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Edición N° 27 - primavera 2002

Violencia institucional y práctica profesional.
¿Cómo actuamos los trabajadores sociales?

Por:
Mónica Pitoiset y Silvia C. Fossini
*
(Datos sobre las autoras)


Este trabajo pretende, a partir de un caso concreto y desde el lugar de la autocrítica, ser una invitación a que nos demos el permiso de pensar sobre nuestra práctica profesional. Sabemos que mucho se ha escrito sobre ello y que lo han hecho profesionales reconocidos nacional e internacionalmente, y creemos que, si bien no somos tan importantes como ellos, a partir de nuestras dudas, nuestros temores, nuestros pre-juicios, nuestra crítica-autocrítica, podemos contribuir a enriquecer esta práctica profesional. No pensamos que con esto encontraremos “una receta” sobre cómo debe ser o no nuestra intervención como trabajadores sociales frente a situaciones de violencia institucional y social, pero sí pensamos que a partir de una reflexión crítica y autocrítica nos encontraremos mejor posicionados para nuestra intervención y la construcción de nuestra identidad como profesionales.

Les proponemos, entonces, adentrarnos en la situación, y luego reflexionar.

Composición del grupo familiar

1) - Padre: Julio, 43 años, hipoacúsico, beneficiario de un plan de empleo.

2) – Madre: Mariela, 25 años, hipoacusica, beneficiaria de un plan de empleo

3) – Hijos: a) Claudio: 5 años

b) Juan Ignacio: 4 años

c) José: 2 años

Historia familiar

Julio fue criado por distintas familias, cuando aún era pequeño sus padres fallecieron en un accidente. No tiene contacto con familiar alguno, dice no querer comunicarse con ellos ni saber dónde localizarlos Asistió a una institución donde aprendió a hablar y utilizar audífono. Refiere recuerdos de discriminación por parte de su familia y de otros niños a raíz de su problema auditivo.

Mariela fue internada en un instituto a los 3 años de edad. No volvió a tener noticias de sus padres hasta que siendo adolescente comenzó a buscarlos No tuvo contacto con ellos aunque dice que había solicitado autorización judicial para vivir con alguno de ellos. En el instituto la enviaron a una escuela especial donde aprendió a hablar y a usar audífono. Refiere situaciones de violencia, castigos corporales en la institución, además de discriminación por parte de otros niños por su discapacidad auditiva y su pertenencia a la institución.

A los 18 años conoció a Julio y al poco tiempo se fue a vivir con él.

La pareja se trasladó siempre por distintas ciudades del país en busca de trabajo sin obtener nada estable.

Cuando Mariela tenía 20 años nació Claudio. Al poco tiempo la pareja se trasladó a Río Gallegos donde a Julio le habían ofrecido un empleo. Nacen sus otros 2 hijos. Julio trabajaba en changas y recibían la ayuda del Ministerio de Acción Social.

Julio no logra obtener empleo estable, comienza a buscar en otras provincias y unos conocidos les ofrecen ayuda en Río Grande donde llegan a mediados de 1998.

Se ubican en la vivienda de estos conocidos pero su amigo no tiene trabajo y Julio tampoco logra obtenerlo. Julio presenta dificultades para comunicarse, para entender a los otros y para hacerse entender y ello le dificulta la obtención de empleo, sólo logra obtener changas como ayudante de albañil (tarea que no conoce) o como pintor. Las relaciones se deterioran. Deben dejar la vivienda pero no tienen dinero.

Solicitan ayuda a distintas instituciones estatales y finalmente, luego de 1 mes, el municipio local hace ingresar a Mariela a un plan de empleo y les otorga un subsidio para el alquiler de una vivienda por 2 meses.

Vence ese plazo nuevamente recurren a las instituciones estatales para continuar con el alquiler o para el otorgamiento de una vivienda por parte del Instituto Provincial de la Vivienda. No obtienen respuesta, recurren a los medios de comunicación donde exponen su situación. Un vecino les presta una vivienda, otros los ayudan con pañales y alimentos.

La vivienda que les prestan es una precaria casilla que no reúne condiciones de habitabilidad.

Mariela se presenta por primera vez en el Servicio Social del Hospital solicitando cobertura de la atención médica para su familia. La segunda vez que concurre realiza una entrevista con un T.S. quien le otorga un carnet con cobertura familiar de atención médica por 3 meses. (1)

El préstamo de la vivienda se vence y no saben dónde irán a vivir. Se acercaron nuevamente al IPV pero no los anotaron por no tener la residencia mínima requerida por la institución. La Secretaría de Acción Social de la municipalidad les ha manifestado que tratará de mediar para que los inscriban pero de ello hace 1 mes y aún no han tenido noticias, tampoco les han contestado sobre la solicitud de un nuevo préstamo para alquilar una vivienda; en la Subsecretaría de Acción Social de Gobierno cuando se acercaron a solicitar ayuda les plantearon que podrían ayudarlos a retornar a Río Gallegos dado que tenían poco tiempo de residencia y desde allí habían llegado, les prometieron la realización de una “visita” para entregarles ayuda alimentaria, hace 1 mes pero aún ello no se ha concretado.

Julio es quien se dedica a cuidar los niños mientras Mariela concurre a trabajar en el plan. Ella relata que Julio “se pone nervioso” con esta situación, no obtiene trabajo y no recibe respuestas (él es el encargado de efectuar la mayoría de los trámites que le demandan las instituciones donde solicita ayuda) de las instituciones.

