1. Dominación por el terror, y

2. Sucesión de actos de violencia para provocar el terror.

Pero no todo acto terrorista posee igual significación desde un punto de vista ético o político. Si bien todos son igualmente repudiables, no todos lo son en igual medida. En efecto, los acontecimientos de las últimas décadas permiten distinguir dos tipos de terrorismo: el terrorismo de grupos, facciones o individuos en rebeldía y en minusvalía, y el terrorismo que proviene del Estado.
El primero es ilegal, clandestino, perseguido por el Estado como grave delito. Algunos han llamado a este tipo de terrorismo, pretendiendo justificarlo, "el arma de los débiles" o "el arma de los oprimidos".
Lo denominaremos, con el exclusivo fin de ahorrar repeticiones descriptivas, terrorismo subversivo. El segundo tipo es abierto, legalizado por el poder existente, impune (salvo cuando se dirige contra otro Estado y éste se encuentra en condiciones de responder a la violencia con efectos nocivos para el agresor), y ejercido con medios (recursos humanos, materiales y tecnológicos) mucho más potentes y efectivos en su capacidad destructora que los que suele utilizar el primer tipo.
A este terrorismo lo designamos como terrorismo de Estado. Los ejemplos de ambos tipos abundan a lo largo de la historia de la Humanidad. Han sido actos de terrorismo subversivo los que han cometido con frecuencia grupos fundamentalistas islámicos en Argelia e Israel; los perpetrados por las agrupaciones separatistas rebeldes en Irlanda del Norte y en España; los de una secta religiosa en el metro de Tokio, Japón, y la explosión de bombas en un edificio de Oklahoma City, EE.UU, en 1995.

Un ejemplo característico del terrorismo de Estado fueron las ejecuciones decretadas por Robespièrre durante la llamada Época del Terror de la Revolución Francesa. También son manifestaciones del terrorismo de Estado la detonación de bombas atómicas sobre las ciudades japonesas (que carecían de objetivos militares) Hiroshima y Nagasaki (1945), ordenadas por el presidente norteamericano Harry Truman durante la Segunda Guerra Mundial, cuyos efectos inmediatos dejaron varios cientos de miles de víctimas humanas calcinadas en cuestión de pocos segundos.
Igualmente han sido actos de terrorismo de Estado los bombardeos efectuados por Israel en territorios del Líbano y Palestina; la matanza, decretada por el Gobierno de Fujimori en Perú, de varios guerrilleros del grupo Tupac Amaru que tomaron la Embajada de Japón a comienzos de este año, etc. El fin de todos estos actos no se encuentra en las víctimas, las cuales sólo constituyen un medio: el fin es el de provocar el terror mediante el uso de la violencia asesina. El acto terrorista representa el más extremo desprecio por el ser humano.

El 7 de Agosto de este año (1998), el mundo de las noticias fue sacudido por la información sobre un acto de terrorismo subversivo que consistió en la detonación de artefactos explosivos en las embajadas norteamericanas de Nairobi (Kenya) y en Dar es Salaam (Tanzania), capitales de dos países del este de África. La respuesta del coloso del Norte no se hizo esperar: apenas pocos días más tarde, el pasado jueves 20 de Agosto, el presidente Bill Clinton ordenó un bombardeo con misiles de alto poder destructivo a sitios escogidos por la inteligencia militar de los EE.UU. en Jartum, Sudán, y en Afganistán. El pretexto esgrimido por los informadores oficiales norteamericanos fue el de que en estos últimos sitios funcionaba una fábrica de armas químicas (Sudán) y un refugio de terroristas (Afganistán).
El bombardeo fue una respuesta inmediata, sorpresiva, tomada sin consulta con la Organización de las Naciones Unidas ni con ningún otro organismo internacional. En ambos bombardeos hubo víctimas civiles (300, según la Radio Internacional de Francia), víctimas inocentes que nada o muy poco tenían que ver con los móviles de estas violencias. La acción de los EE.UU. fue un acto de terrorismo de Estado; una agresión inhumana, premeditada, criminal, contraria a toda noción de derecho y de justicia, que se exacerba en su evidencia monstruosa por la desproporción que existe entre los rivales en contienda. Los EE.UU., abanderados de los derechos humanos y que se han encargado de revestir de un halo de satanismo al terrorismo de grupos (terrorismo subversivo), no vacilan un segundo en cometer actos terroristas de mayor envergadura (terrorismo de Estado).

