Guerra contra los chicos
La "Sexta División"

Relaciones militares-paramilitares y la política estadounidense en Colombia

Informe: Human Rights Watch
Año 2001. Publicado en www.hrw.org/spanish
I. RESUMEN Y RECOMENDACIONES

La "Sexta División" es una expresión que se utiliza en Colombia para denominar a los grupos paramilitares. Las Fuerzas Armadas de Colombia cuentan con cinco divisiones, pero muchos colombianos indicaron a Human Rights Watch que los paramilitares están tan plenamente integrados en la estrategia de combate del Ejército, coordinados con sus soldados sobre el terreno y vinculados con las unidades gubernamentales mediante la inteligencia, las provisiones, las radios, el armamento, recursos financieros y un propósito común que constituyen efectivamente una sexta división de las Fuerzas Armadas.
Está claro que la realidad colombiana es más compleja de lo que indica esta percepción. El Presidente Andrés Pastrana, su vicepresidente, los ministros del gobierno colombiano, los diplomáticos y los generales de alto rango han denunciado públicamente por igual a los grupos paramilitares. Cada vez se detiene a más combatientes paramilitares. Esto contrasta claramente con años anteriores, cuando los comandantes militares negaban incluso la existencia de los paramilitares y la mayoría de los funcionarios gubernamentales mantenían un silencio sobre sus actividades. Hoy en día, los funcionarios colombianos suelen calificar de criminales a los paramilitares, un avance que Human Rights Watch reconoce.

No obstante, la referencia a la "sexta división" refleja una realidad claramente manifiesta. Human Rights Watch ha documentado pruebas abundantes, detalladas y comprometedoras que indican que ciertas brigadas del Ejército de Colombia y destacamentos policiales continúan promoviendo, colaborando, apoyando, beneficiándose y tolerando a los grupos paramilitares, tratándolos como una fuerza aliada y compatible con sus tropas.

En su expresión más descarada, las relaciones descritas en este informe conllevan una coordinación activa entre las unidades gubernamentales y paramilitares durante operaciones militares; comunicación por radio, teléfonos celulares y buscapersonas (beepers); el intercambio de inteligencia, lo que incluye los nombres de presuntos colaboradores de la guerrilla; compartir combatientes, entre ellos soldados en servicio activo que participan en unidades militares y comandantes paramilitares que se albergan en bases militares; compartir vehículos, incluidos camiones del Ejército empleados para transportar a combatientes paramilitares; coordinación de retenes del Ejército, que permiten habitualmente el paso de combatientes paramilitares fuertemente armados; y pagos de los paramilitares a oficiales militares a cambio de su apoyo.
En palabras de un funcionario municipal colombiano, la relación entre unidades de las Fuerzas Armadas de Colombia, especialmente del Ejército, y los paramilitares es un "matrimonio."

A partir de las pruebas recogidas en este informe, afirmamos que oficiales del nivel de las brigadas y los batallones y en algunos destacamentos policiales incumplen, ignoran o esquivan habitualmente las órdenes superiores de romper sus vínculos con los paramilitares. En violación de la ley y de las directivas de sus superiores, estos oficiales mantienen relaciones estrechas y regulares con los grupos responsables de la mayoría de las más graves violaciones a los derechos humanos en Colombia.
Human Rights Watch considera responsable al gobierno de Pastrana por la dramática y costosa ausencia de medidas inmediatas y efectivas para lograr el control de las fuerzas de seguridad, romper los vínculos persistentes con los grupos paramilitares y garantizar el respeto a los derechos humanos. Hasta la fecha, las iniciativas del gobierno han sido ineficaces o, en algunos casos expuestos en este informe, han estado totalmente ausentes. A pesar de que el Presidente Pastrana deplora públicamente las sucesivas atrocidades, cada una aparentemente más horrible que la anterior, los oficiales de alto rango bajo su mando no adoptan las medidas críticas necesarias para prevenir futuros asesinatos mediante la suspensión de los miembros de las fuerzas de seguridad sospechosos de cometer abusos, la garantía de que sus casos se someterán a las autoridades judiciales civiles y la búsqueda y detención de paramilitares.

Para muchos colombianos, la existencia de una "sexta división" se traduce en un terror diario imposible de recoger en estas páginas. Paramilitares fuertemente armados se desplazan prácticamente sin obstáculos, los líderes paramilitares capturados escapan de su lugar de detención con facilidad y las fuerzas gubernamentales no hacen más que esfuerzos simbólicos para perseguir y capturar a los paramilitares, incluso cuando se encuentran en ciudades importantes, a corta distancia de bases militares o estaciones de policía, y participando en macabras caravanas de la muerte. Los soldados llegan incluso a decirle a los civiles que después de ellos llegarán los paramilitares, sembrando el pánico y el desplazamiento forzado. Los testigos suficientemente valientes para testificar sobre la "sexta división" y sus vínculos con las fuerzas de seguridad son amenazados y asesinados con una precisión escalofriante.

