Discapacidad Hoy: La experiencia montevideana.

"Los discapacitados no son héroes.
No son diferentes a nosotros.
Son personas con sueños y aspiraciones.
Su identidad personal y sus necesidades básicas
se satisfacen en la comunidad,
en cuyo seno pueden realizarse
y construir relaciones significativas
como cualquier otra persona."
Revista Dis-CAPACIDAD
Comisión de Gestión Social para la Discapacidad, IMM

Tal como se ha venido trabajando, la construcción social de la discapacidad -implícitamente y las más de las veces explícitamente- resulta atravesada por la exclusión social como característica inmanente a su condición. Lo que se ha pretendido en esta investigación es plantear dicha problemática, analizarla, cuestionarla, pero siempre teniendo presente que la exclusión es reconocida a partir de su opuesto complementario que implica la integración, y viceversa.

De esta manera, la autora se cuestionó por bastante tiempo cómo trascender este mero análisis teórico y realizar el estudio de una situación que considerara interesante y que reflejara lo que hasta el momento se venía trabajando. Las posibilidades resultaban variadas: ¿Reconocer una de las tantas formas de exclusión social que determina esta población, a través del abordaje de alguna situación estigmatizante? ¿Plantearse el conflicto integración-exclusión que ocurre a nivel de la educación formal pública? ¿Intentar trascender la conflictiva generada en la superposición de recursos humanos y materiales entre instituciones, grupos, programas, por mencionar algunos? ¿Analizar alguna política de intervención a través de la cual se trabaje en pro de la integración social de las personas con capacidades diferentes? ...
Estos entre otras posibilidades, ya que en nuestro país, aunque pequeño, las determinaciones que atraviesan a las personas con capacidades diferentes por su condición de tal posibilitaría realizar distintos tipos de estudios. En definitiva, se tomó la decisión de analizar lo que la Comisión de Gestión Social para la Discapacidad, de la Intendencia Municipal de Montevideo, ha venido realizando en los últimos años en pro de la integración social de las personas con capacidades diferentes.

MONTEVIDEO DESCENTRALIZADO: COMISIÓN DE GESTIÓN SOCIAL PARA LA DISCAPACIDAD.

La Comisión de Gestión Social para la Discapacidad comienza como un Grupo de Trabajo orientado a dicha temática, a partir de las distintas demandas surgidas de diversas instituciones que trabajan con personas con capacidades diferentes. Dicho Grupo surge durante la primera administración municipal del Frente Amplio en la ciudad de Montevideo (1990-1995), y en 1995 se formaliza como Comisión de Gestión Social para la Discapacidad.

Se considera que resulta imprescindible para el análisis de dicha Comisión reconocerla, por un lado, a partir de su surgimiento como parte del proceso de descentralización municipal, y, por el otro, el reconocimiento de lo que implicaría un proceso de “concesión-conquista” en el contexto de repensar las políticas sociales a partir de una matriz histórico-crítica ⁵³ .

En relación al proceso de descentralización, Adela Claramunt (2001) la reconoce como un proceso complejo y determinado por diversas dimensiones:

“...la descentralización no constituye una propuesta positiva en sí misma –en términos de contribuir a una mayor participación de los ciudadanos en las decisiones públicas y a disminuir las brechas existentes entre los diferentes sectores sociales para acceder a los derechos de ciudadanía- sino que la forma en que se instrumente y los contenidos que se le adjudiquen darán sentidos diferentes a su desarrollo.” (CLARAMUNT, 2001: 3)

Esta autora identifica algunos factores que hacen a este proceso, a saber: el económico, que responde a la ineficiencia de un modelo de gobierno centralizado con escasos recursos para lo social; el social, que surge a partir del anterior como una respuesta a las desigualdades socio-económicas causadas por aquél; el político-administrativo, como respuesta a un aparato altamente burocratizado y con requerimientos del ejercicio de los derechos ciudadanos y de la autonomía en la gestión pública; los socioculturales, que hacen al espacio para la consolidación de nuevos sectores económicos y sociales, y la posibilidad viable de plantear alternativas en relación al Estado y la sociedad –esto implica la participación ciudadana-.

Según manifiesta Alicia Veneziano (2001), el paradigma de desarrollo de la descentralización resulta de la teoría neoclásica, la cual implica un regreso al libre mercado. A su vez, la vincula a tipos de reformas de Estado de carácter neoconservadores, a través de los cuales la política implica una “injerencia perversa” para el mercado y, según esa postura, para el bien común. En este contexto, la descentralización es vista como un proceso de desregularización, privatización y desburocratización, razón por la cual ha ocupado un sitio importante para los procesos de democratización ocurridos en América Latina posdictadura.

