PRESENTACIÓN
Mencionar el ALCA se ha transformado en un elemento tan común obligante
a la hora de referirnos, cualquiera sea el ámbito donde se nos provoque
a visualizar la realidad y el futuro de nuestras naciones y de
Latinoamérica en su conjunto.
Sin embargo, apreciamos una serie de riesgos que deben subsanarse
rápidamente, producto de informaciones parciales, muchas veces
estereotipadas y otras utilizadas más en función de intereses
particulares que a partir del fenómeno en sí mismo.
No es nuevo para nosotros que desde los Estados Unidos se elaboren
proyectos que desde los naturales intereses de expansión y dominación
del "patio trasero", intenten más que ayudarnos a superar
nuestros problemas, a satisfacer sus intereses, ó solucionar sus
problemas, trasladándonos la responsabilidad de aportar nuestros
recursos y esfuerzos para ese fin, independientemente de las
consecuencias que se generen sobre nuestras realidades, naturales y
especialmente humanas.
Provocados sanamente por esta situación nos abocamos a la tarea de
revisar las informaciones disponibles, especialmente de los temas que
están siendo motivo de negociación, a los efectos de compartir con los
dirigentes de las organizaciones de trabajadores y con todos aquellos
que se interesen en el tema, un análisis, nuestro análisis, a partir
de las experiencias, angustias y esperanzas del Movimiento de
Trabajadores.
Intentamos en esta Primera Parte, asumir los Orígenes del proyecto, el
Proceso desarrollado hasta el momento, y apuntar a Previsibles
Consecuencias, desde la perspectiva de quienes debemos "pagar la
factura", es decir, quienes de una forma u otra seremos los más
impactados en este proceso.
Aspiramos que esta documentación sea de utilidad para el análisis y
orientación de nuestros dirigentes y organizaciones.
PRIMERA PARTE:
LOS ORIGENES, EL PROCESO Y LAS PREVISIBLES CONSECUENCIAS
(1).- INTRODUCCIÓN
(1.1).- Desde inicios de la década de los 90, la mayoría de los
Gobiernos de Latinoamérica, impulsados por los Estados Unidos, han
iniciado procesos de negociación encaminados a constituir el acuerdo de
libre comercio que podría transformarse en el más importante del
planeta, el ALCA (o Área de Libre Comercio de las Américas).
En los hechos, este proceso se ha desarrollado de manera secreta. Aunque
a lo largo de los años se han publicado extensos y grandilocuentes
documentos sobre las intenciones y objetivos de la negociación, así
como algunos textos vinculados a las negociaciones, las posiciones de
cada país o las fuerzas que operan detrás de cada posición o de cada
tema, no se han informado.
Tal falta de transparencia ha impedido debates democráticos en cada
país y especialmente les ha evitado a los gobiernos tener que dar
cuenta frente a sus ciudadanos acerca de los efectos de las decisiones
que están impulsando.
Esta falta de consulta y participación popular adquiere especial
gravedad, cuando se constata que los acuerdos que podrían suscribirse
comprometerían el futuro de varias generaciones de latinoamericanos.
(1.2).- En los hechos, las negociaciones han avanzado a espaldas de
todos los pueblos americanos.
El ALCA, de acuerdo a lo pautado, sería un acuerdo entre Estados que -
de ser aprobado - puede generar condiciones de explotación y
marginación social y de depredación ambiental desconocidas hasta
ahora, y muy superiores a las que actualmente sufre la región
latinoamericana, y además de forma irreversible.
Por lo mismo, son muchas las organizaciones civiles y sociales de toda
América que han dedicado esfuerzos importantes a informar a sectores
sociales lo más amplios posibles y a promover formas de reacción que
finalmente impidan la imposición de tal acuerdo.
Muchas de estas organizaciones han formado varias redes latinoamericanas
o que abarcan al continente en su totalidad, y que coordinan esfuerzos
internacionalmente, por lo que hoy existe una campaña continental
contra el ALCA.
(1.3).- La tarea de organización, información, educación y
coordinación de la acción de resistencia al ALCA tiene, sin embargo,
aún mucho que recorrer y fortalecerse. Es una tarea que requiere sumar
fuerzas y esfuerzos. El presente documento espera hacer una
contribución a ese proceso. En él se busca explicar cuáles son los
efectos previsibles de un acuerdo como el ALCA sobre campesinos y
pueblos indígenas, y sobre los territorios rurales en general.
Esperamos que sea un documento que permita a organizaciones civiles y
populares, especialmente aquéllas ligadas a campesinos y pueblos
indígenas, informarse e informar al respecto, para que sectores lo más
amplios posible puedan tomar posiciones informadas al respecto y actuar
de acuerdo a ello.
(1.4).- En los aspectos generales el ALCA (Área de Libre Comercio de
las Américas) es un acuerdo de libre comercio que está siendo
negociado entre todos los gobiernos del hemisferio americano excepto
Cuba.
En ningún momento se ha planteado como un proyecto o proceso de
integración, y su naturaleza es esencialmente económica y comercial.
Su objetivo es imponer reglas comunes en todo el continente que abran
todas las actividades nacionales al control de los grandes capitales.
El proceso se hará mediante la restricción de diversos derechos y
patrimonios de todos los ciudadanos, pero especialmente de los sectores
más débiles: asalariados, campesinos, pueblos indígenas. En
contraste, los capitales e inversionistas transnacionales recibirán
diversas formas de protección y garantías hasta el momento
desconocidas.
(1.5).- Si el ALCA entra en funcionamiento representará el mercado
comercial más grande del mundo, con un PIB de aproximadamente US$ 8,5
billones de dólares y una población de poco más de 800 millones de
personas.
Pero también, por la peculiar relación que se establece entre los
derechos de propiedad, los derechos de comercio (contra los Estados
Nacionales) y por la revolución tecnológica que lo alimenta, el ALCA
sería el mercado libre cualitativamente mas profundo del mundo.
(1.6).- Aunque el acuerdo se denomine "de libre comercio",
lo que se busca con el ALCA es el control por parte del gran capital -y
especialmente del gran capital estadounidense- de todas las actividades
y recursos de los países de Latinoamérica. Si se aprueba, sus
disposiciones no afectarán solamente el comercio, sino la producción,
los servicios, la propiedad de la tierra, el agua y los recursos
naturales.
Las diversas actividades económicas, y especialmente las economías
campesinas, se verán sometidas a fuertes presiones y tensiones; las
garantías ciudadanas y derechos humanos, los derechos de las
comunidades locales, los derechos de los pueblos indígenas, los
derechos laborales, el derecho al conocimiento y la cultura y formas
básicas de soberanía se verán aún más restringidas que en la
actualidad.
Seremos testigos sufrientes de cómo se privatizan los espacios y
actividades públicos que aún permanecen, y posiblemente nos veremos
enfrentados a formas de represión e ilegalización inexistentes hasta
ahora.
En otras palabras, si el ALCA se aprueba, tendrá una profunda
influencia en la vida económica, social y política de los pueblos de
América.
(2).- LOS ORÍGENES
(2.1).- El ALCA fue inicialmente propuesto por el Presidente Bush padre,
en 1994,en la primera Cumbre de las Américas, decidiendo que participen
en las negociaciones 34 países, todos los del hemisferio excepto Cuba.
Desde un inicio, si bien fue presentado como un acuerdo económico,
globalización mediante, afectará irremediablemente todas las áreas de
convivencia política, social y cultural.
Los países participantes adquieren además un conjunto de compromisos
políticos, tanto en términos de sus políticas internas (las que,
entre otras, deben fomentar la privatización y descentralización
dentro del esquema neoliberal, y a partir de las
"recomendaciones" del Fondo Monetario Internacional y el Banco
Mundial), como de su accionar a nivel internacional (donde el mayor
compromiso se da en torno a la expansión de los acuerdos de libre
comercio).
(2.2).- Inicialmente desde la "Administración Bush (padre)",
se pensó en un proceso gradual, decidiendo desde los promotores,
quienes debían irse integrando y bajo que condiciones. Paulatinamente,
se aceptó (reducción creciente de las diferentes situación
económicas producto del proceso de globalización, generalización de
Gobiernos más dóciles a las directivas "norteñas"), que las
negociaciones se realizaran en forma conjunta. Y así se desarrollan las
"cumbres".
(2.3).- Por otro lado, cada una de las cumbres ha sido utilizada por
Estados Unidos para lograr apoyo a sus intereses internacional
(incluyendo la invasión a Irak, la guerra al terrorismo, etc.), ó a la
militarización de la región latinoamericana (por ejemplo, la
imposición del Plan Colombia).
Entre 1994 y 1998, las negociaciones se centraron en definir la
estructura y organización de la negociación de contenidos.
La discusión de los contenidos se inició en 1998 y debe terminar el 31
de Diciembre de 2004. Los parlamentos deben aprobar o rechazar el
acuerdo en su totalidad durante el 2005, de forma que el acuerdo entre
en vigencia el 31 de diciembre de ese año.
(2.4).- No existió una propuesta presentada en forma integral, sino
simple y esquemáticamente, una serie de objetivos, tan generales como
ambiguos.
En el proceso de las negociaciones fueron y van surgiendo diferentes
temas y problemas, frente a algunos de ellos existe la negativa (por
parte de Estados Unidos) de asumirlos, otros son más impuestos que
sugeridos.
