Sobre esta noción de Estado, la Constitución propone enfáticamente como centro de su actuación "el desarrollo del hombre", es decir, la capacidad del Estado de generar las condiciones de diversa índole que hagan posible que el individuo pueda desplegar todas sus potencialidades y ejercer las libertades fundamentales, con la garantía de la procura existencial, es decir, con la existencia de un espacio vital mínimo que preserve dichas libertades. Es decir, es un Estado que no sólo asume la responsabilidad del bienestar "básico" de sus ciudadanos sino que también debe crear las condiciones para una participación real de los mismos.

En este mismo orden de ideas, el Constituyente de 1999 acogió la moderna concepción de los derechos fundamentales, de manera que éstos son vistos de forma integral, holística, tomando en cuenta su carácter interdependiente e indivisible y sin que carezca de justificación la tradicional separación en derechos individuales, políticos y sociales o la jerarquía o supremacía de unos sobre los otros. Así se desprende de la lectura del artículo 19 contenido de el Capítulo I, sobre las Disposiciones Generales, del Título III, "De Los Deberes, Derechos Humanos Y Garantías".

Esta indivisibilidad e interdependencia de los derechos fundamentales fue reconocida en la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo, de la Asamblea General de la ONU el 4-12-86 y reiterada en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, celebrada en Viena en 1993. Con el reconocimiento de los anteriores principios en la Carta Magna, Venezuela consagra la doctrina y las aspiraciones de la comunidad internacional en materia de tutela de los derechos fundamentales.
Por otra parte, se observa que al igual que en la Constitución del 61, la nueva Carta Fundamental propone que "los derechos fundamentales sean la finalidad del orden constitucional y legal", basado dicho orden en la dignidad humana.

3.- Los Derechos Educativos Fundamentales

• 3.1. Antecedentes
  En el ordenamiento jurídico constitucional vigente, los derechos educativos se insertan dentro de la categoría de los derechos fundamentales (Capítulo VI del Título III relativo a los "Derechos Humanos"), presentando al igual que la mayoría de estos derechos, una interesante e importante evolución en cuanto a la configuración de su contenido normativo con el devenir del curso de los textos constitucionales.

  A lo largo de nuestra historia constitucional, que incluye 26 Constituciones hasta el presente, mencionaremos el contenido de los Cartas más relevantes para los derechos educativos fundamentales. Al respecto, cabe destacar que muchas de dichas constituciones no representaron verdaderas reformas constitucionales, puesto que muchas de ellas simplemente fueron repeticiones de las anteriores, representando salidas a las crisis política- institucional de las diversas épocas de nuestra historia.

  El primer texto constitucional venezolano se remonta a 1811, en el cual se previó expresamente la educación del pueblo como deber de la sociedad venezolana, no sin dejar de recalcar que que para la época, la educación no fue concebida como un derecho subjetivo individual bajo la responsabilidad de un Estado social sino que se configuró como un deber social a cargo de todos y cada uno de los individuos de la sociedad venezolana.

  Igualmente resalta que desde las primeras constituciones de la República hasta la Constitución de 1936, con la cual se inicia el constitucionalismo social, se presenta un modelo de Estado predominantemente liberal, según el cual, tanto el individuo como la sociedad deben asumir la carga y las responsabilidades de índole colectivo.

  Por su parte, la Constitución de 1.819 tiene el mérito de hacer referencia por primera vez a la educación pública, la cual poco a poco se irá desarrollando en el país. A diferencia de su antecedente, la Constitución de 1.819 estableció el deber del Estado venezolano, a través de la Cámara de Representantes de "velar por la educación pública y sus progresos, decretando los establecimientos que les parezca convenientes." (Título VI, "Del Poder Legislativo", Sección Segunda, artículo 4) -9-

  No puede soslayarse el hecho que la consagración constitucional de esta disposición respondió a la influencia ejercida por la evolución de la positivación de los derechos que se despliega en el área de Occidente, durante los siglos XVIII y XIX, producto de dos grandes revoluciones: la Americana y la Francesa. Cabe mencionar la influencia de las Declaraciones de Independencia de los Estados Unidos del 4 de julio de 1776 y la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano promulgada por la Asamblea Nacional Francesa en 1789, en la consagración de los derechos humanos en los Estados americanos en formación.

