Ese día, una tremenda noticia tuvo el mayor porcentaje de cobertura en los medios argentinos. En Carmen de Patagones (localidad ubicada al sur de la provincia de Buenos Aires) un joven de 15 años disparó contra sus compañeros en el salón de clases de su escuela, matando a tres e hiriendo a varios. Utilizó el arma de su padre, miembro de una fuerza de seguridad (la Prefectura Naval).

No era para menos semejante cobertura. El hecho generó comentarios, análisis, opiniones y movilizaciones.
Se trató de encontrar explicaciones. Se dijo que el chico era tímido y retraído, que había peleado con sus compañeros, que no se llevaba bien con su padre, que se vestía de negro (dark), que escuchaba a Marilyn Manson, etc.

El gobierno nacional decretó dos días de luto y se realizaron jornadas de reflexión sobre la violencia en todas las escuelas. En muchos casos, la mirada (de alerta) volvió a colocarse sobre los jóvenes.

Nuevamente se reproduce el viejo discurso: juventud sinónimo de violencia, droga, subversión a los valores tradicionales. La reflexión pedida desde las instancias de gobierno conlleva una consecuencia dramática: el pedido de la sociedad para conseguir más control y una mayor penalización para los jóvenes.

Ese mismo día, dos noticias tuvieron menos cobertura por los medios de comunicación y pasaron un tanto inadvertidas para la opinión pública:

• en la ciudad de Mar del Plata se reanudó el Juicio por la Verdad (se pidió el encarcelamiento de 4 militares y un civil por su actuación durante la Dictadura Militar de 1976)

• en La Plata (capital provincial), el subsecretario de Seguridad de la provincia denunció un complot para matar al Ministro de Seguridad y a él mismo, organizado por la cúpula policial del Partido de San Isidro (provincia de Buenos Aires).

Es necesario contar con las mayor cantidad de elementos para poder hacer un análisis de los problemas que padecemos diariamente. Muchos datos son ocultados por quienes manejan las grandes empresas de comunicación. Sin embargo, muchos datos se encuentran a nuestra disposición para hacer una lectura crítica del discurso, que nos permitirá un análisis más completo y abarcativo.

Para Teun Van Dijk, el Contexto es “la estructura que involucra todas las propiedades o atributos de la situación social que son relevantes en la producción y comprensión del discurso”.

Los invito a hacer una recorrida por diversos hechos y elementos que se nos muestran inconexos, para que se integren al fin y nos permitan acercarnos a una visión más coherente de la realidad.

1. JUICIO POR LA VERDAD. 20 AÑOS DESPUES

En 1976, en el marco del proyecto imperialista encarado por los Estados Unidos (y llevado a la práctica en todo América por los grupos económicos nativos subordinados al imperialismo en sociedad con los militares “educados” bajo los conceptos de la Doctrina de Seguridad Nacional enunciada por los EE.UU.), la Junta Militar argentina derrocó al gobierno constitucional e instaló un período feroz, en el que desataron una sangrienta represión al pueblo (Terrorismo de Estado), para lograr la desarticulación de todo proyecto nacional, la destrucción de las fuerzas políticas y la voluntad de oposición a la entrega del país a los intereses de las empresas multinacionales.

Este proceso significó la destrucción del sistema productivo y generó una impresionante e ilícita Deuda (Externa), el aumento de la desocupación, la caída del salario real, el aumento en el índice de mortalidad infantil, etc.

Los años de la dictadura ¿llegaron a su fin? en 1983.
En 1985, en un histórico juicio, los responsables comandantes de las distintas juntas militares de aquellos años fueron sentenciados a cumplir penas que llegaron a la reclusión perpetua. Parecía que la justicia aportaría lo suyo para lograr la paz interna y permitir a la sociedad encontrar la verdad y castigar a los culpables para comenzar la reconstrucción. Pero...
¿Podría juzgar estos delitos el mismo Poder judicial que fuera cómplice de la represión ilegal? ¿Podría el nuevo Gobierno y la sociedad argentina depurar aquellos estamentos corruptos y delictivos?
Por diversas razones, el gobierno (Poder Ejecutivo y Poder Legislativo) sancionó dos leyes que significaron una nueva derrota popular: Ley de Obediencia Debida y Ley de Punto Final. Estas leyes fueron convalidadas por el Poder Judicial.

