* ANALISIS
La Jornada, México, 7 de febrero de 2000
La toma
* Luis Javier Garrido
La ocupación policiaco-militar de la Ciudad Universitaria por
elementos de la Policía Federal Preventiva con el apoyo de los cuerpos
policiacos del gobierno del Distrito Federal, y la detención de más de 700
profesores y estudiantes el día de ayer no constituye de ninguna manera el fin
del Movimiento Estudiantil Universitario, y ese es un hecho que no puede
entender el gobierno.
1. La toma policiaco-militar de las instalaciones de la UNAM
constituye en primer término una derrota para Ernesto Zedillo y el gobierno que
encabeza, pues pone al desnudo una vez más los rasgos antidemocráticos del
régimen mexicano. La represión contra los estudiantes no tiene justificación
alguna, pues a pesar de la propaganda desarrollada por el régimen, los hechos
son inocultables: a lo largo de 292 días, primero Barnés y luego De la Fuente se
negaron sistemáticamente a dialogar con los estudiantes en huelga. En el Palacio
de Minería, lo mismo en julio que en diciembre, los emisarios del rector se
negaron a discutir los seis puntos del pliego estudiantil, y el viernes 4 en la
Antigua Escuela de Medicina, De la Fuente exigió del Consejo General de Huelga
su rendición incondicional utilizando a los estudiantes detenidos en la
Preparatoria 3 como rehenes y argumentando que su plebiscito, en el que no votó
ni la mitad de la comunidad universitaria, constituía "un mandato": negándose
una vez más a dialogar sobre los seis puntos del pliego estudiantil. Ante la
evidente voluntad de diálogo por parte de la delegación del CGH que acudió con
la voluntad de, a) establecer un diálogo que, b) llegara a un acuerdo para
levantar la huelga, el rector insistió una y otra vez en que el diálogo sería
después del levantamiento de la huelga, amenazando claramente con la represión,
aunque ahora pretenda que no es responsabilidad suya, y pretendiendo de manera
hipócrita que va a ayudar a liberar a los detenidos cuando él es el principal
responsable de su encarcelamiento: un rector que en vez de defender a la
universidad y a los universitarios actúa en la institución como un instrumento
del poder para reprimir a los universitarios y desmantela a la
universidad.
2. De la Fuente no sólo faltó a su palabra empeñada al haber
acordado en diciembre en Minería que el diálogo con el CGH sería la única vía
para resolver el conflicto y que el levantamiento de la huelga sería simultáneo
a la entrada en vigor de los acuerdos, sino que ahora aparece como el principal
responsable de la represión, y si tuviera un mínimo de dignidad, debería
renunciar de inmediato al cargo.
3. El gobierno "de Ernesto Zedillo" cometió a lo largo de todos
estos meses el error fundamental de desdeñar la importancia del Movimiento
Estudiantil y Popular de 1999-2000, y no tiene idea de a dónde está llevando al
país. La ocupación policiaco-militar de la Ciudad Universitaria y de las demás
instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México no conduce a una
solución al conflicto y, lejos de lo que piensan quienes gobiernan al país, no
hace más que agravarlo, pues deja a una comunidad dividida, carente de derechos
y encabezada por un rector sin autoridad moral alguna. La toma física de las
instalaciones y la detención de integrantes del CGH, así como la de cientos de
estudiantes y de profesores, no va a facilitar la imposición por la fuerza de
una Propuesta del Rector contraria a la principios constitucionales
fundamentales.
4. ¿Creerán de veras Zedillo, Labastida y De la Fuente que quien
recurre de manera tan burda a la fuerza policiaco-militar tiene la razón? Los
hechos están a la vista, y el gobierno recurrió a la represión porque falló su
política de engaños: porque el plebiscito manipulado fue un desastre respaldado
sólo por una minoría, porque las asambleas a las que convocaron fracasaron y
porque el operativo del grupo de choque enviado por De la Fuente a la
Preparatoria 3 no hizo más que evidenciarlo: porque la violencia que han
utilizado ha hundido electoralmente a Labastida.
5. El gobierno no va a poder entender, sin embargo, después de
la represión, que la lucha de los estudiantes mexicanos está muy lejos de haber
concluido, y que todo lo que ha acontecido no va a terminar con el movimiento
estudiantil, ni con la lucha histórica del CGH en favor de una universidad
democrática y de una educación pública superior gratuita.