Hasta el año 2000 la situación continúa prácticamente sin modificaciones. La familia ha recurrido en diferentes oportunidades a instituciones estatales solicitando ayuda alimentaria, compra de pañales y pago del alquiler; manifiestan que, desde setiembre 98 hasta ahora, han obtenido una caja con alimentos cada 3 o 4 meses más o menos y siempre posterior a un reclamo de Julio, asimismo han recibido ayuda de vecinos y de una iglesia local para la compra de pañales y leche. A veces, dado que no siempre hay, han retirado leche del centro de salud.

Julio ha ingresado también en un plan de trabajo y realiza alguna changa que obtiene. Continúan en la vivienda prestada pero ya los han intimado judicialmente para que abandonen el lugar.

Julio y Mariela han asistido en reiteradas oportunidades al IPV donde han sido inscriptos hace 3 meses aproximadamente merced a su insistencia pero no han obtenido la vivienda argumentando esta institución que primero deberán contar con la visita del A. Social quien hasta la fecha no ha asistido. Continúan utilizando el carnet de atención médica gratuita pero han tenido dificultades para acceder a los medicamentos, en el hospital les informan que esa institución no cubre medicación y en la Subsecretaría de Acción Social de Gobierno les indican que primero deberán contar con una visita social actualizada. Ello provocó que Julio efectuara en varias oportunidades reclamos enérgicos a esta dependencia.

A fines del año 2000 los pediatras diagnostican a Juani “hidronefrosis bilateral grave y reflujo vesicouretral” indicando una derivación urgente al Htal. Garraham. Se efectúa el trámite a través del SS hospitalario aconsejando el trabajador social la cobertura de pasajes, alojamiento, racionamiento para Juani y su padre más la cobertura de atención médica que Juani necesite, Julio solicita cobertura de la movilidad en Capital Federal pero se le responde que “Gobierno no cubre ello” y se lo envía a solicitarla en el Municipio. Recurre al municipio donde inicia el trámite por un subsidio de $200 para este gasto. Mas de una semana después y no tiendo respuesta sobre el subsidio recurre al Consejo Deliberante donde lo remiten nuevamente al municipio, solicita ayuda en la Legislatura donde le dicen que presente una nota a algún legislador y tal vez obtenga ayuda.

Viajan el 30-12-00, Julio lleva $200 del subsidio que finalmente le otorgó la municipalidad.

Regresan un mes después, Juani ha sido operado y tiene colocados en su abdomen 2 tubos con orificio de salida en el centro y en el costado derecho de su cuerpo, estos tubos están conectados a una sonda la que desemboca en una bolsa colectora . Requiere mucho cuidado dado que son comunes las infecciones y las sondas se salen con facilidad ante movimientos bruscos del niño, asimismo estas sondas deberán ser cambiadas aproximadamente cada 15 ó 20 días para mantener la higiene y evitar las infecciones. Juani debió aprender a caminar con estos elementos en su cuerpo, Julio debió aprender a cambiar los tubos y desinfectar los orificios realizados a su hijo, la familia debió aprender a vivir cuidando las sondas y la bolsa colectora y al niño. Todas las actividades y las relaciones familiares están condicionadas por este problema de salud.

Las sondas que tiene Juani tienen una extensión que supera ampliamente el largo de su pierna, la indicación médica es que la bolsa colectora debe siempre estar en un nivel inferior al abdomen del niño, Juani debía permanecer “lo más quieto posible” para que las sondas no se desconecten. Julio decide atar (2) la bolsa colectora a la parte inferior de una silla con lo que Juani sólo puede moverse todo lo que le permite el largo de la sonda, debe permanecer al lado de la silla parado o sentado continuamente. Esta situación genera retos continuos al menor (sobre todo por parte de Julio) quien salta y se mueve y desea salir a jugar; se le prohibe realizar esas actividades y es castigado (a veces con un golpe, otras con tirones de pelo, otras con penitencias) cuando se mueve mucho o salta o se olvida que está atado a la sonda y sale corriendo provocando la desconexión de sus sondas. Para evitar esto los otros niños también tienen prohibida efectuar esas actividades y salir a jugar afuera actividad que tampoco puede realizar Juani.

A partir de esta patología de Juani Julio insiste en el IPV por una vivienda dado que la que ocupa no reúne las condiciones que su hijo necesita. Le reciben la documentación requerida (entre la que se incluye un informe del T.S. del hospital) y le señalan que deberá esperar “la visita del Asistente Social” deesa institución.

Julio y Mariela solicitan la provisión de medicamentos y sondas para Juani. Pero las órdenes del Htal. Garraham no sirven en la farmacia local, debe transcribirlas un médico del hospital, hecho esto las deberá autorizar en la Secretaría de Acción Social de Gobierno, hecho esto (lo que le lleva 2 días dado que debe dejarlas y pasar a retirarlas al otro día) concurre a la farmacia donde le informan que algunos remedios y las sondas “no entran en el vademécum” por lo que “deberá concurrir nuevamente a la Secretaría de Acción Social de Gobierno y ver cómo se lo resuelven” (le dicen en la farmacia). En la mencionada Secretaría le indican que no tienen firma autorizada para ello en esta ciudad, que la recetas deberán enviarse a la ciudad capital (distante 260 Km.) para que la titular de la cartera evalúe si puede hacerse una excepción, le indican que le pida al médico local que cambie los remedios, Julio refiere que estuvo más de 1 hora explicando a más de 4 personas diferentes porqué no podía cambiarse dicha medicación. Finalmente concurre nuevamente al hospital donde la pediatra coloca en la receta el cartel de “irremplazable”. Vuelve con ellas a la Secretaría de Acción Social y debe dejarlas para pasar a recogerlas en 2 ó 3 días. Julio se enoja e insulta a quienes lo atienden, amenaza y grita que su hijo no puede quedarse sin medicación. Se retira. Cada vez que Juani necesite remedios debe hacer igual trámite.

