Por otro lado, el desempleo representa el fracaso del sector privado en proveer empleos que sean adecuados. Este fracaso de los sectores privados es alentado por las políticas asistencialistas gubernamentales. Pero, los desempleados no son los únicos que viven en condiciones de pobreza y marginación, también existe el grupo de los trabajadores pobres, cuyas ocupaciones generan bajos ingresos que los mantienen bajo el nivel de pobreza.
Según los profesores Cynthia Rodríguez-Parés y José Joaquín Parrilla (1991), la mayoría de los trabajadores pobres realizan labores poco gratificantes, por lo tanto, se sienten insatisfechos con su trabajo. Tal insatisfacción se puede ver en las tardanzas y el ausentismo.
Sin embargo, estos trabajadores pobres continúan en sus trabajos, porque éstos son importantes para su autoestima y les permiten tener un salario y otros beneficios.

Con el propósito de aliviar las tensiones que produce la desigualdad económica y social, el gobierno implanta programas que desarrollan el llamado bienestar social. Evidentemente, las opciones ofrecidas por el sistema gubernamental han sido unas de tipo paliativo a nivel individual. Rodríguez-Parés y Parrilla (1991:38) entienden que: "Los programas remediales pueden ser vistos como intentos de reparar desgarres en la fábrica social, una tela que el gobierno a contribuido a tejer" .
Estas medidas contribuyen a su vez a formar el carácter de dependencia y marginación que afecta el desarrollo de la autosuficiencia y la participación total de las comunidades.

Dichas medidas disminuyen la capacidad del individuo de asumir su destino y convertirse en el creador de su realidad. Muchos puertorriqueños poseen una visión de mundo determinada por el conformismo, el fatalismo y el individualismo que se antepone a una tradición de ayuda mutua y esfuerzo propio, de sentido colectivo (Rodríguez-Parés y Parrilla, 1991).

Ante la pobreza, la desigualdad, el desempleo crónico y los empleos no deseados y mal renumerados, en algunas comunidades se comienza a ver el problema individual como uno colectivo. Esta situación conduce a estos sectores a buscar alternativas reales que le permitan al individuo y a su comunidad el tener una participación activa y efectiva acorde con su realidad económica y social.
Por lo que, la meta de estas comunidades va dirigida a la utilización efectiva de sus recursos limitados. De esta manera, se desarrolla lo que se conoce como empresas de producción autogestionarias. El objetivo es crear y producir nuevas fuentes de ingreso.

La autogestión representa una forma de organización o de autogobierno en la cual los miembros participantes rechazan cualquier manifestación de autoridad externa. Al hacerse cargo de sus propias condiciones de vida y de trabajo, toman decisiones democráticamente en torno a sus normas de funcionamiento.
El surgimiento del concepto de autogestión, a finales del siglo XVIII, permitió dilucidar dentro de la práctica social y política, la distinción entre el Estado, como la autoridad y el poder, y la sociedad civil, como la no dominada por un poder centralizado. Supone también aspectos sociales y políticos y el ejercicio del poder estatal en nombre de una clase.
En cuanto a la acepción contemporánea del término, la autogestión fue incorporada al lenguaje usual a finales de la década de los sesenta para poder designar la experiencia yugoslava que se intentó a partir de 1950 y cuyo propósito fue contrarrestar las tendencias burocratizantes y centralizadoras que presentaba el proyecto socialista (Guimaraes, 1983).

Los procesos históricos se encargaron de frustrar las expectativas utópicas del socialismo y nos han demostrado que una sociedad no puede convertirse en socialista sólo por la transformación de sus estructuras. El socialismo autogestionario surge en contra del socialismo de Estado o el "socialismo real" como lo llaman los más optimistas (Meister, 1965; Sacristán, 1981).

