A partir de una reconstrucción histórica del proceso de paz que el gobierno colombiano implementa desde finales de 2005 con grupos paramilitares que operan en el país, en el presente artículo se busca desarrollar un recuento histórico crítico del auge y desmovilización de estos grupos y se arrojan algunas hipótesis sobre la relación y participación del Estado en este proceso.

Introducción.

Toda corrección y toda des-ilusión es la pérdida de una evidencia únicamente porque es la adquisición de otra

Merleau-Ponty

El presente escrito intentará reconstruir el proceso de constitución del Programa de Desmovilización y Reinserción social de grupos paramilitares en Colombia. Nos interesa dar cuenta de la manera como el surgimiento del Programa de Desmovilización es consecuencia de múltiples factores que van más allá de la discrecionalidad del organismo decisor y de la coordinación burocrática que implica su implementación. La relación entre los agentes que protagonizan la problemática que nos interesa es parte esencial de cualquier análisis de las políticas de seguridad ciudadana actuales, por ello, dar cuenta de la historia reciente de la construcción del estado colombiano y concretamente la relación entre los grupos paramilitares y el gobierno es el primer paso para poder comprender de qué hablamos cuando hablamos de desmovilización en Colombia.

El marco de este artículo no alcanza para dar exhaustiva cuenta de las aristas que tiene la histórica relación entre grupos paramilitares y gobierno colombiano, por ello nos limitaremos a responder a la pregunta de ¿por qué y de qué manera el proceso de paz del gobierno colombiano con los grupos paramilitares responde a una lógica de relación funcional donde ambos se reafirman y retroalimentan?.

Sin desmeritar la importancia y necesidad de los análisis técnicos y evaluaciones de resultados e impacto que sobre el Programa Nacional de Desmovilización y Reinserción (PNDR) se puedan realizar, nos parece que son herramientas insuficientes para dar cuenta de la realidad del fenómeno de la desmovilización paramilitar en Colombia. Por ello, en el presente artículo renunciamos a preguntarnos Cómo se está aplicando el PNDR, y buscamos iluminar algunas razones sobre Porqué existe éste.

Somos concientes de la imprevisibilidad del conflicto colombiano y sus actores, y por ello partiremos del supuesto metodológico de que el PNDR sólo puede ser analizado como un proceso complejo en el que cualquier racionalidad y voluntad de planificación sufre necesarias mutaciones producto de los, a veces sutiles, otras veces revulsivos, pero siempre imprevistos, eventos que surgen constantemente y modifican la posición de los agentes en la negociación. Prueba de ello es lo ocurrido a mediados de 2005, cuando con el escándalo de la parapolítica se dio inicio a la más profunda crisis que ha atravesado el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, y se puso en entredicho la legitimidad del proceso de desmovilización en su totalidad.

Estas primeras denuncias, fueron seguidas por investigaciones penales y confesiones de parte que al día de hoy tienen cerca del 30% del congreso de la república bajo investigación por nexos con los paramilitares. A este proceso de denuncias, condenas, y señalamientos se le ha llamado “crisis de la parapolítica”, y nos brinda elementos nuevos para comprender, mirando en retrospectiva, muchas etapas oscuras de la historia paramilitar y concretamente de la historia del proceso de desmovilización y lo que se están jugando en él sus actores.

Reconstruir la historia del Programa de desmovilización implicará entonces conocer las condiciones socio-políticas en las que llegan los agentes a la negociación, así como la historia de sus relaciones y entrecruzamientos. Para ello será necesario ampliar la mirada, y comenzar nuestro análisis, al menos, dos décadas atrás.

Para ello dividiremos la exposición en tres partes: (I) la historia del paramilitarismo como fenómeno armado, (II) la historia de las negociaciones de paz, y (III) la historia reciente de la Parapolítica.

El primer apartador (I) se dividirá en tres momentos: En primera instancia nos ocuparemos del cuatrienio comprendido entre 1984 y 1988 (I.I) para explicar un poco cómo fue el nacimiento de los grupos paramilitares: una época donde el paramilitarismo no fue visto de manera negativa por la opinión pública, sino que, por el contrario, fue financiado y aprobado por civiles y militares, situación que se verá modificada a partir de 1989 hasta el año 2000 (I.II), época en la cual de la mano del narcotráfico y una escala de violencia sin precedentes el paramilitarismo supo poner en vilo la estabilidad del país y cobró el mayor número de víctimas de la historia de la organización, para abordar finalmente lo ocurrido desde el 2001 (I.III), año en el cual comienza a hablarse de paz con los paramilitares. Después de esto (II) intentaremos reconstruir los hechos mas importantes de las negociaciones, pasando por los diferentes matices que estas tuvieron, los diferentes proyectos de ley, sus conflictos, y los intereses que allí se empezaban a vislumbrar; finalmente (III) nos ocuparemos del momento actual, donde, con la parapolítica, se abre un nuevo capítulo en la historia del paramilitarismo y su relación con el estado colombiano.