Por la primera, se despenalizaba a toda la cadena represiva conformada por torturadores, ladrones, asesinos y violadores, señalando la única y máxima responsabilidad de los Jefes (los ejecutores sólo cumplían órdenes).
Por la segunda, a quienes no fueran denunciados antes de determinada fecha -a fin de que se les iniciara juicio- les prescribiría toda causa en su contra (a futuro), pisoteando de esta forma la legislación internacional vigente por sucesivos tratados firmados por el país (los crímenes de lesa humanidad no prescriben).

De esta manera, volvió a concretarse un modelo de país autoritario en el que se pretendió que todos los argentinos -víctimas y torturadores; marginados y usurpadores; vencidos y vencedores- se dieran un abrazo y marcharan juntos en la reconstrucción, al amparo de un sistema democrático carente de sentido y participación.

Los siguientes años mostraron la falacia de esta “construcción publicitaria”.
¿Cómo convivir con asesinos y violadores, con torturadores y apropiadores de niños? ¿Cómo proyectar un nuevo contrato social con quien usó -para el delito- las armas y el poder otorgados por el pueblo?
En definitiva, ¿cómo convivir en una sociedad donde no se sabe quién es quién?

La dictadura del '76 difundió un famoso mensaje dirigido a las familias: “¿Sabe dónde está su hijo en este momento?”

Con el mismo criterio, cualquier joven actual podría hacerse esta pregunta: “Papá (o mamá), ¿dónde estabas (qué hiciste) durante el proceso militar?”

Por calendario escolar, las autoridades educativas establecieron la obligatoriedad de desarrollar en nuestras escuelas clases especiales, reflexiones, recordatorios, sobre determinados hechos ocurridos durante la interrupción democrática (76-83). Se debe tratar con los alumnos temas como represión ilegal, desapariciones forzadas, terrorismo de Estado, para que “no ocurran esos hechos NUNCA MAS”. Pero todo se congela cuando comienza a hablarse de responsables. Miles de jóvenes, hijos de miembros de las fuerzas de seguridad estatales (ejército, marina, aviación militar, policía, prefectura naval, gendarmería) o privadas, son obligados a participar de estas jornadas de “exaltación democrática”. Nadie les pregunta ¿qué hizo tu familia durante la década del '70? No es necesario. Deben reprimir un sabor amargo, manejar la terrible sensación de no poder defender a su propios padres, sentirse aislados, marginados de esta sociedad.

Como señaló el Almirante Massera (miembro de la Junta Militar de 1976) en aquel tremendo descargo durante el juicio a la Junta de Comandantes: “Este es el único país en el que se juzga a quienes ganaron la guerra, porque esta fue una guerra....”

Los vencedores del '76 utilizaron la fuerza bruta de la maquinaria represiva del Estado. Sus miembros fueron el brazo ejecutor. Falsamente se sintieron ganadores. Hasta que los verdaderos ganadores no los necesitaron más y los arrojaron a la basura. Los condenaron a vivir como perdedores, odiados y temidos, sin juicio de reparación. Están en el Purgatorio de las almas pecadoras.

El colmo de esta situación lo podemos ver en Alfredo Astiz. Libre y preso en nuestro país. Libre por la legislación y justicia argentinas. No puede cruzar la frontera, sentenciado por la justicia francesa por crímenes de lesa humanidad.

Astiz, ¿símbolo de un país obligado a estar encarcelado en su propia historia?

Inconstitucionalidad de las leyes

Las presiones internas y externas determinaron que en estos últimos años, numerosos jueces y Cámaras, se expidieran declarando la inconstitucionalidad de las Leyes de Obediencia debida y Punto final.

Veamos el preonunciamiento de la Asociación de Abogados de Buenos Aires al respecto:

La Corte Suprema de la Nación declaró por fin la inconstitucionalidad de las Leyes de Obediencia debida y Punto final.

Se reabrieron los juicios en varias ciudades argentinas: Salta, La Plata, Mar del Plata...

El 29 de setiembre de este año, se difundió la información: el tribunal marplatense pidió el apresamiento de cuatro militares (entre ellos el ex jefe de la guarnición militar de esa localidad) y un civil (médico) acusados de participar en torturas y desaparición forzada de personas.

La Argentina oculta trata de abrirse paso y salir a la luz, reabriendo conflictos sociales no resueltos; agregando más elementos para entender el cuadro de violencia social.

Mano de obra desocupada

A partir del retorno a la democracia y la falta de juicio y castigo a los responsables del genocidio, se pergeñó una nueva categoría social: la “mano de obra desocupada”. Miembros de las fuerzas de seguridad, exonarados, separados y también -por qué no- en actividad, continuaron desarrollando sus actividades delictivas, esta vez por fuera del aparato estatal. Sus acciones más importantes: los secuestros extorsivos.