Mientras tanto, los paramilitares conceden entrevistas en exclusiva a docenas de periodistas, se dirigen a los presidentes, académicos internacionales y ministros de gobiernos europeos, se reúnen con altos funcionarios del gobierno y reivindican incluso sus crímenes y prometen cometer más, ampliando metódicamente el reino del terror de villa en villa, calle a calle, casa a casa y corazón a corazón.

En este informe, Human Rights Watch se concentra en tres brigadas del Ejército de Colombia. Incluimos también información que vincula a ciertos destacamentos de la policía con el apoyo y la tolerancia de los grupos paramilitares:

Vigésima Cuarta Brigada: Human Rights Watch ha recopilado pruebas que demuestran que, en 1999 y 2000, la XXIV Brigada con sede en el departamento de Putumayo coordinó activamente operaciones con los paramilitares y que ciertos oficiales al mando de tropas recibieron pagos regulares de paramilitares a cambio de su cooperación. Esta relación se mantuvo incluso cuando Estados Unidos planeó y puso en práctica su "campaña en el Sur de Colombia" dentro de la región bajo el control de la XXIV Brigada. Los batallones antinarcóticos colombianos creados con asistencia de seguridad y financiación de Estados Unidos y entrenados por las fuerzas armadas estadounidenses se coordinaron activamente con la XXIV Brigada, utilizando sus instalaciones, inteligencia y apoyo logístico durante la "campaña en el Sur de Colombia."

Tercera Brigada: A partir de las pruebas recogidas en informes anteriores, Human Rights Watch ha reunido nueva información que indica que la Tercera Brigada, con sede en Cali, Valle, ha seguido promoviendo, coordinándose y asistiendo a los paramilitares en el suroeste de Colombia. Según los testimonios recabados por Human Rights Watch, los oficiales de la Tercera Brigada mantuvieron comunicación constante con los paramilitares sobre el terreno mediante teléfonos celulares y radios. También se informó de que los soldados estaban empleados a medio tiempo como paramilitares y que los paramilitares se quedaban en bases militares y empleaban el transporte militar. Los soldados amenazaron también habitualmente a civiles diciéndoles que las fuerzas paramilitares llegarían después de las tropas del Ejército de Colombia y cometerían atrocidades cuando se fueran.

Quinta Brigada: La zona bajo la jurisdicción de la Quinta Brigada, con sede en Bucaramanga, Santander, fue testigo de una reciente y exitosa ofensiva paramilitar. Los paramilitares tomaron control de más de una docena de pueblos a orillas del río Magdalena sin prácticamente ninguna resistencia, ni siquiera respuesta, por parte de las fuerzas de seguridad colombianas. Los paramilitares lograron tomar por primera vez una ciudad importante, Barrancabermeja. Incluso cuando los paramilitares toman barrios enteros y realizan amenazas, las autoridades locales militares y policiales se muestran mayoritariamente pasivas y se valen de excusas para eludir la responsabilidad por no haber tomado medidas efectivas.

Algunos funcionarios del gobierno -- el Fiscal General, los miembros de su Unidad de Derechos Humanos, los investigadores del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) de la Fiscalía General, los miembros de la Defensoría y la Dirección de la Policía Nacional de Colombia (PNC) -- han emprendido acciones contra los paramilitares. Han registrado sus abusos, detenido a líderes paramilitares, requisado su armamento y evitado algunas masacres. Pero sus actuaciones se han visto constante y efectivamente socavadas, canceladas y en algunos casos totalmente revertidas por las acciones promovidas por la alianza militar-paramilitar.

Testigos presenciales, funcionarios municipales e investigadores judiciales entregaron habitualmente a las fuerzas de seguridad información detallada y actualizada sobre la ubicación exacta de las bases paramilitares; números de licencia, colores y modelos de los vehículos paramilitares; número de celular y buscapersonas utilizados por los paramilitares; y nombres de paramilitares. Sin embargo, a pesar de las docenas de "alertas tempranas" de las atrocidades planeadas, los paramilitares avanzaron, asesinaron, mutilaron, quemaron, destruyeron, robaron y amenazaron con virtual impunidad, con frecuencia delante de las narices de agentes de las fuerzas de seguridad que habían jurado hacer respetar el orden público.
En este informe, Human Rights Watch describe varios casos en los que las fuerzas de seguridad, en particular las Fuerzas Armadas, no hicieron nada contra los paramilitares o participaron en acciones que no produjeron más que retrasos y permitieron que los paramilitares continuaran sus actividades con impunidad. Las tropas solo se presentaron en los lugares donde los paramilitares cometieron graves abusos para contar los cuerpos, fotografiar los daños y dar excusas por no haber protegido a civiles y capturado a los paramilitares responsables de los abusos. Mientras tanto, siguen sin aplicarse miles de órdenes de arresto contra paramilitares porque las Fuerzas Armadas han decidido no ejecutarlas.