El Presidente yugoslavo Yosip Tito, en su discurso pronunciado el 26 de junio de 1950 ante la Asamblea Nacional de la República Federativa Socialista de Yugoslavia, proclamó la necesidad de pasar del socialismo de Estado a la autogestión obrera. La autogestión yugoslava invierte el modelo soviético. No se sitúa al principio de la transformación revolucionaria, como lo hacen los soviets rusos, sino que precede a una administración centralizada de la economía y del Estado estríctamente controlada por el partido (Guimaraes,1987; Meister,1965; Pierrugues,1987).

Además del socialismo, la Iglesia también ha abogado por la participación directa de los trabajadores en la administración de las empresas. El Papa León XIII partiendo de una organización de la sociedad basada en la cooperación lanzó en sus encíclicas (en especial la Rerum Novarum de 1891) la idea de la participación de los asalariados en la vida de las empresas para hacer desaparecer la lucha de clases que él atribuía a los "excesos" del capitalismo.
A través del Papa Juan XXIII, la doctrina social de la Iglesia ha reafirmado su posición recientemente. En su encíclica Mater et Magistra (1961) establece que la Iglesia cree que la aspiración de los trabajadores de participar en las empresas de las cuales forman parte es legítimo. También cree en el ejercicio por parte de los trabajadores de la responsabilidad en organizaciones productivas y en responder a demandas legítimas y peculiares a la naturaleza humana, que está también en conformidad con el desarrollo histórico en el aspecto económico, social y político (Guimaraes, 1987).

A partir de la Revolución Industrial, la ayuda mutua y la cooperación asumen un significado específico. Estas pueden ser consideradas como ideas afines con la autogestión. Se inspiran en el intento de crear empresas en las cuales los trabajadores sean sus propios patronos y trabajen bajo las órdenes de una dirección que ha sido elegida por ellos.
Todo esto desde el seno mismo de la sociedad capitalista. A través de la cooperación el ideal autogestionario se ha despojado de su carácter revolucionario, insertándose actualmente en la lucha de distintos sectores y clases sociales por ampliar la democracia que, políticamente, procura extender su dominio a la vida social y económica.
Puede entenderse la cooperación como una forma específica de autogestión aplicada a la economía, donde se trata de disminuir la fusión entre la propiedad privada y el poder decisivo que ella confiere. También trata de atenuar la división que la propiedad privada supone entre dirigentes y dirigidos, entre clase dominante y clase subordinada (Guimaraes, 1987; Iturraspe, 1986; Meister, 1965).

La profesora Dolores Miranda (1996) indicó en su ponencia sobre autogestión que la primera opción para el desarrollo del proyecto autogestionario es la educación alternativa. Enfatiza la importancia de crear cursos educativos dentro de la comunidad, pero fuera del escenario escolar.
Puntualiza que la educación alternativa tiene un sesgo político, que si en un principio no se reconoce, es muy difícil asumirlo más tarde. Rodríguez-Parés y Parrilla (1991) señalan que el verdadero interés de la educación alternativa reside en tomar a los individuos allí donde se encuentren y permitirles dar pasos adelante mientras se debaten con sus fantasmas de dependencia y contra-dependencia, sin que otro vaya a resolver sus problemas.
Lapassade (1977) destaca que la educación alternativa asigna a su enseñanza un objetivo de carácter social. Esta no busca alcanzar la promoción personal, sino que se dirige principalmente a hombres comprometidos con la acción para proveerles todos los instrumentos de análisis en el aspecto político, económico, social y cultural. Estos aspectos son indispensables para comprender la estructura social, cuestionarla y realizar eficazmente las actividades necesarias para la transformación y renovación de la sociedad. La educación permitirá la gestación de los procesos decisionales. Esto llevará al grupo hacia la autogestión y al individuo a asumir sus iniciativas.