(2.5).- Hasta el momento, las negociaciones se han llevado a cabo de
manera secreta. Aunque los textos en negociación fueron publicados
por primera vez durante el 2001 (pueden verse en
http://bolivar.c.tclk.net/maaa6b0aaX7EYb36Gwpb/ o en
http://www.ftaa-alca.org/alca_s.asp) y se acaba de publicar una segunda
versión, las posiciones de cada país son mantenidas en secreto.
Las declaraciones oficiales al respecto son normalmente aseveraciones
generales de lo que busca cada país, sin entrar en los detalles de las
posiciones. La desinformación alcanza incluso a los parlamentos
latinoamericanos. Por otro lado, los únicos gobiernos que han mostrado
alguna oposición explícita al acuerdo han sido Brasil, Argentina y
Venezuela. Brasil y Argentina ven con preocupación que el ALCA quite
toda relevancia al MERCOSUR, mientras el presidente de Venezuela ha
indicado que no firmará sin su aceptación mediante plebiscito. Sin
embargo, las negociaciones siguen adelante.
(3).- EL PROCESO
(3.1).- Las negociaciones se han llevado a cabo a través de tres
Cumbres Presidenciales o Cumbres de las Américas (Miami, 1994,
Santiago, 1998 y Québec, 2001), siete reuniones ministeriales (una cada
año y medio desde 1995), y una larga serie de reuniones de los grupos y
Comités de Negociación.
Las Cumbres Presidenciales están destinadas a la toma las decisiones
finales; en las reuniones ministeriales se revisan los acuerdos logrados
por los grupos de negociación y se entregan instrucciones para las
siguientes rondas; los grupos de negociación son los que llegan a
acuerdos sobre los textos a ser presentados a los Ministros y
Presidentes para su aprobación final.
(3.2).- Se han identificado nueve áreas de negociación: (I) acceso
a mercados, (II) agricultura, (III) servicios, (IV) compras
gubernamentales, (V) subsidios y antidumping, (VI) competencia, (VII)
propiedad intelectual, (VIII) solución de controversias y (IX)
inversiones.
Cada uno de estos grupos está a cargo de la redacción de lo que será
un capítulo del acuerdo.
Existen además cuatro comités que proponen textos o sugieren puntos de
discusión a los grupos de negociación: (I) el Grupo de Trabajo sobre
Economías más Pequeñas, (II) el Comité Conjunto de Expertos del
Gobierno y del Sector Privado sobre Comercio Electrónico, (III) el
Comité de Representantes Gubernamentales sobre la Participación de la
Sociedad Civil y (IV) el Comité Técnico de Asuntos Institucionales.
Adicionalmente, hay un "Comité Tripartito", conformado
por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Organización de
Estados Americanos (OEA) y La Comisión Económica de Naciones Unidas
para América Latina y el Caribe (CEPAL).
Este comité actúa como secretaría técnica del proceso. Son
quienes han propuesto muchos de los textos en negociación, y quienes
vigilan que los textos finalmente aprobados sean coherentes con la
Organización Mundial del Comercio (OMC) y no entren en conflicto con
las condiciones exigidas por el FMI o el Banco Mundial.
(3.3).- Oficialmente, las negociaciones son estrictamente
gubernamentales, sin embargo, la participación del empresariado ha sido
activa desde muy temprano en las negociaciones.
A partir de 1996, cada reunión ministerial ha sido antecedida por una
reunión del Foro Empresarial de las Américas, que se ha convertido en
la única organización que sin ser parte de los gobiernos entrega
propuestas formales a ser negociadas.
Adicionalmente, el empresariado participa a través del Comité Conjunto
de Expertos Gubernamentales y del Sector Privado sobre Comercio
Electrónico.
La participación empresarial en las negociaciones se ha hecho tan
"oficial" que los documentos producidos por el Foro
Empresarial de las Américas se publican en www.sice.org, uno de los
sitios con información oficial sobre el ALCA.
(3.4).- La participación de otros sectores sociales ha sido muy
restrictiva.
El Comité de Representantes Gubernamentales sobre la Participación de
la Sociedad Civil sólo recibe opiniones por correo electrónico y a
través de un formato bastante rígido. No existe mecanismo alguno que
garantice que tal es opiniones serán escuchadas.
(4).- LAS REFERENCIAS
IDEOLÓGICO-POLITICAS
(4.1).- A fin de poder evaluar plenamente los posibles efectos del ALCA,
es útil tomar en consideración al menos tres factores.
(I).- El primero es que el ALCA es sólo una expresión más de la
ofensiva privatizadora que hoy se lanza a través de todos los
mecanismos y organismos internacionales, incluida la Organización
Mundial del Comercio (OMC). Por lo mismo, el acuerdo no sólo fija
nuevas formas de comercio y propiedad privada, sino que impone un nuevo
marco ideológico, jurídico y político para definir las relaciones
entre el capital transnacional, los Estados y los pueblos
latinoamericanos.
En este marco, el ALCA es una figura "proto" jurídica en la
que se expresa la maduración de una nueva forma de dominio de la
riqueza del continente americano por cuenta del capital mundial,
personificado por el capital estadounidense, y que lleva al extremo las
condiciones que se han buscado imponer a través de otros mecanismos
internacionales, tales como el acuerdo del GATT, el accionar de la OMC,
o las presiones del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.
El ALCA impondrá leyes, conceptos y definiciones que luego afectarán
todos los aspectos de la actividad y la convivencia nacionales, todo con
el fin de asegurar que el gran capital transnacional no tenga límites y
sus ganancias estén garantizadas. El objetivo final es que cada aspecto
de la vida de los habitantes de un país quede bajo el dominio del
mercado, y que se cuente con las regulaciones que garanticen que toda la
población se someterá a tales condiciones.
(II).-En segundo lugar, el ALCA será un texto que se interpretará cada
vez que se aplique.
Aunque algunas de sus cláusulas son extremadamente detalladas, el
grueso de ellas no se pueden aplicar directamente o en forma literal,
sino que fijan marcos de interpretación para tomar decisiones
jurídicas, legislativas, económicas y políticas.
No es posible olvidar que tales interpretaciones serán llevadas a cabo
por individuos y organismos que asumen la privatización como dogma
supremo y que no ven problemas en la limitación creciente de los
derechos de los pueblos.
Tampoco es posible olvidar que todo esto se llevará a cabo en un
contexto en que Estados y las corporaciones transnacionales han sido
situados prácticamente como iguales en cuanto a poderes y atribuciones.
Esperar, por lo tanto, que los excesos del ALCA vayan siendo corregidos
a través de su aplicación sería tan ingenuo como complaciente. Si el
texto en discusión contiene elementos extremadamente peligrosos, sus
interpretaciones futuras pueden ser aún peores.
(III).-El tercer factor es que el ALCA crea, transforma o trastoca
–especialmente de manera implícita- un conjunto de conceptos
económicos, jurídicos y políticos.
Por ejemplo, un conjunto de funciones gubernamentales –incluidas
"las actividades que formen parte de un sistema de seguridad
nacional o para el establecimiento o mantenimiento del orden
públicos"- son transformadas en servicios y posteriormente en
servicios "delegables", lo que en realidad implica la
privatización de poderes estatales que responden a la esencia misma del
rol de un Estado, no ya moderno, sino similar a las dimensiones y
cometidos de los Estados en los países denominados
"desarrollados".
Ejemplos como estos hay muchos y se incluirán a través del texto.
(4.2).- En conjunto, es posible decir que prever los impactos del ALCA
en forma plena es extremadamente difícil. Lo que estamos viendo es el
intento de poner en marcha una maquinaria poderosa que asegure el
dominio del capital transnacional sobre el continente.
A pesar de todo lo que ha avanzado la privatización y la concentración
en nuestro continente, el ALCA llega donde no se había llegado antes.
Ello implica un cambio de proporciones insospechadas. Entenderlo y
actuar en consecuencia es urgente e indispensable.
(5).- LAS REFERENCIAS
HISTÓRICO-POLITICAS
(5.1).- No es casualidad que el ALCA fuese inicialmente impulsado por el
gobierno de Estados Unidos. Su objetivo central es permitir la
expansión ilimitada y garantizada del capital transnacional en el
continente, pero especialmente de los capitales estadounidenses, que
controlan cerca del 80% del producto regional.
Estados Unidos ha utilizado de manera permanente la disparidad de
fuerzas regionales para imponer sus posiciones. Ya desde la primera
ronda de negociaciones logró imponer que todos los países negociando
el ALCA actúen como bloque frente a la OMC.
Luego ha establecido una política de divisiones a través de
negociaciones bilaterales con diversos países de la región para echar
por los suelos cualquier posibilidad de un bloque Latinoamericano y del
Caribe, condicionar los actuales procesos de integración subregional
(MERCOSUR, CAN, SICA, AEC, etc.) y presionar con ello a cualquier país
que muestre algún grado de independencia.
La firma del Tratado de Libre Comercio entre Chile y Estados Unidos es
parte central de esta estrategia. Con ello, Chile se subordina a la
agenda política y económica de Estados Unidos y será un efectivo
elemento divisor.
