que luego de catorce años de permanencia muestran notables diferencias, en cuanto a ampliación y niveles de terminación. Independientemente de que haya que hacer estudios más profundos, se observa una diferencia en los capitales sociales y culturales que poseen los dos grupos familiares.

EO mejoró su hábitat a costa de la desintegración de su familia original, hoy conformó un nuevo grupo familiar, con pocos integrantes desentendiéndose de los hijos anteriores, lo que facilita un mejorar estándar de vida. Expresa “…a mi me gusta vivir mejor, me esfuerzo, logré ampliar porque lo que nos dieron eran pésimo y chiquito, los cuartos y con grande problemas. Yo prácticamente la hice de nuevo. Yo lo quiero al barrio al principio traté de trabajar para que todos mejoremos, pero no se puede, la gente es descuidada y vaga quiere que todo le den. Hice muchos trámites por el barrio pero ya me cansé…”.

El otro grupo de NC, una familia extensa de más de 18 integrantes, vive en condiciones de hacinamiento y precariedad extremas, aunque realizó una serie de construcciones “a todo trapo”, porque integra toda clase de material como estrategia de supervivencia. La abuela expresa “…es lo que nos dieron, las casas son muy chicas para nosotros que somos muchos, los hijos han hecho sus piezas… en fin… algo es algo...!”

Vivienda de NC	Vivienda de EO con ampliación y planta alta

En ambos casos pese a la diferencias de las situaciones de vida y de los capitales que portan que se expresan en el hábitat, se observa desacuerdo por lo que les adjudicaron, resignación y desanimo. No obstante todos los reajustes que habría que hacer para que los objetivos explícitos del FONAVI se ejecuten, importa que las limitaciones manifiestas en el desempeño desde la creación del nuevo sistema federal de la vivienda, no sirvan de excusa para anular las operatorias en lugar de ajustarlas y reformularlas, atendiendo a la demanda en tanto fondo específico para vivienda.

Junto al justo reclamo por su mantenimiento debería profundizarse su reforma por lo menos en cuanto al control del manejo del recurso, aumento de la eficacia y eficiencia del sistema medida en términos de cobertura social y mayor participación y control por parte de las organizaciones de la sociedad civil, diversificación de la oferta para adecuarla a la demanda.

Conclusiones

La vivienda es una de las variables de las políticas sociales más poderosas para presionar en situaciones coyunturales frente al Estado, por el compromiso afectivo con el hábitat de los sectores marginados, además permite producir rehenes para el clientelismo político. Las políticas de sociales producen efectos en los adjudicatarios que dependen de un interjuego de variables culturales, sociales y económicas.

Las políticas de vivienda en Catamarca se instalan con factibilidad de decisión local, a partir de la transferencia de fondos y funciones, con la nueva Ley Federal de Vivienda de 1995, que ha posibilitado mayores adecuaciones a la demanda y ampliación de la oferta. Los cambios han tenido disímiles resultados.

De acuerdo con un balance oficial, se han verificado los siguientes logros: más unidades terminadas por año, mayor nivel de recupero de las inversiones a través de cuotas de amortización y ahorro previo, que aumentaron los recursos disponibles de un 3 a un 15%; avance en las gestiones para la escrituración de unidades y contribución a la generación de empleo: mantenimiento en el ámbito nacional de de 260 mil puestos de trabajo.

El mejor desempeño global del FONAVI depende de la administración provincial y posibilita fuertes diferencias entre jurisdicciones, promueve más la construcción de vivienda vía empresa en detrimento de otras operatorias como créditos individuales para compra o refacción u operatorias de mejoramiento de viviendas deficitarias.

Las políticas de vivienda no implementan un trabajo que facilite la apropiación afectiva del hábitat para generar un sentido de pertenencia y pertinencia a su barrio, en el proceso de producción habitacional, en las instancias previas, de ejecución y post adjudicación. No prosperan operatorias como EPAM ⁶, créditos individuales y otras que dan mayor protagonismo a lo social y a los demandantes, que a las empresas constructoras.

Esto significa que no se produjo en una escala deseable la esperada diversificación en las operatorias habitacionales. Tampoco una mayor descentralización hacia municipios ni una convocatoria a la participación más protagónica de otros actores sociales (cooperativas, ONG, otras organizaciones de usuarios), tendencia que se acentúo en el siglo XXI, retornando a las antiguas prácticas de favorecer a las empresas.

Bibliografía, Webgrafía y Fuentes de Información

Argentina. Secretaría de Desarrollo Social, Subsecretaría de Ordenamiento Urbano y Vivienda (1999) Vivienda: logros y desafíos Buenos Aires

Argentina. Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda . (07/02/07) http://www.vivienda.gov.ar/default1.htm

Argentina. IPV -Instituto Provincial de la Vivienda de Catamarca- (07/02/07) http://www.ipvcatamarca.gov.ar/

Diario Ámbito Financiero (14/05/96)

Diario Clarín Economía (20/05/96)

Diario Clarín (6/02/98)

Diario Crónica (3/05/96)

Forni Floreal (1999) Caminos Solidarios de la Economía Argentina. Ciccus 987-9355-19-9Edicione

Resnick Brenner M. (1999) ¿El adiós al FONAVI? En Clarín.com  Edición 10.10.1999  »  Económico

Visitini, Alfredo (1978).Un ensayo sobre Historia de Política Económica Argentina Universidad nacional de Córdoba. Argentina.

NOTAS