En lo que respecta concretamente al Estado uruguayo, el tema de la descentralización a nivel nacional fue incluido dentro de la última reforma constitucional del año 1996, la cual hizo hincapié en tres cuestiones fundamentales, a saber: el eje electoral ⁵⁴ ; el eje de las relaciones Ejecutivo/Legislativo; y, el eje de la descentralización. Concretamente en lo que hace a este último: se obliga jurídicamente al Estado a descentralizarse; se crea para ello la Comisión Sectorial dentro de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) de la Presidencia de la República; se reconoce constitucionalmente al Congreso de Intendentes, el cual puede realizar convenios con Entes Autónomos y Servicios Descentralizados, comunicarse directamente con los Ministerios, entre otros; se permite a los Gobiernos Departamentales a conveniar entre ellos facilitando las redes horizontales, se les brinda a éstos libertad en el manejo de los recursos de la alícuota de presupuesto nacional, entre otros. (VENEZIANO, 2001)

De esta manera se introduce el “proceso de descentralización” a nivel del gobierno nacional. Como proyecto –y puesta en marcha en este caso- antagónico de descentralización, se reconoce el proceso que ocurre a nivel del gobierno municipal de Montevideo, el cual retomó como puntapié inicial la participación de los “vecinos y vecinas de Montevideo” en la implementación de estrategias de planificación y gestión de políticas y programas descentralizados.

Retomando a Coraggio ⁵⁵ , este autor reconoce la existencia de dos corrientes disímiles en relación a concebir la descentralización. Éste se piensa es el punto de partida fundamental para el reconocimiento de los dos tipos de descentralización ocurridos paralelamente en el Uruguay: el planteado desde el gobierno nacional, el cual remitiría a lo que este autor cataloga dentro del “proyecto neoliberal”; y, el surgido desde el gobierno municipal montevideano, que se ubicaría dentro del “proyecto democratizante”. La confusión que por lo general ocurre versa en que:

“La coincidencia entre ambos proyectos reside en que defienden bajo distintas ópticas, la estrategia de la descentralización de las políticas sociales en el contexto de la “crisis” y reestructuración del estado de Bienestar.” (CLARAMUNT, 2001: 5)

Montevideo, además de ser la capital del país, resulta el departamento más pequeño en superficie territorial y más poblado ⁵⁶ . Su influencia política es clave y va más allá del “área metropolitana” –que abarca zonas de los departamentos de Canelones y San José-. En estas condiciones es que comienza el proceso de descentralización en Montevideo, en el año 1990, con la asunción del primer gobierno departamental de izquierda, el primero en la historia uruguaya ⁵⁷ . La propuesta frenteamplista para la implementación de la descentralización consistía en:

“el logro de una democratización de la gestión y del gobierno a través de la participación social y en la búsqueda de una mayor eficacia y eficiencia de la gestión comunal, eliminando intermediaciones burocráticas” (REVELLO, 1999: 6).

El tema de la participación surge de esta forma como una estrategia fundamental, en el reconocimiento por parte de la ciudadanía de un proceso de descentralización en el cual todos de alguna manera tienen derecho a participar y cuentan con espacios reales para hacerlo.

“La búsqueda de medios alternativos que permitan establecer relaciones estables –ajenas a los intermitentes choques entre organismos políticos antagónicos- entre ciudadanos comunes y corrientes y quienes ejercen el poder público ha sido larga, escabrosa y difícil ... La participación ciudadana y la democracia se comienzan a desarrollar en el espacio más propicio, el municipio, allí donde hay un contacto más íntimo entre el Estado y la sociedad. Basado en los sentimientos de apego y arraigo hacia lo local, surge el sentir ciudadano de la importancia de la participación activa en la planificación, construcción y desarrollo de su entorno, y en el control y fiscalización de la administración de los bienes públicos.” (REVELLO, 1999: 1)

Revello (1999) sostiene que la propuesta de descentralización implementada por la Intendencia Municipal de Montevideo responde de hecho a un proceso de democratización, no sólo en lo que respecta a la democracia formal sino en relación a la participación de los ciudadanos y ciudadanas en el diseño, construcción y control de las políticas públicas que a ellos van destinadas.