En Centro América, el gobierno de Costa Rica probablemente jugará un
papel similar. Adicionalmente, Estados Unidos continúa utilizando otros
organismos de negociación como la OMPI y la OMC para ir tras sus
objetivos, ya que lo que allí se acuerde deberá incorporarse
automáticamente al ALCA.
(5.2).- Como estrategia económica, el ALCA es en parte el reflotamiento
del Acuerdo Multilateral de Inversiones (AMI), acuerdo inicialmente
impulsado por la OECD y que fue posteriormente abandonado producto del
fuerte rechazo social provocado principalmente en Europa.
Es también la continuación y ampliación del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (TLCAN). El capítulo de inversiones
del ALCA, por ejemplo, es casi una copia del mismo capítulo del TLCAN,
pero amplía y hace aún más peligrosa la definición de qué
constituye una inversión.
Los capítulos de servicios y propiedad intelectual también logran
ampliar las garantías otorgadas al capital transnacional en el TLCAN.
Lo que está ocurriendo en México, en términos de la destrucción de
la agricultura campesina, la exacerbación de la pobreza y la
agudización de las migraciones desde el campo debiera servir como clara
muestra de lo que puede traer el ALCA al resto del continente.
(5.3).- Por otro lado, aunque el ALCA es en la actualidad la
negociación multilateral más importante del continente americano, ya
sea relacionada con el comercio o con cualquier otro aspecto de las
relaciones internacionales, e influya de manera importante sobre las
demás negociaciones mutilaterales o bilaterales en el continente, no es
el único tratado de libre comercio que está siendo negociado.
Hay más de una docena de otras negociaciones de acuerdos bilaterales y
multilaterales en que están involucrados los países americanos, y un
número aún más alto de acuerdos ya firmados.
De especial importancia son los acuerdos con la Unión Europea, y los
intentos ya mencionados de varios países latinoamericanos por llegar a
acuerdos especiales con Estados Unidos, estos últimos con contenidos
aún peores que el ALCA.
(5.4).- El problema que se enfrenta, por lo tanto, no es sólo el ALCA,
sino el avance de la privatización y del poderío del capital
transnacional. Cualquier actitud seria frente al ALCA exige no perder de
vista las demás negociaciones. El ALCA, sin embargo, es uno de los
tratados en negociación más agresivos y ambiciosos.
(5.5).- Por otra parte, están subyacentes otros aspectos de carácter
político que, si bien tienen dolorosas experiencias históricas en la
región latinoamericana, hoy asumen nuevas dimensiones y determinante
importancia para los intereses políticos estadounidenses, entre los
cuales y citando a los más determinantes:
(I).- El tema del "armamentismo" y la presencia militar
en Latinoamérica.
No podemos olvidar que la industria de la guerra constituye uno de los
sectores económicos más dinámicos y de mayor incidencia en las
administraciones estadounidenses. Confluencia de intereses políticos,
militares y económicos, este sector está sujeto a las "leyes del
mercado", es decir, para expandirse debe existir consumo, y en este
caso, deben existir confrontaciones bélicas (por supuesto, fuera de las
fronteras de los Estados Unidos).
Es triste constatar como Gobiernos Latinoamericanos que hacen gala de
afamados discursos sobre la paz, y hasta han suscrito tratados
especiales para garantizar la paz dentro de la región y dirimir los
conflictos por la vía política y negociada, mantengan dentro de sus
presupuestos porcentajes inadmisibles para la compra de armamentos,
naturalmente obsoletos o descontinuados con relación a los avances
tecnológicos de los Estados Unidos en este campo.
(II).- El tema de la "gobernabilidad democrática"
(como se le menciona en distintos foros) ó la "consolidación de
las precarias formas democráticas y condicionados espacios de
libertad" imperantes en la región.
Las heridas aún no cicatrizadas dejadas por las dictaduras que asolaron
más de los dos tercios de la región, los sistemáticos fracasos de las
políticas económicas "recomendadas" (léase: impuestas) y
aceptadas dócilmente por las clases políticas latinoamericanas
deficitarias en materia de identidad y de proyectos, el incremento del
desempleo y la marginalidad social, el aumento de la enorme
"brecha" entre riqueza y pobreza, generan naturalmente una
situación de alta inestabilidad política.
Una mayor dependencia de nuestros gobiernos, a partir del ALCA,
obligaría a los Estados Unidos a propiciar y operativizar cambios
gubernamentales en función de sus intereses, más radicales que en el
pasado.
(III).- El tema de la preservación del "medio ambiente".
Este tema no puede ponerse sobre la mesa de negociación. No figura ni
podrá figurar, ya que los Estados Unidos, generador del 33% del
anhídrido carbónico que amplia y profundiza la capa de ozono y su
rechazo sistemático a los acuerdos de Río y de Kyoto, no tiene la
estatura moral para plantearlo.
Además, el objetivo último y esencial es el mayor grado de
explotación de las riquezas naturales sin obstáculos posibles o
pensables.
(6).- LOS BASAMENTOS
OPERATIVOS DEL PROYECTO
Desde un principio, los gobernantes de los países americanos
reconocieron que el ALCA es un acuerdo político que se expresa, entre
otros, en crear un nuevo marco para la actividad económica y la
expansión de los grandes capitales.
Este nuevo marco tiene al menos los siguientes pilares:
(6.1).- Ampliación del control del mercado a todas las actividades
nacionales, incluso aquellas actividades, servicios y bienes que
actualmente son públicos, colectivos o de acceso gratuito.
Todos los servicios públicos se privatizan de manera directa (a través
de la venta) o indirecta (a través de las licitaciones). Se crean las
condiciones para privatizar totalmente la educación, la salud, el agua
potable, la electricidad, comunicaciones, cárceles, caminos, puertos,
áreas naturales.
En su interpretación más estricta, podrían privatizarse la policía,
los servicios de fiscalización y la administración de justicia a
través de la "delegación" de tareas.
También deberán quedar en condiciones de ser privatizadas y luego
tranzadas las tierras comunales o comunitarias y los territorios de
pueblos indígenas.
(6.2).- Apertura de toda la economía y el conjunto de las
actividades nacionales al capital transnacional.
Ningún sector de la economía nacional, ninguna parte del territorio
nacional, ni propiedad alguna dentro de cada país podrá quedar fuera
del alcance del capital transnacional.
Aquí también se incluye la salud, la educación, el transporte urbano
e inter-urbano, los servicios públicos, todos los recursos naturales,
incluida el agua, la administración de puertos, los caminos, etc.
Si el Estado privatiza algunas de sus funciones, estás también podrán
quedar en manos del capital transnacional.
(6.3).- Se protege y entrega garantías al inversionista y a sus
ganancias.
La novedad de esta situación es que ya no sólo se entrega a los
inversionistas internacionales un ambiente favorable, sino que se les
protege y entrega garantías especiales y explícitas.
Los Estados deberán garantizar que el capital transnacional no vea
afectadas sus ganancias por las reglamentaciones y leyes nacionales o
demandas sociales.
Adicionalmente, los inversionistas internacionales deben
automáticamente recibir el mejor trato otorgado por un país. Si los
empresarios nacionales tienen un trato más favorable que los
extranjeros, los inversionistas transnacionales deberán recibir trato
nacional. Si son los inversionistas internacionales quienes reciben
mejor trato que los nacionales, la situación continúa tal cual.
Si los Estados no cumplen con la puesta en práctica de todas estas
garantías, las empresas internacionales pueden demandar compensaciones
por las ganancias no realizadas.
En otras palabras, ya no se garantiza sólo la propiedad privada; se
garantiza también las ganancias de los capitales transnacionales.
(6.4).- Los inversionistas internacionales y los gobiernos deben
estar en igualdad de condiciones jurídicas y de soberanía.
En caso de disputas, los gobiernos deben aceptar arbitrajes privados y
secretos. Los tribunales nacionales de justicia quedan sin competencia
para estas disputas si las empresas internacionales así lo desean.
(6.5).- Se deben eliminar toda forma o mecanismo para controlar las
posibilidades de abuso por parte de las grandes empresas.
Desaparecen las barreras a la concentración, a la especulación y a las
maniobras para controlar el mercado. Los mecanismos de defensa que
quedarían en pie, sólo deben permitir la defensa del sector
empresarial, y especialmente transnacional. El resto de la población
deberá someterse.
(6.6).- La propiedad intelectual se expande de manera agresiva.
Los derechos de propiedad son otorgados por más años, quedan bajo
sistemas de propiedad y pasan a ser mercancía el conjunto de los seres
vivos, el conocimiento, las creaciones artísticas y culturales de los
pueblos.
Las penas en contra de quienes no respeten la propiedad intelectual se
agravan y se mantiene la reversión del peso de la prueba (es decir, en
caso de acusación, el acusado es culpable mientras no pruebe que es
inocente).
En su conjunto, los Estados y Gobiernos no sólo abandonan su deber de
velar por el bienestar de sus poblaciones, sino que renuncian a la
limitada soberanía que aún pueden ejercer.
A través de los distintos puntos del acuerdo, queda claro una y otra
vez que la única función de los Estados y Gobiernos será reprimir a
sus ciudadanos con el fin de garantizar la protección del capital.
(7).- LAS PREVISIBLES
CONSECUENCIAS
(7.1).- Sobre el sector campesino y los pueblos indígenas.
(7.1.1).- Serán los sectores campesinos y los pueblos indígenas los
más violentamente impactados por el ALCA.