Es importante señalar, antes de comenzar, que partimos de la hipótesis de que la estatidad ¹ que el gobierno gana con la inserción social de combatientes y la negociación con sus jefes no es producto del desmonte de las estructuras de poder y económica que hay detrás del paramilitarismo; la estatidad que genera el desmonte paramilitar tiene que ver más bien con el perfeccionamiento del Estado como relación social, que puede asociarse más directamente con la imposición de una cierta estructura de relaciones de poder y el control ideológico de la dominación (Oszlak, 1978), que con un proceso real de recuperación de la soberanía y el imperio de la ley, prueba de ello es la positiva imagen que el gobierno logra mantener aun en medio del escándalo de la parapolítica, la casi nula reparación en términos económicos y de devolución de tierras a las víctimas, y el evidente poder que los grupos paramilitares (desmovilizados) y emergentes conservan en amplias zonas del país.

Es necesario reconocer la deuda que este escrito tiene con los trabajos de Rafael Pardo, Maria Teresa Uribe y Carlos Medina Gallego, quienes dan soporte teórico a este análisis y permiten que las afirmaciones que aquí se hacen no queden sin respaldo.

I. La Historia Reciente

Es algo que nunca debería haber sucedido, pues los hombres serán incapaces de castigarlo o de perdonarlo.

Hannah Arendt

I.I Los inicios: 1984 – 1988

Los grupos paramilitares colombianos surgen como ejércitos privados con objetivos específicos: atacar el comunismo y la subversión. De la mano de las elites nacionales, pero sobre todo locales, se desarrollan con focos diferentes en múltiples zonas del país, sin embargo, sus inicios son puramente mercenarios, ajenos a la idea de hacerse con el poder local o infiltrar el gobierno nacional. No obstante, a mediados de los ochenta, el paramilitarismo tiene un abrumador crecimiento por dos razones: la primera es que, debido a las treguas bilaterales que el Gobierno sostuvo con la guerrilla de las FARC, el EPL y el M-19 en 1984 ², el ejercito dejó de perseguir y combatir a dichas organizaciones que, gracias a ello, duplicaron el número de hombres en sus filas en poco tiempo ³, de allí que tanto ganaderos y agricultores como narcotraficantes vieran la seguridad de sus negocios disminuida y comenzaran a financiar ejércitos privados para defenderse del accionar guerrillero; la segunda causa fue el secuestro por parte del M-19 de un miembro de una de las familias mas poderosas del narcotráfico colombiano ⁴, lo cual provocó que la mafia entera se movilizara por su liberación y, al conseguirla (tres meses después), decidieran crear el movimiento Muerte a Secuestradores, germen de la alianza entre narcotraficantes y paramilitares.

Es decir, en la década del 80, la multiplicación del paramilitarismo no estuvo definida por intereses políticos, sino, fundamentalmente, por intereses económicos y particulares. De tal manera que en esta época muchos comerciantes honrados vieron en la creación de los paramilitares una solución a la escalada extorsiva y violenta de la guerrilla, legitimando, al igual que gran parte de la población colombiana, el accionar contrainsurgente.

Fue entre 1986 y 1990, durante el gobierno de Virgilio Barco Vargas, que tuvo lugar la primera escalada de violencia paramilitar, consistente en el exterminio sistemático y con la venia del estado de alrededor de 3.000 miembros y simpatizantes de la organización política legal de oposición Unión Patriótica (UP) ⁵, con lo cual, y ante el silencio guardado por el gobierno y el ejercito frente al hecho, se comenzaba a hacer manifiesta la vinculación y comunidad de intereses de éstos con el paramilitarismo. Así, “la opinión pública, lo mismo que el Gobierno, se dividió entre defensores y atacantes de las autodefensas, apoyados unos y otros por sectores de la vida colombiana” (Pardo, 2007: 18). El debate se centraba entonces en la legitimidad del accionar paramilitar. En ese sentido, uno de los fundadores de las autodefensas (Alias Ernesto Baez) relata lo que para él es una prueba de la aceptación social y necesidad del movimiento al confesar que en “la primera reunión de ganaderos, agricultores y comerciantes de la región (Puerto Boyacá) cerca de doscientos cincuenta empresarios se organizaron para defenderse de los atropellos de la guerrilla, con base en las disposiciones legales de 1965 y 1968 (Ley 48 de 1968) que permitían a los ciudadanos portar armas con salvoconductos. El espíritu de la ley pretendía que los ciudadanos se organizaran y cuidaran sus predios con la colaboración de las Fuerzas Armadas. Como era algo legal surgió la primera asociación de autodefensa colectiva, Acdegam (Asociación de Ganaderos y Agricultores del Magdalena Medio) (Aranguren, 2001:96). La intervención del paramilitarismo en la vida política comenzó a sentirse al punto de que los alcaldes de municipios como Puerto Boyacá, Puerto Triunfo, Puerto Berrio, Puerto Nare, La Dorada, San Rafael, Landázuri, Puerto Parra y Cimitarra, todos del departamento del Magdalena Medio, elegidos democráticamente en 1988 constituyeron en Mayo de ese mismo año el Frente de Alcaldes Anti Subversivos (Medina, 1990:237).

