A partir de 1983 se inicia en Argentina una nueva experiencia democrática, luego de la larga y dramática noche de dictadura militar vivida en nuestro país. Un balance de los veinte años de democracia hasta el 10 de diciembre de 2003, en relación con las políticas económicas aplicadas en dicho período, nos permite afirmar que estas últimas no favorecieron el fortalecimiento de la vida democrática ni la construcción de ciudadanía, sino que, por el contrario, obstaculizaron e impidieron dicha construcción, provocando la más espantosa y absoluta pobreza, marginalidad, fragmentación y exclusión social. En este artículo se realiza un análisis de la tensión entre democracia y política económica vivida en nuestro país en estos veinte años y de la innegable deuda interna social que esto ha generado, mucho más terrible que la impagable e ilegítima deuda externa también originada en dicho período.

Introducción

Las políticas económicas aplicadas en estos veinte años de democracia en Argentina no ayudaron a construir una verdadera democracia y sí, por el contrario, obstaculizaron esta construcción, agravando y generando nuevas condiciones de desigualdad que implicaron más empobrecimiento, marginalización, exclusión, desciudadanización, fragmentación y vulnerabilidad social ¹.

Una verdadera democracia implica, como lo sostiene Sartori ², pluralidad de ideas y modos de vida, ejercicio pleno de la ciudadanía, participación real en la vida política y social, igualdad de oportunidades y posibilidades, justicia social y respecto por las diferencias. En Argentina no pudo construirse en estos veinte años de democracia este modelo o ideario de vida. ¿Qué factores impidieron, obstaculizaron o desfavorecieron esta construcción?. En este ensayo se pretende responder a este interrogante básico.

Por otra parte, en el siglo XIX la denominada cuestión social consistía en la lucha de “los de abajo” contra “los de arriba” ³.
La cuestión social circulaba por un eje vertical. El Manifiesto Comunista de 1948 de Marx y Engels era una arenga política que incitaba a esta lucha de “proletarios” (“los de abajo”) contra “capitalistas” (“los de arriba”). Los de abajo estaban adentro del sistema, eran la fuerza social de producción, el ejército de reserva que necesitaba el capitalismo industrial para su expansión y reproducción continua.

La democracia liberal del siglo XIX acompaña este proceso de expansión capitalista. Por eso, es planteada como un sistema formal o un conjunto de formas institucionales: régimen electoral, forma de gobierno representativa, división de poderes, partidos políticos, entre otros. Su objeto era garantizar la reproducción del modelo de acumulación capitalista y no precisamente modificar las condiciones de vida de los ciudadanos.

Luego de la crisis de 1929, se construye fundamentalmente en base a los aportes teóricos de Keynes y Schumpeter, el “Estado de Bienestar” con la pretensión de equilibrar estas dos posiciones antagónicas. La democracia es entendida en este período como garantía de los derechos sociales, del pleno empleo, de la redistribución del ingreso, del mejoramiento de las condiciones de vida y de la participación política, es decir, deja de ser un conjunto de instituciones formales, para transformase en un instrumento de cambio de la vida social. Es entendida como democracia participativa, tal como lo sostiene Respuela ⁴.

En la década de 1970, el régimen de acumulación del Estado de Bienestar entra en crisis, por las propias contradicciones del sistema capitalista y por el advenimiento de una nueva revolución tecnológica que Mendoza ⁵ llama “revolución informacional”.
Con la crisis y el cambio del régimen de acumulación del capitalismo mundial, la cuestión social incorpora una nueva dimensión. Para Castel ⁶ se trata de una nueva cuestión social.
Ya no son solamente “los de abajo” y “los de arriba”, sino además “los de adentro” y “los de afuera” (Villarreal, 1996).

La cuestión social circula, en este nuevo estadio del desarrollo histórico del capitalismo, por dos ejes: uno vertical de dominación y otro horizontal de exclusión. Aquí la democracia aparece claramente con las dos dimensiones que Bobbio y Bovero ⁷ sostienen como origen y fundamento de la política: el poder y el derecho.
Por un lado, la formalidad del “estado de derecho”, representado por un Estado sin poder, ya que éste está en los grupos económicos transnacionalizados del Nuevo Orden Económico Mundial. Por otro lado, la facticidad del poder real sin derecho con que operan estos grupos económicos, creando condiciones monopólicas u oligopólicas de concentración económica en perjuicio de los ciudadanos, cuya ciudadanía queda reducida a relaciones individuales de mercado como simples consumidores valorados sólo por su capacidad adquisitiva de bienes y servicios y no por su condición de sujetos sociales con derechos de ciudadanía.

Estos veinte años de democracia formal en Argentina, constituyen un período de histórica profundización de las desigualdades estructurales que surgen en el horizonte del país como una gran deuda social que la democracia no ha podido disminuir, ni siquiera frenar y mucho menos aun saldar. Es la gran deuda interna del país, mucho más dramática y compulsiva que la deuda externa, porque ésta es en su mayor parte ilegítima, mientras aquélla a todas luces es innegablemente legítima.