  En efecto, señala Fernández Heres, "Los ideales pedagógicos que se recogían en estas Constituciones tenían sus asideros en aspiraciones que ya se venían haciendo universales para aquellos tiempos y registradas en solemnes testimonios. La Tabla de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, se conocía y se comentaba en la Venezuela de los finales del siglo XVIII..." -10-

  De un modo general, se podría afirmar que ningún Constituyente había configurado verdaderos derechos educativos, puesto que lo que habían establecido era un modelo para la política educativa y directrices generales dirigidas al Estado para el desarrollo de un plan de educación pública, la configuración propiamente de derechos tendrá lugar posteriormente a la revolución de la guerra federal, con la Carta Fundamental de 1864, que trajo en su credo el derecho individual de poder dar y recibir la instrucción, la libertad de estudiar y de aprender, los cuales fueron incorporados con los términos de "libertad de enseñanza" en el "Decreto sobre los Derechos Individuales y las Garantías de los Venezolanos" del 16 de agosto de 1863 (Artículo 1, numeral 6). De igual forma, el Decreto del 12 de agosto de 1.863 fijó dentro de las atribuciones del Gobierno General, en el artículo 1, Numeral 25, la de "promover la ilustración del país, dictando leyes y reglamentos que organicen las Universidades y Academias."

  En efecto, la Constitución de 1864, en el Título III relativo a las "Garantías de los Ciudadanos", artículo 14, numeral 12, estableció y amplió la garantía de la libertad de instrucción en los siguientes términos: "La Nación garantiza a los venezolanos: ... la libertad de enseñanza que será protegida en toda su extensión. El Poder Público queda obligado a establecer gratuitamente la educación primaria y de artes y de oficios." -11-

  El mencionada texto Constitucional representó un gran avance constitucional en materia educativa en virtud de que por primera vez se incluye en la máxima Carta Fundamental, el derecho "a dar instrucción" o "libertad de enseñanza" y de su protección por parte de la Nación y por otro lado se establece la obligación del Poder Público, en todos sus niveles, de proveer la educación primaria gratuita y de artes y oficios.

  Seguidamente, la Constitución de 1.874, inspirada en el Decreto de Guzmán Blanco del 27 de junio de 1.870, estableció como parte integrante de las garantías fundamentales de los venezolanos "la libertad de la enseñanza" y conservó de manera similar a la Constitución Federal el principio de la gratuidad de la educación primaria y de artes y oficios (Art. 14 numeral 12).
  Cabe mencionar que para dicha época la política educativa administrada por los Municipios y por las Diputaciones Provinciales en lo relativo a la educación primaria fue infructuosa, sumiendo a ésta en un total y completo abandono, de allí que se pretendió con la Constitución de 1.874 y con el Decreto de 1.870 que establecía los mecanismos administrativos y los recursos financieros para garantizar la educación en el país, que todas las instancias político-administrativas del Estado (Nación, Estados y Municipios) asumieran su papel protagónico en la misión de educar al pueblo venezolano, recalcando el deber de cooperación y colaboración entre los diferentes niveles del poder público para la consecución de los fines antes indicados.
  Al respecto, Guzmán Blanco le imprimió aliento a la tarea y el poder federal promovió la instrucción primaria, como ya fuere consagrado en el Decreto sobre Instrucción Pública Gratuita y Obligatoria del 27 de junio de 1870.

  Las Constituciones posteriores hasta la de 1931, preservan en forma idéntica los principios en materia educativa incorporados desde 1874. En 1.936, Luis Prieto Figueroa propone un proyecto de Ley Orgánica de Educación, a los fines de adecuar el sistema educativo a la nueva estructura política, económica y social del país, el cual fue rechazado en la Cámara del Senado. Asimismo, se discutió y aprobó en ese mismo año el proyecto constitucional que contemplaba en el Título Segundo "De los Venezolanos y sus deberes y derechos", una serie de garantías individuales de carácter social dentro de los cuales se incluía la libertad de enseñanza. -12-

  Durante los gobiernos de López Contreras y Medina Angarita se ensayaron los futuros preceptos constitucionales en materia educativa que tendrán forma definitiva con el texto de 1947. El esfuerzo gubernamental por desarrollar la educación se vio reflejado en el orden jurídico constitucional del 47, con lo cual continúa el desarrollo del constitucionalismo social iniciado en 1936. En efecto, los principios de carácter social contenidos en la Constitución de 1.936 sirvieron de plataforma para que la Constitución de 1.947, en su Título III, Capítulo V, desarrollara un amplio articulado sobre los derechos fundamentales educativos y los principios de la política educacional, lo cual sin duda alguna creó el marco jurídico necesario para el impulso de la educación en Venezuela.-13-