Es en esta época que el paramilitarismo se da la mano con las estructuras mafiosas y, con el pie de fuerza paramilitar, más el capital económico del narcotráfico, logra penetrar las instituciones del Estado, comprando militares, partidos y políticos tradicionales y sectores de la iglesia. La idea original de la autodefensa paramilitar, esto es, combatir a la guerrilla y garantizar la paz de ganaderos y agricultores, es reemplazada en la práctica (no en el discurso) por el objetivo político-económico de desestabilizar el poder político nacional para que el narcotráfico opere sin dificultad en amplias zonas del país, dando inicio a un brutal fenómeno de apropiación de tierras a partir de la perpetración de masacres contra la población civil, acusada de ser colaboradora de la guerrilla, con lo que muchos de los financiadores originarios del movimiento fueron obligados a dejar o vender sus tierras por sumas irrisorias. Fueron los tiempos de Pablo Guarín, Henry Pérez, Rodríguez Gacha, Pablo Escobar y Fidel Castaño.

I.II La década del Noventa: 1989 – 2000

A comienzos de la década del noventa el paramilitarismo trabajaba mano a mano con el narcotráfico, pero no aspiraba a dominar el negocio de éste. La alianza era fundamentalmente de protección y capital. Sin embargo, con la muerte de los lideres de ambos grupos, Fidel Castaño ⁶ y Pablo Escobar ⁷, se da inicio a la institucionalización del fenómeno con el cual el paramilitarismo, con la reestructuración de mando y la renovación de alianzas con los grupos narcotraficantes, deja de ser un instrumento militar y, haciendo uso de su poder económico y alianzas políticas establecidas, comienza a disputarle el poder a las elites económicas y políticas tradicionales colombianas. En esta búsqueda por un reordenamiento que conduzca al paramilitarismo a su empoderamiento como ejército político-militar, el disgregado y creciente movimiento asume una estructura centralizada, con identidad única nacional y un proyecto político autónomo, dando lugar al nacimiento, bajo la dirección de Carlos Castaño Gil, de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en 1997 ⁸.

No obstante, ya desde 1989, con el asesinato del candidato presidencial Luís Carlos Galán, la sociedad civil colombiana había despertado a la realidad de la barbarie paramilitar. En ese mismo año la revista Semana publica un informe elaborado por el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) titulado Dossier Paramilitar donde por primera vez se revelaban los secretos de la organización, como sus objetivos, métodos y financiadores, así como sus vínculos con el ejercito y a su vez la de éstos con el narcotráfico. Solo ahí se pudo “ver con claridad los alcances de esta amenaza, hasta el momento no del todo conocida” (Pardo, 2007: 23).

Es en estos años que el fenómeno paramilitar logra desestabilizar seriamente la democracia colombiana, pues además de los asesinatos masivos de campesinos y selectivos de políticos, son asesinados cuatro candidatos presidenciales, Jaime Pardo Leal y Luís Carlos Jaramillo, de la Unión Patriótica; Carlos Pizarro del desmovilizado M – 19; y, como ya se dijo arriba, Luís Carlos Galán del Partido Liberal. Periodistas, policías, activistas políticos, y miles de civiles y campesinos fueron asesinados por los, ya replegados por todo el país, movimientos narco-paramilitares.

¿Es necesario precisar que para esta época ya no estamos hablando de un grupo antisubversivo? A partir de la década del noventa el paramilitarismo se deja entender como una empresa criminal al servicio de sus propios intereses de expansión territorial y acumulación de capital producto del narcotráfico. Esta es una década signada por la violencia, de la que son responsables Carlos Castaño, Don Berna, Mancuso, Baez, Ramón Isaza, entre otros, todos ellos, lideres en las negociaciones de desmovilización con el gobierno actual ⁹.

El nacimiento de las AUC en Abril de 1997 no es ninguna casualidad si se tiene en cuenta que las autodefensas se reorganizan y se dan a conocer justo meses después de que la guerrilla realizara el mas devastador ataque contra un puesto militar ¹⁰, lo cual, junto con uno muy similar tiempo después, fue configurando el sentimiento civil general de una crisis militar del Estado, que sumada con la crisis política que atravesaba el gobierno de Samper (1994 – 1998), acusado de infiltración de dineros del narcotráfico en su campaña electoral ¹¹, abrió el camino para que las AUC surgieran bajo el halo de fuerzas restauradoras de la paz.