1. El contexto político, económico y social hacia fines de 1983

Qué terminaba
Las dictaduras militares instaladas en América Latina en las décadas de 1960 y 1970 tuvieron por objeto (a) terminar con los movimientos populares que desafiaban la dominación de Estados Unidos en la región, (b) instaurar un proyecto económico de expansión y consolidación de las grandes corporaciones y (c) implantar en la región el nuevo orden neoliberal monetarista que reemplazaría al modelo keynesiano de estado de bienestar.

En Argentina, si bien la experiencia de golpes militares es de vieja data, la primera dictadura que se instala con la intención de quedarse y no de interrumpir meramente un gobierno democrático, como había sucedido contra Yrigoyen, Perón y Frondizi, es la autodenominada “Revolución Argentina” que va del 28 de Junio de 1966 al 25 de Mayo de 1973 (2523 días) y luego continúa con otra dictadura autodenominada “Proceso de Reorganización Nacional” que va del 24 de Marzo de 1976 al 10 de Diciembre de 1983 (2817 días).

A finales de 1982, la situación financiera del país se había tornado crítica. El colapso de la experiencia de gobierno militar era palpable e inevitable: La mágica forma del endeudamiento externo había llegado a término. Entre 1978 y 1982 la deuda externa privada había crecido a una tasa del 38 % promedio anual, mientras que la deuda externa pública lo había hecho a un 36 %. Paradójicamente, la actividad industrial acusaba los resultados más bajos en relación a los últimos 30 años del quehacer económico del país.

Con estas condiciones de fondo y el creciente desprestigio político de la dictadura, resultante de la derrota militar en el conflicto de las Malvinas, se abriría una nueva etapa para el país, caracterizada por dos hechos determinantes: a) El inicio de difíciles y angustiosos procesos de renegociación de la deuda externa y b) El diseño de una controvertida política de ajuste en el marco de una apertura democrática.

El nuevo gobierno constitucional que asumiría el poder político hacia fines de 1983 heredaría, además, los muy poco tentadores resultados de la llamada “Primera Ronda de Renegociaciones”. El saldo de este primer intento fue más que negativo: Algunos nuevos créditos para pagar atrasos, ausencia total de reescalonamiento y un deterioro significativo de las condiciones del endeudamiento, por los fuertes recargos en las tasas de interés y el cobro de comisiones.

Tras la paralización del proceso de refinanciación de la deuda de las empresas públicas, por dificultades de orden legal y político, y el incumplimiento del programa de ajuste acordado con el Fondo Monetario Internacional a principios de 1983, en Octubre se produjo una virtual suspensión de los pagos externos.
Se abriría así, en medio de fuertes tensiones y grandes expectativas, una nueva y decisiva etapa para la sociedad argentina. Era evidente que la dictadura militar ya no era un negocio para Estados Unidos, por su costo político y económico y porque, en realidad, ya había cumplido con las tres finalidades mencionadas anteriormente para la instalación de dictaduras militares en América Latina.

Hacia fines de 1983, las condiciones sociales del país mostraban con toda crudeza las consecuencias humanas de la política económica desarrollada desde 1976 por la dictadura militar. La vigencia de la patria financiera, la apertura indiscriminada de la economía, el desmantelamiento del aparato productivo nacional, el endeudamiento externo, el congelamiento salarial, la orientación del gasto público hacia las grandes obras faraónicas, la especulación financiera y el consumo superfluo, provocaron despidos, concentración del ingreso, aumento de los índices de pobreza y marginalidad social y un alto porcentaje de población que se encontraba excluida de la salud, la alimentación, la educación y la vivienda.

Qué comenzaba
El 10 de Diciembre de 1983 se inicia un nuevo período democrático en Argentina, como sucediera en otras tantas ocasiones anteriores cuando concluían los lapsos de dictaduras militares que sucesivamente se instalaron en el país desde 1930 en adelante. Vuelve la esperanza, renacen los sueños de libertad, de participación política y de justicia social. La frase del nuevo Presidente constitucional, que asume con más del 52 % de apoyo popular, resume el valor de la democracia recuperada: “Con la democracia se come, se cura y se educa...”.

La democracia aparece como la panacea, el remedio que cura todo y tiene un poder infinito y mágico. En 1983 había fascinación con este tema de la democracia, como sostiene Daniel Illanes ⁸, porque se recuperaban ciertas libertades y quedaba atrás el fantasma de la persecución, el miedo, la desaparición y la muerte.