1. Terrorismo subversivo, comprendidos en esta designación los actos terroristas que provienen de grupos, sectas, asociaciones, organizaciones o personas aisladas, y

2. Terrorismo de Estado, el ejercido por cualquier Estado.

Víctimas y destrozos son apenas un medio para infundir el terror y no la finalidad en sí de los actos terroristas. Los seres humanos, en estos casos, pasan a ser, en su calidad de víctimas, meros instrumentos para lograr otros propósitos que son generalmente de carácter político, o, más precisamente, para obtener, sostener, asegurar o aumentar el poder, el prestigio o la riqueza material. Es fácil ver ahora la razón de que manifestemos nuestro incondicional repudio a estos actos terroristas, cualquiera que sea su origen, y que los consideremos como la expresión del más radical anti-humanismo.

Condenamos, pues, todo acto terrorista; pero, en la actual situación creada por el bombardeo decretado por el presidente Bill Clinton a lugares de dos de los países más pobres del mundo, Sudán y Afganistán, nuestra condena es mucho más enérgica por tratarse de un bombardeo llevado a cabo por la máxima potencia, hoy día sin rival en el mundo, en el terreno militar, tecnológico, económico y político. Consideramos el bombardeo a Sudán y a Afganistán como un acto criminal, que viola toda idea de justicia y de humanidad y las normas de derecho internacional más elementales. Más condenable todavía por cuanto que proviene de un país que se dice defensor de libertades, de derechos humanos, de paz y de justicia. Pasamos ahora a analizar las razones que nos dictan estos juicios:

1. No ha habido intención alguna de parte del gobierno norteamericano de practicar un acto de justicia ante los atentados terroristas en contra de sus embajadas. Si así hubiese sido, los EE.UU. tendrían que haber ocurrido a organismos internacionales (Corte Internacional de Justicia de la Haya o cualquier otro tribunal internacional reconocido, Organización de las Naciones Unidas) para que, en primer término, investigasen los actos terroristas contra las embajadas, y juzgasen, dentro de los términos del derecho internacional, a los culpables.
   Eso hubiera sido justicia, y hubiera obedecido a lo pautado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (que, entre otras pautas, asienta que todo ser humano tiene, en caso de ser acusado de cualquier delito, el derecho a la defensa y a ser juzgado por sus jueces naturales y de acuerdo con la ley), declaración firmada por los EE.UU., quienes se han constituido --en los discursos, sólo en los discursos-- en el más ferviente defensor y propagandista de la mencionada Declaración.
   No ocurrió así. El gobierno de los EE.UU. se arrogó automáticamente la función de investigador, juez y ejecutor de la sentencia. Aplicó la ley del talión --que con tanta fruición practicaron en otra época en ese país-- sin juicio, sin contemplaciones y sin demoras. En realidad, fue más grave el desafuero: como en todo acto terrorista típico, no le importaron a los EE.UU. las trescientas (o más) víctimas inocentes --siempre las hay en estos casos-- que resultaron como consecuencia de su represalia. Fue un acto terrorista en la más pura acepción del término, acto de furor ciego, además de ser una injustificada agresión bélica a otros países, ex-colonias pobrísimas y afligidas por infinidad de males, que, por añadidura, no están en condiciones de replicar en igual forma.

2. El objetivo del bombardeo ordenado por el gobierno norteamericano no fue inspirado por un deseo de castigo a los culpables, ni con el propósito de luchar contra el terrorismo de grupos (el terrorismo subversivo). En cuanto a lo primero, el gobierno norteamericano no tenía en ese momento ninguna evidencia de quiénes podrían ser los culpables de los ataques a sus embajadas a fin de que ellos, nada más que ellos, como corresponde en sana ley de justicia, recibieran el castigo -1-.
   Pero aun si hubiesen tenido sospechas acerca de los autores de los actos terroristas contra sus embajadas, no podían tener la seguridad de que tales sospechas correspondían a las realidades, y mucho menos de que los siniestros personajes terroristas habrían de estar en los lugares y horas del bombardeo represivo. Recuérdese que después de la explosión de un edificio en la ciudad de Oklahoma, algunos musulmanes fueron señalados como presuntos culpables, y posteriormente se comprobó que era un norteamericano resentido el autor del atentado. Con respecto a lo segundo (lucha contra el terrorismo subversivo), mal puede tratarse semejante acción del gobierno norteamericano de una forma de lucha anti-terrorista puesto que, a pesar de similares represalias cometidas por los EE.UU. en el pasado (bombardeo a Libia a finales de los 70), y de la misma conducta de otro país que le es afín (Israel contra el Líbano y Palestina), los actos terroristas han continuado, y no dan señales de disminuir en número o violencia. Si en Irlanda del Norte se vislumbra hoy día alguna esperanza de que cese el terrorismo, ello se debe al hecho de haberse rechazado la violencia (que hasta hace poco había sido la respuesta del gobierno inglés), y haberse tomado el camino del entendimiento y del diálogo.