Sin embargo, es en esta época que el enfrentamiento con las guerrillas por parte de las AUC adoptó una modalidad operativa que degradó la guerra a niveles nunca vistos en Colombia. Las AUC capturaban guerrilleros, estos identificaban y señalaban entre los pobladores de un pueblo quiénes eran colaboradores de la guerrilla, lo cual hasta aquí es una práctica común de todos los ejércitos contrainsurgentes legales, pero “lo que hacía de este procedimiento (…) una práctica degradante era que los paramilitares no tenían límites en las represalias contra los supuestos colaboradores. Lista en mano o acompañadas de informantes, muchas veces encapuchados, las bandas paramilitares recorrieron el país llevando a cabo una escalada de masacres, provocando terror entre las poblaciones” (Pardo, 2007: 30). Estas masacres son la causa de otro de los dramas mas importantes que desenmascaró la cara verdadera del paramilitarismo: el desplazamiento forzado de poblaciones rurales hacia la ciudad, con lo cual se generó indigencia en las ciudades y un daño irreparable a las familias que debieron abandonar sus hogares para salvar sus vidas.

Sería ingenuo pensar que tanta barbarie es solamente política, hay que leer el fenómeno paramilitar en otras claves mas allá de la lucha antisubversiva, comprender que, siguiendo a Maria Teresa Uribe, lo criminal, y su expresión conflictiva (violenta), no aparecen como algo sin sentido, vaciado de contenido. Podríamos decir que la violencia y las formas (criminales) de acumulación, coadyuvan en el entendimiento a cabalidad de las realidades políticas. (…) Pueden incluso, dar sentido a las acciones políticas de los sujetos y la significación de sus prácticas sociales; en suma, contribuyen a configurar el orden sociopolítico realmente existente (Uribe de Hincapié, 2001: 217). Una clave de ello es mirar las coincidencias en el mapa de la presencia paramilitar, los desplazamientos forzados y las ejecuciones de los macroproyectos en las zonas donde se localizan los principales yacimientos petroleros ¹².

En este periodo de consolidación e integración institucional paramilitar (Medina Gallego, 2008: 112) la escalada de violencia y muerte en los campos siempre fue en ascenso, y llegaría a su punto máximo entre el 2000 y el 2001 ¹³, justo antes de la desmovilización. Es decir, en un periodo de nueve años Colombia vio la cara más oscura y asesina del paramilitarismo, y en su punto mas atroz se comenzó a hablar de cese de hostilidades y desmovilización. En estas condiciones históricas, y frente al desmedido poder paramilitar, no podía surgir un proyecto de paz con justicia, verdad y reparación, sino un acuerdo privado de frágil juzgamiento y lógica institucionalización.

I.III Los años recientes: 2001 – 2008

En noviembre de 2000 el jefe militar y político de las AUC, Carlos Castaño, concedió dos entrevistas a la televisión nacional en las que, con cuidadosa imagen y lenguaje cauto y delicado, les explicó a los colombianos el proyecto político y militar de las AUC. Mostrando su rostro por primera vez, citando de memoria poesías de Benedetti y dando la impresión de un hombre culto que tenía como libro de cabecera El Arte de la Guerra de Sun Tzu, Carlos Castaño logró que al día siguiente a estas trasmisiones las encuestas de opinión entre los colombianos mostraran un impacto favorable hacia sus planteamientos. Este viraje de la opinión es explicado por Pardo de la siguiente manera: “el pueblo estaba hastiado de las reiteradas apariciones en los medios de comunicación masiva de los jefes guerrilleros de las FARC, que llevaban para esa fecha, sin mayor avance, casi dos años de negociaciones con el Gobierno de Andrés Pastrana. Estos hablaban desde la zona desmilitarizada del Caguán, que parecía mas bien una república independiente, mientras que, por fuera de esa área realizaban todo tipo de ataques, secuestros, retenes en las principales vías, sin que el Gobierno mostrara capacidad para controlarlos militarmente o para llevar la negociación a buen término” (Pardo, 2007: 38 - 39).

En ese momento el Gobierno de Pastrana inició los primeros acercamientos para negociar la desmovilización de las AUC, se sostuvieron varias reuniones con el apoyo de Felipe González (entonces Jefe de Gobierno español) y Gabriel García Márquez, pero los acercamientos se suspendieron en enero de 2001, después de la masacre de El Chengue, en la que fueron asesinadas 30 personas a manos de los paramilitares.

Habría que esperar a que tomara posesión del gobierno Álvaro Uribe Vélez, para que se iniciaran nuevas conversaciones de paz. Así, en octubre de 2002 los jefes de las autodefensas manifestaron a la Iglesia su voluntad de iniciar un cese de hostilidades, el cual se llevaría a cabo el 29 de noviembre, con lo cual se cumplía el requisito fundamental para iniciar el diálogo. Luego de un apresurado proceso de negociación y exploración el 15 de Julio de 2003 se firma el acuerdo que formaliza el inicio de la desmovilización colectiva de los grupos paramilitares, ante lo cual la opinión pública se mostró positiva y el nivel de aceptación del gobierno se sostuvo en casi el 75%.