Las demandas del pueblo al nuevo gobierno son varias: juicio y castigo a los responsables del genocidio de más de 30.000 personas “desaparecidas” por aplicación de la denominada “Doctrina de la Seguridad Nacional”, reivindicación de los derechos humanos, restablecimiento de todas las garantías, derechos e instituciones sociales, reparación del hambre y la desnutrición, reactivación económica, redistribución del ingreso, investigación de la “legitimidad” de la deuda externa, repatriación de los capitales argentinos en el exterior, bloqueo de nuevas fugas de capitales, desmantelamiento de la patria financiera, juzgamiento de los responsables del vaciamiento económico ocurrido entre 1976 y 1983 y reestablecimiento del aparato productivo desmantelado por la dictadura militar, entre otras demandas.

Los primeros meses de gestión del nuevo gobierno se caracterizan por una natural postergación de las inminentes medidas de corte recesivo, ante el ya habitual respeto inicial de los compromisos sociales adquiridos en la campaña presidencial. La reactivación económica, en marcha desde el año anterior, no intentaría ser abortada sino hasta bien avanzado el año 1984, momento en que las variables de la inflación y los pagos externos alcanzarían un punto crítico. Sólo hasta fines de 1983 se habían acumulado atrasos por unos 3.200 millones de dólares y ya el nivel de inflación andaba por una tasa superior al 400 % anual. En diciembre de 1984 los precios al consumidor se habían incrementado en un 685 % respecto al año anterior.

2. La política económica de Alfonsín

El gobierno del presidente Raúl Ricardo Alfonsín se inicia el 10 de Diciembre de 1983 y concluye el 8 de Julio de 1989 (2037 días), anticipadamente, ya que su mandato constitucional se extendía hasta el 10 de Diciembre de 1989. Durante su gobierno, se suceden cuatro ministros de economía: Bernardo Grinspun, Juan Vital Sourrouille, Juan Carlos Pugliese y Jesús Rodríguez.

Los gobiernos democráticos que se suceden desde 1983 en adelante continúan con la aplicación y profundización del nuevo régimen de acumulación económica ⁹ iniciado en Argentina con la última dictadura militar a partir del 24 de Marzo de 1976. Al respecto, Miguel Teubal sostiene “No cabe duda de que, desde mediados de los años 1970, con el advenimiento de la última dictadura militar, se va instaurando otro modelo o “régimen de acumulación” diferente al de décadas anteriores. Este régimen de acumulación, que aparece con toda violencia en “el proceso de reorganización nacional” (aunque se podría afirmar que comienza con el “rodrigazo”, durante el gobierno peronista anterior), es profundizado bajo el gobierno de Alfonsín y por la administración menemista. Se sustenta en un nuevo esquema o marco estructural e institucional donde las políticas de ajuste y de apertura al exterior -particularmente en el ámbito financiero- podían ser consideradas variables dependientes” ¹⁰

Como lo sostienen Daniel Azpiazu y otros, el Estado pasa a ser un instrumento de los grandes grupos económicos transnacionalizados, que son a su vez los principales beneficiarios de la política económica aplicada por el Estado que ellos mismos controlan ¹¹. Alfonsín no se enfrenta con estos grupos económicos, legitimando la continuidad del “pacto de dominación” ya iniciado por estos grupos con la dictadura militar.

La política económica de Alfonsín no se orienta a la industrialización, la redistribución del ingreso y el fortalecimiento del mercado interno. Rofman ¹² denomina a este nuevo régimen de acumulación “Modelo de Ajuste Estructural”. Constituye un proceso de adecuación de la economía nacional a las condiciones del Nuevo Orden Económico Mundial ¹³ impulsado desde los organismos financieros internacionales. Dicho autor divide este proceso en dos etapas: una transicional, aplicada durante la década de 1980 y otra de consolidación, aplicada durante la década de 1990.

Durante el gobierno de Alfonsín, se aplica una política de ajuste recesivo (Rofman, 1999:29), consistente en favorecer la generación de saldos de divisas para cumplir con los pagos de la deuda externa, ajustando el gasto público, la inversión y el consumo interno, y buscando al mismo tiempo controlar la inflación. Los sucesivos programas económicos aplicados por los ministros de economía tienen como objetivos reducir el déficit fiscal, desalentar las importaciones mediante la caída del consumo interno, alentar las exportaciones a través del incremento de la producción de bienes no demandados por el mercado interno y adecuar continuamente el tipo de cambio para favorecer la competitividad externa de los productos argentinos.

Esta política de ajuste recesivo continuo, aplicada sistemáticamente por Alfonsín con el fin de generar saldos para cumplir con los compromisos de pago a los acreedores externos, provoca graves conflictos sociales por el deterioro acelerado de las condiciones de vida de la población, la disminución del salario real, el continuo incremento del costo de vida y la precarización del trabajo, originada en la política de flexibilización laboral.

El gobierno de Alfonsín queda entrampado entre dos tensiones ¹⁴. Por un lado, las demandas redistributivas de la mayoría de la población, exigidas como reparación histórica ante los daños ocasionados por la dictadura militar no reparados por la democracia y, por el otro, las demandas de protección de las empresas generadoras de empleo en la búsqueda por la mayor consolidación en los mercados.