6. El mensaje que el régimen quiso enviar al país es una vez más
el de 1968, en el sentido de que no se puede desafiar al Estado, y que con un
movimiento social autónomo como el de los estudiantes mexicanos por la gratuidad
de la educación pública superior y en defensa de la universidad pública, el
gobierno no negocia. Sin embargo, los estudiantes del CGH han tenido en contra a
lo largo de estos meses no sólo al gobierno "de Zedillo", sino a toda la
sociedad política: de ahí el enorme mérito de su resistencia, y de todo lo que
vendrá.
7. La traición del Partido de la Revolución Democrática (PRD) al
movimiento estudiantil, y su apoyo abierto a lo largo de diez meses a las
diversas "estrategias" del régimen para doblegar a los estudiantes, aun desde
antes de que se iniciara la huelga, tendrá sin duda un alto costo
político-electoral. La dirigencia del PRD y las autoridades de la capital, ante
su incapacidad para controlar al CGH, negociaron una y otra vez a espaldas de
los estudiantes su respaldo a todas las iniciativas oficiales, y esto no se
ocultó a nadie: en abril trabajaron para impedir que estallara la huelga; en
junio apoyaron al rector Barnés para aprobar un nuevo Reglamento General de
Pagos que dejaba vigentes las cuotas; a partir de julio promovieron la
iniciativa de los eméritos que rechaza las seis demandas de los estudiantes, y
en enero se hicieron defensores activos de la propuesta del rector De la Fuente
y de su plebiscito --denunciado por el CGH como antesala de la represión, pues
convalidaba el abandono de la vía del diálogo y el desconocimiento de los
Acuerdos de Minería-- y apoyaron activamente el ultimátum que desembocaba en la
toma de las instalaciones. Y, lo que es más grave, no hubo una sola voz crítica
en el perredismo, ni de sus candidatos ni de sus militantes, que disintiera de
esta política de bajeza moral y de incongruencia política. Ni siquiera cuando la
policía de granaderos una y otra vez golpeó a los estudiantes por hacer uso de
un derecho legítimo, o cuando en diciembre las autoridades capitalinas
formularon acusaciones aberrantes contra 73 jóvenes detenidos en las
inmediaciones de la embajada estadunidense.
8. Los intelectuales perredistas descalificaron al movimiento
estudiantil con una mayor violencia que los voceros oficiales, y con la lógica
de que todo aquél que está a su izquierda y no acepta transar es un
ultra, no sólo apoyaron las "salidas" oficiales, sino que en los últimos
días apuntalaron la política que iba hacia la ocupación policíaco-militar de las
instalaciones universitarias. A nadie extrañó ver una y otra vez en los medios a
René Drucker y a Rosaura Ruiz, miembros de la "Comisión del Rector", difamar a
los estudiantes, y con base en el plebiscito, impulsar primero la toma de las
instalaciones por los académicos y exigir después la terminación de la huelga
sin que hubiese un diálogo sobre los seis puntos del pliego estudiantil. La
historia no puede reescribirse, y resulta por esto inadmisible desde el plano
político y moral que los dirigentes del PRD que crearon activamente las
condiciones para la intervención policiaco-militar, busquen ahora
desresponsabilizarse y no sólo eso, sino que pretendan lucrar políticamente con
los estudiantes detenidos encabezando la protesta y la liberación de los
detenidos, cuando es evidente que lo único que buscan es lavar su imagen y su
conciencia. Y además de todo, lo que es más grave, capitalizar políticamente la
lucha del CGH, de confirmarse que estudiantes y académicos perredistas
negociaron que tendrían un amplio espacio en el Congreso Universitario como pago
a su labor de zapa.
9. La represión a los estudiantes y maestros universitarios
tiene también otro significado más, que constituye una advertencia para todos
los mexicanos: lo que serían las políticas de Francisco Labastida en el
malhadado caso de que este individuo llegara a Los Pinos. Y lo indefensa que
estaría la sociedad mexicana de no lograr organizarse mejor y al margen de los
partidos: y de no aprender a reaccionar frente a actos de bárbara represión como
los que estamos viendo, y frente a los cuales nadie puede sentirse ajeno.
10. La defensa del movimiento estudiantil universitario, la
exigencia de una libertad inmediata e incondicional para todos los detenidos, y
desde luego, la lucha por una universidad pública y gratuita, constituyen hoy en
día, más que nunca, una obligación de todos: son parte central de un compromiso
por el futuro.
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