* Primer paso para que la UNAM recobre vida: Rivera Carrera

Para gobernadores panistas, el clero, legisladores priístas y el sector privado, la recuperación de las instalaciones universitarias por la Policía Federal Preventiva (PFP) fue un acto "necesario", aunque confiaron en que continúe el diálogo entre los estudiantes y las autoridades.

El cardenal Norberto Rivera Carrera expresó ayer, al término de su homilía, que la toma de las instalaciones de la UNAM fue "necesaria", ya que a nadie beneficia una universidad cerrada, y confió en que éste sea el primer paso para que esta institución "recobre vida".

El prelado consideró que la PFP actuó "conforme a la ley y con respeto a los derechos humanos para que la UNAM viva días mejores"; sin embargo, destacó que el diálogo entre las partes involucradas debe continuar ya que no es posible "rehacer una universidad sin diálogo".

En el Congreso, los senadores priístas, Dionisio Pérez Jácome y Eduardo Andrade coincidieron en que la intervención de la PFP se apegó al estado de derecho y aseguraron que no se violó la autonomía universitaria. Argumentaron que el plebiscito fue un mandato legítimo de autoridad para rescatar a la institución de elementos ajenos a la comunidad estudiantil.

Obligado uso de la fuerza

Los legisladores convocaron a la realización inmediata del congreso universitario y utilizar la vía del diálogo para fortalecer y reconstruir la UNAM, mientras que en Tabasco el coordinador de la fracción priísta en San Lázaro, Arturo Núñez, justificó el uso de la fuerza pública, al destacar que fue obligado por la intransigencia de un grupo "ultra radical" que tenía secuestrada a la UNAM provocando un gran daño a la vida del país.

El coordinador del PT, Ricardo Cantú Garza, lamentó que algunos sectores de la sociedad aplaudan la represión contra el movimiento universitario, y consideró que esto es resultado de una estrategia del gobierno federal para prolongar el conflicto y desgastar a sus interlocutores.

Los gobernadores panistas de los estados de Guanajuato, Nuevo León, Jalisco, Aguascalientes y Baja California, y el dirigente nacional del PVEM, Jorge González Torres, avalaron la toma de las instalaciones de la UNAM.

En entrevista por separado, previa a la Reunión Nacional de Propuesta Legislativa que tuvieron en el Teatro de la República en Querétaro, coincidieron en que ya era tiempo de que el gobierno federal pusiera fin al paro de actividades en la máxima casa de estudios del país.

Dichos funcionarios, con excepción del mandatario queretano, Ignacio Loyola Vera, quien al ser inquirido rehusó hacer alguna declaración al respecto, subrayaron que lo que debe prevalecer en México es el estado de derecho y éste estaba siendo violentado por el paro de actividades en la UNAM y, de ahora en adelante, lo que se debe de buscar es el reinicio de actividades académicas lo antes posible.

A su vez, Jorge Marín Santillán, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, aseguró que por fin se tomó en cuenta la voluntad de los 180 mil participantes en el plebiscito convocado por el rector de la UNAM, con el que se demandaba recuperar la institución.

Por su parte, Alberto Fernández Garza, líder de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), estimó necesario restructurar la UNAM para que se adecue a "las demandas académicas y laborales" que existen a nivel mundial.

De igual forma, Alejandro Martínez Gallardo, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), dijo sentir "gran confianza" en la solución del conflicto porque se aplica el estado de derecho sin el uso de la violencia, en tanto que Raúl Picard, candidato a la dirigencia de Canacintra, alertó que a los egresados de la UNAM les costará por algún tiempo colocarse en puestos laborales.

A su vez, el presidente de la Comisión del Episcopado Mexicano, Luis Morales Reyes, calificó de "necesario" el desalojo de paristas de la UNAM por parte de la PFP, y dijo que al haberse agotado todas las posibilidades de diálogo, era preciso desocupar las instalaciones para que "miles de estudiantes puedan volver a las aulas, que es el bien de muchos y la postura de pocos".

Por su parte, el arzobispo de Oaxaca, Héctor González Martínez, sostuvo que los hechos acontecidos ayer "deben ser el final de cuentas en beneficio común para todo México y en particular para la UNAM". Consideró que el hecho debe ser "provechoso" y el gobierno se debe apegar a derecho.

Asimismo, el arzobispo de Morelia, Alberto Suárez Inda, señaló que el gobierno debe conjuntar "soluciones pacíficas y efectivas para restablecer el orden y respetar los derechos humanos en la reapertura del centro educativo".

A su vez, el párroco de la catedral de Jalapa, Quintín López Cessa, opinó que con este hecho "las cosas empeoran, porque tal parece que se está orillando al enfrentamiento".

El rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Jorge Luis Guevara Reynaga, sostuvo que de no intervenir las autoridades gubernamentales, era el mayor el riesgo de ingobernabilidad para la UNAM. "Como se estaban dando las agresiones internas de los estudiantes y grupos universitarios, si no se le ponía orden podría llegarse a un enfrentamiento mayor entre los propios universitarios"

En tanto, las coordinadoras de contacto del FZLN anunciaron que cerrarán filas en apoyo a los paristas universitarios detenidos ayer y exigirán la libertad inmediata e incondicional de los mismos. Sostuvieron que con la intervención policiaca el gobierno de la república es responsable de tres agravantes, premeditación, alevosía y ventaja.

Por su parte, el candidato del PAN a la jefatura de Gobierno capitalino, Santiago Creel Miranda, expresó que nadie puede estar contento con lo que sucedió en la universidad, ya que el saldo fue de cientos de estudiantes encarcelados, padres afligidos, una universidad que durante más de nueve meses no pudo brindar ese servicio público básico que es la educación gratuita y esto no es obra de la casualidad.

Enntrevistado durante una gira proselitista por Mixcoac, dijo que la recuperación de las instalaciones responde a la aplicación de la ley; había una orden por parte de un juez y había que atenderla, lo que llama la atención es por qué tanto tiempo, por qué un saldo de cientos de estudiantes detenidos. (Bertha Teresa Ramírez, María Esther Ibarra; José Antonio Román, enviado; Alejandro González Anaya y Víctor Ruiz, La Jornada San Luis; Raúl López Téllez, Guadalupe López, René Alberto López, David Carrizales, Javier Valdés Cárdenas, corresponsales, y agencias)