Resulta necesario ver la autogestión como una racionalización del trabajo y por lo tanto, una socialización de la vida. Lourau (1980) indica que la autogestión otorga un contenido de lucha contra el centralismo y contra toda planificación constituída por la propiedad privada de una casta de profesionales de la economía y de la política. La autogestión es liberación.
Tal liberación será verdaderamente colectiva cuando la función del Estado no quede en las manos de unos pocos. La práctica de la autogestión supone un clima de libertad y de responsabilidad de comunicación que implica que la transformación de la sociedad no comienza ni en otra parte, ni más tarde (Lapassade, 1977).
La visión de Sandra Rodríguez Planell (1995) radica en que si bien es cierto que una de las motivaciones principales del campo de acción del sector social de la economía es la satisfacción de las necesidades, su otra motivación supone que la ciudadanía que se identificaba a sí misma como carente de recursos tenga una nueva percepción de su realidad y se pueda identificar a sí misma como agente capaz de modificarla.

Se puede decir que la participación significa el acto voluntario de interacción social. Esta va dirigida a tener parte en alguna actividad pública de forma tal que intervenga en su curso y se beneficia de ella. La participación trasciende el acto individual.
Para que la participación sea efectiva es necesario la acción colectiva y organizada. Esta adquiere un sentido de decisión colectiva, esto es, expresa una voluntad colectiva (Guimaraes, 1987). Para Lapassade (1977), al comenzar la organización de los grupos se suele atravesar por algunos problemas. Uno de ellos es el de la no participación y la falta de consenso al organizarse.

Guimaraes (1987) señala que ampliar los espacios de participación para los sectores populares supone cambios significativos dentro de las relaciones y la distribución del poder. La participación tiene como objetivo producir cambios de todo orden, en la esfera pública y en la privada.
Tan pronto se logre un desarrollo que refleje más fielmente las aspiraciones y necesidades de los grupos que históricamente han sido más postergados en la sociedad, se espera lograr la distribución más equitativa de los bienes, el ingreso y el poder. El intento de aumentar los espacios de la participación comunitaria redunda en transformaciones de las relaciones de poder.
A través de la participación comunitaria se abre paso la sociedad civil y las relaciones con el Estado vía la negociación y la concertación. La participación comunitaria representa un imperativo histórico, y la diversidad de fuerzas aún sin dirección ni proyecto político, se constituyen en una realidad. El espacio de la participación supone un espacio de confrontación, poder ganar ese espacio representa una autoafirmación, cuyo resultado fortalecerá a la comunidad (Villa de Yarce, 1992).

La participación no puede representar una panacea del desarrollo que por sí sola va a resolver problemas que se remontan a la formación histórica de nuestras sociedades. Por la misma razón, la participación no puede sustituir a la democracia, definida por aspectos que trascienden la participación en la base.
La participación de la comunidad tiene que ser voluntaria. La participación obligatoria resulta absolutamente falsa y engañosa. Esta puede presentar resultados sorprendentes a corto plazo, principalmente si estos resultados se miden por medio de indicadores formales de participación como la asistencia a reuniones y la votación.
Estos indicadores constituyen rituales que no contribuyen a la autodeterminación de las organizaciones populares y desaparecen cuando desaparece el estímulo externo o sobreviene la represión y se produce la pasividad o el rechazo (Guimaraes, 1987).

Según Roberto Follari (1989), el desarrollo de la comunidad, tradicionalmente, tiene una concepción parcial de la realidad, autocrítica y/o paternalista. Esta concepción no permite el surgimiento de acciones reflexivas relacionadas con la realidad política, socio-económica y cultural que se vive, generando así el conformismo y una mentalidad ingenua en los individuos y grupos.
Cuando se habla de cambio, se pretende la transformación de la mentalidad de los oprimidos y no la situación que los oprime. La línea tradicional de acción social ofrece paliativos, atenúan problemas y conflictos sociales al mejorar únicamente parte de la totalidad de la estructura social.
De esta manera, evita que el hombre sea crítico en todos los aspectos de su vida, ya que se sabe que el hombre es más radical cuando se incerta en la problematización de la realidad para poder conocerla mejor y transformarla.