El impacto se producirá a través de tres grandes mecanismos
especialmente diseñados para el mundo rural, sobre los que se
sobrepondrán el conjunto de las medidas más generales del acuerdo:
(I).- La desprotección absoluta y posterior agresión a la agricultura,
especialmente a la pequeña agricultura. (II).- La privatización
forzada de los recursos naturales y los grandes territorios, incluidos
agua y territorios indígenas. (III).- La privatización de la
biodiversidad en general, y la privatización y/o destrucción de la
biodiversidad cultivada en particular.
(7.1.2).- La agricultura, junto con los servicios, son las únicas
áreas económicas sobre las que se está negociando un capítulo
específico dentro del ALCA. Ello no es casualidad. La agricultura y los
servicios son los sectores económicos donde la internacionalización
impulsada por la OMC ha encontrado mayor resistencia o inercia.
El texto de ALCA, por lo tanto, refleja la intención especial por parte
de gobiernos y organismos empresariales por abrir efectivamente estas
actividades a las grandes empresas y capitales internacionales.
(7.1.3).- El capítulo sobre agricultura busca dejar a los agricultores
y a la agricultura sin ningún tipo de apoyo público. La intención es
que sobrevivan sólo aquéllos que tienen los medios privados para
hacerlo bajo condiciones de competencia abusiva por parte del gran
capital transnacional. Son seis los grandes procesos que serán
impulsados a través de la aplicación de este capítulo:
(I).- Se profundiza y amplía la aplicación de políticas neoliberales
a la agricultura. Al igual que el resto del ALCA, el capítulo sobre
agricultura tiene como punto de partida los acuerdos de la Organización
Mundial del Comercio (OMC), con la sola excepción de lo relacionado a
las medidas sanitarias y fitosanitarias, que se restringen frente a lo
acordado por la OMC.
(II).- Se eliminan las medidas económicas, de apoyo o de política
interna que permitan proteger los productos y los productores nacionales
en los mercados nacionales o internacionales, con un compromiso
específico de ir más allá de la OMC.
Lo que hasta hoy ha sido parte de muchas políticas agrícolas pasa a
ser calificado de "ayuda interna que distorsiona la producción y
el comercio" y se adquiere el compromiso de eliminarlo. Deberán
desaparecer medidas como bandas de precios, servicios de
comercialización, subsidios a los pequeños productores, créditos
blandos, créditos o programas de apoyo específico a los pequeños
agricultores, programas de fomento al consumo interno de productos
nacionales, etc.
(III).- Asimismo, se eliminan o restringen drásticamente los apoyos a
la capacidad productiva, incluso la investigación, asistencia técnica
o los procesos de capacitación. Si los aparatos públicos continúan
entregando información, asistencia técnica o capacitación, deberán
hacerlo en igualdad de condiciones a campesinos y empresas
transnacionales.
Lo anterior significa que las autoridades nacionales pierden la
capacidad de definir políticas agrícolas nacionales y pierden en forma
aún más drástica la capacidad de definir políticas de desarrollo
rural.
(IV).- Se abren totalmente las puertas a los productos agrícolas
importados.
Junto con dejar la pequeña agricultura sin apoyos, el ALCA establece
una reducción inmediata y progresiva de aranceles y gravámenes a los
productos importados, hasta llegar a su total eliminación, renunciando
incluso a las salvaguardas permitidas por la OMC. Se abren así las
puertas a los productos agrícolas importados sin protección para los
nacionales.
Un efecto esperable inmediato es la inundación de los mercados
latinoamericanos con los excedentes de grano (trigo, maíz, soya y raps
o canola) y de sus subproductos, así como de los excedentes de
producción ganadera y lechera, provenientes principalmente de Canadá,
Estados Unidos y los grandes productores argentinos.
(V).- Se restringe la autoridad de los gobiernos para regular o
racionalizar las importaciones y exportaciones, por lo que los procesos
de inundación comercial recién mencionados no tendrán necesariamente
relación con las necesidades de cada país, sino con el objetivo de
manipular mercados hasta hacerlos entrar en crisis.
(VI).- Se restringen también las exigencias de sanidad y se simplifican
de manera significativa los controles fronterizos, buscando en algunos
casos, incluso, su eliminación, lo que llevará a un deterioro aún
mayor de la calidad de los alimentos y productos agrícolas, y
facilitará la entrada sin restricciones de productos transgénicos.
(7.2).- Sobre el Sector Industrial y Agro-industrial.
(7.2.1).- Como ya se mencionó, un primer escenario cierto es que
veremos a América Latina invadida de maíz, trigo, soya, raps o canola,
carne y productos lecheros provenientes de Canadá y Estados Unidos.
Inicialmente podrán entrar a bajos precios, gracias a los grandes
subsidios que seguirán recibiendo durante los primeros años los
productores de Canadá y Estados Unidos.
El impacto se verá primeramente en la producción campesina. El maíz
importado probablemente reemplazará al maíz producido localmente,
especialmente en el consumo de las ciudades En segundo lugar,
ingresarán mayores cantidades de trigo a la dieta, desplazando
alimentos o combinaciones de alimentos más nutritivos y de producción
local. Las estrategias utilizadas por los grandes productores de soya
transgénica además indican que es posible que se intente imponer el
consumo humano masivo de la soya.
Todo ello bajará el consumo de cultivos como el fríjol, la papa, la
yuca, pero también de los cultivos equivocadamente llamados
"menores", como quinoa, los tubérculos andinos y muchos
otros.
Cada merma en el consumo significará una restricción más de los
mercados campesinos, y la muy probable pérdida de cientos de variedades
locales que no se cultivarán por dejar de ser rentables.
(7.2.2).- Pero los efectos pueden hacerse sentir mucho más allá de la
producción campesina más tradicional, sobre un conjunto de
producciones ligadas a la agroindustria. La importación masiva de
jarabe de maíz en reemplazo del azúcar, de torta de soya y raps en
reemplazo de granos y pastos nacionales, de aceite de soya y raps en
reemplazo de los aceites nacionales, y la importación de leche en polvo
en reemplazo de la leche fresca nacional, serán sólo los efectos
esperables de manera más inmediata.
Ellos no sólo afectarán las posibilidades de producción rentable de
los productos alternativos por parte de agricultores y campesinos
nacionales, sino que favorecerá la industrialización -y, por tanto, la
mayor concentración- de la producción de ganado mayor y menor,
incluida la producción de leche y derivados.
(7.2.3).- Es importante no olvidar que el ALCA no sólo significará la
entrada de productos agrícolas. Debido a los acuerdos en distintas
áreas de negociación, entrarán también las cadenas transnacionales
de supermercados y comercializadoras, y las transnacionales de
alimentos, que bajo las nuevas condiciones podrán además conformar
carteles con fin de controlar o manipular los mercados, sin encontrarse
con mayores restricciones legales para ello.
Entre otros, no tendrán barrera alguna para manipular los flujos de
exportación e importación.
Si una comercializadora transnacional considera que algún producto
local es caro, o sencillamente no desea comprarlo por otras razones de
control del mercado, bastará con importar un sustituto. Por tanto, los
productos campesinos no sólo enfrentarán menores precios y mercados
más restringidos, sino probablemente condiciones de comercialización
abusivas y discriminatorias. Ambas condiciones permitirán arrinconar a
los productores campesinos hasta expulsarlos del campo o convertirlos en
asalariados baratos.
Sería posible pensar en proceso de cambio rápido en los sistemas de
producción campesinos, a fin de que incluyan en mayor grado otros
cultivos, pero, en es caso, continuarían sujetos a quienes controlen la
comercialización y a una agresión adicional: la imposición de
sistemas de propiedad intelectual de muy amplia cobertura y amplia
capacidad represiva.
(7.2.4).- Con ello, toda semilla de un nuevo cultivo deberá comprarse,
cultivarse y utilizarse de acuerdo a las condiciones impuestas por las
empresas semilleras.
Tales empresas podrán obligar a los agricultores y campesinos a comprar
la semilla todos los años, y luego a sembrarla, cultivarla y venderla
de determinada manera, incluyendo la obligación de comprar determinados
insumos.
Quien no se someta a estas condiciones no podrá comercializar su
producción, y corre el riesgo que toda su cosecha sea embargada o
destruida.
La imposición adicional de multas o incluso de penas de cárcel será
también posible.
(7.2.5).- Quien sí se someta a las condiciones impuestas por las
grandes corporaciones deberán sufrir el aumento significativo de sus
costos de producción.
Es posible prever que grandes sectores campesinos no podrán continuar
produciendo, mientras otros se endeudarán con entidades privadas, ya
que el crédito público desaparecerá totalmente. Más tarde o más
temprano, todo parece desembocar en la imposibilidad de seguir
produciendo para el mercado.
(7.2.6).- En total, se conforma un cuadro en que las grandes empresas
podrán controlar desde la semilla hasta el consumo, pasando por cada
uno de los aspectos de producción, comercialización y procesamiento.
Como se verá más adelante, esto crea la situación perfecta para
comenzar un proceso de control empresarial de grandes territorios, desde
los cuales los campesinos serán expulsados o donde podrán permanecer
sólo como mano de obra barata y desprotegida.
(7.3).- Sobre la alimentación y la salud.