Transcurrido más de un mes de que presentara la documentación en el IPV la visita del AS aún no se ha concretado. Mariela concurre a la institución; le responden que debe continuar esperando la visita.

Surge una nueva derivación de Juani a Capital Federal. Inician el trámite de solicitud de cobertura en el SS del hospital donde les solicitan documentación, Julio plantea que ya presentó ello en ocasión de la primera derivación, le responden que deberá traerla nuevamente y esperar la respuesta de la Secretaría de Salud

Mariela se presenta en Secretaría de Acción Social de la Municipalidad a solicitar un nuevo subsidio para esta derivación. Le reclaman la constancias de gastos del subsidio anterior (que no han rendido aún). A los pocos días vuelven a rendir los gastos y en su rendición faltan algo más de $50, Julio explica que ello es lo que gastó en colectivo, le solicitan los boletos, Julio no los tiene. Entonces, le responden, “hasta que no rinda los $50 que le faltan no hay subsidio”.

Julio concurre al IPV a reclamar la visita prometida, le responden que debe esperar, se enoja, amenaza. Esa tarde concurre el AS a su domicilio. A la semana siguiente le informan que en unos días recibirá su vivienda. Una semana después le otorgan la llave de un departamento de 2 dormitorios en el 1er. piso de un edificio (Julio había solicitado planta baja porque de ese modo los niños pueden salir a jugar afuera y él o Mariela pueden vigilarlos con la mirada y porque de ese modo Juani puede salir afuera con su bolsa atada a la silla), igualmente aceptan la vivienda y se mudan.

Poco después Julio viaja con Juani a Bs..As., en el bolsillo lleva $100 donados por algunos vecinos y conocidos.

Continúan con altibajos realizando el tratamiento médico a Juani y siempre con las dificultades de acceso a la medicación y las sondas que el niño debe utilizar. En varias ocasiones se pelean con la pediatra que atiende al niño dado que los reprende por no cumplir con el tratamiento adecuadamente, ellos culpan a las instituciones estatales pero también pasan por períodos en los que no cumplen con lo indicado por el médico.(3)

La secretaría de salud indica que Juani debe comenzar sus controles con un urólogo infantil que atiende en una ciudad distante 260 Kms de la ciudad de residencia de la familia, además tiene indicado interconsulta con un nefrólogo que concurre al Htal. La familia se mostró de acuerdo en cambiar de médico especialista pero no realiza los controles indicados. La pediatra se enoja. El T.S. del hospital concurre al domicilio con el objetivo manifiesto de “informarse de la situación” (4)

El padre manifiesta que no hizo atender al niño dado que por falta de reactivos en el Htal. no pudo efectuar los análisis que debía llevar para el urólogo y que al nefrólogo lo estuvo esperando más de 2 horas y cuando lo llamó la historia clínica que le habían pasado no era la de Juani y no lo atendió. Debe realizar lo pendiente. Continúan los problemas para obtener los remedios y las sondas. (5)

Frente a estas dificultades la pediatra indica a la familia que presente un recurso de amparo, el T.S. del hospital informa a la familia que ello es viable y que es una resolución que tienen derecho de adoptar. Julio se enoja y dice que si no puede comprarle o conseguirle los remedios a su hijo seguro tendrá problemas él con el Juzgado y no Gobierno, se niega a realizar el amparo. (6)

En una entrevista con el T.S. del hospital Mariela relata problemas en la pareja generados – según dice- a partir de las contínuas discusiones sobre el tratamiento de Juani, el modo de reclamar a Gobierno, la puesta de límites con este niño y los otros hijos, “el contínuo mal humor y enojo de José”. Manifiesta su temor por la duración y el desenlace de esta situación, ratifica que “Julio es un buen tipo pero lo de Juani lo tiene muy cansado...” En varias oportunidades Julio ha expresado “sería preferible que le sacaran ese riñón” y ha amenazado con abandonar el tratamiento. Al hablarse de una posible separación de la pareja se angustia y manifiesta su amor y apoyo hacia su esposo.

Año 2002, Juani no ha realizado aún el control con urólogo de la ciudad capital. Sí logró ver al nefrólogo merced a la mediación de la pediatra. Julio plantea que el niño no puede viajar 260 Kms. en un colectivo dado que su bolsa colectora se desprende y rompe al moverse el menor en el reducido espacio del transporte y por las horas de viaje (son 3 horas por tierra). El T. S. del hospital media ante la Secretaría de salud y consigue que le autoricen el viaje en avión (viaje que dura 20 minutos). Estando en la ciudad capital el padre reclama al hospital que deben ir a buscarlo al aeropuerto (ello no era lo acordado (7)), lo obtiene. Al retirar el pasaje de regreso le informan que deberá permanecer 2 días allí dado que no hay vuelos para regresar, Julio se enoja, grita, y finalmente pide pasajes para volver por tierra en colectivo al otro día. Lo obtiene y con ello un llamado de atención de la Secretaría de salud al T. S. que solicitó los pasajes aéreos (8).

