Por Cristian Alarcón

Revelador informe de menores muertos por policías Informe publicado en el diario Hoy de la ciudad de La Plata (Argentina, 26 de octubre de 2001 El máximo tribunal bonaerense también recordó en su informe que durante el año 2000 los episodios de violencia en seccionales policiales motivaron 23 resoluciones dirigidas al Ministerio de Seguridad, frente a las 13 del año 1999, al tiempo que mencionó varias resoluciones relativas "no solo a apremios ilegales sino también a las condiciones de alojamiento que ofrecen aquellas dependencias". La Corte reveló que 140 menores "sufren la restricción a su libertad" en comisarías, llegando a esperar meses por su traslado y reiteró que "está en riesgo la salud física, psíquica y moral de estos menores e incluso su vida". Otro párrafo del informe judicial indica que entre enero y setiembre del presente año se produjeron al menos 1300 episodios de fugas desde los establecimientos oficiales que albergan a menores con causas penales "lo que indica un déficit sustancial en la contención, como así también incorrectas y en cierto modo desaprensivas derivaciones". Verón: "Los menores denuncian por deporte" El ministro de Justicia bonaerense, Ramón Oreste Verón, le pidió ayer a la Corte de la provincia "que no generalice y cite casos precisos" en los que se hayan "armado" enfrentamientos entre la Policía y menores resultando asesinados estos últimos luego de que meses atrás hubieran denunciado malos tratos. Por otra parte el funcionario aseguró que "es casi un deporte por parte de los menores denunciar apremios ilegales durante su detención. Ocurre que reducir a un menor implica el uso de la fuerza, pero la gran mayoría son procedimientos adecuados", garantizó para agregar que "también podríamos contar la infinidad de policías muertos y heridos en manos de menores". Verón aclaró que "de ninguna medida comparto que un policía hiera o asesine a un menor, pero tenemos que ser justos porque hay cientos de casos de uniformados que han resultado víctimas de menores". Respecto del hacinamiento de detenidos en las comisarías del Gran Buenos Aires, el ministro consideró que "por un lado la Corte nos intima a no alojar menores en las comisarías y por el otro Minoridad no tiene la estructura suficiente. Por eso estamos en un círculo vicioso que vengo denunciando desde hace mucho". Finalmente, el responsable de la Seguridad en la provincia resaltó que durante el año 2000 la Policía tuvo más de 1500 enfrentamientos armados con pocas irregularidades, y finalizó sosteniendo que "vivimos un momento de extrema violencia". Por su parte, el vicegobernador Felipe Solá se mostró sorprendido por el acuerdo de la Corte y se limitó a anunciar que "estamos trabajando en la humanización de muchas comisarías que ni por asomo están preparadas para tener presos y también en un plan complejo de padrinazgo que permitirá liberar a detenidos que no sean peligrosos".

Sólo en 1999 y 2000 fueron “al menos” sesenta los niños y adolescentes –bajo la tutela del Estado gobernado por Carlos Ruckauf– que murieron acribillados por las balas de la Bonaerense. Así lo denunció ayer la Suprema Corte de Justicia provincial en una resolución firmada por todos sus ministros. En ella dan cuenta de que muchos de esos chicos asesinados habían “expuesto con anterioridad amenazas y/o tratos lesivos” por parte de personal de las comisarías bajo cuya misma jurisdicción terminaron muriendo. Esa información fue interpretada ayer por varias fuentes judiciales consultadas por Página/12 como la comprobación institucional de que la Policía Bonaerense ejecuta a menores y simula que mueren en tiroteos. A tal punto es dura la resolución que Irma Lima, la presidenta del Consejo del Menor, opinó que “esto podría tratarse de 60 casos Bru o de un escuadrón de la muerte”.
La figura de los escuadrones reaparece después de que este diario publicara varias investigaciones sobre cómo fueron fusilados dos chicos de 14 y 16 años en Don Torcuato, en el mes de marzo, por un presunto escuadrón integrado por integrantes de la maldita policía. El documento elevado por la Corte es un fuerte llamado de atención a las políticas de Seguridad del gobierno. Sin embargo, el ministro Ramón Verón apeló ayer a la soberbia para responder al reclamo de la Justicia: es “casi un deporte de los menores denunciar apremios ilegales”, dijo.