“...la democratización, entendida como un proceso de distribución y transferencia de poder, consiste en que los ámbitos decisionales de los problemas se trasladen lo más cerca posible de donde éstos se generan.” (REVELLO, 1999: 2)

En este sentido, se percibe el proceso de descentralización como un “instrumento privilegiado” para la participación ciudadana. Sólo a través de esta participación social pueden originarse, realizarse y proyectarse prácticas democráticas. Se considera que, en lo que hace a la IMM, el proceso de descentralización sucedido desde 1990 ⁵⁸ ha hecho especial hincapié en la participación de las montevideanas y montevideanos, fundamentalmente en sus primeros años de implementación ⁵⁹ . Así, se considera que se han ido logrando ámbitos de participación en diversos aspectos, como ser: en la expresión de demandas sociales, en la formulación de estrategias de cooperación, en la articulación de procesos institucionales y sociales, y en la implementación de estrategias para el desarrollo en lo urbano y en lo local.

Teniendo en cuenta el “tipo” de descentralización devenido en la ciudad de Montevideo, reconocer a la Comisión de Gestión Social para la Discapacidad en este contexto resulta un ejemplo interesante a tomar en cuenta, ya que en la implementación de cambios, elaboración de estrategias, planificación, coordinaciones y cuestiones pertinentes al surgimiento de dicha Comisión todos los actores involucrados tuvieron acceso y/o encontraron su espacio.

“Cada instancia de formación permanente fue una invitación a pensar juntos, técnicos, discapacitados y familiares en la búsqueda de tantas dudas y preguntas no contestadas. (...). también encaramos programas de educación continua que incursionaron en temáticas álgidas en la vida cotidiana de los discapacitados y sus familias, temas y problemas a los que es omisa la sociedad y ante los que no se ofrecen instrumentos para superarlos.” (Balance Quinquenal 1995-1999)

La información cuantitativa que se presenta a continuación es retomada del Balance Quinquenal 1995-1999, publicado en la Revista Dis-CAPACIDAD, y actualizada a partir de entrevistas a informantes calificados.

El objetivo general que plantea la Comisión de Gestión Social para la Discapacidad implica:

“Lograr una plena participación de las personas con capacidades diferentes en la vida social.”

Partiendo de esta premisa, se ha ido trabajando en diversas áreas que se han considerado fundamentales para la inclusión social de las personas con capacidades diferentes, a saber:

• Reorganización de servicios municipales vinculados a la discapacidad: La resolución Nº 2095/97 de la IMM aprueba el Proyecto de Normativa para la Expedición del Carné de Discapacidad cuyo Art. 6 establece: "La evaluación médica municipal se realizará por la dependencia competente aplicando la Clasificación Internacional de Deficiencia, Discapacidad y Minusvalía (CIDDM) de la OPS/OMS”. Este hecho se reconoce importante para evitar la arbitrariedad de dictámenes médicos subjetivos, no estandarizados y asegura el uso de un instrumento normativo avalado por un organismo internacional. Por otra parte sirve de punto de partida para que otras instituciones públicas y privadas que se ocupan del diagnóstico de la discapacidad adhieran a este instrumento normativo.

• Inserción laboral: La IMM resulta el único órgano público en el país que respeta lo estipulado por la Ley 16.095 sobre el llenado de vacantes del 4% de personas con discapacidad. A su vez, en tanto promoción de la autogestión, se adjudican puestos de trabajo para discapacitados en las distintas ferias de la capital.

• Supresión gradual de barreras arquitectónicas: Se llevan a cabo obras de adaptación del entorno físico para facilitar el desplazamiento de los discapacitados motrices.

• Servicio de Orientación y Apoyo: La Comisión cuenta con un espacio físico de escucha de demandas y sostenimiento ante diversas problemáticas, abierto al público en el Edificio Central de la IMM.

• Convenios con instituciones: Apoyo a más de 50 instituciones sin fines de lucro que colaboran y/o trabajan con personas discapacitadas, ya sea a través del contrato de técnicos especializados, apoyo en las escuelas especiales, cesión de terrenos y locales, colaboración con el desarrollo de proyectos, encuentros y seminarios en favor de las personas discapacitadas o de las instituciones de y para discapacitados, auspicio y apoyo a todos los eventos culturales, deportivos, y recreativos relacionados con la temática de la discapacidad.

  • Capacitación: Tomando en cuenta las posibilidades de inserción laboral para esta población, se comenzó a perfilar el tema de la capacitación laboral en relación a “áreas no tradicionales” como ser Gastronomía y Hotelería, Fotografía Comercial y Recreativa, Informática, entre otros, dejando de lado la tradicional formación para discapacitados en encuadernación, artesanías, etc. Para ello, se suscribieron convenios con diferentes instituciones.