Las demandas de la mayoría de la población se canalizan a través de trece paros nacionales llevados adelante por la Confederación General del Trabajo, en su búsqueda de modificación de la política económica de ajuste recesivo. A estas demandas redistributivas legítimas de la población, se suman otras por distintos intereses de grupos de poder económico, militar, eclesial y de la oposición política, que agravan la situación y afectan la gobernabilidad, máxime aun después de la derrota electoral del oficialismo en las elecciones de 1987.

Sostiene Rofman que “en el período 1985-1989 se observan crisis económicas recurrentes, conflictos sociales, negociaciones fracasadas con el Fondo Monetario Internacional y mayor regresividad productiva y social. Se entra en cesación de pagos y si bien se abandona todo intento de negociación concertada con otros países latinoamericanos endeudados, la debilidad política que afronta el gobierno, luego del citado año 1987, y la absoluta falta de convicción y acuerdo con la metodología impuesta por el Fondo Monetario Internacional que conduce a mayor recesión, impiden encontrar una salida satisfactoria para sus objetivos iniciales” (Rofman, 1999:30).

Hacia 1989, las condiciones internas y externas se agravan rápidamente por las presiones hiperinflacionarias, por la fuerte presión de los grupos vinculados a la deuda externa argentina, por los ajustes impuestos por los organismos financieros internacionales, por el desencanto de la población ante la deuda social, la disminución de ingresos y el deterioro de la actividad productiva y por la falta de apoyo político al gobierno. “Es evidente que la mera recuperación democrática no fue suficiente para desestructurar el modelo económico cuyas bases había sentado el gobierno militar” (Rofman, 1999:30).

La década de 1980 fue denominada por los historiadores como “La Década Perdida”, por el retroceso que significó en materia económica y social para todos los países de América Latina. Argentina, en este sentido, no fue la excepción sino que, por el contrario, es el mejor exponente de este justificado calificativo histórico. Según datos de Azpiazu y Nochteff ¹⁵, el salario real en 1983 era un 36 % inferior al de 1975 y en 1989 un 46 % inferior.

A mediados de la década de 1970, el porcentaje de hogares por debajo de la línea de pobreza era levemente inferior al 5%, mientras que a finales de la década de 1980 llega al 20%. La deuda pública externa a fines de 1983 era de unos 45.000 millones de dólares y en 1989 de más de 62.000 millones de dólares. El Producto Bruto Interno por habitante a principios de la década de 1980 era de unos 14.000 dólares (a precios de 1999), pero este valor a fines de la década de 1980 disminuye a unos 3.000 dólares (Heymannn y Kosacoff, 2000:22-23).

3. La política económica de Menem y De La Rúa

El gobierno del presidente Carlos Saúl Menem se inicia el 8 de Julio de 1989 y concluye el 10 de Diciembre de 1999 (3745 días). Durante su gobierno se suceden cinco ministros de economía: Néstor Mario Rapanelli, Orlando Ferreres, Antonio Erman González, Domingo Felipe Cavallo y Roque Fernández.

En la década de 1990, se produce la etapa de consolidación del Modelo de Ajuste Estructural (Rofman, 1999). Menem inicia su gestión intentando resolver el problema de la hiperinflación que dejara el gobierno anterior. Durante su gobierno produce las transformaciones que son requeridas por el Modelo de Ajuste Estructural y por el Consenso de Washington. Mediante estos dos instrumentos, Estados Unidos, como potencia hegemónica del Nuevo Orden Económico Mundial, disciplina al resto de países en torno al paradigma ideológico, político y económico del Neoliberalismo, que algunos autores prefieren denominarlo Neoconservadurismo ¹⁶.

Argentina es reconocida por los organismos financieros internacionales, principalmente por el Fondo Monetario Internacional, como ejemplo de país a imitar en lo que hace a la aplicación de las recetas neoliberales más ortodoxas. Sin embargo, esta calificación internacional de Argentina queda totalmente desdibujada con la crisis y los hechos sociales del 19 y 20 de Diciembre de 2001, que tienen un alto costo en muertos y heridos y que el presidente Fernando De La Rúa -sucesor de Menem y continuador del modelo- y su ministro de economía Domingo Felipe Cavallo -ex ministro de economía de Menem- no pueden afrontar y superar, abandonando sus cargos, primero el ministro de economía y luego el presidente, en la mitad de su mandato, sumiendo en el desprestigio más absoluto al histórico partido político al que pertenece, la Unión Cívica Radical, repitiendo de esta manera la experiencia del ex presidente Alfonsín, que también abandona su mandato en medio de un país que estallaba en llamas.

