Por:
Dr Jorge Heumann * (Datos sobre el autor)
Una nueva lógica se abre paso en la política social de las clases
dominantes. Su soberbia refleja una nueva correlación de
fuerzas, según la cual una mayoría del pueblo debe servir a la
concentración de la riqueza de algunos grupos económicos.
El nuevo pensamiento de la derecha posmoderna retoma la idea
del servilismo. Países, regiones y sectores sociales deben sacrificarse para entrar en el único camino que no ha sido marcado a fuerza
de consenso, sino de represión. Pinochet, Videla, Bordaberry y
Geisel y miles de desaparecidos han antecedido a los comunicadores
sociales. Las bombas inteligentes sobre Irak, el derrocamiento del
cura Aristide en Haiti, o las amenazas sobre Cuba son la advertencia
para los que busquen un orden mundial más justo.
Una década de empobrecimiento y descapitalización en América Latina, la instrumentación y saqueo de sus Estados en provecho
de los grupos económicos, ha precedido el festejo de los 500 años, con
la reconquista de capitales de los Estados europeos de palancas
claves de las economías latinoamericanas.
La lógica economicista y tecnocrática reemplaza al discurso
social y político. No hay límites para la concentración de la riqueza,
exhibida ahora con ostentación por el modelo yuppie. El Presidente
mejor vestido en Ferrari de un país en los tiempos del cólera, es
sintomático de esta nueva ética de las clases dominantes.
Sobre la corrupción, fenomeno inherente a los regímenes económico sociales de apropiación individual de la riqueza, aparece
como limitante a esta acumulación. Sobre todo desde los países del
capitalismo sajón, donde tal corrupción tiene normas y medidas,
entre ellas no alimentar al narcotráfico.1- La irrupción de las nuevas formas de la exclusión
Hacia fines de los 80' los cerebros de la estrategia norteamericona vertían en el Documento de Santa Fe II (EEUU) sus objetivos para los Estados Latinoamericanos. Consideraban el nacionalismo como generador de políticas dirigistas, totalitarias y antinorteamericanas, equiparando su peligro potencial al terrorismo. Planteaban entonces quebrar la capacidad de autonomía de los Estados Nacionales combinando un modelo de democracia formal con el sometimiento económico y político.
La necesidad imperiosa de los bancos en los países centrales de recuperar capitales, también requería acentuar la dependencia. Ya en 1987, en un boletín de la O.P.S. dedicado a la "Economía de la Salud", aparecía un artículo con el título: "¿Se justifìca económicamente la erradicación de la poliomielitis en las Américas?"
El requerimiento de organismos donantes privados, bi y multilaterales para financiar la campaña de vacunación antipolio de la O.P.S., implicaba "responder esta pregunta: el ahorro en los costos de tratamiento y rehabilitación: ¿justifica el costo de la vacunación?" Este "ajuste" de los gastos fiscales en América Latina, aún en acciones básicas de salud, se acentuaba con la falta de inversión en agua potable y saneamiento del medio ambiente: Comenzaban los tiempos del cólera para nuestros países.
En Argentina, los menguados recursos destinados a políticas sociales desde la época del Proceso, iban a tener un mayor recorte. La inversión del Estado en sectores sociales arroja en los últimos 20 años: 0.56 en 1970; 0.74 en 1975; 0.40 en 1980; 0.22 en 1985 y 0.06 en 1989, (inversión pública nacional en % del PBI). El grado de ajuste terminaría así con el financiamiento de las políticas asistencialistas, marcando una nueva situación, en la cual el estado ya no atendía la injusta distribución del ingreso. El Plan Alimentario Nacional del Alfonsinismo marcó quizás uno de los últimos hitos en ese sentido.