  • Autogestión laboral: Apoyo a emprendimientos que desde diversas instituciones surgen en la implementación de proyectos de autogestión laboral para personas con capacidades diferentes. Un ejemplo ilustrativo resulta el primer huerto hidropónico, cultivado y convertido en puesto de venta por un grupo de personas con capacidad diferente; experiencia piloto -en Uruguay y América Latina- desde la que MONAMI (Movimiento Nacional de Recuperación del Minusválido) apostó como institución que trabaja en la temática y que la IMM cedió el predio de un antiguo basural, de 400 metros cuadrados, con la finalidad que se iniciara una experiencia de inserción laboral comunitaria de dicha población.

  • Servicios de Orientación e Información: Fue creado un centro de información gratuita sobre la temática de la discapacidad en la Terminal de Ómnibus de Tres Cruces a través de un convenio realizado con la Asociación Down del Uruguay, donde se brindaban datos sobre los derechos de las personas con capacidades diferentes, las organizaciones vinculadas y actividades que realizan. Este proyecto caducó en tanto costos materiales, los cuales serán redistribuidos para que, a partir de la demanda de vecinos desde los Centros Comunales, se pueda implementar a la brevedad este tipo de servicio desde lo local.

  • Deporte: Programas deportivos gratuitos para personas con discapacidad, a cargo de docentes especializados, con natación y aparatos. Los programas están organizados conjuntamente por la Comisión para Discapacitados y la Comisión de Deportes y Recreación. Los lugares donde están realizados los convenios son: Asociación Cristiana Femenina, Defensor-Sporting, Cerro-Casa de la Amistad, La Teja-Asociación Cristiana de Jóvenes, Pista de Atletismo del Parque Batlle, Club Raincoop, Club Banco Hipotecario, Club Hebraica Macabi, Club Olimpia.

  • Apoyo psico-social: Servicio de consulta y orientación psicológica gratuita para personas con discapacidad y sus familias, siendo en un principio un convenio con el Centro de Integración del Discapacitado (Cindis) y en estos momentos con la Facultad de Psicología. En las consultas individuales se realiza diagnóstico, puede derivarse a otros especialistas y se hace el seguimiento de los casos, así como pueden realizarse trabajos en grupos para psicoterapia breve, con objetivos focalizados.

• Transporte: Por Decreto Nº 24582, la I.M.M. expide Pase Libre del transporte capitalino para los discapacitados motrices, discapacitados intelectuales, enfermos renales sometidos a diálisis, personas sordas, ciegas y alumnos de escuelas especiales, que los habilita a viajar gratuitamente en el transporte colectivo urbano de pasajeros.

• Convenios económicos: Creación de la Credencial Verde, tarjeta de descuentos para ofrecer bonificaciones en las diferentes áreas de consumo, especialmente en salud y educación.

• Ayudas Técnicas: Existencia de un Banco de Implementos para las personas con discapacidad de bajos recursos económicos se entregan diversos implementos, como sillas de ruedas, bastones canadienses, muletas, etc.

• Campañas de “sensibilización”: Por medio de publicaciones, participación en programas radiales y entrevistas televisivas, jornadas de integración, entre otros. Algunos ejemplos concretos serían:

  • Implementación de la Semana Departamental por los Derechos de las Personas con Discapacidad, la cual se realiza la primer semana del mes de diciembre y que cada vez cuenta con mayor concentración e integración de vecinos y vecinas de Montevideo.

  • Libro sobre discapacidades: El libro titulado "Con capacidad diferente", se entrega gratuitamente y explica cómo tratar y ayudar a las personas con discapacidad. Incluye una lista de instituciones para discapacidades y de escuelas especiales para discapacitados.

  • Concurso de cuentos: Se propone a través de la literatura reconocer, tal como el concurso se titula “Todos somos diferentes”; el mismo es promovido por el programa periodístico "Había una vez" que se emite por CX 38 Sodre y que la Comisión de Gestión Social para la Discapacidad apoya en cuanto difusión.

  • Muestra fotográfica titulada “La Integración Social de la Discapacidad”: Instrumentación de una propuesta del C.C.Z. Nº 13, con el esfuerzo conjunto del Equipo Social de dicho Centro Comunal, el Taller Fotográfico Aquelarre y la Comisión de Gestión Social para la Discapacidad, siendo el objetivo de la misma continuar afirmando la inclusión de todas aquellas personas con Capacidades Diferentes.