Sin embargo, lo que poco a poco se va develando es que los acuerdos firmados en Santa Fe del Ralito no fueron mas que un pacto entre elites, que contribuyó a la institucionalización de estructuras ilegales de poder y al blanqueo de millonarios negocios producidos por el narcotráfico y la venta forzosa de tierras.

Tenemos que hacer una diferenciación: cuando hablamos del proceso de desmovilización nos referimos a dos campos de acción y análisis diferentes: la institucionalización de jefes y blanqueo de capitales y tierras por un lado; y el desarme y desmovilización del cuerpo militar de base del paramilitarismo, que queda como responsabilidad del Estado y su programa de reinserción, por otro lado. Son dos escenarios bien distintos: en uno hablamos de saneamiento de la elite narco-paramilitar ¹⁴, y en el otro de reinserción de excombatientes desempleados.

Pero ninguna de estas dos desmovilizaciones ha sido suficiente para dar por terminada la perpetración de masacres y el número de desplazamientos forzados, pues si bien la cifra de muertes violentas bajó ostensiblemente, la maquinaria criminal puesta en marcha por el paramilitarismo aun no se detiene. Así lo registra el centro de Investigaciones del Cinep, en su reporte Noche y Niebla: “tan pronto como se inició este cese unilateral empezaron las denuncias sobre su violación. En el periodo comprendido entre el primero de enero y el 30 de Junio de 2003, los grupos paramilitares han ejecutado 1153 crímenes, de ellos 671 corresponden a ejecuciones extrajudiciales, 97 a desapariciones forzadas y 73 a torturas, ello sin contar lo relacionado al desplazamiento forzado”. Lo cual nos hace preguntarnos ¿fue la desmovilización un proceso de paz? ¹⁵.

Lo que agrava aun más la situación es que, frente al rechazo de la sociedad civil ¹⁶, muchos desmovilizados han retornado a la ilegalidad ¹⁷ y empiezan a darse a conocer nuevos grupos ilegales, formados por nuevos miembros, antiguos y desertores del proceso de desmovilización ¹⁸, con lo cual se abre la posibilidad a una nueva generación paramilitar.

II. El Proceso.

No hay que esperar que de la paz, sea con guerrilla o con paramilitares, surja un mejor país; por el contrario, la paz sólo puede surgir como resultado de una democracia decente, de unas instituciones fuertes y legítimas y de una sociedad activa y movilizada.

Rafael Pardo

Hay al menos tres razones para negociar un conflicto: la primera es política: abrir espacios políticos a quienes argumentan no tenerlos y se han levantado en armas por esta razón. La segunda es humanitaria: terminar el derramamiento de sangre. La tercera es práctica: se considera más eficiente terminar un conflicto con negociación que continuarlo por vía armada (Pardo, 2004: 627). Sin embargo ¿bajo qué principio justificar la negociación con grupos paraestatales y narco-terroristas como las AUC cuyo accionar sólo se inscribe en la criminalidad y de ninguna manera en la lucha política armada? Teniendo como presupuesto que la institucionalidad no es negociable, habría que operar directamente sobre el alzamiento en armas, pero ¿cómo negociar con las AUC cuando sus motivos de alzamiento están casi totalmente desdibujados y contradichos por su accionar a lo largo del tiempo? Estas cuestiones hacen que la negociación con grupos paramilitares sea más complicada que cualquiera, pues sus características no son las de un grupo insurgente al que puede adjudicársele status político, y que la mayoría de veces existe como respuesta a la falta de espacios democráticos y participativos. Así, la paz con los paramilitares no se podía conseguir con la apertura de espacios de participación (como teóricamente puede darse para el caso de guerrillas populares), sino que además de la dejación de armas y el tratamiento del problema económico y político que la desmovilización trae consigo, en el caso de los paramilitares era necesario encontrar la forma de hacerlos merecedores de una negociación, esto es, dotar de estatus político a un grupo que hace al menos dos décadas funciona como brazo armado del narcotráfico y como empresa de extorsión.

Para rastrear el inicio del proceso debemos remontarnos al mes de octubre de 2002 cuando los altos mandos de las Autodefensas le manifestaron a la Iglesia colombiana la voluntad de desmovilizar sus tropas. Luego de algunas reuniones con el Alto Comisionado para la Paz entre octubre y noviembre, los jefes paramilitares tomaron la decisión de iniciar el cese total de hostilidades, y así lo comunicaron el 29 de noviembre en carta dirigida al presidente Uribe, donde se fijó como fecha de inicio de las negociaciones el 1 de Diciembre. Sin embargo, para comenzar legalmente las negociaciones fue necesario modificar la Ley de Orden público (Ley 548) que no permitía negociar por igual con movimientos guerrilleros y paramilitares. Era necesario entonces convertir los móviles criminales de los paramilitares en razones políticas de lucha armada, es decir, reconocer el estatus político de la organización paramilitar.

