La embajadora de Estados Unidos
exigió que el Ejército colombiano llame a filas a los reservistas; el
gobierno de Pastrana dijo que no podía hacerlo por falta de
presupuesto; pero la ministra de Defensa de Uribe Vélez se
apresuró a anunciar que el nuevo gobierno sí llamara a 40 mil
reservistas. Además armará una red de un millón de civiles. El
dinero saldrá de una reforma tributaria que facilitaría unos mil
millones de dólares para fines militares y otro tanto para cubrir el
déficit del resto del presupuesto nacional.
Aun en medio de una crisis económica, que dura cinco años,
Colombia registra la tasa de desempleo más alta de Latinoamérica.
Las reformas tributarias se han sucedido ininterrumpidamente en
cada uno de los últimos tres gobiernos. La deuda externa se ha
duplicado en la última década y el 82 por ciento de los recaudos de
impuestos los dedica el Estado a pagar deudas.
Con el presupuesto dedicado al máximo a los gastos de guerra y al
pago de la deuda, los siete puntos sociales que adornan el
programa de gobierno de Uribe Vélez se mostrarán como pura
demagogia. No quedará casi nada para lo social, excepto tal vez
para la clientela político- militar alrededor de los partidarios del
gobierno y su red de informantes civiles.
Aunque un espectro de reactivación económica surja trás de los
contratistas militares, buena parte de los recursos se irán del país
a pagar costosos armamentos y equipos sofisticados. Al mismo
tiempo esta reactivación por mano militar chocará con los
compromisos que debe asumir el país para el ingreso al ALCA. Si
la libre importación ha arruinado la agricultura y la industria, con los
nuevos tratados de libre comercio los efectos serían demoledores y
contrarrestarían los beneficios de la prórroga del tratado de
preferencias arancelarias para el área andina (ATPA).
La aprobación por el Congreso de Estados Unidos de la Vía Rápida
para el establecimiento de los acuerdos de libre comercio coloca a
Colombia en el primer lugar en el turno y amenaza convertirla en
uno de los primeros países suramericanos absorbido por el libre
comercio norteamericano, dos años antes del ALCA. De hecho,
Canadá también anuncia que firmará un acuerdo de libre comercio
con Colombia.
¿Cómo hablar de "libre" comercio, cuando los productos
agropecuarios de Estados Unidos reciben gigantescos subsidios?
Grandes propietarios, como los productores de azúcar, que se
verán afectados por los nuevos tratados, ya se preparan para
apoderarse de la producción de los pequeños, como pasa con la
popular "panela" (concentrado de miel de caña de azúcar). Se
desatará una reacción en cadena que complicará la situación rural.
Aunque Uribe ha ofrecido repoblar de cultivos de algodón las
tierras, no ha explicado cómo podrá hacerlo compitiendo con el
algodón norteamericano. Los planes de cultivo de la palma africana
seguirían, pero condenados por la tendencia a la baja de los
precios internacionales del aceite. A mayor quiebra agrícola mayor
violencia y más cultivos ilegales en el campo.
Para los pobladores urbanos las perspectivas son peores. Se
anuncia un alza de tarifas de electricidad del 22 al 30 por ciento,
para compensar el descenso de los subsidios y promocionar las
privatizaciones. En la costa Atlántica aun antes de esta alza ya ha
estallado el conflicto social porque las comunidades pobres no
alcanzan a pagar las actuales tarifas. Todos los días hay choques
con la empresa privatizada y frecuentemente ocurren bloqueos
masivos de vías. Esta situación se generalizaría en el país con las
alzas.
Para los asalariados se anuncia un reajuste de las cuotas para los
fondos de pensiones y un aumento de la edad de jubilación, para
satisfacer al sector financiero ya apoderado de la seguridad social.
Se quiere además anular los contratos colectivos sobre pensiones
logrados por algunos sectores como los petroleros y maestros. El
nuevo sistema de salud privatizado está al borde del colapso
porque el Estado no gira sus aportes a los fondos de solidaridad y
tiene una deuda gigante con las clínicas y hospitales privados.
La operación contraterrorista de Uribe, a diferencia del simple
terror paramilitar aplicado hasta ahora, además de reaparecer un
paramilitarismo legal, exige un maquillaje para relegitimar a la clase
gobernante y deslegitimar la rebelión. Una parte de esta operación
se realiza gracias a las acciones de la guerrilla que afectan cada
vez más a la población civil; otra parte la realizan las
manipulaciones de imagen de los medios de comunicación y; otra
corre por cuenta de supuestos planes anticorrupción encabezados
por la llamada reforma política mediante referendo.
Analizado el proyecto de reforma se detecta el objetivo de
exterminar constitucionalmente a los sectores opositores o
independientes, con la reducción de congresistas al lado del
establecimiento de porcentajes mínimos de votación. La corrupción
supuestamente eliminada sería la de los parlamentarios, pero a
costa de entregar más poderes al presidente que se apoderaría del
fono de regalías petroleras, aboliendo también una fuente de
corrupción regional a costa de abrir una de corrupción presidencial,
mientras que a la inversa la supresión de los institutos
agropecuarios se hace a nombre de combatir la corrupción central
a cambio de fortalecer la local.
Todas estas maniobras tienen un punto débil que las desplomará
como castillo de naipes: la realidad económica y la lucha popular
que genera. Como ha pasado en Bolivia, Venezuela, Atenco
(México), Argentina, Paraguay o Uruguay, llegará un momento en
que la movilización popular no se podrá ocultar.
Pero,
desafortunadamente con el disfraz del contraterrorismo, esa
movilización podrá ser criminalizada y reprimida gracias a la
declaración del Estado de Conmoción Interior y a la proyectada
reinstitucionalización del Estado de Sitio. Una represión exitosa en
Colombia abriría un camino de terror para aplastar toda la lucha
continental contra el neoliberalismo y el ALCA. Es lo que impedirían
una construcción exitosa del movimiento de masas antineoliberal en
Colombia y una real solidaridad internacional.