• Realización de seminarios y jornadas especiales: Mediante charlas, debates y mesas redondas, se discuten los diferentes aspectos de la problemática de la discapacidad. Este programa es llevado a los distintos barrios de Montevideo a través de los Centros Comunales Zonales. En otro sentido, también se ha realizado un Curso-Taller de Alta Especialización en la Temática de la Discapacidad, dirigido a representantes de las diferentes instituciones que se ocupan de la problemática de la discapacidad y a delegados de cada uno de los Centros Comunales Zonales (CCZ) con el objetivo que se convirtieran en dinamizadores locales de las políticas y programas relacionados con las personas con discapacidad.

En síntesis, en lo que respecta a la Comisión de Gestión Social para la Discapacidad en el marco del proceso de descentralización montevideano, se considera que la libertad y posibilidad de participación de los distintos actores relacionados –o no- con la temática de la discapacidad responde a lo que anteriormente se mencionó sobre posicionarse desde un “proyecto democratizante”.

Asimismo, al reconocer a la descentralización montevideana en este tipo de proyecto, surge inmediatamente lo que al comienzo se planteó sobre la implementación de un tipo de política social que responde a una matriz teórica-metodológica concreta y que permite el reconocimiento de éstas a través de lo que se conoce como “concesión-conquista”. De esta manera, el otro punto que se retoma para el análisis de dicha Comisión, más allá del de la descentralización, implica el de políticas sociales.

En el Uruguay del Siglo XXI, alrededor de 4.000 personas al año nacen o adquieren algún tipo de discapacidad. Los últimos datos obtenidos datan de 1996, del Censo Nacional realizado por el Instituto Nacional de Estadística, a partir del cual se conoce que existían en el país ⁶⁰ en ese momento 264.000 personas con discapacidad, de las cuales el 52% vivía en hogares carenciados. Se considera que la crisis económica por la que atraviesa el país en los últimos años ha debido aumentar dicha cifra, no sólo en relación a la cantidad de personas con capacidades diferentes, sino también en cuanto al porcentaje de éstas en hogares carenciados, en tanto las condiciones alimenticias desfavorables, la falta de cuidados durante el embarazo, los problemas en el acceso a medicación, entre otras determinantes, pueden derivar en complicaciones en la salud que impliquen una posterior discapacidad.

Esta realidad vista en números, se da de cara ante un Estado nacional que cada vez más se retira de las funciones sociales. Al respecto, se retoma lo que Montaño plantea:

“no entanto, desresponsabilização estatal não pode significar que o Estado não faça parte deste movimento de transformação da modalidade de intervenção na "questão social". O Estado, dirigido pelos governos neoliberais, se afasta parcialmente da intervenção social, porém, ele é subsidiador e promotor do processo ideológico de "transferência" da ação social para o "terceiro setor". Ele é um ator destacado nesse processo. É o Estado que nos inunda de propaganda sobre o "amigo da escola", que promove o Ano Internacional do Voluntariado, que desenvolve a legislação para facilitar a expansão destas ações, que estabelece "parcerias" repassando recursos públicos para estas entidades privadas etc. Se desresponsabilizar e afastar parcialmente da intervenção na "questão social" não elimina o fato do Estado ter um papel fundamental nas transformações operadas pelos governos e pelo capital sob hegemonía neoliberal.” (MONTAÑO, 2002: 13)

Este nuevo trato de la "cuestión social" por parte del proyecto neoliberal implica, según este autor, la coexistencia de tres tipos de respuestas, a saber: la precarización de las políticas sociales y asistencia estatales, reconocidas en un doble proceso de descentralización y focalización de las políticas sociales estatales; y, la privatización de la seguridad y de las políticas sociales y asistenciales a partir de dos estrategias, por un lado, la re-mercantilización de los servicios sociales -que son "vendidos al consumidor"-, y, por el otro, la re-filantropización de las respuestas a la cuestión social -ante la falta de respuestas sociales por parte del Estado se transfieren estas responsabilidades a la sociedad civil-.

