Además, como afirma Ricardo Sidicaro, “en la medida que las empresas públicas realizaban más actividades que la producción de bienes o servicios, su privatización dejó al Estado con menos instrumentos para responder a demandas sociales cuyos perfiles no necesariamente eran nítidos” ². La privatización, la enajenación del Estado de sus recursos, lo ha dejado en una situación desfavorable tanto presupuestariamente como en su función social. Concretamente, de política social.

Junto a la privatización, lo que está apareciendo también es la desestatización de las obligaciones que antes tenían al Estado como garante. Así, ante el retiro o debilitamiento del Estado en materia de política social, aparece un actor importante: las ONG. Estas organizaciones están expandiéndose en nuestra Argentina. Comedores populares, sociedades civiles, cooperativas de trabajo, son ejemplos de este nuevo modo de organización que está operando en la sociedad producto de la crisis aguda que se está viviendo. Son emprendimientos sin ninguna duda positivos y que pueden alcanzar algún impacto en las poblaciones donde desarrollan sus intervenciones. Sin embargo, no hay que perder de vista que es el Estado el que debe garantizar los servicios y los derechos atendidos por las ONG. Las ONG, para decirlo de forma más clara, no están obligadas a prestar el servicio que prestan ni cuentan con los medios y el poder de decisión del Estado. No debemos perder de vista entonces la interpelación al Estado, ya que en materia de política social y más en una crisis tan grave como la que vivimos, su superación no puede quedar a cargo de organizaciones privadas.

* Focalización: como consecuencia de la contracción a los fondos asignados a política social, se procura que los mismos se administren más eficientemente y lleguen a quiénes los necesitan. La focalización implica “racionalizar el sistema de apoyo social del Estado a los sectores más pobres, lo que se traduciría en una mayor agilidad en las operaciones, mayor eficiencia en el uso de los recursos (sobre todo por reducción de costos de gestión y ejecución) y un uso más tecnificado de la información social en función del impacto del gasto sobre el bienestar de los beneficiarios” ³ .

Analicemos los datos del INDEC del año 2002. Según ellos, y en cuanto es una fuente oficial y, en consecuencia, parcial, en la Argentina existen hoy 19 millones de pobres. ¿Cómo se puede focalizar hoy en Argentina sobre semejante cifra, que incluso podría ser mayor? ¿Quiénes son hoy los sectores más pobres en la Argentina? Esto pone en la “necesidad” a la política social neoliberal, entonces, de establecer entre los pobres, quiénes son los más pobres. La política social focalizada razona así.
Hay que elegir a los más pobres de los pobres. Entonces, tenemos el “recurso conceptual” de dividir a los pobres en personas cuyos ingresos están por debajo de la línea de la pobreza e indigentes (NBI). En este sentido, las cifras del INDEC determinaron que existen en la Argentina 9 millones de personas con necesidades básicas insatisfechas. ¿Se puede focalizar sobre 9 millones de personas? Es un número demasiado amplio. Y así, tendríamos que recurrir a otro recurso conceptual, para diferenciar entre más y menos indigentes, lo que sería ya ridículo y morboso. Por otra parte, si se pudiera atender a los indigentes. ¿Cómo evitar que las personas que hoy son pobres lleguen a la indigencia, cuando hayan vendido su auto modelo antiguo y sus pertenencias de antigua clase media?

Este razonamiento de la política focalizada nos marca que en el país no hay otra alternativa que aceitar la distribución del ingreso. Esto no hay otro ente capaz, por lo menos hoy, de ejecutarlo que el Estado. No es un problema de si la focalización es funcional o no al sistema, sino que la focalización en Política Social es hoy simplemente inviable. No se puede realizar. ¿Cómo se elige a los más pobres de los pobres cuando la cifra es tan grande?

La política social de distribución de ingresos no es misteriosa y se basa en la política de empleo y de salarios, complementado con un sistema impositivo progresivo (donde los que tengan más, paguen más; y los que tengan menos, paguen menos o no paguen).

* Descentralización: la descentralización, si bien puede tener aspectos positivos como una adecuación de las políticas sociales al lugar donde se implementan, entre los negativos se cuenta que muchas veces el Estado Central delega en las provincias y estas en los municipios, responsabilidades pero no recursos.

¿Qué municipio daría abasto, por otra parte, para atender a tanta expansión de la desocupación, de la pobreza y la miseria? Esto también cuestiona la viabilidad de la descentralización, constituyéndose entonces en un desembarazo del Estado de sus obligaciones, transfiriéndolas a sus menores niveles de organización.

También se transfieren estas obligaciones a las ONG. Estos esfuerzos sin duda meritorios de la sociedad civil no nos deben hacer caer en una sobrevaloración de estos movimientos y de sus posibilidades para atacar la pobreza. Dependen en cierta medida de donaciones (de organismos internacionales, empresas privadas o particulares) o de aportes estatales, en disminución. En tanto muchas de estas ONGs dependen de la actividad del mercado interno (excepto las que son financiadas por los organismos internacionales), sus fondos no son para nada seguros y esto puede tener consecuencias sobre la prestación de los servicios. Esto no significa negar que muchas de ellas han encontrado caminos para subsistir y continuar prestando sus servicios en medio de la crisis. En todo caso, igualmente, sus impactos concretos en la lucha contra la pobreza son limitados. Como es natural. Semejante empresa requiere de una entidad social más amplia y con potestad para hacerlo: el Estado, aun desarticulado como está (Sidicaro, 2001).