La radicalización siempre es de carácter liberador, creador y está abierta a las ideas nuevas. Además es cuestionadora de sus opresores. Se puede decir, por lo tanto, que el desarrollo comunitario tradicional es alienante y dominador.
En el libro Trabajo en comunidad: Análisis y perspectivas, Follari (1989) propone la transformación de la filosofía del desarrollo comunitario tradicional.
El objetivo principal debe ser el aprender haciendo. Los elementos teóricos deben comprobarse en la práctica que se enriquece orientada por la teoría de la dinámica de grupos. El enfásis será sobre los requisitos y procedimientos de la organización y conducción grupal al combinar las diferentes técnicas de discusión y reflexión individual y grupalmente sobre temas socio-económicos, educativos, culturales y políticos de actualidad, que afectan la vida diaria y el desarrollo de la comunidad.
En el desarrollo comunitario las estructuras y organizaciones intermediarias son necesarias porque proveen apoyo y protección a grupos e individuos (Weil,1996). Entre las características del desarrollo comunitario se encuentran: la definición de la necesidad, el estudio de la comunidad y de sus características, la selección del proyecto y los modos de desarrollarlo; el desarrollo del proyecto y su evaluación a partir de las metas alcanzadas y de los objetivos logrados (Follari, 1989).

Evidentemente, la autogestión comunitaria se diferencia de la empresa capitalista en la medida en que le interesa que los trabajadores participen no sólo en los beneficios empresariales, sino en la toma de decisiones que afectan los aspectos de la producción y las vidas de los trabajadores.
El desarrollo y el éxito de la autogestión comunitaria van a depender grandemente de la participación de los trabajadores. También la educación alternativa es fundamental para lograr la autogestón comunitaria. Los procesos autogestionarios se proponen reconquistar el poder de la comunidad, del cual ha sido desprovista por parte de las instituciones administrativas y burocráticas del Estado.

Ciertamente, se debe tener presente que el ser humano tiene la capacidad para desarrollar su propio potencial, elegir su propia vida y autodirigir su formación, logrando así la transformación del ambiente opresor.
A partir de este conocimiento, se podrán generar condiciones propicias para la participación activa y efectiva en los procesos educativos y autogestionarios de los líderes de base y residentes; esto resulta en una adquisición de poder que redundará en una mayor efectividad en el logro de las metas colectivas de la comunidad. Ante la Reforma de Bienestar Social resulta vital educar a los miembros de las comunidades en desventaja económica, por lo que se recalca la necesidad de promover procesos educativos alternativos que permitan el desarrollo integral de los miembros de la comunidad. se espera que este desarrollo posibilite la adquisición de poder para hacer viables los procesos de autogestión comunitaria.

Según expone María Teresa Sirvent (1994) en su libro Educación de adultos: Investigación y participación, la educación alternativa surge como un posible instrumento en la construcción del poder y de la participación de las masas dentro de las acciones democráticas que se gestan en la sociedad. La participación de las masas, en tanto la participación real es un proceso histórico de conquista, ruptura cultural y aprendizaje por medio del cual los sectores populares desarrollan la capacidad de realizar sus intereses específicos y expresarlos dentro de un proyecto de sociedad.
La relación entre la educación y las formas de vida comunitarias supone un proceso dialéctico en el cual la apropiación crítica del saber científico, al confrontarse con el saber popular, puede llevar a la construcción y configuración de esas formas de vida comunitarias en un espacio donde éstas no serán concebidas como tales sino como formas de lucha que se cruzan constantemente.
La democracia se caracteriza por la participación real de la población en la toma decisiones que afectan su vida cotidiana y por un avance progresivo hacia la tarea de conquistar una sociedad más equitativa, justa y autónoma.
Estas características también se ven reflejadas en los procesos de educación alternativa en la medida en que demandan el desarrollo de destrezas relacionadas en los miembros de la comunidad. La participación comunitaria implica la necesidad de ruptura de representaciones colectivas e ideologías cotidianas y se define como un proceso de aprendizaje a través del cual se cuestiona y se adopta una conciencia crítica.