"Portanto, com este triplo processo, de precária intervenção estatal, de re-filantropização da "questão social", no âmbito do "terceiro setor", para os despossuídos de recursos suficientes como para "comprar" os serviços (excluídos ou parcialmente integrados do/no mercado de trabalho/consumo, "sem-cidadania"), acompanhada de uma re-mercantilização daquela, desenvolvida pela empresa privada, para os setores em condições de aceder a tais serviços no mercado (os integrados, os "cidadãos"), consolidam-se três modalidades de serviços de qualidades diferentes - o privado/mercantil, de boa qualidade, o estatal/"gratuito", precário e o filantrópico/voluntário, geralmente também de qualidade duvidosa - e, portanto, duas categorias de cidadãos, os "integrados"/consumidores e os "excluídos"/assistidos." (MONTAÑO: 2002, 8)

Como menciona al respecto Alejandra Pastorini (2002), estos cambios han generado importantes transformaciones en el diseño de los programas sociales ⁶¹ . Considera que esto conlleva la fragmentación de la realidad en tanto dicotomización de lo económico y de lo social: se subalternan las necesidades sociales a los imperativos económicos del “gran capital”. En este sentido, las políticas sociales universalistas típicas del Estado de Bienestar y basadas en una “solidaridad colectiva”, son eliminadas o transformadas en políticas sociales focalizadas -o, “programas asistencialistas, compensatorios y de emergencia”-, convirtiéndose en un modelo “asistencial-privatista”.

En este sentido, Montaño (2002) plantea que la concepción y orientación de las políticas sociales varía de forma radical, a saber: se las retira gradualmente de la órbita estatal pasando al ámbito privado, implicando esto la desresponsabilización del Estado y responsabilización del sujeto con necesidades ⁶² ; se las focaliza en tanto son dirigidas puntualmente a los sectores con necesidades puntuales, lo que lleva a una baja calidad en los servicios ofrecidos ⁶³ ; y, a su vez, se las descentraliza administrativa –en tanto desconcentración financiera y ejecutiva- pero no normativa y políticamente.

“Se as políticas sociais eram, no Welfare State, funcionais ao capital, eram-no também, mesmo que de forma subordinada, contraditória e concomitantemente, funcionais à consolidação de demandas trabalhistas por direitos sociais universais. Se elas colaboravam com a acumulação capitalista, também confirmavam "conquistas históricas" dos trabalhadores. Com o desmonte neoliberal desse padrão de resposta estatal, essas conquistas trabalhistas esfumam-se, esvaziam-se. Aqui o debate do "terceiro setor" presta um grande serviço, pois converte-se em instrumento, em meio para o ocultamento desse processo e para a maior aceitação da população afetada.” (MONTAÑO, 2002: 19)

Este resulta el contexto político-económico en el cual el Uruguay se halla en las últimas décadas. Como explicita Moreira (2000), varias fueron las reformas económicas, las cuales trajeron aparejados costos sociales realmente altos. La implementación de “recetas” provenientes del “gran capital”, de la “ideología dominante” –BID, FMI, Banco Mundial, entre otros-, se orientaron en torno al crecimiento económico, inversión en la educación y en la instrumentalización de políticas sociales “focalizadas” hacia la población más carenciada. Las últimas tres décadas del Siglo XX, significaron para el país costos sociales que luego se fueron reconociendo como altos en pro de una reestructura económica, comenzando con ésta en el gobierno dictatorial y siendo continuada por los gobiernos democráticos. Algunos de los cambios más radicales versaron en la libre movilidad de capitales y fijación en las tasas de interés –“apertura del sistema financiero”-, retiro paulatino del Estado en la regulación de precios, apertura al capital extranjero, entre otros ⁶⁴ . Especificando su análisis, se refiere a las tres primeras administraciones democráticas luego de la dictadura de los años ’70 en el Uruguay –Sanguinetti, Lacalle, Sanguinetti-, a saber:

1ª administración democrática: consolidación institucional y estabilidad democrática; recuperación de los niveles mínimos de bienestar.

2ª administración democrática: ajuste fiscal para la reducción del déficit fiscal -shock tributario con impuesto a los sueldos-; apertura comercial regulada y concertada en la región –Mercosur-; Consejos de Salarios prácticamente desmantelados e inicio de la desregularización en materia laboral; política antiinflacionaria con gran atraso cambiario -apertura externa y abaratamiento de productos importados que llevó a efectos negativos sobre la producción nacional-.

3ª administración democrática: nuevamente ajuste fiscal gravando el consumo y los salarios; reforma de la seguridad social; reforma de la administración pública profundizada; reforma educativa restringida a la educación pública.

Se considera que las consecuencias que esto trajo consigo se ubicaron fundamentalmente en lo social, profundizando las desigualdades y alcanzando niveles históricos de pobreza y marginalidad de la población uruguaya, lo cual se ha visto enormemente agravado a consecuencia de la profunda crisis económica que está atravesando el país desde los últimos tres años.