Menem elige como colaboradores más inmediatos, al comienzo de su mandato, a reconocidas figuras históricamente repudiadas por el peronismo, entre éstas cabe mencionar a Néstor Rapanelli y Orlando Ferreres, ministro y viceministro de economía, provenientes del grupo Bunge&Born y a los ingenieros Álvaro Alsogaray y su hija María Julia Alsogaray, de antigua raigambre conservadora liberal y representantes de los intereses norteamericanos en la Argentina. Además, Domingo Felipe Cavallo, designado canciller, figura destacada de la Fundación Mediterránea, ex presidente del Banco Central de la República Argentina que, en 1982, estatiza la deuda externa privada, hombre de reconocida ideología económica liberal formado en Harvard y vinculado al general Liendo, ex ministro de la última dictadura militar. Estos colaboradores, seleccionados por Menem, dan una idea del perfil ideológico de su gobierno.

Durante la década de gobierno de Menem, se lleva a cabo la más profunda transformación política, económica, social y cultural que se recuerda en la historia argentina. En efecto, son muy pocas las instituciones del país que no fueron alcanzadas por esta acción transformadora. Podemos hablar de una verdadera revolución menemista, en el sentido estricto de cambio social acelerado y profundo. Sin embargo, el signo de este cambio es claramente negativo y de profundo carácter regresivo.

En el orden político, en la década de 1990, Menem impulsa la modificación de la Constitución Nacional mediante un acuerdo político con Alfonsín que se denomina “Pacto de Olivos”. Amplía a nueve (9) el número de miembros de la Corte Suprema de Justicia, con la intención de erigirla como aliada del gobierno, indulta a los nueve (9) comandantes de las fuerzas armadas que habían sido condenados en la década de 1980 por graves violaciones a los derechos humanos, reprime el levantamiento militar de La Tablada y desmantela el movimiento de carapintadas, suprime el servicio militar obligatorio y reduce sustancialmente el presupuesto de las fuerzas armadas.

En el orden sindical, Menem subordina a la mayoría de los dirigentes obreros para que apoyen su política económica y social, que abiertamente perjudicaba a los trabajadores asalariados por la ola de despidos masivos y disminución de salarios originados en las privatizaciones de empresas públicas y en la política de desregulación laboral. Divide al movimiento obrero peronista en tres centrales: la oficialista Confederación General del Trabajo (CGT) y las disidentes Central de Trabajadores Argentinos (CTA) y Movimiento de Trabajadores Argentinos (MTA). Con esta estrategia de división debilita enormemente el poder sindical, aplicando el antiguo adagio romano “divide y reinarás”.

En el orden religioso, Menem suma el apoyo de la gran mayoría de obispos, sacerdotes y feligreses de la Iglesia Católica Argentina, caracterizada por su ortodoxia y conservadurismo. Varios de sus ministros y funcionarios provienen de Universidades Católicas, como el caso del economista Juan Llach, el abogado Rodolfo Barra, el economista Javier González Fraga y el educador Antonio Salonia. Menem mantiene y amplía la subvención a la educación privada católica, defiende la prohibición legal del aborto y viaja en varias oportunidades al Vaticano para visitar al pontífice romano.

Sin embargo, es en el campo económico-social donde se producen las mayores transformaciones en la década menemista. En los comienzos de su gestión, Menem envía al Congreso Nacional y éste sanciona las dos leyes que se constituirían en los marcos jurídicos básicos para la instrumentación del conjunto de medidas de política económica: la ley de emergencia económica y la ley de reforma del Estado. Con estas dos leyes se pone en marcha el Plan de Privatización de Empresas Públicas y de Concesión de los Servicios Públicos.

La primera privatización es la Empresa Nacional de Telecomunicaciones y la lleva adelante la ingeniera María Julia Alzogaray. Luego siguen Aerolíneas Argentinas, Aguas Sanitarias de la Nación, Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires, Ferrocarriles Argentinos, Yacimientos Petrolíferos Fiscales, Yacimientos Carboníferos Fiscales, Gas del Estado y otras. Se concesiona el mantenimiento y mejoramiento de la red vial argentina, mediante el sistema de peajes. Se obliga a las provincias a privatizar los Bancos Provinciales y se liquidan los Bancos Nacionales, quedando en poder del Estado solamente el Banco de la Nación Argentina como agente financiero y el Banco Hipotecario Nacional como banca mayorista dedicada al negocio de colocación de emisiones hipotecarias en los mercados financieros internacionales.

Heymann y Kosacoff ¹⁷ presentan un cuadro que resume las principales reformas monetarias, financieras, fiscales y comerciales llevadas a cabo en los años menemistas:

Año 1989

• Eliminación de restricciones sobre las transacciones en divisas.

• Reprogramación de títulos públicos.

• Suspensión de subsidios a la promoción industrial.

• Aumento de tarifas públicas.

• Intervención de empresas públicas.

• Generalización del IVA y disminución de la alícuota.

• Disminución del Impuesto a las Ganancias.

• Aumentos de Derechos de Exportación y disminución de Aranceles de Importación.