(7.3.1).- Los impactos, sin embargo, no pararán allí.
Es previsible que la población en general sufrirá un deterioro
importante en la calidad de la dieta.
En primer término, la desaparición de productos campesinos
significará que nuestra dieta será significativamente menos variada y
menos equilibrada. En forma paralela, probablemente veremos un impulso
agresivo al consumo de trigo a través de productos industriales
refinados, como fideos, harina y pan blanco o cereales para el desayuno,
todos alimentos de fácil preparación, pero muy bajo valor nutritivo.
(7.3.2).- Sin embargo, dos de los mayores golpes a la calidad
alimentaria se harán a través de la implementación de los acuerdos en
torno a la simplificación de las medidas sanitarias, fitosanitarias y
de control fronterizo.
El ALCA considera que las medidas sanitarias, fitosanitarias y de
control fronterizo constituyen una barrera al tránsito internacional de
mercancías. Ello no constituye sorpresa, ya que Estados Unidos ha
utilizado sistemáticamente tales medidas para bloquear importaciones
agrícolas desde América Latina.
Con esta excusa, el acuerdo del ALCA desconocerá todas las medidas
sanitarias o fitosanitarias que no tengan "base científica".
Toda plaga, enfermedad o contaminación bacteriológica de plantas,
animales y alimentos puede ser "científicamente comprobada",
por lo que Estados Unidos podrá continuar usando la supuesta presencia
de ellas para bloquear importaciones.
Sin embargo, se argumentará que se carece de base científica para
decir que los organismos y alimentos transgénicos pueden ser dañinos
y, por tanto, no se podrá ejercer ningún control sobre el consumo,
venta o tránsito internacional de ellos.
Una vez dentro de un determinado país, los organismos, cultivos o
productos transgénicos deben recibir un trato nacional; ello puede
interpretarse como que su trayectoria tampoco podrá ser monitoreada
nacionalmente.
(7.3.3).- A eso se le debe agregar que los controles fronterizos podrán
ser eliminados selectivamente, y que muy probablemente las autoridades
nacionales ni siquiera llevarán registro de los productos transgénicos
que entren a un país.
En resumen, se hará imposible separar lo transgénico y lo no
transgénico.
El ingreso y circulación sin control de granos y productos
transgénicos dejará a los campesinos y agricultores de cada país
imposibilitados de proteger sus propios cultivos contra la
contaminación genética, y al conjunto de la población incapacitada
para ejercer su derecho a saber y elegir qué esta comiendo.
La situación de contaminación de variedades locales de maíz detectada
en México es sólo un caso de avanzada provocado por la importación
sin mayores salvaguardas de maíz transgénico desde Estados Unidos.
Las disposiciones del ALCA reducen aún más cualquier tipo de control,
lo que hace esperable procesos acelerados de contaminación de cultivos
y productos alimenticios.
(7.3.4).- Pero el deterioro de la calidad alimentaria continuará más
allá. Al disminuirse o simplificarse las medidas de control de la
sanidad de alimentos, los mercados latinoamericanos muy probablemente
absorberán los excedentes de calidad inferior o en mal estado.
Importaremos alimentos de mala calidad, pero inicialmente baratos, que
podrán reemplazar alimentos mejores, pero más caros.
(7.3.5).- Una vez que la producción nacional se interrumpa por no poder
competir, nada impedirá un alza en los precios. Los excedentes,
especialmente transgénicos, que se han intentado introducir en la
alimentación en África y Argentina a través de la ayuda alimentaria
son nuevamente ejemplos de avanzada, que se verían reforzados y
convertidos en casi obligatorios a través del ALCA.
No sería sorprendente, por ejemplo, enfrentarse a campañas masivas de
reemplazo del fríjol por soya transgénico y sus subproductos.
El flujo a la inversa, de productos alimentarios de baja o mala calidad
hacia Estados Unidos y Canadá probablemente no tendrá las mismas
características. Nada impide a los importadores privados fijar
condiciones de calidad altamente exigentes, que satisfagan mercados de
alto poder adquisitivo.
El ingreso de alimentos de mala calidad a América Latina será posible
porque se suman dos factores a los ya discutidos: la importación será
probablemente hecha por conglomerados transnacionales interesados en
vender tales productos, y ellos estarán especialmente destinados a las
poblaciones medias y pobres de nuestro continente, las que en general
carecerán de posibilidades de proteger sus derechos.
(7.3.6).- La aplicación de medidas como varias de las recién citadas
no es algo nuevo en América Latina. De una u otra manera, los gobiernos
latinoamericanos, aunque en forma incipiente, las han estado aplicando
porque la OMC lo exige, porque buscan congraciarse con inversionistas
extranjeros o porque esperan demostrar a los Estados Unidos cuán
comprometidos están con el libre comercio, a fin de obtener acuerdos
bilaterales con ese país.
Sin embargo, es México el país que más fuertemente ha experimentado
lo que significará el ALCA, ya que las normas impuestas a través del
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) se asemejan
mucho a las que pueden imponerse a través del ALCA. Debe entonces ser
motivo de alarma el saber que la población rural y campesina de
América Latina se ha reducido en forma drástica, pero que los niveles
de abandono del campo en México son verdaderamente dramáticos,
equiparables a los de un país en guerra. Los campesinos y campesinas
expulsados se han convertido en mano de obra barata que ha ido a parar,
entre otros, a los talleres de ensamble o maquilas mexicanas (en
condiciones de trabajo aberrantes) o a las grandes explotaciones
agro-industriales de Estados Unidos.
El ALCA llega más allá: sumará rápidamente la pérdida de la tierra
a la expulsión desde el campo.
(7.4).- Sobre la biodiversidad y el medio ambiente.
(7.4.1).- En las negociaciones sobre la temática agroalimentaria, una
de las más avanzadas hasta el momento, implican la privatización
forzada de los recursos naturales y los grandes territorios, incluidos
agua y territorios indígenas
Si bien ningún articulado del ALCA dice expresamente que la tierra, el
agua y los demás recursos naturales deban ser privatizados, esto se
entiende implícitamente en algunos párrafos del capítulo sobre
servicios y explícita, pero indirectamente en el capítulo sobre
inversiones.
Ello no implica que los mecanismos de privatización de la naturaleza y
de los territorios campesinos e indígenas vayan a ser menos efectivos;
probablemente sólo significará que nuevos mecanismos de privatización
podrán ser inventados según se necesite por cualquier abogado
corporativo con imaginación.
Un principio básico de todo el ALCA es que la privatización y el
capital internacional deben tener acceso a todo tipo de recursos y
actividades, y cualquier medida en contra de ello puede ser denunciada
como una práctica discriminatoria contra la inversión extranjera e
incluso como una medida expropiatoria a las empresas extranjeras.
(7.4.2).- Como se expresó en la introducción, ambos tipos de medida se
prohíben en el ALCA y cualquier país que decida en sentido contrario
quedaría sujeto al pago de grandes indemnizaciones o sanciones.
Por tanto, se eliminan las barreras de todo tipo a la propiedad privada
transnacional.
Los mecanismos y privilegios de ingreso del capital transnacional a todo
el continente se fijan principalmente a través del capítulo sobre
inversiones y el de servicios.
A fin de poder entender cómo funcionarán tales mecanismos, vale la
pena estudiarlos con más detalles.
(8).- EN EL TEMA
DE LAS INVERSIONES:
A través de diversas cláusulas, el capítulo sobre inversiones hace
una redefinición fundamental de diversos conceptos jurídicos, de
derecho, económicos y políticos.
Específicamente, hay seis grandes re-definiciones:
(8.1).- Una redefinición de las relaciones jurídicas entre los
Estados y los dueños del capital, ya que les otorga la misma
jerarquía jurídica y el mismo grado de soberanía en caso de
desacuerdos.
Gracias a este capítulo, cada vez que las empresas internacionales
estén en desacuerdo con los Estados por la aplicación de alguna
normativa o procedimiento legal, podrán llevar sus diferencias con los
Estados a arbitrajes privados y fuera del territorio nacional.
(8.2).- Una redefinición de qué constituye una expropiación,
ampliándola a cualquier proceso, acontecimiento, medida o acción que
disminuya los bienes y/o ganancias de las grandes empresas.
Las expropiaciones quedan prohibidas; si llegan a hacerse pueden ser
cuestionadas por los mecanismos de arbitraje anteriormente mencionados y
si continúan adelante deben ser recompensadas y la compensación debe
cubrir tanto los bienes como las posibles ganancias.
Por ejemplo, se considera expropiación el no autorizar el
funcionamiento de una cierta industria porque contamina más allá de lo
permitido legalmente (México. Canadá y varios estados de Estados
Unidos han pagado ya miles de millones de dólares por demandas como
éstas).
Pero también el descontento social es definido como un acto
expropiatorio; si se hiciese, por ejemplo, una campaña latinoamericana
"no siembre ni coma transgénicos" o una campaña por la
producción local de semillas, y ellas tienen éxito, Monsanto podría
considerarse expropiado. Si los Estados no hacen algo para impedirlo,
Monsanto podría demandar compensaciones de cada Estado latinoamericano.
No se necesita saber leer el futuro para comprender que los Estados
estarán muy interesados en reprimir cualquier forma de descontento. Y
no habrá forma de distinguir entre descontento social y derechos
laborales o humanos.
