En Bolivia, la omisión sistemática del principio de no regresividad de los La explotación infantil en Bolividerechos humanos está llevando por caminos muy peligrosos, especialmente en el caso de la niñez y la adolescencia, una población cada vez más indefensa y que aún depende de los mayores para ejercer sus derechos.

Y quizá donde más daño causa la violación de este principio, es en el trabajo infantil, hoy normado por el nuevo Código Niño Niña y Adolescente de 2014, que autoriza que las niñas y niños de 10 años puedan trabajar por cuenta propia y de 12 años, al servicio de terceros.
Es decir que, en una voluntaria decisión regresiva de los derechos humanos, el Estado boliviano decidió bajar de 14 años la edad mínima permitida, hasta los 10 que es la que hoy nos rige.

Esta determinación fue condenada internacionalmente por las organizaciones de derechos humanos, debido a que vulnera abiertamente el Convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo, que nuestro Estado ratificó en 1997 y que lo compromete a mantener en 14 años la edad mínima de trabajo, e incluso a elevar progresivamente esta edad hasta que ya no coincida con la etapa de la formación escolar.
El Convenio 138 ha sido ratificado por 169 países del mundo, incluso por naciones tan pobres como Liberia, Congo, Zimbawe, Haití o Sierra Leona que han mantenido la edad mínima en el rango de 14 a 16 años. Respetando este compromiso mundial, ningún país conocido del mundo, excepto Bolivia, se ha atrevido a bajarlo hasta los 10 años.

El argumento del Gobierno al tomar esta decisión, fue que el trabajo infantil es una realidad en Bolivia y no podemos ir en su contra, lo que, por analogía, legitimaría por ejemplo la decisión de flexibilizar y hacer más permisivas las normas que, sancionan la corrupción o la violencia contra la mujer, ya que estos males están generalizados y no se los puede erradicar ni disminuir.
Más allá de la irracionalidad, la regresividad y la ilegalidad de la medida, el problema de fondo es la generalización y la naturalización de la idea que el trabajo o la explotación infantil, a causa de la pobreza, son normales y por lo tanto deben sostenerse. Esa impronta, genera la misma idea en los niños, promueve la deserción escolar y alimenta el concepto que la explotación es un modo normal de relación laboral. En esencia, en Bolivia el trabajo infantil es sinónimo de explotación, mendicidad forzada, abuso y violencia, y estas formas de violación de derechos se las pretende enmascarar con el discurso del ‘trabajo infantil protegido’ que no solo es una regresión, sino un mecanismo para hacer invisible un problema tan lacerante.

A falta de argumentos jurídicos, quienes defienden que los niños sean explotados desde los 10 años, se basan en el mismo código que determina que las defensorías de la niñez deben registrar, autorizar y hacer seguimiento a los más de tres millones de niños que trabajan en Bolivia (Encuesta Nacional sobre Trabajo Infantil, INE, 2008).

Al respecto, desde la Defensoría del Pueblo en 2015, instruí que se realizara una verificación a siete defensorías de la niñez de la ciudad de La Paz, para analizar el cumplimiento de esta disposición. A dos años de promulgarse la ley, el resultado señalaba que ninguna tenía la capacidad, voluntad ni interés para ejercer ningún control; menos autorización, supervisión, inspección o registro de niños y adolescentes trabajadores.