Esto se solucionó con la ley 782 de 2002, la cual amplió la posibilidad de negociación a todas las organizaciones armadas partícipes del conflicto interno, con lo que se dejaba adentro a los paramilitares pero afuera a la delincuencia común y narcotraficantes. Así, con base en esta ley, junto con la ley 762 del DIH, el 23 de diciembre de 2002 se dio el legalizaron e iniciaron las negociaciones con los paramilitares.

El 13 de febrero de 2003 representantes de 13 bloques de las autodefensas expresaban que en el momento en que un solo integrante de las AUC fuera marginado del proceso, la organización toda se replegaría nuevamente. Esta tensión en torno a quiénes entraban a la negociación y qué temas se negociarían se denominó fase de exploración, la cual terminó el 15 de julio de 2003 con la firma del acuerdo de Santa Fe de Ralito, donde se exponían diez compromisos recíprocos tales como desmovilizar la totalidad de los miembros de las Autodefensas a mas tardar el 31 de Diciembre de 2005, garantizar las condiciones de seguridad de dichos ex miembros, el cese total de hostilidades, y no apoyar el narcotráfico.

En ese entonces Carlos Castaño aún tenía el mando de la organización y, junto con Salvatore Mancuso, empieza a gestionar alianzas para lograr el indulto de, al menos, los jefes desmovilizados; para ello, se desplazaron por el país, con protección del gobierno, reuniéndose con congresistas, juristas y políticos para conversar temas como el perdón judicial y la no extradición. Según Pardo, estos temas ya hacían parte de una agenda, secreta y no conocida por el país ni por el congreso, que guiaría el resto de las negociaciones (Pardo, 2007: 56). Apareció en las discusiones en torno a la desmovilización de jefes paramilitares la figura del Derecho de Gracia, que permitiría al presidente, en situaciones excepcionales, dictar el perdón judicial a cualquier delito que considere merecedor de él; pero esta idea, además de ser una obsoleta copia del derecho anglosajón, echaba por tierra tantos principios constitucionales que el debate pertinente no se le dio al tema y se pasó a buscar el beneficio de los jefes paramilitares a través de lo que se llamó la Ley de Alternatividad Penal.

Lo que esta ley buscaba era aplicar una suspensión de la pena a aquellos miembros de las AUC que hubieran declarado el cese de hostilidades y que participaran activamente del proceso, bajo el requisito de garantizar la reparación de las víctimas. Esto le daba la facultad al presidente para pedirle a los jueces encargados de los casos de desmovilizados solicitar la suspensión de la pena, con lo cual, sin importar qué delito se le imputara al desmovilizado, este no pagaría con cárcel, lo cual, una vez mas, era un intento del gobierno, seguramente para cumplir lo prometido en negociaciones privadas, de gestionar la impunidad a través del congreso.

Tras intensos debates la corte declaró inconstitucional el proyecto por transgredir principios fundamentales como el principio de la proporcionalidad (al perdonar delitos atroces a paramilitares y condenar delitos menores a delincuentes comunes), el principio de igualdad (al ser aplicado solo por pedido expreso del presidente) y el principio de justicia (por no mediar investigación alguna entre la acusación y el perdón). Lo cual, para un proceso ya tan avanzado, no era un revés menor.

Por todos los frentes se vivieron tensiones y se generaron alianzas, el caso es que a finales de 2004 el país se encontró ante una realidad: la desmovilización paramilitar y dos maneras irreconciliables de abordarlo: la postura del gobierno y la de algunos senadores opositores; el vicepresidente de la república, Francisco Santos, llegó a sostener que para que hubiera paz con los paramilitares era necesario sacrificar la justicia, iguales apreciaciones y objeciones hicieron congresistas como Rocío Arias y Eleonora Pineda, posteriormente investigadas y condenadas a prisión por vínculos con los paramilitares. El alto comisionado para la paz manifestó, en la misma línea, que la paz del país necesitaba más perdón que justicia.

Era necesario entonces unificar criterios y reconciliar posiciones, pues el 2005 comenzaba sin proyecto alguno.

Ese acuerdo parecía llegar luego de tres meses de dedicación exclusiva del congreso para debatir el problema, con la llamada Ley de Justicia y Paz (Ley 975 de 2005), pero una vez mas las divisiones internas y los intereses, en ese entonces ocultos, de algunos congresistas como Murier Benito Rebollo, que en 2006 sería acusada de concierto para delinquir con grupos paramilitares, obstruyeron y se descalificaron la opinión de varios congresistas que pedían reformas a la ley y ser escuchados para presentar un proyecto de ley alternativo.