(8.3).- Un redefinición de lo que constituye un trato justo y
equitativo. EL ALCA dice otorgar un trato "justo y
equitativo" al capital internacional.
En una parte del tratado que se está negociando, se le garantiza a los
inversionistas internacionales que serán tratados igual que cualquier
otro inversionista del país en que estén. Cualquier derecho o
protección que un Estado le otorgue a un sector económico nacional,
deberá ser automáticamente extendido a los inversionistas extranjeros.
Es lo que se denomina trato nacional.
Pero adicionalmente existe el "trato de nación más
favorecida", que implica que los inversionistas extranjeros
gozarán automáticamente de todo privilegio, por sobre las condiciones
que gocen los inversionistas nacionales, que haya sido otorgado a
cualquier otro inversionista extranjero.
Es decir, lo justo y equitativo es que se garantizará a la inversión
extranjera privilegios automáticos (y sin posibilidades de los Estados
para negarse) y por sobre las concesiones que se le otorguen a los
empresarios nacionales.
(8.4).- Una redefinición de qué es inversión. Ya no será
inversión sólo el dinero y los bienes materiales que se instalen con
fines comerciales en un determinado lugar. Lo podrían ser también la
propiedad intelectual, los permisos otorgados por los gobiernos, el
prestigio, el dominio de mercados específicos.
En su re-definición más radical, la inversión no necesita estar
asociada a un fin productivo o de servicios; basta con que esté
asociada a la obtención de ganancias. La especulación, por lo tanto,
pasa a ser oficialmente inversión.
Todo ello deberá ser protegido por los Estados que reciban la
inversión internacional.
Esta nueva forma de definir inversión es tan amplia y permisiva para el
capital que se puede llegar a dos absurdos en su interpretación. La
primera es que cualquier persona o grupo humano de un país que
legalmente posea un bien que le entregue beneficios económicos puede
ser tratado como un inversionista nacional. La segunda es que basta que
alguien se apropie de un bien o recurso -incluso sin gastar un dólar-
para que éste se convierta en una inversión.
Por ejemplo, la privatización del agua en Chile se ha hecho mediante el
otorgamiento jurídico y sin mediar pagos. ENDESA de España es hoy
dueña de cerca del 80% del agua de Chile, sin haber pagado por ella,
cortesía del Estado chileno. A pesar de la gratuidad, bajo el ALCA eso
se consideraría una inversión.
Como veremos más adelante, estos dos elementos tendrán repercusiones
extremadamente negativas para la integridad de los territorios
indígenas y serán herramientas muy efectivas para garantizar la
propiedad privada sobre territorios y recursos naturales.
(8.5).- Una redefinición de la movilidad del capital.
Tradicionalmente, toda inversión internacional se ha hecho bajo ciertas
reglas que disminuyen las posibilidades de especulación de corto plazo
y buscan asegurar que las inversiones permanezcan en un determinado
lugar hasta entregar un mínimo de beneficios. Cualquier restricción en
este sentido es ahora eliminada.
Las empresas podrán salir de un país literalmente de la noche a la
mañana.
Dada la nueva definición de qué es inversión, esta re-definición
abre las puertas a la especulación masiva.
Pero especialmente esto abre las puertas para que el capital se
reacomode rápidamente y sin casi costos en los lugares donde se den las
condiciones más beneficiosas.
Eso permitirá que las grandes empresas presionen sin pausa por
conseguir condiciones cada vez de mayor privilegio. No hay que olvidar
que bastará que un inversionista internacional obtenga una determinada
condición favorable, para que todos los demás la obtengan en ese
lugar.
No se necesita gran imaginación para darse cuenta que las empresas
internacionales actuarán como carteles y que los gobiernos se
disputarán las posibilidades para otorgar cuál más privilegios.
Ello, sin lugar a dudas, incluirá garantizar la mano de obra más
barata e indefensa, tanto en el campo como en la ciudad.
Es este tipo de cláusulas la que ha permitido el crecimiento explosivo
de las empresas maquiladoras en México.
Con el ALCA, América Latina en su conjunto será zona de maquilas.
(8.6).- Re-definición de qué constituye un buen desempeño.
Nuevamente con el fin de evitar la especulación y asegurar algún tipo
de beneficios, todo Estado ha tenido poderes para exigir un desempeño
mínimo a la inversión extranjera. Ello puede incluir un cierto monto
de producción para el consumo interno o la exportación, la exigencia
de emplear a una determinada cantidad de trabajadores del país,
utilizar un cierto porcentaje de insumos de origen nacional etc. Todo
ello se elimina.
Los inversionistas internacionales podrán organizar sus empresas y
procesos productivos con plena libertad. Podrán traer todas las
materias primas del extranjero, inundar el mercado nacional con su
producción o exportarla absolutamente toda.
Nuevamente, los países deberán mirar sin poder decir palabra al
respecto.
(9).- SOBRE EL TEMA DE
LOS SERVICIOS
(9.1).- El capítulo sobre servicios es aparentemente muy sencillo: dice
que un servicio es un servicio y que todo servicio queda abierto a la
acción y propiedad del capital extranjero.
La tan rudimentaria definición de que un servicio es un servicio no
demuestra incapacidad pensante de parte de los negociadores; sus
potencialidades de aplicación insinúan en cambio que ella es la
definición perfecta para que todo lo que no se puede privatizar a
través del resto del ALCA pueda privatizarse a través de este
capítulo.
(9.2).- Hasta el momento, la mayor atención sobre las negociaciones
relacionadas a servicios se ha concentrado en la banca, las finanzas,
las comunicaciones, el transporte y la energía.
En servicios, sin embargo, se incluye además educación, salud, agua
potable, previsión social (fondos de retiro). Pero mucho más
importante es que basta que una actividad, bien o recurso sea definido
como un servicio para que éste se convierta en tal.
Así, por ejemplo, hoy se utiliza el término "servicio
ambiental" para describir elementos tan diversos como el agua,
el ecoturismo, la biodiversidad. Todo ello, por lo tanto, queda bajo
el dominio de este capítulo y, a través de él, sujeto a
privatización por parte del capital internacional.
(9.3).- Los textos en negociación definen además como servicios a todas
las funciones de los aparatos públicos: el impartir justicia, las
tareas de normalización, reglamentación y fiscalización, las
estadísticas nacionales, el ejército, la policía, las cárceles.
Inicialmente se definen como servicios estatales o gubernamentales, pero
luego se agrega que los estados pueden delegar al menos parcialmente
estas funciones. La delegación es, en los hechos, una forma de
privatización.
(9.4).- Una definición adicional incluida en este capítulo es que el
suministro de un servicio abarca la producción, distribución,
comercialización, venta y prestación de un servicio.
Esta definición asegura que los mecanismos de privatización puedan
actuar de la manera que mejor asegure las ganancias. Ya veremos cómo
eso podría funcionar.
Las posibles estrategias de expropiación y apropiación territorial
Como ya se vio, sobre agricultura fija condiciones destinadas a acabar
con las agriculturas campesinas y locales, y permitir la entrada masiva
de los excedentes de producción principalmente de Estados Unidos y
Canadá, pero también de otros grandes productores latinoamericanos. Ya
sea a través de la menor actividad productiva o de la directa
expulsión desde el campo, lo que probablemente veremos es comunidades
campesinas e indígenas enfrentadas a situaciones aún más agudizadas
de pobreza.
Será el momento de ingresar los mecanismos que se incluyen en los
capítulos recién comentados.
(9.5).- El marco general de acción será que nada está vedado a la
propiedad privada y empresarial en general, ni al capital
transnacional en particular. Por tanto, todo sistema de protección a la
propiedad de la tierra por parte de comunidades campesinas o pueblos
indígenas deberá ser eliminado. La tierra deberá ser por ley
enajenable.
Si el argumento de que el capital transnacional debe tener libre acceso
a la propiedad no logra todo lo que busca, entonces podrá argumentarse,
en base a la amplia definición de qué es una inversión, que las
comunidades campesinas e indígenas son inversionistas nacionales y, por
tanto, no pueden recibir un trato más favorable que el que se le de a
las transnacionales.
Será posible afirmar que todo trato especial a campesinos e indígenas
es ilegal bajo el ALCA.
(9.6).- Al establecimiento por ley que las tierras indígenas son
enajenables se le deberá sumar la derogación de los derechos
reconocidos a través de los limitados reconocimientos legales o
constitucionales que hacen los Estados Latinoamericanos.
Con lo anterior desaparecerá, entre otros, el concepto de territorio
indígena. La tierra podrá ser mantenida en manos indígenas como
propiedad individual, sin controles colectivos.
El agua, el aire y áreas naturales dentro de los antiguos territorios
quedarán en situación jurídica difusa, o podrán ser asignados en
parte como propiedad individual.
Será entonces posible comenzar de manera masiva la enajenación de
tierras y agua producto de las deudas, o su compra a bajos precios, ya
que la situación de ruina de la agricultura campesina probablemente
así lo permitirá.
Los grupos y familias que permanezcan en la tierra probablemente lo
harán en fragmentos territoriales discontinuos, lo que disminuirá aún
más sus posibilidades de supervivencia económica y cultural.
(9.7).- Si se sigue la senda inaugurada por Chile en la década del 80
con el agua, es posible que una parte del agua de los antiguos
territorios indígenas sea entregada directamente y en forma gratuita a
las empresas transnacionales.