Resulta en este marco nacional –latinoamericano, y hasta mundial- el proceso de descentralización montevideana iniciado a comienzos de los ‘90 –en el caso concreto de la presente investigación: el surgimiento de la Comisión de Gestión Social para la Discapacidad-, pero, fundamentalmente, de opción teórico-política de plantear las políticas sociales municipales a través de una perspectiva histórico-crítica.

Profundizando las ideas de Pastorini (2000) al respecto, reconoce dos vertientes centrales para el análisis de las políticas sociales, a saber: la postura tradicional y la postura marxista. La concepción tradicional de políticas sociales, que en este caso las define como redistributivas, son concebidas como “un conjunto de acciones por parte del aparato estatal que tienden a disminuir las desigualdades sociales”, pensándolas así como actividades correctivas de los efectos negativos del modelo capitalista por parte del Estado, de modo de revertir las desigualdades causadas por el sistema. Sostiene la autora que con esto se intenta compensar a los no favorecidos en la distribución. Marshall resulta uno de los autores que se ubica en esta caracterización, por su propuesta de identificación de cuatro categorías de políticas sociales: educación, salud, pobreza e industria, las que llevan a la protección de los trabajadores y a la asistencia de los pobres e indigentes ⁶⁵ . Otro autor que se reconoce en esta postura es Graciarena –de la CEPAL-, en tanto considera que la función de las políticas sociales implica corregir mediante la asistencia social los efectos malignos del crecimiento capitalista. O sea, se refiere a políticas con carácter compensatorio, paliativo y correctivo que llevan a revertir las desigualdades originadas por el capitalismo. Para Pastorini, el tema en cuestión es que se refieren a la redistribución y no a la distribución, lo que implica que las políticas sociales se transformen en un instrumento viable y funcional al sistema capitalista.

Con respecto a esta postura de concebir las políticas sociales como “redistributivas”, un autor importante de nuestro país resulta Horacio Martorelli (1996). El mismo, define a las políticas sociales como:

“el conjunto de decisiones, objetivos, actividades y recursos operados por el Estado democrático (ya sea que los órganos estatales los operen directamente o bien que lo hagan los particulares bajo la regulación, el estímulo o los recursos estatales) para incrementar la igualdad de oportunidades y atenuar la desigualdad de condiciones. El sentido orientador de la política social es el de aumentar la equidad social...”. (MARTORELLI, 1996: 12)

En este sentido, el autor entiende equidad social a partir de dos dimensiones: por un lado, en cómo se distribuyen los activos y oportunidades en la sociedad; y, por el otro, en cómo se evalúa la creación de oportunidades y el acceso igualitario a los beneficios, implicando “un compromiso ético y político con el desarrollo humano”. El direccionamiento de las políticas sociales se orienta hacia tres aspectos: la distribución del ingreso -decisiones y acciones tomadas por el poder político desde lo estatal para extraer recursos de la sociedad para su redistribución-, la igualdad/desigualdad de oportunidades -una vez reconocidas las desigualdades para igualar las oportunidades es necesario el esfuerzo del Estado y de la sociedad civil-, y la calidad de vida de los miembros de la sociedad -se relaciona directamente con las necesidades básicas satisfechas o no-. Para el logro de éstos resulta necesario que las políticas sociales estén determinadas por requisitos éticos, políticos y técnico-operativos. Los requisitos éticos, apuntan a que existen ciertos parámetros mínimos de tolerancia desde el punto de vista ético para la sociedad actual, conciencia que reclama la distribución más equitativa de los avances de la modernidad; los requisitos políticos, refieren a los consensos que deben establecerse para llevar adelante determinadas políticas a desarrollarse más a largo plazo -no políticas de gobierno, sino de Estado-; y, los técnico-operativos, se refieren a lograr un aceptable nivel técnico para la planificación y ejecución de las políticas sociales, explicitando claramente las bases de sustentación económica, determinando la eficacia y eficiencia de las mismas, entre otros.

Retomando las ideas de Pastorini (2000) en relación a las dos posturas básicas, se plantea a continuación la marxista. Resulta necesario para esta autora pensar las políticas sociales como concesiones y conquistas. Parte de la idea de que no se puede pensar a las políticas sociales como simples concesiones del Estado, ya que en esta relación habrían tres actores implicados: las clases hegemónicas, el Estado -como mediador- y las clases subalternas -usuarios de las políticas sociales-. Dicha autora reconoce una función económica y política de las políticas sociales, más allá de su carácter redistributivo –que las transforma en simples prestadoras de servicios-, en tanto mecanismo de legitimación del orden -en lo político- y de abaratamiento de la fuerza de trabajo por la socialización de los costos de su reproducción -en lo económico-. De esta manera, las políticas sociales implicarían un doble proceso de “concesión-conquista”, en cuanto a logros obtenidos por los sujetos demandantes –conquista- y la “concesión” y respuesta a estas necesidades a través de la implementación de políticas sociales por parte del Estado.