Carlos Granados (1993a) define la autogestión comunitaria como una forma superior de la participación activa y efectiva de los miembros de la comunidad en la propiedad de los medios de producción (el capital, la tierra, la fuerza de trabajo y la gestión empresarial), en la gestión de su proyecto comunitario y en la riqueza socialmente producida.
La esencia de la autogestión comunitaria es poner en manos de los residentes el proceso de gestión. Se entiende la gestión como el proceso que parte de la planificación y toma de decisiones hasta la administración y control de dicho proceso por parte de los miembros de la comunidad. En la autogestión comunitaria se eliminan las contradicciones que puedan existir entre el interés individual y el interés colectivo.

Históricamente, los miembros de comunidades marginadas se han visto ante la negación de la posibilidad de crear su propio proyecto comunitario al no tener acceso real a la propiedad de los medios de producción y a los avances tecnológicos. Por lo tanto, los individuos que logran integrarse al mundo del trabajo se ven obligados a ofrecer su fuerza de trabajo como si fuera una mercancía y reciben a cambio un salario que cada día se ve afectado por los efectos adversos de la inflación y la devaluación.

Los movimientos obreros representan la lucha histórica de los trabajadores por los intereses de la mayoría de los sectores de la sociedad. La organización del trabajador en proyectos cooperativos de autogestión ha sido considerada como la mejor alternativa entre las diferentes formas de organización. Cuando el trabajador decide formar parte de un proyecto empresarial autogestionario ha tomado la decisión de dejar de ser asalariado para pasar a ser trabajador empresario.
Desde esta perspectiva, el trabajador empresario debe ser eficiente de tal modo que alcance la máxima productividad y logre tener éxito en su proyecto empresarial. Es importante señalar que la eficiencia no debe ser vista como sinónimo de lucro.
El trabajador como asociado debe transformar su mentalidad de obrero que trabaja para un patrón, a la del trabajador empresario, donde su contribución de trabajo, no sólo devengará un salario sino que le permitirá participar de las riquezas socialmente producidas. Por lo tanto, éste es dueño en colectivo de la propiedad de los medios de producción y partícipe en la gestión de su propio proyecto.

Una vez el individuo ha tomado la decisión de formar parte de un proyecto de autogestión comunitaria debe superar definitivamente su condición de desempleado, subempleado o de trabajador asalariado para poder desempeñar una posición de co-dueño de los medios de producción, dueño de su propia fuerza de trabajo que va dirigida a su empresa, dueño del producto de su trabajo, gestor de la acción empresarial y partícipe de la riqueza que se genera socialmente.
Por lo tanto, cuando el asociado asume la condición de ser co-dueño de los medios de producción y trabajador de su propio proyecto desaparecen las relaciones patrono-trabajador, aumentando así la participación comunitaria, la autoestima, la auto-suficiencia, la independencia económica y la iniciativa de los participantes en el proyecto de autogestión comunitaria.

Los procesos autogestionarios asumen como modelo asociativo de producción los valores que históricamente la humanidad considera pertinentes para la convivencia social. Estos valores fundamentales son: la democracia, la libertad, la solidaridad y el trabajo. La democracia es el valor necesario para que exista la descentralización del poder de la gestión empresarial y de la riqueza socialmente producida.
Para que la democracia exista debe darse la participación constructiva y efectiva de los miembros asociados. En cuanto a la libertad como valor, la función de la autogestión es conducir a la libertad de la persona al fomentar su desarrollo como ser humano por medio del acceso a la propiedad social de los medios de producción, de la fuerza de trabajo, del producto de su trabajo y a la riqueza que se produce socialmente. Granados (1993b:41) dice: "No se puede ser libre con hambre, sin techo, sin trabajo, sin seguridad social".

Por su parte, la solidaridad es el valor que sustenta una fuerza moral ante las adversidades de la vida, de la sociedad y de la propia naturaleza. La solidaridad humana es un comportamiento que se expresa entre las personas, las comunidades, los pueblos y las culturas. El cuarto valor, que es el trabajo, representa la condición indispensable para alcanzar la realización integral del ser humano.

Actualmente, los sectores afectados ante la Reforma de Bienestar Social carecen del conocimiento total de las implicaciones de dicha reforma. Por tal razón, la falta de conocimiento y la dependencia creada han contribuido al empobrecimiento de la creatividad, iniciativa y poder transformador de estos grupos.
Es aquí donde los procesos de autogestión comunitaria representan una alternativa necesaria para desarrollar la toma de conciencia social, económica y política de los sectores menos privilegiados de la sociedad puertorriqueña. Al transformar la mentalidad del desempleado, del subempleado y del trabajador asalariado, los procesos de autogestión comunitaria logran la participación activa y efectiva de estos sectores, permitiendo así su independencia económica, su auto-suficiencia e iniciativa creadora.

Para poner en práctica la interacción entre los proyectos de autogestión comunitaria, la participación de la comunidad y su desarrollo hacia la minimización de la dependencia, desde las perspectivas sociales, económicas y políticas, la literatura relacionada con el tema ofrece diversidad de ejemplos.
En América Latina, particularmente en Tegucigalpa, Honduras surge el Programa de Desarrollo Rural de la Escuela Agrícola Panamericana con el propósito de lograr cambios sociales y económicos significativos en el desarrollo de tecnologías que sean apropiadas frente a las metas y circunstancias de una comunidad en particular. Los elementos principales del programa son el acercamiento a técnicas de producción y la capacitación (VanBuren, 1993). En Amaoti, Africa del Sur en 1987 surge una organización comunitaria sin fines de lucro conocida como el Proyecto Comunitario Ilimo.

Ilimo es un concepto tradicional en Africa que significa trabajar conjuntamente. El propósito de este proyecto radica en reforzar la calidad de vida, desarrollando la capacidad de la gente de la localidad para resolver sus propios problemas. Los miembros de esta comunidad lograron desarrollar sus habilidades a través de la educación y capacitación en el trabajo (Springer, 1991).
En la comunidad Wai'anae, en Hawaii se desarrolló un proyecto de acuario que provee a las familias interesadas apoyo en la producción de pescado a menor escala, como parte del desarrollo económico de la comunidad. Este proyecto ofrece asistencia económica a las familias en la fase inicial de los gastos de costo y operación durante el primer año.
También estímula el desarrollo de un mercado local para el pescado y la formación de una sociedad de productores. Esta corporación establecida 1987, sin fines de lucro, promueve la autosuficiencia de la comunidad de Wai'anae.

También reconstruye la autoestima de sus miembros y fortalece su identidad como hawaiianos. El enfoque del proyecto se basa en el fortalecimiento de las relaciones sociales desde una interpretación de la diferencia entre empleo y trabajo.
El trabajo requiere dedicación y contribuye a crear la autoestima de los individuos, las familias y las comunidades. El empleo, a diferencia del trabajo, constituye una actividad cuyo propósito se limita a satisfacer las obligaciones económicas, pero no puede ayudar a la autoestima (Sustainable Communities Network Case Studies, 1987).

En Puerto Rico, en los barrios Cubuy y Lomas, en Canóvanas los miembros de la comunidad descubren que no hay empleos disponibles. Sin embargo, tienen terrenos que no están siendo utilizados para la agricultura y que pueden aprovecharse. Deciden aprender nueva tecnología que les permita producir lechugas y otros vegetales por medio del método hidropónico, utilizando el espacio disponible.
Con una inversión inicial relativamente baja los miembros de estas comunidades pueden llegar a la producción de lechugas que suplemente el ingreso familiar con $150.00 semanales (Pantojas, 1992). En la comunidad del Rabanal, en Cidra, la siembra de plantas ornamentales y su mercadeo pudo producir nuevos empleos y suplementos de salario.
En Humacao, la gente de Punta Santiago se organizó para establecer una universidad comunal, donde pudieran comprender mejor su realidad y actuar sobre ella. Estos son algunos ejemplos de lo que las comunidades puertorriqueñas están haciendo como alternativa ante la falta de empleos.
Esto representa un intento de recobrar funciones económicas productivas para el nivel comunitario local. A pesar de las diferencias que puedan existir en la naturaleza y desarrollo de estos proyectos de autogestión comunitaria, todos tienen algunas características y necesidades en común (Rodríguez-Parés y Parrilla,1991).