Nuevamente bajo el modelo chileno para el agua, bastaría con pedirlo a
los tribunales.
Si se hizo posible argumentar que las tierras campesinas y los
territorios indígenas son enajenables, también será posible
argumentar que igualmente lo son las reservas naturales, parques
nacionales, etc., con toda la biodiversidad y agua que mantienen y
generan.
Si ellas deberán ser compradas o podrán ser obtenidas por simple
petición ante los tribunales es intrascendente.
Por su compartida condición de marginalidad o lejanía de los grandes
centros urbanos, las áreas de agricultura campesina, los territorios
indígenas y las reservas naturales suelen conformar continuos
territoriales importantes. Y dentro de ellos se encuentran grandes
reservas petrolíferas, minerales, de biodiversidad y de agua.
(9.8).- La conformación de grandes territorios en manos de grandes
corporaciones pasará a ser una necesidad empresarial y una realidad
legal.
Con lo anterior se habrá pasado del desmantelamiento de espacios
campesinos y territorios indígenas a la creación de continuos
territoriales en manos del capital transnacional. La aplicación de las
normas sobre servicios permitirá llevar la situación a un punto aún
más grave.
(10).- FEUDALISMO BAJO
CONTROL TRANSNACIONAL
(10.1).- El análisis sobre los "servicios" nos está
indicando que los gobiernos pueden delegar "facultades
reglamentarias, administrativas u otras de carácter
gubernamental". No hay excepciones claras a "otras de
carácter gubernamental", por lo que se pueden interpretar sin
mayores límites.
Por otro lado, ese mismo análisis no pone limitaciones al tipo de
organización o institución privada en la que los gobiernos pueden
delegar sus funciones. Ya hoy conocemos las empresas privadas de
seguridad; en el futuro podría ser la policía manejada por una
empresa.
Sin embargo, el ALCA da un paso más hacia la privatización del mundo y
las relaciones sociales. Lo que se privatiza son las facultades
reglamentarias, no sólo el ejercicio o implementación de ellas. Por
tanto, los grandes espacios territoriales bajo control del capital
transnacional podrán además contar con una reglamentación definida
por entes privados, los que pueden proteger los intereses empresariales.
Se completa así un primer círculo: de la ilegalización de los
derechos de control territorial de los pueblos se pasa a la
instauración de un férreo control territorial por parte de las
transnacionales.
Ya existen experiencias lamentables, sobre el particular basta mencionar
el caso de Pueblo Casado en Paraguay, donde las tierras que comprende
entre ella a un pueblo entero, fueron vendidas a una empresa privada,
manejada por la secta Moon.
(10.2).- Cómo se expresará o ejercerá este poder es imposible de
prever, pero existen varios escenarios posibles.
Uno primero, sin duda, es la expulsión de toda la población para luego
permitir la entrada de quienes se necesite para llevar a cabo la
explotación económica de los territorios.
Un segundo es la manutención de bolsones territoriales habitados con
familias campesinas o comunidades indígenas para que presten servicios
cuya implementación puede resultar costosa o riesgosa a las empresas.
Los servicios pueden ser proveedores de mano de obra barata, turismo,
recolección o producción de especimenes biológicos, etc.
Un ejemplo de esta estrategia ya se ve rudimentariamente en las formas
en que opera el ecoturismo y el turismo rural. Los campesinos y
comunidades indígenas son los que efectivamente prestan el servicio y
para ello a menudo deben efectuar inversiones que les resultan
difíciles o imposibles de sustentar, pero son empresas turísticas las
que controlan la comercialización, precios, ganancias, y condiciones en
que se entrega el servicio.
Así, se han creado situaciones de endeudamiento que han llevado a la
pérdida de la tierra o a una mayor dependencia en relación a las
empresas que comercializan el servicio.
Cuando las situaciones anteriores se multipliquen bajo el ALCA, el
control territorial por parte de las empresas agravará las condiciones
de dependencia; son ellas las que podrán fijar reglas de
funcionamiento, cuotas de actividad, precios, normas de calidad, formas
de pago etc. En otras palabras, campesinos e indígenas podrán
convertirse en trabajadores maquiladores del campo, con incluso un
agravante adicional: ellos también deberán asumir los riesgos de la
inversión.
(10.3).- En cualquiera de los dos escenarios, quien pise o de alguna
forma interactúe con territorios bajo control de las transnacionales
deberá someterse a las reglas definidas por entes privados y garantizar
que no hará nada que pueda impedir la realización de ganancias por
parte del capital.
Si, por ejemplo, una comunidad campesina o indígena que hubiese
resistido en su tierra decidiese no respetar tales reglas, podría ser
acusada de causar pérdidas a la transnacional que controle el resto del
territorio. Si el gobierno no hiciese nada por impedir este tipo de
desacato (por ejemplo, ordenar a la policía privada que reprima),
podrá ser demandado por expropiación y verse en la obligación de
pagar compensaciones. ¿Cabe duda sobre qué harán los gobiernos?
(10.4).- El control y la privatización del territorio implican
necesariamente el control y la privatización de la biodiversidad.
El interés por controlar ambos por parte de las transnacionales tiene
diversas razones. Algunas de las más importantes son:
(I).- La biodiversidad (plantas, animales, microorganismos) es la fuente
original de sustancias y materias primas que probablemente serán la
base de todo el desarrollo industrial futuro. De fuentes biológicas se
espera obtener y luego multiplicar fármacos, agroquímicos, materiales
médicos, órganos para transplantes, materiales de construcción,
energía, materias primas para todo tipo de industria, y casi cualquier
elemento que hoy se considere posible fabricar. Finalmente, aunque de
manera perversa, la gran industria se ha dado cuenta que la vida en el
planeta es la única fuente permanente de sustento para la vida humana.
(II).- La biodiversidad es también el factor fundamental que mantiene a
nuestro planeta funcionando dentro de márgenes adecuados para la vida
humana. El equilibrio, sin embargo se hace cada vez más precario.
Elementos como la estabilidad del clima, la disponibilidad de agua
dulce, la regulación de los cauces de los ríos, la existencia de
nichos ecológicos que permitan que las especies sobrevivan, etc.,
fueron dones que hoy ya no pueden darse por sentados.
Controlar la biodiversidad y los ecosistemas que la cobijan permite hoy
controlar quién administra u ocupa tales dones y cobrar de acuerdo a
ello
(III).- Los ecosistemas donde hoy continúa habiendo una biodiversidad
importante en América Latina son también de los más ricos en
petróleo y minerales. En otras palabras, los ecosistemas ricos en
biodiversidad, y la biodiversidad en sí son para el capital
transnacional recursos que les permitirían renovar y expandir sus
mercados de maneras mucho más agresivas y determinantes que las
desplegadas hasta aquí.
Pero la biodiversidad es vida y como tal se escapa fácilmente de
cualquier control. Aunque alguien reclame una planta, un animal o un
microorganismo como su propiedad exclusiva, ellos se seguirán
reproduciendo sin permiso y tarde o temprano llegando a manos de alguien
más que podrá seguir utilizándolos, cambiándolos y
multiplicándolos.
Este "peligro" es especialmente cierto cuando la planta,
animal o incluso microorganismo cae en manos indígenas o campesinas,
porque son ellos quienes han utilizado, cuidado y nutrido la
biodiversidad del planeta durante milenios, y encontrarán mil maneras
de seguir haciéndolo en el futuro.
(10.5).- Adicionalmente, las empresas transnacionales se han dado cuenta
que la biodiversidad es tan compleja que no es posible utilizarla de
manera eficiente sin contar con un conocimiento igualmente complejo
acerca de ella. Este conocimiento en la actualidad no proviene de la
ciencia, sino que forma parte principalmente de los sistemas de
conocimiento colectivo de comunidades campesinas y pueblos indígenas.
Los grandes conglomerados industriales, por lo tanto, necesitan
monopolizar tanto la biodiversidad como el conocimiento asociado a ella.
Para ello, el ALCA propone un sistema de propiedad intelectual que
supera con creces las aberraciones ya conocidas a través de las
disposiciones de la Organización Mundial del Comercio (OMC) o de la
Organización Mundial para la Propiedad Industrial (OMPI).
(10.6).- Algunas de las características de la propiedad intelectual
bajo el ALCA son:
(I).- Todo es patentable, ya sea como producto, ya sea como
procedimiento. Las excepciones que permitía la OMC se eliminan. Los
países sólo quedan con una vaga posibilidad de negar una patente por
poner en peligro la moral o el orden público, la salud de las personas,
o la existencia de plantas y animales.
En caso de denegación quien desea la patente puede apelar, hasta llegar
a los mecanismos privados de solución de controversias anteriormente
citados.
(II).- La patente permite controlar o prohibir la fabricación,
multiplicación, uso, venta, distribución, exportación e importación
de un producto. Si la patente se refiere a un procedimiento, la
patente además permite controlar o prohibir el uso del procedimiento y
aplicar el mismo control a todo lo relacionado con el producto obtenido
a través del procedimiento.
(III).- En su interpretación más extrema, las prohibiciones o formas
de control se pueden extender incluso al uso privado o íntimo,
absolutamente desligado de cualquier propósito comercial.
