En agosto de 2001 se conoció una circular emanada del director de Coordinación Operativa de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, comisario mayor Carmelo Impari, en la que se ordenaba a los jefes de todas las departamentales de la provincia que se detuviera a "niños y jóvenes desprotegidos”, en operativos que deberían implementarse “en forma continua” y que concluirían poniendo al menor “a disposición de la Justicia tantas veces como sea necesario”.
Esta medida puso al desnudo la grave situación de la legislación argentina. A pesar de que se ratificó la Convención de los Derechos del Niño (de 1989) y se le dio rango constitucional en 1994, aún tiene pendiente la reforma de muchas leyes nacionales y provinciales, para su adaptación a la norma constitucional.
En diciembre de 2000, la provincia de Buenos Aires sancionó la Ley 12.607, de Protección Integral de los Derechos del Niño y el Joven, que fue promulgada en febrero de 2001.
El Procurador General de la Suprema Corte presentó el 1 de marzo una demanda de inconstitucionalidad de la ley y en fallo dividido, la Corte se expidió a favor de la suspensión parcial de su efectos.
De esa manera, volvió a regir en la Provincia de Buenos Aires la ley de menores Nº 4664 del año 1936, modificada por el dec-ley 10.067 del año 1983; imbuidas del espíritu del Patronato de Menores, aún vigente por imperio de las leyes nacionales 10.903 y 22.283; todas ellas inconstitucionales, por la elevación a rango constitucional de la Convención Internacional sobre los Derechos de los Niños.
Tal como lo planteó Laura Taffetani (Area de la Niñez de Lomas de Zamora) en declaraciones al diario Página 12:
“El problema que tenemos con esta circular es que los jueces malinterpretaron una decisión de la Corte que fue una votación dividida y sostienen que no está en vigencia la ley del Menor. Es por eso que la policía sale a plantear que debe cumplir la ley vieja”.
La vieja ley es la 10.067 y plantea que ante cualquier situación de peligro moral y material cabe la intervención del Estado. “Pero eso va contra la Convención Internacional de los Derechos del Niño en la que queda claro que el chico puede estar en la calle si quiere y que el desamparo no es el que esté en la vía pública, sino que el Estado no puede hacer nada por él”, dijo Taffetani y anunció que en la jurisdicción de Lomas de Zamora el Ejecutivo local se reunirá con las autoridades de la Bonaerense para “buscar una solución que no esté contra los derechos de los chicos”.
Margen preparó un informe especial sobre la temática de la legislación referida especialmente a los niños y jóvenes, en el ámbito de la República Argentina y específicamente en el de la provincia de Buenos Aires.
Es una dura realidad que se repite en todos los rincones de nuestra América.