  Como resultado del debate constituyente, la Constitución del 47 consagró, en el capítulo relativo a la educación, los siguientes principios rectores de la materia educativa: -El derecho a la educación como derecho fundamental e inherente de cualquier habitante de la República, sea nacional o extranjero. - La educación como una función esencial del Estado. La sistematización de la educación nacional. - Los fines de la educación nacional: el desarrollo de la personalidad humana, la formación para la democracia y el espíritu de solidaridad. - La libertad de enseñanza. El estímulo del Estado para la iniciativa privada en materia educativa. - La obligatoriedad de la educación primaria -La gratuidad de la educación oficial. - La idoneidad del personal docente. - La dignidad y un nivel de vida adecuado para los docentes.

  Indiscutiblemente, los anteriores principios le dieron una nueva fisonomía a la educación en Venezuela, cuya inclusión en el ordenamiento constitucional no sólo fue relevante desde el punto de vista jurídico sino también por cuanto estaban destinados a informar la actuación del Poder Público en sus tres niveles en la distribución vertical del poder, dentro del modelo del Estado social y democrático de derecho que comenzaba a gestarse en Venezuela desde 1936. Asimismo, la Constitución de 1.947 sirvió de base para la preparación del proyecto constitucional del 61, como fuera decidido por la Comisión Nacional de Reforma Constitucional.

  Comparando los principios de la Constitución de 1947 con la normativa de la Constitución del 61, ésta añade a los primeros el derecho a la estabilidad del docente y la excepción o posibilidad de limitar la gratuidad de la educación oficial universitaria para aquellas personas provistas de fortuna. Asimismo, debe señalarse que la educación en el texto constitucional del 61 es concebida también como un deber de todo ciudadano, en el grado y condiciones fijadas por la Ley y a cargo de los padres y representantes (artículo 55 de la Constitución de 1961).
  

• 3.2. El nuevo diseño de los Derechos Educativos Fundamentales en la Carta de 1999
  En el ordenamiento jurídico constitucional vigente, se presenta en el Capítulo VI, "De los Derechos Culturales y Educativos" dentro del Título III "De los Deberes, Derechos Humanos y Garantías" una serie de derechos y principios en materia educativa que revisten carácter de fundamental. Dentro de estas normas jurídicas podemos distinguir entre derechos de los individuos y principios que informan la actividad educativa en Venezuela. Todos tienen la peculiaridad o características de ser fundamentales, esto es, inherentes a la persona humana y su reconocimiento por parte del Estado.

  Por otra parte, son fundamentales por la función que ocupan en el ordenamiento jurídico como normas básicas materiales. En este sentido, son derechos subjetivos, es decir, derechos que corresponden a los individuos que garantizan su status jurídico y a la vez son elementos que configuran el marco necesario para una convivencia social justa, en tal sentido, son cauces para el equilibrio de poderes en una sociedad democrática.

  De manera general, se observa de la nueva redacción del Constituyente, dos aspectos fundamentales para nuestro análisis: - se preservan en su contenido esencial varios de los derechos y principios proclamados por el Constituyente del 61, algunos se reformulan y se introducen normas innovadoras.

  Como refiere Avila Hernández -14- se mantienen los siguientes principios constitucionales:

  • La educación como función indeclinable del Estado social y de máximo interés en todos sus niveles y modalidades (art. 102, C.N.).
    
  • La educación como proceso fundamental para alcanzar el desarrollo de la persona humana (art. 3, C.N.).
    
  • La concepción de la educación como servicio público (art. 102, C.N.). Es necesario señalar que esta concepción se desprendía del artículo 80 de la Constitución del 61 y estaba prevista también en normas de rango legal de la Ley Orgánica de Educación (arts. 1, 2, 4, 15, 55, 56, 59, 71 y 107). Asimismo, la extinta Corte Suprema de Justicia se había pronunciado sobre el carácter de servicio público de la educación en varias sentencias. -15-
  
  Asimismo, indica Avila Hernández -16- que se les otorga rango constitucional a principios ya consagrados en leyes nacionales:
  1. Las nociones de "integralidad" y "calidad" en la educación, puesto que se configura el derecho fundamental de todo individuo a recibir educación de calidad, en los siguientes términos: "Toda persona tiene derecho a una educación integral, de calidad, permanente, en igualdad de condiciones y oportunidades, sin más limitaciones que las derivadas de sus aptitudes, vocación y aspiraciones…" (art. 103), lo que a juicio de Avila Hernandez-17- significa "que el individuo tiene el derecho a recibir una educación de calidad, entendiendo por ésta aquella que permita su formación completa y adecuada como persona y como ciudadano, que sea además integral u holística, abarcando las diversas áreas del conocimiento científico y que permita su adecuada inserción en el aparato productivo del país y en la sociedad".