La Ley de Justicia y Paz, al igual que sus antecesoras, tenía grandes vacíos que no llevarían al encuentro de la justicia, la verdad y la reparación. Pues por ejemplo, se le pedía a los desmovilizados rendir solo una versión libre sobre su participación en la organización, con lo cual tenían la opción de decir todo o nada, en lugar de exigir una confesión amplia y completa, con lo cual se aseguraba el esclarecimiento de la verdad. Respecto a la reparación, era risible lo que la ley proponía, pues allí se estipulaba que la reparación a las víctimas se haría con los bienes que el desmovilizado hubiera adquirido de forma ilícita, con lo cual no se afectaba su patrimonio legal como sí le ocurre a los ciudadanos comunes. Y en términos de justicia la ley no estipuló un término mínimo de pena efectiva, con lo cual ésta se podía reducir a unos pocos días, de igual manera contribuía a rebajar la pena de acuerdo con la cantidad y calidad de colaboración con la justicia que el acusado hubiera tenido durante el proceso, con lo cual se pretendía beneficiar, obviamente, a los jefes y superiores desmovilizados.

La ley fue aprobada por las mayorías gubernamentales y, según Pardo, votada a favor por todos y cada uno de los entonces congresistas, quienes a finales de 2006 y a lo largo de 2007 fueron procesados en el escándalo de la parapolítica. Lo tendencioso y permisivo de la ley hacía pensar en que el interés del gobierno por entonces era desmontar el paramilitarismo a como diera lugar, el cual dejaba de ser un proceso de paz donde se debía responder por crímenes de lesa humanidad, y comenzaba a tornarse un proceso de legalización, donde, tal y como lo anticipaba Santos, el país tenía que darle prioridad al perdón y no a la justicia.

No obstante, en Diciembre de 2005 el Alto Tribunal Constitucional ordenó la incorporación de importantes cambios al texto aprobado por el congreso, y, a través de la sentencia C-370, exigía al gobierno realizar investigaciones para esclarecer la verdad y no conformarse con las declaraciones judiciales, conceder el beneficio de pena alternativa de entre 5 y 8 años a los responsables de crímenes de lesa humanidad, pero aplicarles la pena ordinaria en caso de volver a delinquir ¹⁹, se estableció la obligación de confesar todas las acciones cometidas por los paramilitares de tal manera que si al acusado se le prueba un delito posterior a la confesión y no contemplado en ella perderá los beneficios (esto incluye la revelación del paradero de cadáveres y ubicación de fosas comunes), se estipuló que la reparación se haría con los bienes de adquisición lícita de los desmovilizados, sin embargo, siguiendo a Juanita León, se sabe que será muy difícil quitarles los bienes a todos sus testaferros, como se ha demostrado en los últimos años con las propiedades de los narcotraficantes. Es bastante improbable que devuelvan siquiera una fracción de los dos millones de hectáreas de tierra que se cree que tienen (León, 2006).

Con estos cambios fue aprobada y comenzó a aplicarse la Ley de Justicia y Paz. Luego de esto se desmontó la zona de distensión en Ralito y, antes de ser juzgados, los principales jefes paramilitares comenzaron la gira, ya mencionada mas arriba, de alianzas y negociaciones políticas extraoficiales por todo el territorio nacional, territorio por el que se movían con consentimiento del gobierno, salvoconductos para porte de armas y protección del DAS.

En este periodo se producen las elecciones del congreso (11 de marzo de 2006) y presidenciales (26 de mayo de 2006), las cuales, luego se demostraría, estuvieron infiltradas y determinadas por los jefes paramilitares sueltos y en espera de ser llamados a declarar. Poco tiempo después, en enero de 2007, y con la expulsión de 10 congresistas de las líneas uribistas estalló el escándalo de la parapolítica. Fenómeno anunciado desde hacía cuatro años, en marzo de 2002 por el propio Mancuso al manifestar que el 25% del congreso era afín al proyecto paramilitar, cifra que posteriormente ratificarían las investigaciones judiciales y que ha tenido en jaque la estabilidad del estado desde 2007.

III. La Parapolítica.

Tan larga y ancha como las experiencias de violencia es la tradición de negociación, de transacciones, de alianzas aleatorias y transitorias entre enemigos declarados.

Maria Teresa Uribe

Como vimos, la reconstrucción de la historia del paramilitarismo y su proceso de negociación y posterior desmovilización no puede ser leída como un fenómeno público, o exclusivamente estatal, sino como una trama semipública o una negociación publico-privada, donde los canales formales estuvieron siempre predispuestos por los vínculos establecidos por fuera de la mesa de negociación. Estas alianzas, pactos o promesas secretas han creado una estatidad sui generis, basada en una racionalidad que logra mezclar de manera coherente el poder político institucional, el poder ilegal armado y el poder económico del narcotráfico. Es en este territorio brumoso donde se encuentra la lógica del proceso de desmovilización y que estalló para la opinión pública en Mayo de 2005.

En el 2003 las Autodefensas tenían poder total sobre 223 municipios de Colombia, en el 2004 Mancuso manifestaba contar con el apoyo del 25% del congreso, y para antes de la desmovilización el dominio paramilitar se extendía sobre 12 departamentos donde manejaban el negocio del narcotráfico y, en consecuencia, el mercado político. La expansión del paramilitarismo en los últimos quince años no había sido entonces, solamente territorial, sino además y principalmente, política. Fundamentada en pactos entre elites armadas, elites legales, y elites ilegales.