Abril 2002, el urólogo ha informado a Julio que posiblemente el mes siguiente al menor le retiren la bolsa colectora y los tubos con lo que deberá comenzar a utilizar pañales hasta restablecer la conexión de sus órganos internos y que comience a controlar esfínteres. Mariela se muestra feliz, dice que “por fin Jony va a ser libre”... Julio plantea que no tendrá dinero para comprar los pañales y las cintas necesarias para las curaciones. Realizan entonces la presentación de un recurso de amparo para que Gobierno lo cubra los remedios, los pañales y las cintas. Julio plantea que lo realiza con anticipación previendo que no le será fácil obtenerlos y desea tener cubiertas las necesidades de su hijo antes de que se presenten “por experiencia”.

Juani es atendido nuevamente por el urólogo en junio/02 y le retira los tubos y la bolsa colectora. La familia aún no tiene respuesta de la Defensoría ni ésta de las instituciones. Mariela que, por un acuerdo en la pareja, ha reemplazado a Julio en estos trámites comienza a reclamar respuestas. La Secretaría de Salud responde que cubrirá los medicamentos pero no los pañales. La Secretaría de Acción Social cubrirá los pañales pero no las cintas. Mariela reclama respuestas al T. S. del hospital. Juani tiene ahora pañales que le compraron los vecinos. Luego de mediar ante la Defensoría el T.S. del hospital obtiene una copia de la respuesta que la Secretaría de Acción Social les remitiera, allí consta quién cubrirá qué y entrega una copia a Mariela para que presente cada vez que la necesite.

Hoy Juan utiliza la mayoría de las veces pañales que le compra algún vecino, ha resuelto parcialmente el problema de la medicación, tiene pendiente la realización de un estudio y una nueva consulta con el urólogo pero no lo han llevado al control del pediatra. El T.S. del hospital debería concurrir nuevamente al domicilio para “ver qué pasa” al decir de la pediatra.

Comentarios:
(1) Comentario del SS hospitalario “hay que tener en cuenta el tiempo de residencia para la cobertura, deberían ser 2 años como mínimo” (indicación de la Secretaria de Acción Social de ese momento). No obstante el T. S. del hospital entrega cobertura a raíz de: presencia de 3 niños menores, hipoacusia de los padres, madre en plan de empleo, jefe de familia desocupado. Se otorga cobertura desobedeciendo el mandato institucional.

(2) Mariela, en una entrevista hospitalaria, relata al T.S. que el niño “vive atado” ante lo cual (sumado a los enojos que Julio había experimentado en diferentes oportunidades en el hospital y otras instituciones) este profesional presupone la existencia de violencia y mal trato hacia el menor. El T.S., entonces, realiza una visita domiciliaria y allí Julio y Mariela explican lo que sucede. ¿es esto mal trato del padre hacia Juani? ¿representa la falta de orientación, de asesoramiento y de respuesta de distintas instituciones al problema de Juani y su familia? ¿qué pasa con los prejuicios del TS que ha sacado conclusiones sin conocer la realidad de la situación y sin analizar todas las variables?

(3) José dice que no cumple porque se “cansa” de andar “pidiendo por favor y peleando para obtener lo que Juani necesita”. ¿La familia no cumple, las instituciones juegan un rol de obstaculizar este cumplimento en lugar de favorecerlo?

(4) El objetivo real es reprender a la familia por el incumplimiento. Se cumple el mandato de “control” y “disciplinamiento” como función de los Trabajadores sociales.

(5) Se culpa al padre de negligencia y ésta en realidad es de la institución hospitalaria. El padre debe explicar su comportamiento, a la institución se la disculpa o se le acepta que la negligencia de falta de reactivos o no atención de un paciente pueda ser así.

(6) Se repite la situación del punto anterior: Julio sabe que él puede ser culpado de negligencia pero a la institución será más difícil que alguien la culpe.

(7) ¿Julio excede sus derechos al realizar este reclamo que antes no había hecho? Traiciona un acuerdo efectuado previamente con el T. Social ¿repite el modelo institucional?

(8) El Trabajador social desobedeciendo el mandato institucional solicita que el viaje se efectúe dentro de las condiciones de mayor comodidad posible para Juani y su padre. Logra su cometido parcialmente pero es reprendido por su accionar. ¿El derecho de la familia termina en que se le provean los medios para el viaje o también incluye que este viaje sea realizado en las mejores condiciones posibles?

REFLEXIONES E INTERROGANTES

A partir del relato se infiere un diagnóstico situacional del microsistema familiar (que es dinámico y flexible de acuerdo a los cambios que transita la familia) y de las instituciones y profesionales intervinientes. De este diagnóstico se desprenden numerosas variables para analizar así como distintas instancias de intervención profesional: familiar, institucional, políticas sociales, etc.

Nos parece importante no perder de vista para nuestra reflexión la Convención de los Derechos del Niño, cuando coloca a la familia " como el elemento básico de la sociedad y medio natural para el crecimiento y el bienestar de todos sus miembros y en particular de los niños …y para ello..debe recibir la protección y asistencia necesarios para poder asumir plenamente sus responsabilidades dentro de la comunidad…estableciendo la obligación primaria en el Estado”.

Con relación al sistema familiar podemos decir que estamos frente a una familia que podemos definir como “vulnerable”, en la que encontramos los siguientes indicadores: historia personal de cada miembro adulto, constitución de la pareja, relaciones distantes y escasas con la familia de origen, proceso de migración con sus implicancias, discapacidad auditiva con sus efectos también a partir de la modalidad comunicacional interna y con el entorno social, graves dificultades de salud de un hijo. Estos factores y otros (laboral, económico, habitacional) afectan y exponen notablemente a la dinámica, funcionamiento y estructura familiar.

Consideramos que en esta familia, existen obstáculos para reproducir cotidianamente su existencia en determinadas condiciones sociales (dificultades en el aspecto sanitario, en el orden laboral, comunicacional, económico, habitacional, vinculación con el medio, de información, de orientación concreta).

El caso que nos ocupa demanda e interactúa con un importante número de instituciones estatales provinciales, municipales, vecinos, iglesia, medios de comunicación, entre otros.

Sabemos por la realidad social y el análisis macrosocial que conocemos y nos atraviesa, que el desplazamiento del Estado de bienestar en la actualidad, hace que los programas o políticas sociales (nacionales, provinciales y municipales) utilizando el argumento de un "espíritu austero" desarrollen respuestas o medidas limitadas , atendiendo situaciones coyunturales o "a la población de mayor pobreza, acreditada con informes sociales" transformando al sujeto en “ciudadano asistido” y colocando al trabajador social en una función que podría denominarse como “detector de pobres”.

Si observamos las instituciones que actúan en nuestro relato, podemos decir que su intervención refleja claramente el mandato de las políticas de exclusión (atención focalizada, sujeto receptor pasivo, etc.). Tomemos como ejemplo una de las dificultades de esta familia y la política que aplica la institución que debería dar una respuesta: el aspecto habitacional. La intervención de esta institución pone de manifiesto la violencia de las políticas actuales ya que al no poder cumplir la familia con el requisito de tiempo de residencia debe quedar excluida de la posibilidad de acceso a una vivienda. No es prioridad de la institución (IPV) el derecho de acceso a una vivienda digna sino “cumplir con las reglas de poder institucional y de “más arriba”.

Esta política habitacional evidencia criterios de focalización y “conlleva implícitamente la generación de procesos de exclusión y desigualdad de oportunidades , dado que mientras se prioriza a la población meta se deja de lado a sectores que no cumplen con los requisitos definidos institucionalmente “ .

Se evidencia que el jefe de familia debió ejercer presión y demandar en forma permanente a las instituciones, las que aún conociendo la situación de vulnerabilidad de la familia reprodujeron, desde su estructura de poder, la posición de demandante y de dependencia (que alguien genero ... ¿quién? ¿la familia? ¿las instituciones?, ¿las políticas sociales de las que mencionábamos más arriba?). Esta reproducción es violencia que genera, en este caso, una respuesta, un reclamo de derechos, desde la violencia. Esto nos hace pensar que este padre de familia, o su compañera, han deambulado por las distintas instituciones reiterando o presionando atención para distintas situaciones límites o buscar satisfacer sus necesidades materiales y no materiales, ello implica que ¿no son sujetos de derecho?

Julio responde, reacciona con violencia a la violencia institucional y a partir de ello (de su reacción) las instituciones lo definen a él mismo como “violento”. Se espera que Julio reaccione pasivamente, con sumisión, a la falta de respuestas acordes a sus necesidades, a la no escucha de la institución. Los otros (instituciones, personal, profesionales) determinan qué es lo que esta familia necesita, qué es lo que puede pedir, cuáles son sus derechos, cuál es el modo en que deben presentarse y en que deben responder ante las instituciones. Se exige aceptación y sumisión a la violencia institucional. Se exige aceptación y sumisión ante el poder de las instituciones y de sus representantes (dentro de los cuales estamos incluidos los Trabajadores Sociales).

Es relevante tener en cuenta el papel y poder de los medios de comunicación cuya intervención, en esta situación familiar, ha sido un beneficio positivo, porque han movilizado lazos de solidaridad y respuestas en la comunidad, en los vecinos y en la iglesia, quiénes tuvieron un escenario de importancia: como contención material pudiéndose vislumbrar una alternativa de lazos vecinales o comunitarios a favor de la cooperación (y no al individualismo), alternativa que no se observa en las instituciones estatales.

Advertimos que el sistema familiar, ante su condición de vulnerabilidad y relacionado con la actuación y la violencia de las distintas instituciones, ha presentado situaciones de riesgo para sus miembros. Ante las presiones de las instituciones y la violencia institucional (dependencia, acreditación de pobreza, falta de trabajo, subordinación, etc) por la que está atravesada la familia podríamos afirmar que llegó un punto en el que se manifiesta la intolerancia y negligencia dentro de ella y entre sus miembros (ej. los modos de colocar límites, la falta de cumplimiento con el tratamiento médico de Juani). Ello nos lleva a pensar en la necesidad de intervención profesional a partir de contención y tratamiento para trabajar la modalidad comunicacional que actualmente presenta indicadores de detección respecto a posible violencia intrafamiliar, de igual manera se deberían abordar los miembros frente a las vivencias que han tenido y están expuestos los niños.

Ahora bien, pasemos a pensar en la intervención de los Trabajadores Sociales frente a lo planteado hasta aquí.

Si bien el relato hace hincapié en la intervención del Trabajador Social hospitalario creemos que de él puede inferirse el accionar o quehacer profesional de otros Trabajadores sociales a partir de su inserción en una institución , en particular del ámbito estatal.

En primer lugar cabe señalar que existe poder en las intervenciones de los trabajadores sociales y que este poder puede ejercerse hacia los sujetos, la institución, las políticas sociales y al macrosistema. Una forma de aplicar esta modalidad es cuando el profesional se suma (aunque sea por momentos) a las afirmaciones institucionales desde un lugar de poder. Define, rotula, estigmatiza a la familia (y sobre todo al jefe de familia) a partir de pre-juicios: “es violento”, la familia debe ser “controlada”, deben ser “reprendidos”. Se asume la función de “controladores” y “disciplinadores”. En este punto el trabajador social se convierte en reproductor del modelo de control y exclusión institucional. Reproduce la violencia institucional y social de las políticas sociales focalizadas que mencionáramos anteriormente por un lado y por el otro reproduce, reafirma, la identidad de control y disciplinamiento que “los otros, la institución” le otorga a su actuación profesional.

“No olvidemos que la violencia social tiene una estrecha relación con el poder y que se reproduce a través del abuso o exceso al momento de ejercerlo sobre “el otro o los otros”. Esta modalidad de interacciones de subordinación están instituidas, más allá del marco normativo o códigos de organización de las instituciones, como por ejemplo ,ejerciéndose de manera violenta (visible o invisible) imponiendo criterios o saberes, subestimando las carencias de los beneficiarios o de una franja importante de la población atravesada por la pobreza. Dentro de este marco institucional y analizando el significado de”poder”, ¿qué relación existe con la intervención del T. S.?¿Cómo evitamos esta utilización del poder?

Por un lado debemos tener en claro y reconocer que esto nos sucede antes que nada. Siempre hablamos de lo que se debe o no hacer en nuestra práctica profesional pero también siempre nos paramos como si nosotros estuviéramos fuera, ajenos a las posibilidades de equivocarnos y ser partes de la reproducción el modelo que criticamos.

Por otro lado debemos plantearnos que nuestra intervención social podrá tomar 2 caminos: se ajustará, se acomodará a esa modalidad para reproducir el modelo institucional o buscará otras estrategias de intervención para hacer coincidir sus objetivos profesionales y negociar con el perfil institucional.

Recordemos que no trabajamos en forma autónoma , respecto a la libertad de pensamiento y de acción, recibimos un mandato institucional y se producen obstáculos entre el objetivo institucional (que depende de la función que cumpla: asistencial, coyuntural, preventiva, entre otras) y los objetivos o encuadre del TS. Allí es dónde hoy nos encontramos, en crisis, con incertidumbre, y nuestras respuestas o actuar profesional debe definirse entre el conformismo o la interpelación, nos adaptamos al sistema o resistimos mediante un posible proceso colectivo profesional, espacio que debemos reconstruir y recuperar.

Creemos que lo primero que debemos hacer los trabajadores sociales es reconocer y re-conocernos, tal vez admitir que, aunque sea inconscientemente, en algún momento de nuestra práctica somos reproductores o respondemos al modelo y a la identidad profesional que la institución en la que estamos insertos laboralmente nos atribuye. Lo importante es darse cuenta de ello para corregirlo.

Estamos en crisis de pensamiento, de allí la importancia de revisar nuestra construcción histórica y distintos procesos de identidades de la profesión, con avances y retrocesos, motivo de ello hoy nos encontramos con estos replanteos: de la teoría, la práctica social, nuestras ideologías y redefiniciones del Trabajo Social. ¿qué priorizamos en nuestro accionar profesional e intervenciones?

Aquí se nos presenta otro interrogante: tenemos una institución que focaliza, selecciona, restringe sus servicios y una población que demanda esos servicios ¿cuál debe ser la intervención del Trabajador social frente a estas situaciones? Consideramos que en este punto la institución le asigna al profesional el lugar de “mediador”(mediador sin poder de decisión dado que ya está establecido por la institución lo que puede o no acordar) entre ella y la familia que demanda.

De acuerdo a la funcionalidad de la institución puede suceder en algunas intervenciones profesionales y en este tipo de intervención habría 2 elementos antagónicos: una institución que focaliza, selecciona, restringe y una familia que demanda un derecho que parece no serle concedido si no integra la población meta (a veces aunque la integre igualmente queda excluida de ese derecho). ¿Es, entonces, el trabajador social el que debe intervenir para que la institución pueda llevar adelante su objetivo, por ejemplo, de brindar o negar tal o cual servicio? ¿Es el papel del trabajador social el de “defender” a la institución?. ¿Qué pasa en este caso con los derechos del ciudadano? Obviamente que tenemos en claro que no cualquier institución puede, o se encuentra preparada, para dar cumplimento a cualquier derecho de una persona, pero entones, si la institución en la que el trabajador social ejerce su profesión no es la indicada para cubrir la demanda (sea ésta material o no) que una familia le presenta ¿la intervención profesional se limita a la derivación a la institución adecuada? Entonces, y para decirlo gráficamente,: ¿le damos a la familia una palmadita en el hombro, un papel donde hay escrita una dirección (y tal vez el nombre de un colega), les decimos buenos días y “continuamos con lo nuestro”?

