SANTIAGO DE CHILE, Chile.- Le faltaban solo dos semanas para cumplir 12 años. Pero para Lissette Villa, la llegada del cumpleaños sólo era motivo de angustia. Sabía que a esa edad le tocaba dejar el hogar de menores en el que vivía desde 2014 y ser trasladada a otro en la comuna Pudahuel de Santiago. Este lugar era conocido por los niños como ella –víctimas de abusos y malos tratos, abandonados por su familia, o infractores de la ley– como uno de los más duros de la red de centros de protección del Servicio Nacional de Menores chileno (Sename).

Lissette nunca alcanzó a conocer el hogar de Pudahuel. El 11 de abril pasado murió de un paro cardiorrespiratorio en circunstancias que aún están siendo investigadas. Aunque un informe de la Policía de Investigaciones indica que “el actuar imprudente e inobservante de sus cuidadoras le provocó un cuadro de asfixia” y la autopsia señala que al momento de su muerte tenía “lesiones faciales”.

Han pasado ocho meses desde los hechos, pero la muerte de Lissette Villa sigue siendo noticia en Chile. Al hacerse pública, su historia de pobreza, precariedad y violencia obligó a los chilenos a interesarse en lo que ocurre con los cerca de 100.000 niños más vulnerables de Chile que cada año llegan al Sename en busca de protección y ayuda psiquiátrica.

Las datos que han aparecido desde entonces son demoledores: en octubre pasado, Solange Huerta, quien asumió la dirección del Sename en plena crisis, reveló que entre 2005 y 2016, se estima que murieron 865 niños y adolescentes atendidos por el servicio de asistencia infantil. De esa cifra, 249 corresponden a adolescentes mayores de 14 años que habían infringido la ley y cometido delitos; 406 eran niños bajo la custodia de sus padres o parientes, en programas ambulatorios de protección de derechos. Pero el grupo que más impacto ha causado es el de los 210 menores que, como Lissette, vivían en recintos de protección porque sus padres y familiares más cercanos estaban inhabilitados para cuidarlos. De esos niños, más de la mitad presentaba alguna discapacidad y cerca de un tercio tenía menos de seis años. Para 47 de ellos, según el informe del Sename, la causa de muerte no es concluyente.

Los niños invisibles
“El caso de Lissette ha ayudado a abrir la caja de pandora. A través de su muerte se logró una investigación del Ministerio Público a todos los centros del país (cerca de 260) y se han podido descubrir las fallas y negligencias que tiene el sistema”, dice Sebastián Lafaurie, abogado de la madre de Lissette Villa, quien se querelló contra el Sename. “Hoy sabemos que hay cientos de niños que murieron, pero no se denunciaban sus muertes. Quedaban ahí en el olvido, porque son niños que no le importan a nadie”.
Niños olvidados, “invisibles”, según las palabras de la propia presidenta Michelle Bachelet, quien se dirigió al país en octubre pasado, para anunciar una inyección adicional de 3.7 millones de dólares en el presupuesto de 2016 para los hogares de menores y el despacho de dos proyectos de ley destinados a reformar la institucionalidad a cargo de la infancia. “Haremos que los niños vulnerables dejen de ser los invisibles del sistema”, declaró.

Chile ratificó la convención sobre los derechos del niño en 1990 y desde entonces ha desarrollado políticas valiosas: los 12 años de escolaridad obligatoria, la ley de filiación que le reconoce igualdad de derecho a los hijos nacidos fuera del matrimonio, la creación de tribunales de familia, la ampliación del sistema de vacunación gratuito y la ley de responsabilidad penal adolescente, que crea un sistema judicial paralelo para los menores que cometen delitos, son algunas de las iniciativas que han contribuido a mejorar la situación de los niños en Chile en las últimas décadas. Existe un grupo, no obstante, que no se ha visto beneficiado.

“Se ha tomado una serie de medidas importantes para la infancia, pero pese a todo eso, el Estado, independiente del gobierno de turno, se olvidó de los niños que son los más desfavorecidos en Chile: los que han sido víctima de alguna vulneración en sus derechos y que están al cuidado del Estado. Pareciera que esa es la gran raigambre olvidada de la infancia en Chile”, dice Anuar Quesille, oficial de protección de Unicef Chile.

Por la falta de recursos y la marginalidad en que suelen vivir sus familias, explica Quesille, los niños de los hogares de menores no acceden a todos los beneficios de salud, educación y apoyo a la crianza que la ley les otorga .
“Muchas veces las necesidades que tienen las instituciones parecen más urgentes y se priorizan problemas estructurales antes que los programas de apoyo”, asegura. “Las medidas que se han tomado con este grupo no han sido suficientes. No ha habido una visualización económica adecuada y no existen programas pertinentes a su realidad social”.