La década del '90 pergeñó nuevas identificaciones: “la maldita policía”; la “Bonaerense”...

Bolsones de corrupción y delito organizado funcionaron en el marco del sistema de seguridad. Nuevos delitos se agregaron a las famosas actividades “semioficiales” como el “gatillo fácil” o los escuadrones de la muerte, el juego ilegal, el tráfico de drogas o la prostitución: secuestros extorsivos, desarmaderos de autos robados que funcionaban dentro de cárceles como la de Devoto en la ciudad de Buenos Aires, etc.

Los atentados -aún no esclarecidos- a la AMIA y a la Embajada de Israel en Buenos Aires en la década del '90, mostraron participación policial y complicidad de la Justicia y el poder político.

El accionar mafioso se verificó en numerosos “signos”, dados a conocer por los mismos medios de difusión y comunicación masiva. Puede tratarse de guerra entre bandas y también quizás, de lecciones a propios y ajenos.

El asesinato del reportero gráfico José Luis Cabezas en la localidad de Pinamar rozó el poder político y exhibió sin pudor las luchas de grupos económicos por obtener los restos del desguase de las empresas estatales (proceso que se vivió en toda Latinoamérica, y que no hubiera sido posible sin los procesos militares de la década del '70)

El caso Cabezas culminó con el “suicidio” del “empresario” Alfredo Yabrán, sindicado por la sociedad como responsable de esa muerte, y el enjuiciamiento y sentencia a prisión de varios allegados.

Yabrán había sido acusado de “mafioso” por Domingo Cavallo.

La actuación pública de Cavallo nos permite contextualizar su denuncia: Presidente del Banco Central a fines de los '80, durante el gobierno de facto, desde donde se produjo el traspaso de la deuda internacional privada al Estado, transfiriendo pérdidas multimillonarias a la sociedad argentina. Ministro de Economía durante el gobierno justicialista de Carlos Menem y el radical de De la Rúa, en los que se verificó la destrucción del aparato estatal y la entrega de las empresas del Estado a poder de las grandes multinacionales, así como la multiplicación de la Deuda Externa por operaciones fraudulentas (caso Megacanje).

El paso de Cavallo por gobiernos de diferente signo, nos recuerda la figura de Bernardino Rivadavia, quien pasó por varios gobiernos en los primeros tiempos de la Argentina independiente (1810 a 1828). Representante del poder británico, firmó el Empréstito Bahring Brothers que endeudó al país durante 80 años; entregó la Banda Oriental al Imperio de Brasil; aportó al triunfo del sistema liberal bajo el dominio del centralismo de Buenos Aires por sobre el resto de las provincias, entre otras obras ejemplares (para las potencias mundiales).

Mafias y vida pública

Hechos que tienen mucha similitud con prácticas mafiosas aparecen en los titulares informativos. En ellos están involucrados personajes políticos, empresarios, miembros del establishment. Generan muchas dudas, nunca se determinan sus causas, pero generalmente se exhiben impúdicamente graves hechos de sangre (caídas desde balcones, accidentes automovilísticos) en los que “extrañamente” siempre intervienen denunciantes, testigos, o jóvenes familiares de los “personajes principales” de la vida argentina.

Luego del “suicidio de Alfredo Yabrán”, dos “accidentes” conmovieron a la opinión pública:

- El hijo del Presidente Carlos Menem (Carlos junior), murió al caer a tierra su helicóptero. La explicación “oficial” es que viajaba “jugando”; volaba muy bajo sobre una autopista y se llevó por delante una línea de alta tensión. La familia denunció un homicidio. Su padre el Presidente, desde el primer momento y mucho antes de haberse iniciado la investigación, afirmó que se trató de un accidente.

- En la explosión de un polígono de tiro (en el que era socio) murió el hijo de César Jarolavsky (político radical, mano derecha del ex presidente Alfonsín, amigo personal de Carlos Menem y de Alfredo Yabrán -a quien defendió públicamente en numerosas oportunidades-)

No habían pasado más que minutos de la explosión y las cámaras de un noticiero tomaron el testimonio más notable frente al lugar del hecho: Jarolavsky sostenía en forma muy firme que se trataba de un accidente. ¿Cómo lo sabía? ¿A quién le estaba hablando? ¿Cómo superó su dolor de padre para hablar.... de un accidente?