(IV).- Si la patente se refiere a una característica biológica (por
ejemplo, resistencia al frío), la propiedad se extiende a todos los
organismos o materiales biológicos que tengan esa característica.
(V).- Las plantas cultivadas pueden además ser apropiadas mediante los
llamados derechos de obtentor, que dan básicamente los mismos derechos
que las patentes.
(VI).- Quedan además como objeto de propiedad el conocimiento
tradicional, las expresiones culturales, el folclore, con el fin
específico que puedan ser comercializados y transferidos como propiedad
a terceros.
(VII).- Toda información asociada a un organismo patentado, incluso
aquélla que hubiesen suministrado poblaciones locales, puede ser
declarada confidencial y su difusión es motivo de multas y penas.
(VIII).- Cada país debe garantizar que establecerá procedimientos
rápidos y mecanismos efectivos para castigar cualquier infracción a
las leyes de propiedad intelectual.
(IX).- Todos los países tienen la obligación de adherirse a todos los
tratados de propiedad intelectual vigentes, incluso los recién
aprobados o los que se puedan aprobar en el futuro, como el Tratado
sobre Derecho de Patentes.
Esto tiene implicancias graves. Por ejemplo, el Tratado sobre Derechos
de Patentes impone textos y procedimientos legales que los parlamentos
de cada país no podrán adecuar a las condiciones nacionales.
(10.7).- Nuevamente, aquí es posible prever distintas situaciones, pero
las actividades de bioprospección que se han desarrollado hasta el
momento, junto con los mecanismos de control que se han implementado en
torno a zonas marítimas y naturales privatizadas, permiten predecir que
algunos mecanismos tienen alta probabilidad de ser utilizados.
(I).- Un primero es que el acceso a las zonas con biodiversidad y a las
plantas, animales y microorganismos que allí habiten quedará bajo el
absoluto control de quienes se hayan apropiado de ellas. Si alguien
lograse sacar plantas o animales de tales áreas, le serían confiscados
junto a la aplicación de una multa. Lo miso ocurriría si luego lograse
reproducirlos. Si una empresa autorizase la extracción y uso de
material vivo, lo podría hacer bajo condiciones muy específicas y
restringidas, incluso fijando formas de uso y prohibiendo su
reproducción.
(II).- Un segundo es que los conocimientos de pueblos y comunidades
enteras podrán ser transferidos a las empresas mediante pago a un
individuo o grupo de individuos.
Una vez declarados propiedad empresarial, será el conjunto de esos
pueblos y comunidades quienes quedarán bajo la obligación de no
difundir ni utilizar tales conocimientos. Quienes continúen haciéndolo
pueden ser sometidos a multas o penas de cárcel.
(10.8).- Con relación a las plantas cultivadas, toda nueva variedad
deberá ser cultivada de acuerdo a las instrucciones dadas por las
empresas de semillas, las que podrán determinar incluso las formas de
cultivo. En ningún caso las plantas podrán ser reproducidas.
Si las plantas son patentadas, las empresas incluso podrían fijar cómo
se utiliza la cosecha.
Si las variedades tradicionales se cruzan con variedades patentadas, su
uso puede ser prohibido por los dueños de las patentes, o ellos pueden
exigir un pago por continuar cultivándolas. Lo mismo ocurrirá si
alguna variedad tradicional tiene características que alguna empresa
haya patentado, incluso si la característica estaba en la variedad
local mucho antes que una empresa se apropiase de ella.
(10.9).- Con todo lo anterior se va conformando un cuadro en que se
prohibiría en forma progresiva el cultivo de variedades locales,
incluso para uso familiar, y se obligaría a aquellos campesinos que
aún permanezcan en la tierra a utilizar variedades patentadas o bajo
otras formas de propiedad industrial. Tales cultivos se deberán
desarrollar bajo las condiciones y para los fines que la industria
determine.
Por un lado se destruirá la biodiversidad agrícola, por otro lado la
industria queda como controlador absoluto de qué se cultiva, qué se
consume, qué se comercializa.
(10.10).- Mientras tanto, las zonas de alta biodiversidad bajo propiedad
transnacional podrán ser explotadas para la extracción principalmente
de petróleo y materiales biológicos, bajo la reglamentación definida
por organismos privados.
En la medida que se desarrolle y amplíe el concepto de "servicios
ambientales", posiblemente veremos la imposición de pagos a la
población en su conjunto por el hecho que las empresas no destruyan la
cubierta vegetal de los territorios de los que se hayan apropiado.
Ya no sólo tendríamos que pagar por el consumo del agua, sino que por
la manutención de las fuentes de agua.
Quizás debamos pagar por cada año sin desastres naturales o sin
temperaturas extremas, o por cada siembra que no fue arrastrada por una
inundación, o arruinada por una sequía.
Por absurdo que todo esto pueda parecer, el texto del ALCA lo hace
posible. Incluso más, un gobierno podría ser acusado de expropiación
si no impone tales pagos.
(10.11).- En resumen, lo primero que veremos será la ruina y posible
expulsión del campo de gran cantidad de campesinos e indígenas
latinoamericanos, junto con el desconocimiento total a los derechos
territoriales y culturales de nuestros pueblos, además de la
acostumbrada y siempre brutal represión contra las organizaciones de
trabajadores.
Sobre ese fondo se desplegará un proceso de apropiación física de los
territorios por parte de empresas transnacionales, los que además
podrán quedar bajo normas y autoridades especiales definidas por
organismos privados.
La biodiversidad de las áreas silvestres quedará bajo el control de
las grandes empresas y la diversidad cultivada será desplazada por el
no acceso a los mercados o finalmente ilegalizada.
El conocimiento campesino e indígena pasará a ser propiedad
empresarial y los pueblos que lo crearon deberán abstenerse de
compartirlo o utilizarlo.
Quienes permanezcan o se les permita permanecer en las áreas rurales
deberán hacerlo bajo las condiciones y normas fijadas por las empresas
transnacionales, posiblemente como mano de obra barata y desprotegida.
Finalmente, tanto la población rural como la urbana deberán pagar a
las empresas por mantener las propiedades que les permitirán cobrar por
cada elemento que los seres humanos necesitamos para vivir.
Absurdo y aberrante, pero posible bajo el ALCA
(11).- ¿QUÉ HACER?
(11.1).- La
oposición y resistencia son posibles
Ante la desvergüenza y
brutalidad del ALCA y de los gobiernos que lo están negociando, es
fácil sentirse abrumado, sobrepasado y quizás hasta derrotado. Nadie
estaría más feliz de que así fuese que los mismos sectores que
impulsan y tratan de imponer el ALCA.
Sin embargo, hay un
conjunto amplio de iniciativas y formas de resistencia posibles o ya en
marcha que nos permiten ser optimistas.
(11.2).- Un primer hecho
que debemos constatar con relación al ALCA, es que hoy se oponen a
él sectores sociales de todos los países de América, incluso de
Estados Unidos y Canadá.
Justamente si los
gobiernos han hecho esfuerzos tan grandes por mantener las negociaciones
secretas, ha sido porque saben que los pueblos latinoamericanos
repudiarían radicalmente el acuerdo si estuvieran plenamente informados
acerca de él.
Lo que es quizás la
actitud más arrogante y anta-democrática de los gobiernos del
hemisferio -el secreto- es también su mayor muestra de debilidad.
En consecuencia, una de
las primeras tareas que debemos asumir en forma inmediata, es la
difusión y profundización a todos los niveles, de éste y otros
análisis similares, que permitan asumir las graves consecuencias de
este proyecto.
(11.3).- En segundo
lugar, la resistencia es posible. En ocasiones en que las
organizaciones sociales e han movilizado de manera decidida y clara, ha
sido posible presenciar victorias importantes.
Condiciones similares a
las que se buscan imponer a través del capítulo sobre inversiones del
ALCA formaron parte del llamado Acuerdo Multilateral de Inversiones
(AMI), acuerdo que fue en algún momento impulsado con fuerza por los
principales países industrializados. La oposición ciudadana en Europa
y las denuncias hechas por diversas organizaciones finalmente obligaron
a los gobiernos involucrados a abandonar sus intentos.
En América Latina,
fueron las organizaciones principalmente de trabajadores, campesinas e
indígenas las que impidieron la privatización del agua potable en
Bolivia, y fue un conjunto amplio de organizaciones populares
movilizadas las que impidieron la privatización de la salud en El
Salvador.
La campaña realizada en
Brasil, motivada e impulsada por las organizaciones religiosas y
sociales, produjo un amplio y determinante rechazo al ALCA, luego de un
plebiscito efectivamente mayoritario.
A partir de estos
ejemplos, la promoción y desarrollo de campañas y movilizaciones
populares masivas y persistentes, pueden generar resultados altamente
significativos.
(11.4).- Sin embargo el
problema de fondo sigue siendo una propuesta alternativa.
La lucha contra el ALCA
no tendrá éxito si no es acompañada con un marco referencial de
propuestas alternativas.
En este campo es de
especial importancia profundizar e impulsar la propuesta de la CLAN (la Comunidad
Latinoamericana de Naciones), elaborada e impulsada por la CLAT.
(11.5).- En referencia a
las alternativas, si hasta el presente los procesos y propuestas
subregionales de integración han sido necesarias y de vital
importancia, fortalecerlas y concretarlas es una tarea urgente e
indispensable.