Historias estremecedoras
Las consecuencias son muy concretas. En los últimos meses, con el destape de la crisis institucional del Sename, los medios han publicados historias estremecedoras: la de Jean Alejandro, por ejemplo, que fue alejado de su madre a los 39 días de vida y murió al año de una neumonía aguda producto de la negligencia de sus cuidadores. La de un grupo de adolescentes que huyó de hogares de menores y prefiere vivir en un eriazo insalubre del centro de Santiago antes que volver a los hogares del Sename. Hay denuncias de golpizas, de abusos sexuales, violaciones y de prostitución dentro de los centros. Entre los fallecidos, varios se suicidaron.

“Es terrible. Aquí hay una muerte real, que es la de estos cientos de niños, pero también hay una muerte simbólica en la invisibilización de ellos. No tienen un espacio adecuado. El mundo sigue girando y ellos siguen en el Sename atravesando situaciones complejas, que los llevan muchas veces a escapar sin tener a dónde ir”, dice María José Ortúzar, psicóloga y mediadora familiar, diplomada en violencia intrafamiliar, maltrato infantil y abuso sexual.
Ortúzar tiene experiencia trabajando en programas de reparación en el sistema de salud pública y hace un balance crítico del sistema de protección de menores tal como existe hoy.
“Hemos sabido por la prensa sobre algunos casos en que niños que presentan agitaciones psicomotoras, han sido amarrados a la cama como medida de contención, aún existiendo tratamientos farmacológicos para tratar esas agitaciones. Eso, sumado a que muchas veces no existe un vínculo de confianza con las cuidadoras para que los niños sean contenidos. En mi opinión, esta es una estructura que fracasó porque los recursos son totalmente insuficientes: no cuentan en todos los hogares con psiquiatras dentro de la institución; hay escasez de cuidadores y, según las informaciones reveladas en el último tiempo, no todos ellos están capacitados para trabajar con niños tan dañados y para absorber tanta violencia. Además, debemos considerar que las remuneraciones son bajas. Hoy, en vez de reparar el daño que se les ha hecho a los niños, el Sename los vuelve a vulnerar”, afirma.

El caso de Lissette Villa lo ilustra a la perfección. Abusada sexualmente y golpeada recurrentemente por su padre, Lissette llegó al Sename a los cinco años cuando su madre, una mujer con otros seis hijos que trabaja como temporera en Til Til –una localidad cercana a la capital– no supo cómo lidiar con la conducta agresiva de su hija. El maltrato del que había sido víctima Lissette la llevaba a autoagredirse y a agredir a los demás. Según consta en el informe de la Policía de Investigaciones, su salud mental y física era tan delicada que además de ir a controles hospitalarios regulares para recibir un tratamiento farmacológico, entre mayo de 2013 y diciembre de 2015 se presentó 17 veces a los servicios de urgencias. Algunas veces fue por “crisis emocional”, otras por “constatación de lesiones”, otras más por “depresión y trastorno de personalidad, auto y heteroagresión”. El diagnóstico clínico que figura en su ficha médica incluye un trastorno de estrés postraumático complejo, un trastorno del desarrollo de la personalidad y un retardo mental leve, entre otras cosas.
“Lissette en las condiciones en que estaba era una bomba de tiempo, podía morir en cualquier minuto”, dice Lafaurie, el abogado de su madre. “Ella estaba siendo sobremedicada, existía una denuncia por abuso sexual de su papá, tenía graves problemas psiquiátricos, se descompensaba seguido, no era una chica sana. Pero lo que también gatilló su muerte fue el mal manejo de las cuidadoras, el hecho que no le prestaron los auxilios adecuados y la violencia con la que la trataron”.

En las semanas que vienen, Lafaurie espera que la Fiscalía anuncie el procesamiento de las cuidadoras de Lissette. El equipo de fiscales que investiga las muertes y la violencia en los centros del Sename ya procesó por maltrato a los directivos del centro de Pudahuel al que Lissette no alcanzó a llegar. Para los expertos en infancia, sin embargo, esa es solo parte de la solución.
“El Estado tiene que seguir trabajando para que los niños no sean privados de libertad por infringir la ley ni vulnerados en sus derechos. Eso se logra con políticas de prevención del delito, prevención de violencia y maltrato, y programas de fortalecimiento familiar”, dice Quesille de Unicef Chile. Agrega:“Cuando lleguen niños a hogares, estos tienen que ser pequeños, de alto estándar, con profesionales y funcionarios que estén capacitados adecuadamente para trabajar en contextos difíciles como estos”.

María José Ortúzar no pierde la esperanza de que esos cambios comiencen a ocurrir. “Desde siempre ha habido un problema con la infancia en Chile. Es algo que ha estado subterráneo hace muchos años”, dice. “Hoy por primera vez es un tema que sale a la luz pública y que ha estado meses en la palestra. El tema se abrió”.