• Suspensión de pagos en efectivo de reintegros.

Año 1990

• Plan Bonex.

• Caja única para empresas del Estado.

• Reducción de áreas de la Administración Central.

• Aumento del Impuesto a los Activos e IVA.

• Ampliación de la base del IVA.

• Derogación del Impuesto a los Capitales y al Patrimonio Neto.

• Aumento de derechos de exportación y disminución de aranceles de importación.

• Negociación por el MERCOSUR.

Año 1991

• Ley de convertibilidad.

• Ley de cancelación de deudas del Estado.

• Aumento del IVA.

• Impuesto a los Bienes Personales.

• Acuerdo Nación-Provincias por transferencias de servicios.

• Eliminación de gran parte de derechos de exportación.

• Disminución de aranceles de importación.

• Régimen de importación temporaria.

• Tratado de constitución del MERCOSUR.

• Venta de acciones telefónicas.

• Contratos asociación y concesión en extracción de combustibles.

• Concesión de ramales ferroviarios.

• Disolución de entes estatales y transportes de cargas.

Año 1992

• Carta orgánica del Banco Central.

• Reforma de la ley de entidades financieras.

• Autorización para constituir encajes bancarios en dólares.

• Acuerdo de facilidades ampliadas con el FMI.

• Ampliación de la cobertura del IVA.

• Aumento del Impuesto a las Ganancias.

• Acuerdo Nación-Provincias: garantía de un ingreso mensual mínimo desde la nación.

• Regulación de deudas con jubilados.

• Aumento de la tasa estadística de importación.

• Aumento de los reembolsos a las exportaciones.

• Avance en el sistema de preferencias del MERCOSUR.

Año 1993

• Plan Brady.

• Prohibición de depósitos de menos de 30 días.

• Ley de fondos comunes de inversión.

• Normas de securitización.

• Sanción de la reforma del sistema jubilatorio.

• Acuerdo Nación-Provincias: coordinación de estructuras impositivas.

• Modificación del Impuesto a las Ganancias.

• Acuerdo de arancel externo común en el MERCOSUR. Zonas francas.

Año 1994

• Modificación de la ley de entidades financieras.

• Disminución de los aportes patronales.

• Entrada en funcionamiento del régimen previsional nacional.

• Definición del arancel externo común en el MERCOSUR.

Año 1995

• Modificación de la carta orgánica del Banco Central.

• Fondos fiduciarios.

• Garantía de depósitos.

• Aumento del IVA.

• Ampliación de la base de Ganancias y Bienes Personales.

• Eliminación parcial y transitoria de la reducción de contribuciones patronales.

• Vigencia del arancel externo común.

• Aumento de los aranceles a las importaciones.

• Reducción de los reembolsos a las exportaciones.

Año 1996

• Modificación de la ley de entidades financieras.

• Rebaja de los aportes patronales.

• Aumento del Impuesto a los Combustibles.

• Aumento de la base imponible del Impuesto a las Ganancias.

• Modificación del régimen de asignaciones familiares.

• Modificación de reintegros máximos extra e intrazona.

• Suspensión de los reembolsos a la producción de bienes de capital.

Años 1997 y 1998

• Aumento de los requisitos de liquidez.

• Regla de operación bancaria en el MERCOSUR.

• Aumento del Impuesto a las Ganancias.

• Reforma del IVA.

• Reforma laboral.

• Aumento de aranceles externos.

• Derogación de la tasa de estadística.

La ley 23.928, vigente desde el 1º de Abril de 1991, que declara la libre convertibilidad del peso con el dólar estadounidense a una paridad de uno a uno, constituye el eje de la política económica, financiera, monetaria y cambiaria del gobierno menemista. El objetivo básico de la convertibilidad es estabilizar la moneda y por consiguiente superar el crónico problema argentino de aumento continuo de precios de los bienes y servicios.
Establece el respaldo en oro y en dólares estadounidenses de la totalidad de pasivos monetarios del Banco Central, limitando de esta manera la emisión de moneda sin respaldo, otro de los males crónicos de la economía argentina. Además, constituía un anclaje para el tipo de cambio entre el dólar estadounidense y el peso, superando también aquí la crónica inestabilidad y volatilidad cambiaria de la economía argentina.

Estos tres aspectos positivos para la economía argentina hace que en los primeros años de la gestión menemista se produzca un acelerado crecimiento económico y entrada de capitales extranjeros al país, con lo cual se disimula la enorme vulnerabilidad externa que implicaba la convertibilidad y la necesidad de un creciente endeudamiento público para sostenerla. Además, el tipo de cambio fijo se constituía en una malla de acero que trababa toda aplicación de política monetaria como para atemperar los ciclos económicos en el corto plazo, con lo cual la política económica se torna procíclica, acompañando tanto el proceso de expansión como el de contracción económica, generándose de esta manera continuos problemas de liquidez y recesión.