  2. Se confiere rango constitucional al principio de la autonomía universitaria, el cual ya había sido otorgado por normas legales, entre ellas el artículo 9 de la Ley de Universidades. (art. 109 C.N.).

  3. Se incorpora el principio de rango constitucional de la excelencia académica o de evaluación de méritos, como criterio para el ingreso, promoción y permanencia en el sistema educativo de los docentes (art. 104 C.N.).

  4. Se incluye la obligatoriedad de la educación ambiental en los niveles y modalidades del sistema educativo así como en la educación ciudadana no formal (art. 107 C.N.).

  5. Se confiere rango constitucional a la enseñanza de la lengua castellana, de la historia, la geografía y al ideario bolivariano así como a la educación física y deportiva obligatoria (arts.107 y 111 C.N.) .

  Por otra parte, el diseño normativo introducido por el Constituyente de 1999 en cuanto a los derechos educativos fundamentales precisa un análisis detallado en lo relativo a los aspectos generales de la educación, en función de la multidimensionalidad que se propone de la misma:

  1. La educación es considerada un proceso social fundamental para alcanzar los fines del Estado Social, que conjuntamente con el trabajo pueden permitir la construcción de una sociedad pacífica y de bienestar. En este sentido, se observa el caracter instrumental de la educación, el cual es ratificado cuando se indica que la educación debe ser un instrumento del conocimiento científico, humanístico y técnico al servicio de la sociedad.

  2. La educación es función indeclinable del Estado y de máximo interés, lo cual significa que en el haz de tareas que justifican y legitiman al Estado social, indiscutiblemente la educación ocupa un primer lugar. Asimismo, de esta noción se deriva el carácter de servicio público que se le confiere a la educación y con ello su carácter de necesario, igualitario, permanente y democrático.

  3. En cuanto a los caracteres de la educación, como se indicó supra, son:
     • Integralidad: la educación debe ser formativa, debe abarcar los diversos aspectos del ser humano (no meramente científicos), que permitan desarrollar su capacidad crítica así como el despliegue de las posibilidades de la naturaleza psico-social-política-biologica y espiritual del hombre.

     • Calidad: la educación debe útil y pertinente para la vida del individuo y su sociedad.

     • Gratuidad: el Estado tiene la carga de suministrarla y de proveer las politicas públicas necesarias para asegurarla.

     • Democrática: debe permitir la mayor participación de los ciudadanos en la definición, conducción y ejecución de las políticas públicas educativas. Se prevé incluso la posibilidad de prestación del servicio público educativo por parte de las comunidades organizadas (art. 184, ord. 1 C.N.)

     • Permanente: debe garantizarse la permanencia en el sistema educativo, que los individuos puedan pasar de un nivel a otro en función de las aptitudes y vocaciones.

     • Igualitaria: se reconoce el derecho de todos los individuos de acceder por igual al sistema educativo sin discriminaciones basadas en raza, sexo, color o condición social.
  
  Por otra parte, se presenta el derecho de acceso a la educación, como un derecho subjetivo individual de toda persona (nacional o extranjero), humano, fundamental, así como un deber social. Por otra parte, la educación ciudadana está a cargo del Estado, las familias y la sociedad en su conjunto.
  

  3.3. Los Derechos Educativos en el Derecho Internacional
  El desarrollo del derecho internacional tiene como punto de partida la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, la cual, delineaba además de los principios generales de las libertades individuales, aquellos de contenido social, abogando por el reconocimiento por parte de los Estados miembros de los derechos sociales, como en el caso de los derechos a la seguridad social (artículo 22), al trabajo (art. 23), al reposo y al esparcimiento (art. 24), a un nivel de vida suficiente y salud (art. 25) y a la educación (art. 26).

  Al respecto, la referida disposición señala:

  • "1.- Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucció técnica y profesional habrá ser generalizada, el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos.

  • 2.- La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales, favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz.

  • 3.- Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos"
  
  De manera general, los principios reconocidos por la Declaración Universal de los Derechos Humanos fueron acogidos posteriormente por dos grandes pactos internacionales sobre derechos fundamentales: De los "Derechos Civiles y Políticos", y de los "Derechos Económicos, Sociales y Culturales" -18-aprobados por la Asamblea de las Naciones Unidas, el 16 de diciembre de 1966, entrando en vigor 10 años después.