La manera de hacerse con el poder político fue en todos los casos muy clara: los paramilitares lanzaban a un candidato para la alcaldía, gobernación, consejo, o congreso, casi siempre bajo el amparo de un partido político nuevo ²⁰, el voto de la población era asegurado a través de la intimidación de las comunidades, y la competencia política era neutralizada con amenazas o la muerte del contendor. Así fue como, para las elecciones del congreso en 2002, muchos candidatos nuevos ganaron elecciones populares sin dificultad. Para el 2003 (elecciones locales) el panorama no fue distinto, llegando al extremo de, para la gobernación de Magdalena, presentarse un único candidato (Tino Luna, posteriormente condenado por parapolítica) y ganar.

De esta manera, además del cobro de nóminas oficiales a nombre de paramilitares, fue que el fenómeno se hizo con el monopolio de varios rubros muy productivos de la economía y los servicios como la lotería, la ganadería, las Asociaciones de Riegos Profesionales y las Empresas Prestadoras de Salud, que eran el producto de concesiones “legales” y el pago de favores políticos, cuando no el producto de la intimidación y la “protección”.

Pero estas irregularidades eran desconocidas por la opinión pública, y fue sólo hasta mediados de 2005, cuando el senador Gustavo Petro del Polo Democrático comenzó a revelar desde el congreso los vínculos entre políticos y paramilitares, que se empezaría a investigar seriamente el tema. La Corte Suprema de Justicia comenzó a judicializar a los políticos vinculados en el escándalo, lo cual tuvo un efecto dominó donde una vez que cayó el primero “prendió el ventilador” y reveló muchos mas nexos y senadores comprometidos. La reacción de los políticos acusados consistió en negar los vínculos o plantear que si acudieron a reuniones o hicieron compromisos fue bajo la presión de las armas. En la orilla de los paramilitares la situación no es distinta. Los jefes paramilitares recluidos en la cárcel de alta seguridad de Itaguí se sientieron abandonados por sus amigos de ayer. En este contexto empezaron a aparecer documentos que habían permanecido en secreto durante varios años. El más explosivo hasta el momento es el que registra un compromiso de cerca de 50 dirigentes políticos de la costa atlántica, entre ellos siete senadores y cuatro representantes a la cámara, con la cúpula paramilitar, entregado por Salvatore Mancuso durante su versión libre ante los fiscales y fechado del 23 de Julio de 2001 ²¹. En ese entonces la Ley de Justicia y Paz estaba en pleno funcionamiento, y el tema de los vínculos políticos comienza a ser parte de las versiones orales de los desmovilizados.

La revista Semana, al finalizar Abril de 2008 informaba que a la fecha 66 congresistas están siendo investigados por la Corte Suprema de Justicia o por la Fiscalía por posibles vínculos con parapolítica, 30 de ellos en la cárcel. (…) Otras 68 personas también están siendo investigadas por posible complicidad con los paramilitares o con el narcotráfico, entre ellos 7 gobernadores, 5 diputados de las asambleas legislativas, 23 alcaldes, 2 concejales, otros 26 empleados públicos (incluyendo al ex director del DAS), y 20 contratistas del Estado. Muchos de ellos ya están en la cárcel.

Hay casos como el del Partido Cambio Radical, que pasaron de tener 57 alcaldías en 2003 a tener 110 en 2007, y de 15 curules en el Senado tener 7 bajo investigación. También hay casos como el del Partido Colombia Viva que tuvo que retirar los dos senadores que tenía por estar inculpados por parapolítica, y reemplazarlos por otros dos que posteriormente también serían acusados e investigados ²².

Es a partir de esta serie de acusaciones y denuncias que el país se percata de que, al menos desde finales de la década del noventa y hasta mediados del 2005, un grueso sector de la política colombiana estuvo caminando de la mano con el movimiento paramilitar, lo cual iluminó el análisis y la interpretación de las posturas defendidas por los protagonistas de las discusiones e implementación del Programa de Desmovilización. Los paramilitares tenían un proyecto: convertirse en elite política para legalizar su poder económico, y los políticos beneficiados por sus favores cumplieron con su parte al dar el apoyo irrestricto a proyectos de ley de desmovilización y reinserción con marcos legales flexibles donde la justicia debiera someterse en aras de la paz.

El escándalo de la parapolítica ha cubierto de sospecha el discurso de la patria sufriente que vinieron desarrollando uno tras otro los gobiernos colombianos, y ha puesto sobre la mesa una nueva hipótesis: Colombia no es una democracia asediada, su construcción, legitimidad, estatidad e institucionalidad no pueden leerse sin el fenómeno del narcotráfico, que en manos de ejércitos armados ilegales tiene un poder corruptor, intimidatorio y asesino mucho mayor que los casos de mafia hasta ahora existentes.

Notas: