"Una burla", la fianza impuesta a 48 estudiantes

Gustavo Castillo García * Padres de familia y abogados defensores calificaron de "una burla" la decisión de fijar una fianza de 100 mil pesos o una caución de 50 mil para obtener la liberación de 48 universitarios acusados de despojo (delito no grave), ya que si los estudiantes fueran hallados culpables de ese ilícito se les impondría una multa de 86 pesos.

Bárbara Zamora, integrante de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), afirmó haber hecho el siguiente cuestionamiento a la juez María Elena Leguízamo Ferrer: ¿Con qué bases tomó esta determinación?, porque el monto fijado por usted es impagable. Y dijo que la respuesta de la juzgadora fue: "impagable es lo que ellos hicieron en la UNAM".

Por lo que la litigante consideró que la titular del juzgado sexto de distrito prejuzga antes de dictar una sentencia en el caso de los 48 estudiantes a los que les permitió obtener su libertad bajo caución, los mismos a los que el Ministerio Público les retiró el cargo de "peligrosos para la sociedad".

Igual que Bárbara Zamora, los abogados Juan de Dios Hernández y Sergio Soto, señalaron que la cantidad impuesta "es una decisión que anula un derecho constitucional de todos los acusados de un delito no grave".

Los tres abogados aseguraron que la juez Leguízamo Ferrer contraviene lo estipulado en la ley, la cual señala que "la forma de la caución, el monto y la modalidad del pago deben ser asequibles al inculpado", es decir, que la cantidad debe estar de acuerdo a su capacidad económica.

Bárbara Zamora refirió que la decisión judicial constituye "una burla y una crueldad innecesarias hacia los padres y los estudiantes que están esperando por la libertad, ya que es una forma de decirles: si tienes 50 mil pesos en efectivo o 100 mil garantizados con bienes raíces te los puedes llevar, si no, pues qué pena".

En un escrito hecho llegar a los padres de familia, las 73 mujeres presas en el Reclusorio Norte señalan que "el monto, según la juez, fue fijado con base en las circunstancias de los hechos y conforme a la ley", por lo que cuestionan ¿de qué se trata?, agregan: "ya sabemos quiénes establecieron esas circunstancias de los hechos, los mismos que dicen que ya salimos, los que hacen las leyes, las aplican y las violan, los que demandan y juzgan, los mismos que ahora nos venden libertad y venden nuestra riqueza a otros".

Luego les piden a sus tutores que "estén tranquilos", porque comprenden "su desesperación" y la agradecen, pero puntualizan que no aceptan que "la desesperación y la angustia guíen sus acciones", y les solicitan que no caigan en ese juego de hacer "lo imposible por pagar cantidades que salen de toda lógica. Nosotras no aceptamos que nos cobren la libertad que nos arrebataron".

Libertad completa

Las universitarias afirman que no quieren una libertad a medias sino completa y que no van a pagar por ella, porque indican que las autoridades juegan una vez más a desesperar a sus compañeros para derrotar al movimiento, y que se desesperen para "pactar el congreso que quieren las autoridades y poder imponer esa normalidad que tanto ansían".

Padres de familia y abogados aseguraron, luego de visitar tanto a los mujeres como a los hombres presos, que ninguno de los 48 beneficiados con la libertad bajo fianza saldrá "en las actuales condiciones impuestas por la juez, pese a que hay algunos con capacidad para conseguir salir de prisión".

Al respecto, los abogados Sergio Soto y Arturo Peña Arenas dieron a conocer que sus defendidos "quieren salir juntos". Mientras que Javier, un padre de familia, señala: "allá adentro están unidos y nos piden no pagar esas ridículas sumas, primero porque no tenemos dinero suficiente y segundo porque de alguna forma, en caso de conseguirlo se empeñaría el patrimonio de quién sabe qué persona".

Los defensores dieron a conocer que interpondrán diversos recursos en un afán de que se reduzca el monto de la caución impuesta. Bárbara Zamora, quien defiende a 25 estudiantes, dijo que presentará un amparo ante la decisión de la juez. Sergio Soto y Juan de Dios Hernández, abogados de la mayoría de los 258 estudiantes presos, mencionaron que presentarán ante la juzgadora un incidente de reducción de caución.

Estos últimos mencionaron que entre sus argumentos para que se les apruebe ese recurso estará el hecho de que ni los estudiantes ni sus padres tienen capacidad económica para sufragar las garantías exigidas.

La juez segundo de distrito en materia penal María del Carmen Pérez Cervantes canceló otras 73 órdenes de aprehensión giradas contra integrantes del CGH. Según Juan de Dios Hernández faltarían menos de 100 órdenes de captura por cancelarse en relación a las 432 que la citada juez había obsequiado por el delito de despojo. El acuerdo se dio a conocer al filo de las 21:00 y según la defensa de los universitarios en este nuevo listado se habría incluido a un consejero del CCH Naucalpan.

Se informó que este viernes se pagará la fianza de uno de los 48 beneficiados del desistimiento de "peligrosidad social". Hernández Monje señaló que la razón de este pago se debe a que "se encuentra muy enfermo y requiere hospitalización".