El endeudamiento externo argentino crece aceleradamente, pasándose de algo más de 62.000 millones de dólares al comienzo del gobierno de Menem a más de 150.000 millones de dólares al final de su segundo mandato. El crecimiento económico de los primeros años se detiene hacia mediados de 1994 y la economía termina de estancarse y entra en una profunda recesión y depresión luego de la crisis mexicana del 20 de Diciembre de 1994 conocida como “crisis del tequila”, por los efectos de la globalización. En mayo de 1995 el desempleo llega al nivel más alto de la década menemista: el 18,1 %, aunque luego con De La Rúa –sucesor y continuador de Menem- llega casi al 22 % en el año 2001, cuando el país se acerca al borde de la desintegración social.

A mediados de 1996 Domingo Cavallo es reemplazado por Roque Fernández, que maneja el ministerio de economía con “piloto automático”, según su propia frase, situación que no le permite anticiparse a las crisis que luego sobrevendrían con la devaluación en cadena llevada a cabo por los países del sudeste asiático en 1997, la crisis rusa de 1998 y la devaluación brasileña de comienzos de 1999.
La tenue reactivación de la economía argentina, que se inicia a mediados de 1996, se esfuma totalmente con estas crisis y el país entra nuevamente en un prolongado período de recesión y depresión económica que se extiende hasta mediados del año 2002, con todas las consecuencias sociales que ello implica en términos de desempleo, subempleo, precarización del trabajo, cuentapropismo y marginalización económica.

Estos hechos económicos impactan profundamente en las relaciones sociales y en el modo de vida de la población. La década menemista es la década de la mayor concentración económica y desigualdad social que se conoce en la historia argentina reciente. Para algunos autores ¹⁸, el eje de la cuestión social pasa a ser la pobreza, para otros el trabajo. Las cifras publicadas por el Banco Mundial dan cuenta de una población cercana a los 18 millones de habitantes por debajo de la línea de pobreza hacia fines de la década de 1990, cifra que luego se incrementa superando los 20 millones de habitantes en el año 2002. La mitad de esta población pobre se encuentra por debajo de otro indicador estadístico más drástico aun: la línea de indigencia, que marca el límite de posibilidad material de supervivencia física como seres humanos.

Argentina, que en otros tiempos se vanagloriaba de ser el granero del mundo, es condenada por las políticas económicas a la condición de país pobre, indigente y desnutrido, casi sin destino en el marco de este modelo de ajuste estructural descarnado e inhumano, aplicado sistemáticamente por Alfonsín, Menem y De La Rúa.

4. El quiebre del modelo

Sin embargo, el pueblo percibe antes que nadie el fin de un ciclo histórico y el comienzo de otro. Las protestas sociales del 19 y 20 de Diciembre de 2001 giran en torno de un reclamo central: “que se vayan todos”. El desaliento y la humillación llegan al hartazgo y el pueblo reacciona con gran vigor y decisión. Los cacerolazos se convierten en el símbolo moderno de la protesta social, que recorre el mundo a través de los medios masivos de comunicación social. En otros puntos geográficos muy distantes de la Argentina, esta forma de protesta es imitada por otros pueblos. El reclamo “que se vayan todos” incluye a funcionarios políticos, legisladores y jueces de la corte suprema, es decir, es un cuestionamiento y rechazo a quienes ejercen los tres poderes constituidos del Estado, que son acusados de corrupción, desidia, impunidad y mal desempeño de sus funciones o al menos en perjuicio de los intereses del pueblo.

Esta protesta es canalizada a través de asambleas barriales, comisiones vecinales, piquetes y otras formas de organización social. Los grupos sociales, luego de tantos años de miedo e indiferencia, comienzan a ejercer sus derechos de ciudadanía y caen en la cuenta de su poder real como pueblo. El individualismo neoliberal es reemplazado por la solidaridad y la acción colectiva. Surgen nuevas formas de economía social vinculadas al trueque, las ferias francas, las cooperativas y mutuales, se rescata el asociativismo y se recuperan fábricas cerradas que los propios obreros vuelven a poner en marcha solidariamente.

Estas manifestaciones populares refuerzan la democracia como sistema de vida no negociable, pero que exige participación, compromiso y responsabilidades de todos los sectores sociales. Quedan muy atrás las simples relaciones de mercado y el clientelismo como práctica política que por muchos años se alimentó en el asistencialismo y la meritocracia. Los nuevos movimientos sociales plantean una vuelta a las políticas universales basadas en la condición de ciudadanía y no en determinadas situaciones sociales.