Por otro lado, ¿qué pasa si la institución en la que estamos trabajando sí es la que debe dar respuesta al derecho que una familia reclama pero nosotros sabemos que probablemente no lo hará porque la familia no responde a la definición institucional de su población meta? Podríamos plantear algunas alternativas de actuación profesional (podrían haber muchas más) que variarán de acuerdo a la ideología, al marco de referencia conceptual, al enfoque metodológico, a la modalidad de intervención social y básicamente de acuerdo a la posición que el trabajador social ocupa en la institución:

  1. ¿El T. S. explica a la familia que esa no es la institución que debe darles la respuesta y los despide?.

  2. ¿El T. S. explica que esa institución no podrá darles la respuesta y los deriva a otra institución para que averigüen si esa otra podrá?

  3. ¿El T. S. explica la situación a la familia buscando los términos para que ésta comprenda que no tendrá la respuesta que busca y no reaccione con más reclamo, para que acepte pasivamente la negativa?

  4. ¿El T. S. explica a la familia que esa institución debería ser la que les diera la respuesta que buscan pero que, por el momento, no podrá y los deriva a otra institución a presentar la solicitud tratando de que acepten pasivamente la negativa y derivación?.

  5. ¿El T. S. se enfrenta a la institución, le dice a la familia que él no puede hacer nada y que ellos deben pelea por sus derechos?

  6. ¿El T. S. busca, junto a la familia, diferentes alternativas que puedan ayudarla en el acceso a su demanda, teniendo en cuenta las posibilidades de la institución en la que trabaja y de las otras instituciones de la comunidad?

Esto nos llevaría a pensar o analizar el rol profesional: objetivos y función del TS vs .Objetivos y/o cobertura institucional que depende de las políticas sociales del Estado.

Convenimos que todas las instituciones que deben atender a las demandas coyunturales están funcionando con un mandato y lineamientos para re- producir ciudadanos asistidos. Así el TS debe definirse en su qué hacer y de acuerdo a ello será cuestionado. En este contexto el modelo no necesita profesionales que interpelen o se quejen, por ello opta por auxiliares o técnicos u operadores que “cumplan los deberes” sin cuestionar y que se tornan, entonces, más “manejables” para cumplir con el modelo institucional.

Debemos reconocer también que las instituciones atraviesan una crisis, están fragmentadas y sufren incertidumbres, que esa carencia o confusión de identidades que padecen, a la hora de aplicar sus supuestas “respuestas a la comunidad” reproducen incredibilidad y las personas, tanto los trabajadores como los usuarios, sienten la incoherencia entre lo “que dicen y hacen”.

Consideramos que la decisión sobre la intervención profesional a adoptar se vincula con la ideología del Trabajador Social y su visión sobre los derechos de las familias, de los ciudadanos. El trabajador social se enfrenta cotidianamente a estas decisiones en su lugar de trabajo ¿trabaja con la familia para que acepte la decisión de la institución más allá de los derechos que le asisten o busca con la familia alternativas que le permitan acceder a sus derechos?

Tal vez aquí sea donde se presente la utopía que nos haga continuar ejerciendo nuestra profesión o que nos lleve a pensar que intentarlo no tiene sentido: “no pretendemos que el ciudadano se adapte al sistema sino que el sistema se encuentre al servicio de los derechos del ciudadano”.

Continuando con el análisis podemos señalar que en el caso en particular que presentamos intervienen muchas instituciones (y creemos que ello es lo habitual en la mayoría de los casos que diariamente se nos presentan a los trabajadores sociales) y éstas tienen una característica común: casi por unanimidad, en casi todas ellas, la demanda de la familia no es recepcionada por un trabajador social (particularmente en el caso de Tierra del Fuego algunas de estas instituciones ni siquiera cuentan con trabajadores sociales). Para acceder al trabajador social la familia debe sacar un turno, exigir su presencia o esperar que la institución resuelva que el profesional debe intervenir.

Tal vez debiéramos plantearnos ¿no debería ser al revés? ¿no deberíamos ser los trabajadores sociales los que recepcionáramos la demanda y a partir de ello determináramos si corresponde nuestra intervención profesional y cómo debería ser esa intervención?.

Queremos aclarar que sabemos que existen Servicios Sociales con Trabajadores sociales en los que la población puede acceder a ellos con sólo golpear a su puerta pero, en muchas ocasiones, aunque existan servicios de admisión o el acceso pueda ser directo ello no es tan fácil por motivos relacionados al funcionamiento y de organización institucional (sobrecarga de trabajo de los profesionales, tamaño de la demanda de la población, cantidad de profesionales, horarios, tiempo real de trabajo, etc.)

Cabe entonces preguntarnos ... ¿Por qué dejamos que los que no son trabajadores sociales (o la institución) decidan por nosotros, decidan si lo que esa persona necesita tiene que ser resuelto o evaluado a partir de la intervención de un trabajador social y que resuelvan hasta qué tipo de intervención deberíamos tener? ¿Será porque de este modo nosotros evitamos responsabilidades? ¿por falta de definición profesional? ¿por costumbre? ¿por sobre-adaptación institucional?