   Es triste, por cierto, ver como altos representantes de los gobiernos de Inglaterra (Tony Blair), de España (José María Aznar), de Francia (Jacques Chirac) y de Alemania (Helmuth Kohl) han manifestado su apoyo irrestricto al salvaje acto terrorista del gobierno norteamericano. ¿Son todos estos personajes cortados por la misma tijera? Tal parece.

3. Otro elemento justifica plenamente el calificativo de terrorista a los bombardeos norteamericanos a Sudán y Afganistán es el siguiente: al gobierno norteamericano se le hacía preciso, en su juego político, realizar un acto semejante.

Según declaraciones del gobierno de Sudán y del dueño de la empresa (y ambos aseguran poder demostrar la veracidad de sus afirmaciones ante la ONU o cualquier organismo internacional), la fábrica (SHIFA) bombardeada en la ciudad de Jartum del Sudán --país pobrísimo donde el hambre y las epidemias hacen estragos en la población-- daba empleo a 3000 obreros que hoy están cesantes, y producía más de la mitad de los productos farmacéuticos que se consumen en el país, entre cuyos productos figuraba una droga antipalúdica que se utiliza para el tratamiento de uno de los numerosos flagelos que diezman esta desdichada población -2-.

¿Qué persigue el gobierno de los EE.UU. con estos actos terroristas? Es tan obvio que no se trata de aplicar la justicia ni de erradicar el terrorismo subversivo (intención probablemente ilusa en un mundo dividido por profundas desigualdades e injusticias), que una no despreciable proporción de ciudadanos de ese país creen que el motivo real de la decisión del presidente Bill Clinton fue el de desviar la atención del escándalo que han promovido sus devaneos amorosos extra-matrimoniales.
No es improbable que algo de esto esté mezclado, pero el asunto es mucho más importante. Para la alta dirigencia norteamericana, se trata de mostrar ante el mundo entero el inmenso poder de los EE.UU.; se trata de no dejar ni un resquicio de duda con respecto a quién tiene la sartén por el mango en el planeta en que habitamos; se trata de imponer el dominio y exhibirlo arrogantemente y sin rubor alguno; se trata, en fin, por el terror, de poner en evidencia la apabullante capacidad tecno-bélica norteamericana para que nadie --ni desarrollados ni subdesarrollados o atrasados-- puedan dudar acerca de quién es el amo. Los blancos y países elegidos para los bombardeos corresponden a la perfección a intereses políticos, económicos y estratégicos de los EE.UU.
Todo esto, por supuesto, contradice el habitual discurso de los funcionarios gubernamentales de los EE.UU. y su falsa prédica acerca de la defensa de la democracia, de los derechos humanos, de la paz y de la justicia. Bien puede decirse, parafraseando al sociólogo Robert Merton (Teoría y Estructura Sociales): "El brillo de sus palabras no está respaldado por el oro de sus acciones".

Las recientes declaraciones de la Secretaria de Estado norteamericana, Sra. Madeleine Albright --versión norteamericana de la "dama de hierro" inglesa-- que advierten sobre posibles ataques de los EE.UU. a países que alberguen, protejan o den asilo a terroristas, pone de manifiesto que los terribles misiles norteamericanos pueden abatirse sobre el terreno de cualquier país, en cualquier parte, a cualquier hora y sin previo aviso, especialmente sobre el de las naciones pobres e indefensas del planeta. Nuestros países latinoamericanos, donde florece la miseria, y con ella los males que usualmente la acompañan: grupos guerrilleros, narcotráfico y crimen organizado y no organizado, están particularmente expuestos a estos brutales ataques.
Estos terribles actos del terrorismo de Estado gozan, por desgracia, de la complicidad de los gobiernos de los otros países que se reparten la hegemonía sobre el mundo, y, también y más lamentablemente aún, de muchos de los que por su condición de representantes de países sometidos, explotados y potencialmente amenazados debieran repudiarlos (hasta ahora, después de un breve período de agitación noticiosa, sólo el silencio, de medios de divulgación y de organismos internacionales, ha seguido al bombardeo norteamericano).