A partir de esto, se considera que el surgimiento de la Comisión de Gestión Social para la Discapacidad se enmarca en el planteamiento de dicha autora, en tanto que ocurre entre las personas y/o grupos demandantes en la “conquista” de respuestas a sus diversas problemáticas y las “concesiones” que de hecho se fueron dando a lo largo de los últimos años desde la administración municipal. Este proceso dialéctico implica la formulación y reformulación, planificación y replanificación, evaluación y reevaluación, etc. de las distintas propuestas que llegan desde la población objetivo ⁶⁶ , y de aquellas que surgen desde la Comisión, en fin, en una dialéctica constante en ese devenir de “concesión-conquista”.

Considerando que la Comisión de Gestión Social para la Discapacidad de la Intendencia Municipal de Montevideo, se ubica en un proceso de descentralización participativa en cuanto “proyecto democratizante”, así como responde concordantemente con lo que implica una postura, planificación e implementación histórico-crítica de las políticas sociales, permite posicionarse a la investigadora en relación al par dialéctico integración-exclusión social y plantear algunas ideas.

Se considera que las determinaciones que fueron reconocidas en el presente trabajo para el análisis de dicho par dialéctico –integración-exclusión-, en esta situación concreta permiten reconocer ciertos aspectos. Por un lado, el poder desde el punto de vista foucaultiano, en tanto éste existe como tal en toda relación sin la implicancia de valor –positivo o negativo-, ya que éstas relaciones existen en diversos espacios, por ejemplo, ante la separación de descentralización nacional y descentralización municipal, en solicitar a través de demandas la implementación de ciertos proyectos, en conceder tales o cuales políticas en pro de la participación ciudadana, entre otros. Por otro lado, ciudadanía y derechos, en tanto los sujetos –la población objetivo en este caso concreto- son reconocidos en sus derechos, incluyendo en esto no sólo los inmanentes a su condición de ser social, sino derechos tales como participación, creación, planificación, autogestión, organización, entre otras, a partir de demandas a sus problemáticas en un espacio de contención y que de hecho intenta -y por lo general logra- responder a las mismas. Ya no se trata de discursos “macro”, como “Decenio de las Naciones Unidas para las personas con minusvalías”, Convenciones internacionales, leyes nacionales que no llegan a implementarse tal cual lo estipulado ⁶⁷ , sino que resulta un espacio real de inserción social de las personas con capacidades diferentes.

Asimismo, se desmistifica la discapacidad, no sólo en cuanto a la apertura que existe para la escucha de diversas demandas –centros de información, campañas de sensibilización, convenios, etc.- ya sea de personas discapacitadas, sus familiares, instituciones, o personas consideradas “normales”, sino también, por ejemplo, en la atención al público y realización de trabajos administrativos de personas con capacidades diferentes en los diversos espacios de la Comisión y en lo que implica toda la municipalidad montevideana.

La situación concreta de la Comisión en estudio apela de hecho a la existencia de desigualdades entre las personas, reconociendo a ese “alter” como diferente, pero con el real significado de que resultan personas con capacidades diferentes, potencializando lo que incluye y dejando de lado en tanto estigma lo que excluye.

De esta manera, la autora considera que tal como se lo planteó en un principio como problemática inicial a investigar, la discapacidad es dable de ser reconocida como objeto de investigación, a través de la mediación del par dialéctico integración-exclusión social en sus múltiples determinaciones –las personalmente seleccionadas: poder, ciudadanía y derechos-, reconociendo asimismo que para el abordaje de esta temática es necesario plantearse también determinaciones propias a la misma, como lo son –también en elección personal- la alteridad, la otredad, la accesibilidad y la mistificidad. Jugar con los pares dialécticos resultó una metodología implementada en tanto investigar que siempre que se reconoce algo o alguien necesariamente existe un opuesto complementario que lo define, lo identifica, lo deviene como tal, y viceversa. En este sentido, se analizaron categorías como exclusión social y “normalidad”, en tanto sus opuestos complementarios se hallaron siempre presentes.

NOTAS