Podríamos ensayar una respuesta diciendo que esto es como preguntar porqué no descubrimos la droga para tal enfermedad con tantos avances científicos. Sabemos que existen otros intereses En nuestro campo social puede suceder algo similar. La institución se organiza y en esta organización un técnico, un auxiliar, un no profesional se puede manipular o someter más fácilmente que un profesional. El Trabajador Social en ocasiones interpela actuando del lado de los derechos del sujeto y esto molesta, más aún si señala las responsabilidades del Estado y las garantías que deben brindar a la población. Esto es un mal del sistema neoliberal.

También podemos responder que si aceptamos este modelo de intervención no nos cabe duda que estamos siendo reproductores de la violencia institucional ejercida tanto contra las familias que se acercan a solicitar un servicio como hacia nosotros mismos como profesionales. Permitimos que sea la institución la que desde su poder resuelva cuándo y cómo debemos intervenir profesionalmente.

Los trabajadores sociales de las distintas instituciones muchas veces aceptamos que frente a tal o cual demanda debemos realizar una “visita” al domicilio de la familia, es más es la institución la que decide que debemos ir y para qué debemos hacerlo. Decide nuestra intervención y el objeto de ella.

¿Podemos evitar/modificar esto? ¿Podemos escapar de esta trampa que nos continúa transformando en reproductores de obstáculos en el acceso a los derechos de los ciudadanos e incluso en el acceso a nuestro derecho a construir nuestra identidad profesional, a decidir cómo actuar profesionalmente frente a cada situación?

Creemos que cuando tenemos definido nuestro objeto de intervención con los sujetos, su problemática social e interrelación ello es posible. De allí el replanteo sobre la actuación profesional sobre una base de principios de acción, respetando los derechos del sujeto autónomo y con sus capacidades para resolver sus conflictos.

Pensamos que uno de los modos de construir desde la intervención profesional podría pasar por la construcción de un tejido socio-profesional, tejido en el que participe un trabajador social de cada una de las instituciones que intervienen en una familia. A ello lo denominamos coordinación y cooperación entre profesionales. ¿Tiene sentido que el trabajador social de cada institución efectúe una visita domiciliaria para recolectar información que casi siempre la institución u otro colega tenía con anterioridad? Creemos que tendríamos que replantearnos cuál es el objeto de efectuar una visita domiciliaria ya que ello también hace al modo en que nos posicionamos profesionalmente en la institución y también se relaciona con el respeto a nuestros derechos y a nuestra identidad como profesionales. La visita domiciliaria ¿es para completar una encuesta que la institución exige y que generalmente lo que contiene son datos formales y económicos? ¿es para obtener un mejor conocimiento de la familia con la que vamos a trabajar? ¿vamos a trabajar con esa familia o nuestra intervención se limitará a pedir a las autoridades que le otorguen, o no, el servicio que alguien de esa familia se acercó a solicitar?

Creemos que esto es todo un tema por sí solo ¿por qué una visita domiciliaria? ¿cuál es su objetivo?. Pensamos que la visita domiciliaria es una técnica y parte del proceso metodológico del TS, y no debemos facilitar “que los otros “invadan o determinen en qué momento se debe proceder o actuar con esta técnica. Debemos clarificar nuestros objetivos y función, fundamentar nuestras intervenciones, respaldarlas con nuestro discurso y nuestras acciones, por escrito (Informe). Son nuestras herramientas de trabajo y sustentan a la profesión. Se relaciona con nuestra posición y revalorización personal y de colectivo, para recrear estas identidades que hoy somos nosotros los que debemos construir…No olvidemos que los otros también nos dan identidades!!!

Un párrafo final para la función de los Colegios profesionales en este contexto. Creemos que son ellos la institución que debe respaldar, contener, e incluso presentar ante las autoridades distintas modalidades de intervención de los profesionales del Trabajo Social que nos permitan replantear nuestra función, nuestra posición, nuestra identidad, dentro de las instituciones y llevar adelante la defensa de nuestros derecho a ejercer nuestra profesión a partir de la decisión de cada uno de nosotros sobre el modo que consideramos profesionalmente correcto para cada caso.

Tal vez algunos consideren que estamos siendo un poco duras con estos planteos y muchos colegas sientan que ellos no merecen estas reflexiones o críticas, les pedimos disculpas, pero lo que estamos tratamos de hacer es que cada uno de nosotros nos sinceremos con nosotros mismos, que pensemos hasta qué punto vemos o vivimos estas situaciones en el desarrollo de nuestro ejercicio profesional y muchas veces la reproducimos aún de modo inconsciente.

Recordemos que estamos en una crisis de saberes y de una realidad social que nos atraviesa día a día en nuestras intervenciones, y esto nos debe movilizar, no paralizar, para que comencemos a ejercer una actitud crítica y de interpelación sobre las representaciones sociales dominantes y las nuestras como profesionales del TS., reconstruir espacios e identidades para resistir y crear nuevos saberes que beneficiarán al TS.

No nos cabe duda que a partir de ello podremos adoptar las decisiones profesionales adecuadas para no contribuir a la exclusión sino trabajar por la necesaria integración.



* Datos sobre la autoras:
* Mónica Pitoiset
Lic. en Trabajo Social. Trabaja en la Dirección de Minoridad y Familia de la ciudad de Ushuaia.-
* Silvia C. Fossini
Lic. en Trabajo Social. Trabaja en el Servicio Social del Hospital Regional de Río Grande.-

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