Si hay alguna certeza con la que se sale de una villa miseria después de hablar con los chicos que sobreviven robando paupérrimos botines es que es imposible saber si se volverá a verlos, más cuando recibieron amenazas. Así ocurrió en el caso de Gastón “Monito” Galván y de Miguel “Piti” Burgos, cuyos amigos le dijeron a este cronista en su propio funeral que estaban en una lista negra y que no serían ellos los últimos (ver aparte). Así ocurrió también con el ladrón Víctor Manuel “Frente” Vital, que a los 17 años había llegado a ser el chico más popular de la Villa San Francisco, en San Fernando. La policía se la había jurado, dicen decenas de testigos. Y como la mayoría, había sido golpeado en comisarías. En un intento de robo lo persiguieron por los pasillos de la villa hasta un rancho en el que se escondió junto a su compañero, bajo una mesa. Gritó: “¡No disparen! ¡Nos entregamos!”, pero el cabo Héctor Sosa disparó cuatro tiros con su reglamentaria. Las pericias demostraron que el “Frente” tenía cuatro orificios de bala porque una de ellas antes de entrar en pómulo, le cruzó la mano con la que intentó cubrirse del fuego.

Esa misma manera de morir, cubriéndose la cara con un escudo inútil, es la que ayer una alta fuente de la Corte le describió a Página/12 como la misma en que terminaron las vidas de varios adolescentes de la lista. En un comunicado de la SCJB se recordó ayer lo que en las recientes jornadas sobre “Servicio de Justicia, Niñez y Derechos Humanos”, el presidente de la Corte, Elías Laborde, dijo: “La niñez se ve obligada a caminar al borde del precipicio, a incurrir en delitos, a robar, a caer en drogas y adicciones”. Y se preguntó: “¿Qué hacemos con ese chico? ¿Le enseñamos lo que le falta para que se perfeccione? ¿Los lanzamos a la calle y lo terminamos matando?”. Esas declaraciones precedían el informe que ya estaba en manos de los jueces Juan Carlos Hitters –presidente entrante de la Corte–, Eduardo Petiggiani, Juan Manuel Salas, Eduardo de Lázari, Ernesto Ghione, Alberto Pisano, Héctor Negri y Guillermo San Martín. Todos ellos, más el procurador general Matías De la Cruz, firman el acuerdo elevado al Ejecutivo que fue elaborado en base al Registro de Denuncias y apremios y malos tratos físicos o psíquicos en perjuicio de menores tutelados. Esto –que los menores que cuentan en las estadísticas de la corte sean tutelados– hace más flagrante la posibilidad de que los hayan fusilado agentes del aparato de seguridad del Estado, ya que es el Estado el que, o por la ausencia de familia y contención o porque el chico está acusado de un delito, es responsable de su integridad.

Ante la contundencia de la resolución, la interventora del Consejo del Menor hizo una apuesta fuerte al decir que “si esto se comprueba estamos en 60 casos Bru o en un modus operandi más que perverso que es el de los escuadrones de la muerte. La policía es un cuerpo corporativo y con muchas mentes perversas adentro”. Y enseguida defendió: “La policía actúa con poco profesionalismo, asustada y con espíritu de venganza por la muerte de los compañeros”. Lima le dijo a este diario que no logró hablar con Verón, pero en ese punto sus dichos coincidieron. El ministro se enojó otra vez con la Corte y respondió descalificando las denuncias de los menores. “Para ellos es un deporte”, dijo. “Yo también me podría preguntar por la infinidad de policías muertos en manos de menores.”