En un encuentro organizado en el año 2000 por la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) ya se planteaba el agotamiento y el fin del modelo neoliberal aplicado en Argentina desde mediados de la década de 1970. El simple estado de derecho no se reconoce como sinónimo de democracia, la igualdad ante la ley de hecho oculta profundas desigualdades estructurales y el concepto de lo público no se reduce al Estado. Para Lozano ¹⁹ la desigualdad es algo más que el simple conflicto de clases sociales que sostenía Marx, la democracia algo más que el simple estado de derecho o de igualdad ante la ley que planteaba el modelo de democracia liberal del siglo XIX y el espacio de lo público es algo más que lo meramente estatal, ya que incluye la capacidad de organización y de acción de los propios grupos sociales.

Sin cambios reales en el modelo de acumulación social, la democracia se convierte en una mera ficción. Illanes ²⁰ afirma que en 1983 había fascinación con el tema de la democracia, pero que en el 2000 la comprobación más cruel es que “la democracia es la continuación de la dictadura por otros medios”, parangonando la clásica definición de la guerra de Clausewitz. La democracia, instalada en el país el 10 de Diciembre de 1983, concreta las medidas iniciadas en 1976, en términos económicos, sociales y morales. Para Illanes, “es la continuación casi perfecta del modelo de Martínez de Hoz”. Reemplaza la dictadura militar por la dictadura del mercado, porque absolutiza las transacciones entre individuos atomizados, aislados unos de otros, fragmentados, disgregados, recortados y despojados de todo contenido de ciudadanía.

Illanes cita a Friedrich, que formula siete elementos constitutivos de toda dictadura y atribuyéndolos al mercado sostiene: 1) que tiene una ideología totalitaria: el pensamiento único, 2) que tiene un partido único: la tecnoestructura de las corporaciones transnacionales, 3) que existe un dictador: la hegemonía norteamericana en el mundo, 4) que tiene una policía secreta: la CÍA, 5) que tiene el control sobre los medios masivos de comunicación social, 6) que tiene fuerzas de intervención y 7) que tiene planificación económica.

Conclusión

De lo expuesto en este trabajo se desprende la directa relación que existe entre las políticas económicas y la construcción y consolidación de la democracia. Volviendo a la pregunta central formulada en la introducción, podemos responder que los factores que impidieron, obstaculizaron y desfavorecieron la construcción de una verdadera democracia en la Argentina fueron varios: los golpes militares, las políticas económicas, el modelo neoliberal, la impunidad, la corrupción, la desigualdad, el pensamiento único, el clientelismo político y el individualismo.

Los sucesivos golpes militares no permitieron madurar la idea de la democracia y últimamente masacraron toda una generación de lúcidos intelectuales y militantes sociales comprometidos con la causa del pueblo. Las políticas económicas implementadas en el país a partir de mediados de la década de 1970 y continuadas en las décadas de 1980 y 1990, profundizaron la desigualdad y, como consecuencia de ésta, la pobreza, la vulnerabilidad y la exclusión social de vastos sectores de la población, impidiendo la posibilidad misma de construir una sociedad democrática.

El modelo neoliberal y el pensamiento único instalaron la resignación y nos hicieron creer que jamás podríamos salir adelante y que el único camino era la obediencia y sumisión al nuevo orden económico mundial. Las reformas educativas profundizaron esta dependencia, en vez de construir un nuevo pensamiento.

La corrupción y la impunidad son dos caras de una misma moneda. Desalientan la denuncia y el reclamo y enervan los derechos humanos, sociales y políticos, elementos estos de fundamental importancia para la construcción democrática de una sociedad. El clientelismo político genera dependencia, conformismo y resignación. Es un verdadero obstáculo para la democracia, porque deforma toda la relación de los ciudadanos entre si y con el Estado, ante quien aparecen como mercaderes y traficantes de influencias, favores y recursos.

El individualismo es la base del liberalismo y del proceso de mundialización. Es un producto de la cultura occidental capitalista. Se basa en la valorización del dinero y la sacralización del mercado. Exalta los méritos personales del individuo y culpabiliza de su situación al pobre. Justifica la desigualdad, como un problema de méritos individuales. Es exitista y vedetista. Exalta la diferenciación social generando fobia a cualquier mezcla de población e instalando los miedos sociales. Si la verdadera democracia es la construcción de lazos solidarios, de redes sociales y de destinos comunes, entonces el individualismo es la dificultad y el impedimento más grave para esta construcción.

Para finalizar, cobra gran trascendencia este nuevo resurgimiento esperanzador de grupos, ideas y voluntades que se asocian en la Argentina en la construcción de un nuevo orden político, económico y social. A la revolución menemista de los noventa debe anteponerse otra revolución de signo y sentido contrario, que reemplace lo individual por lo social, lo mercantil por lo solidario, que redistribuya lo que se ha acumulado en tan pocas manos y en perjuicio de tantas vidas humanas, que reemplace lo privado por lo público, aquello que es de todos y no de unos pocos privilegiados, que revalorice el trabajo y el esfuerzo en reemplazo de lo especulativo, lo rentístico, lo clientelístico y, finalmente, que devuelva al pueblo argentino los sueños de elegir su propio destino común.

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