Importantes organismos del gobierno colombiano-la Vicepresidencia, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa y especialmente las propias Fuerzas Armadas-no han tomado las acciones decisivas necesarias para tratar esta situación grave. En cambio, han dedicado considerable energía y tiempo a una campaña de relaciones públicas destinada a demostrar que las Fuerzas Armadas han avanzado en la lucha contra los paramilitares. Human Rights Watch ha revisado muchos de los cientos de informes, gráficos, declaraciones, comunicados de prensa, panfletos, pósteres, avisos y revisiones estadísticas del gobierno colombiano que integran esta campaña. Sin embargo, Human Rights Watch llegó a la conclusión que mucha de esta información era engañosa o parcial y no refleja un análisis objetivo o una imagen exacta de lo que está ocurriendo sobre el terreno. Sigue existiendo un abismo entre las palabras y las acciones efectivas.

Human Rights Watch dedica parte de este informe a la política de Estados Unidos con respecto a Colombia. La legislación estadounidense en este sentido, conocida como la Enmienda Leahy, prohíbe que la ayuda militar llegue a unidades de las fuerzas de seguridad involucradas en una conducta abusiva hasta que se adopten medidas efectivas para llevar ante la justicia a los responsables. Además, el Congreso de Estados Unidos incluyó condiciones de derechos humanos específicas para Colombia en un paquete de ayuda que representó un drástico aumento de la ayuda militar al país a partir de 2000. En reiteradas entrevistas con Human Rights Watch, los funcionarios estadounidenses en Colombia y Washington han demostrado que son conscientes de la existencia de la "sexta división" y sus efectos perjudiciales para los derechos humanos.

Sin embargo, Human Rights Watch sostiene que Estados Unidos ha violado el espíritu de sus propias leyes y en algunos casos ha subvalorado o ignorado pruebas de los lazos constantes entre las Fuerzas Armadas de Colombia y los grupos paramilitares, con el fin de financiar a las Fuerzas Armadas de Colombia y presionar para obtener más ayuda para las unidades, entre ellas una implicada en una grave violación. El 22 de agosto de 2000, el Presidente Bill Clinton decidió suspender las condiciones de derechos humanos impuestas por el Congreso de Estados Unidos, por razones de seguridad nacional, permitiendo el flujo de la ayuda militar a las Fuerzas Armadas de Colombia, a pesar de que el Departamento de Estado había certificado que algunas de sus unidades seguían implicadas en el apoyo a los grupos paramilitares.

Con una firma, la Casa Blanca envío un mensaje directo a los líderes de las Fuerzas Armadas de Colombia que ensombreció cualquier otra indicación relacionada con los derechos humanos. Dicho simplemente, el mensaje fue que mientras las Fuerzas Armadas de Colombia cooperaran con la estrategia antidroga de Estados Unidos, los funcionarios estadounidenses suspenderían las condiciones de derechos humanos y esquivarían sus propias leyes de derechos humanos.
A juzgar por la conducta de las Fuerzas Armadas de Colombia sobre el terreno-no por la retórica o los panfletos publicitarios-sus líderes entendieron claramente el mensaje. A pesar de que el alto mando de Colombia ha aceptado erradicar los problemas de derechos humanos de algunas de sus unidades, el resto de las Fuerzas Armadas parece tener prácticamente carta blanca para continuar la coordinación activa con los grupos paramilitares responsables de la mayoría de las violaciones a los derechos humanos en Colombia.

Como documentamos en este informe, a pesar de las pruebas creíbles que implican a una unidad de la Fuerza Aérea de Colombia en un ataque que acabó con las vidas de siete niños y nunca se investigó o castigó adecuadamente, Estados Unidos no ha suspendido la ayuda a esta unidad, como exige la ley. La ley que requiere la suspensión no contempla ninguna excepción. Por otro lado, existen pruebas comprometedoras de vínculos entre paramilitares y unidades de las Fuerzas Armadas de Colombia desplegadas en una campaña antinarcóticos en el Sur de Colombia, lo que ha permitido que tropas financiadas y entrenadas por Estados Unidos se mezclen libremente con unidades que mantienen estrechos lazos con los paramilitares.
El hecho de que el gobierno no se haya ocupado eficazmente del problema de la colaboración continua entre sus fuerzas y los paramilitares abusivos, y la impunidad de las Fuerzas Armadas han contribuido a un deterioro constante y grave de las garantías de derechos humanos. En 2000, la violencia política aumentó marcadamente en Colombia, resultado de los ataques paramilitares a civiles a los que acusan de simpatizar con la guerrilla y de los ataques de la guerrilla a civiles a los que acusa de simpatizar con los paramilitares. Según el estudio anual de la Policía Nacional de Colombia, el número de masacres registradas en 2000 demuestra un aumento del 22 por ciento con respecto al año anterior, la mayoría obra de paramilitares que continúan disfrutando, como mínimo, de la tolerancia de las Fuerzas Armadas de Colombia. En 2000, se calcula que 319.000 personas se vieron forzadas a huir de sus casas, la cifra más alta de desplazados registrada en los últimos cinco años. En palabras de la Comisión Colombiana de Juristas, estos aumentos son "un reflejo dramático de la barbaridad que estamos viendo todos los días en Colombia."