La práctica del trabajo social siempre ha estado ligada al mejoramiento de las condiciones de vida de los sectores sociales más desfavorecidos de la sociedad. El trabajo social como profesión ha transitado desde hace varias décadas por diferentes caminos de acuerdo con las condiciones políticas, sociales, económicas y culturales de la sociedad y el Estado en cada etapa de su desarrollo.
Desde diferentes ejemplos, el trabajo social se ha acercado a la realidad, buscando entender no sólo su estructura y dinámica, sino también su potencial para transformarla de acuerdo a las oportunidades y limitaciones que le brinda el espacio institucional público y privado. El tránsito del trabajo social hacia una nueva identidad profesional es difícil, pero puede lograrse si se aprovechan las oportunidades que presentan la modernidad y la reestructuración para intervenir en la realidad (Villa de Yarce, 1992).
De acuerdo con Rodríguez-Parés y Parrilla (1991), el trabajador social debe ser el promotor de un tipo de trabajo que, al partir del potencial de las localidades, pueda contribuir a romper con la dependencia extrema.
Su trabajo debe procurar los más altos niveles de autosuficiencia entre los miembros de la comunidad por medio de proyectos de desarrollo económico como los de autogestión comunitaria antes mencionados. Hay que reconocer que para que dichos proyectos comunitarios se vinculen y logren un impacto significativo en el desarrollo socio-económico de toda la sociedad, es impresindible promover activamente estos proyectos.

Este aspecto particular del trabajo social con comunidades constituye un reto para la redefinición de la labor del trabajador social comunitario, a través de la denuncia al orden social existente el cual limita la acción del trabajador social y reduce su espacio a uno simplista de corte asistencial.
Desde la perspectiva de la gestión social, el reto principal para el trabajador social se encuentra relacionado directamente con el desarrollo humano. Por lo tanto, el trabajador social debe ser capaz de articularse adecuadamente a la superación de los obstáculos que limitan la satisfacción de las necesidades básicas de los líderes y de los miembros de la comunidad.
Esto supone el fortalecimiento de la participación comunitaria y propone el desarrollo de políticas de descentralización para lograr mayores niveles de eficiencia. Estos se traducen en la capacidad de toma de decisiones que depende de la construcción de canales organizativos que se expresan en una relación más dinámica entre el Estado y la sociedad civil ( Contreras Sepúlveda, 1993).

El trabajador social debe asumir conscientemente su rol en consenso con el de otros profesionales y asumir la responsabilidad de contribuir a la transformación del Estado como vía para superar la pobreza y progresar en la concepción de un crecimiento económico que demuestre que se fundamenta en la equidad social.

Según Contreras Sepúlveda (1993), la responsabilidad del trabajador social deberá incluir: el encarar los desafíos de la planificación estratégica, esquemas de negociación, la identificación, manejo de los escenarios múltiples y el uso de mecanismos que contribuyan a fortalecer la capacidad negociadora con las organizaciones sociales de base, gremios y asociaciones diversas.

La meta del trabajador social deberá ser el fortalecimiento de la capacidad de autonomía de los sectores marginados de la sociedad. Esto implica la identificación de procesos de sistematización adecuados, la transferencia de conocimientos y recursos, la institucionalización de experiencias y el abandono de prácticas paternalistas y manipulatorias. La consecución de esta meta supone buenos niveles en la participación social y la descentralización de la sociedad civil. Se trata de contribuir a una redefinición del rol tradicional del sector hegemónico.