2. DENUNCIA DE MAFIAS POLICIALES

La última noticia que nos aporta más elementos para nuestro análisis contextual, señalaba que el Ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, León Arslanián (quien fue uno de los miembros del Tribunal en el Juicio a los Comandantes en 1985), tras denunciar un complot, echó a 35 policías de San Isidro; cambió al jefe departamental y desplazó a oficiales acusados de corrupción.

Un día después de denunciar un supuesto plan de altos jefes policiales y delincuentes para matarlo, el funcionario removió a 37 oficiales y suboficiales. Entre los desplazados, 35 cumplían tareas en la jurisdicción de la Jefatura Departamental San Isidro, de la que también fue relevado su titular. ”Los policías están investigados por varios hechos de corrupción y también por estar sospechados de participar en secuestros extorsivos, tráfico de drogas y explotación de prostitutas, entre otros delitos”.

Quienes deben velar por la seguridad de la comunidad, son acusados por ser autores de gravísimos delitos.

Como forma de solucionar este problema, la policía más acusada de corrupción, cuenta con una idea revolucionaria: “En un intento por acercarse a la comunidad y mejorar la imagen institucional, la policía bonaerense cuenta con un proyecto llamado “Policito, tu policía amigo”, que consiste en la fabricación de un muñeco de peluche de un agente para repartir entre las escuelas bonaerenses. La idea es que cada grado tenga un ejemplar para que, al finalizar la jornada escolar, el alumno que haya tenido mejor conducta pueda llevarlo a su casa hasta el día siguiente. Ahora, en algunos colegios, este tipo de reconocimiento al buen comportamiento del alumno se concreta con mascotas o juguetes”

Datos estadísticos de interés

No podemos avanzar en el análisis sin detenernos un momento en algunos indicadores de nuestra sociedad:

En Argentina, el índice de desempleo aumentó en 2004. Las cifras oficiales dicen 14% de la población económicamente activa. Sin embargo, las estadísticas dejan afuera del índice de desocupación a quienes reciben el subsidio estatal de $ 150 (U$S 50) mensual otorgado por los planes sociales. Si no fuera por esto, la cifra treparía a más del 18%.

Sobre 37 millones de habitantes, 1.200.000 adultos mayores no cobran jubilación ni pensión.

1.400.000 jóvenes (entre 15 y 30 años) no estudia ni trabaja.

11.000 niños menores de un año mueren anualmente por razones prevenibles (índice de mortalidad infantil).

Sobre 6.500.000 de niños (tomado en 31 ciudades), 4.800.000 son pobres y de ellos, 2.700.000 son indigentes.

El 50% de los niños entre 6 meses y 2 años padecen anemia.

Mientras tanto, el país destina el 20% de su gasto públicoa la asistencia (directa o indirecta) a los niños. Sin embargo, entre 2001 y 2003 ingresaron al nivel de pobreza 1.200.000 más de niños.

Por último digamos que -en la última década- se produjo una transferencia notable del ingreso, de la población más pobre, a la más rica.

La verdadera inseguridad

El tema que más resuena en los medios de comunicación de nuestros países latinoamericanos reproduce el discurso imperial: el terrorismo es el enemigo de nuestro presente, así como el comunismo lo fue en la década del '70.

De acuerdo a este discurso, cualquiera puede ser un terrorista. La violencia es el tema más publicitado del momento.

Pero, ¿dónde ubicar la verdadera violencia?

Como vimos, en nuestro país se ocultó la verdad, se obligó a las víctimas del Terrorismo (la mayoría de sus habitantes) a convivir con los delincuentes responsables de los crímenes más aberrantes. Se entronó a la impunidad.
¿Cómo construir un país en paz sobre la base de la mentira, el odio y la injusticia?

Muchos discursos confirman la mirada parcial sobre acontecimientos que son de gran importancia para conocer las causas de nuestros males y permitir la generación y fortalecimiento de proyectos cooperativos con inclusión social.

Esas miradas desgranadas y parciales convalidan las irregularidades que genera la impunidad y sostienen la injusticia, mientras se acusa y penaliza a las víctimas.

El análisis contextual atraviesa la realidad, le da sentido a los hechos desde una mirada y un posicionamiento histórico cultural. Es la manera de desplazar “la culpabilidad” a los verdaderos responsables del atraso, la violencia y la muerte. Para que “pobres” y “jóvenes” comiencen a vivenciar una verdadera ciudadanía.