  Es así que el contenido de los derechos educativos fundamentales es complementado por el derecho internacional, en virtud de haber el Estado venezolano ratificado los instrumentos o pactos internacionales referidos.
  Al respecto, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales1, en materia educativa acoge los siguientes principios:
  

  • El derecho de toda persona a la educación. (art. 13.1.)

  • El pleno desarrollo de la personalidad humana, el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales y la incorporación armónica del individuo a la sociedad, como objetivos prioritarios de la educación. (Art. 13, 1)

  • La obligatoriedad y la gratuidad de la educación primaria. (Art. 13, 2.a)

  • El derecho de acceso a la educación secundaria y universitaria. (Art. 13.2.b)

  • El derecho de las personas a participar en la vida cultural y gozar de los beneficios del progreso cientifico y de sus aplicaciones (art. 15.1.)
  
  De igual forma, el mencionado Pacto incorpora a nuestro ordenamiento el derecho de todo padre o tutor legal de escoger las escuelas y la educación religiosa o moral para sus hijos, acorde con sus convicciones o creencias. (art. 13.3.)

4. La Realización de los Derechos Educativos Fundamentales
La particular naturaleza de la categoría de los derechos sociales, entendidos como derechos de participación en los procesos de decisión política, económica, social y cultural en un modelo de Estado social y democrático, exige para su realización efectiva la ejecución de políticas públicas así como la asignación progresiva y utilización eficiente de los ingresos públicos de manera que el Estado pueda garantizar a los individuos las condiciones mínimas materiales vitales que le permitan una vida digna en sociedad.

Como derechos fundamentales prestacionales que constituyen los derechos educativos, éstos precisan del desarrollo de políticas públicas que propendan a garantizar a los individuos el acceso universal, la permanencia y la culminación en el sistema educativo formal así como estándares de calidad del servicio público que se traduzcan en una educación integral, de calidad, democrática, permanente e igualitaria como se ha referido anteriormente.

Ahora bien, se observa en la configuración de los principios jurídicos constitucionales no sólo la consagración de los derechos educativos fundamentales, sino también de principios- guía de la acción del Estado. Por ello, éste debe crear por todos los medios y recursos posibles, las condiciones materiales, económicas y sociales necesarias para garantizar un servicio público educativo de calidad, puesto que este tipo de derechos son derechos-exigencias, es decir, constituyen para el Estado verdaderas obligaciones de "resultado".

No obstante las políticas instrumentadas por los diferentes gobiernos constitucionales, los derechos educativos fundamentales y los objetivos de carácter social en materia educativa que desde larga data han proclamado los textos constitucionales y legales, así como el resto de los derechos sociales, han revelado, a lo largo de toda nuestra historia constitucional poca vigencia, deterioro y vulnerabilidad.

Al examinar informes recientes elaborados por organizaciones sobre derechos humanos, se advierte una alta vulnerabilidad de los derechos culturales y educativos dada las desfavorables circunstancias políticas, económicas y sociales del país en los últimos años así como la violación por parte del Estado de los postulados previstos en los Pactos Internacionales de Derechos Humanos de obligatoria observación, especialmente el de progresividad.
Por otra parte, es importante recordar que este último principio aplicado al ámbito de los derechos económicos, sociales y culturales, significa la obligación para el Estado venezolano de alcanzar el logro progresivo de su completa realización, lo cual se traduce en la asignación de recursos para tales fines así como su utilización eficiente en las políticas públicas que permitan alcanzarlos. Al respecto, indica el informe de Provea -19-:

Conclusiones
En el ordenamiento jurídico constitucional vigente se consagran dentro de la categoría de los "Derechos Culturales y Educativos", una serie de derechos en materia educativa que revisten carácter de fundamental, esto es, son inherentes a la persona humana y se les otorga un reconocimiento expreso por parte del Estado. Asimismo, son fundamentales por la función que cumplen en el sistema jurídico, en este sentido, son derechos subjetivos que garantizan el status jurídico de los individuos y a la vez son elementos que configuran el marco necesario para una convivencia social justa, constituyendo los cauces para el equilibrio de poderes en una sociedad democrática.

No obstante las políticas públicas instrumentadas por los diferentes gobiernos constitucionales, los derechos educativos fundamentales así como el resto de los derechos sociales, proclamados por nuestros textos constitucionales y legales, han revelado a lo largo de toda nuestra historia constitucional, poca vigencia, deterioro y vulnerabilidad.