La privatización de los hospitales públicos, el traspaso a las provincias de servicios educativos sin resguardo de su mantenimiento y la paralización total de planes de vivienda son expresión de una nueva ubicación del estado frente a la sociedad. Si el capitalismo en los países centrales desarma o limita las
Políticas de Bienestar del Estado, en los periféricos destruye su presencia. El Estado nunca ha estado al margen de las clases e intereses: hoy se han apropiado de él los grupos económicos, que con fachadas políticas diversas -entre ellas peronista o socialista- van a hacerle jugar un papel con menor intervención en la dirección de la economía y con inédito alejamiento de las necesidades populares. "Hace 100 años no teníamos esta oportunidad" decía Hernán Buci, Ministro de Economía de Pinochet a una reciente convención de empresarios argentinos. En este punto de la dominación y la dependencia, en esta correlación de fuerzas, las clases dominantes desearían detener la historia.
La extrema asimetria social tiene expresiones cuantitativas inéditas. Hacia 1989, once millones de argentinos subsistían con el 9% de la riqueza; mientras tres millones se apropiaban del 35% de la misma. Esta concentración afectaba también a las capas medias, que habían visto disminuir sus ingresos a expensas de los sectores dominantes.
La pauperización no alcanza sólo a marginados del sistema productivo: una reciente encuesta en la propia Capital Federal mostraba a la mitad de sus habitantes con ingresos menores a los 300 pesos.
La exigua retribución al trabajo asalariado es la base de la nueva pobreza: si la participación de los trabajadores en el ingreso nacional era del 42% a comienzos de los años setenta (con un máximo del 46% en 1974) a comienzos de la década siguiente había caído el 30%. En la actualidad, toda la masa trabajadora recibe sólo el 21% del ingreso nacional.
Aquí encontraremos la génesis de la nueva pobreza: la transferencia de recursos desde los asalariados a los sectores del capital. (Ver grãfico página siguiente)
Sólo en los últimos nueve anos ochenta mil millones de dólares adicionales por ese concepto engrosaron las cuentas empresarias. Si a ello le sumamos los setenta mil millones de dólares "extra" apropiados durante la dictadura, encontraremos una base del "milagro" empresarial de los Roca, Macri, o Pérez Companc. Como dato adicional, esta expropiación a los asalariados no se tradujo en inversión y empleo, sino en flujo de capitales hacia fuera del país.
El aumento de la cuota de ganancia no es el único ingrediente de este modelo. El capital en nuestro país tiene aún otra prebenda: sólo contribuye con el 1% del PBI a la recaudación impositiva, (frente al 10% en los Estados Unidos o el 17% en Inglaterra). Las rentas generales de la Nación para financiar los gastos sociales mostraban para 1992 que más del 50% de los impuestos provenían del IVA sobre los bienes de consumo, mientras los tributos a las ganancias, capitales y activos significaban menos del 10% de la recaudación impositiva. De este modo, son los propios sectores populares, a través del consumo, quienes contribuyen a la generación de los recursos del Estado para atender las políticas sociales.
Por otra parte, al convertir servicios sociales esenciales como agua, gas, electricidad, transporte o teléfonos, en bienes de mercado, los sectores de menores recursos no podrán acceder a ellos. El Estado no sólo pierde así instrumentos esenciales para la regulación y planificación económica, sino también la capacidad de asegurar a los sectores sociales y a las regiones más necesitadas esos servicios. La incapacidad estratégica del Estado para generar política social en la infraestructura sanitaria y de servicios junto con la enajenación de activos de propiedad pública, es otro aspecto donde se verifica la transferencia de recursos de los sectores populares a los grupos económicos.
Finalmente, la drástica caída del nivel de vida de los asalariados, junto con la precarización del empleo -consagrado por Ley- implica un fuerte cambio en la lectura de la marginalidad. Se han difuminado en parte los límites entre "pobreza estructural" y "nueva pobreza", entre marginados y trabajadores.
En los últimos tiempos el centro del discurso oficial ha sido "corregir los errores de los últimos 40 años", sustituyendo al discurso alfonsinista que ubicaba el problema en "la ruptura institucional de 1930".
Desde un perfil antimilitarista y de democracia formal, afín a la estrategia norteamericana hace una década, las clases dominantes fueron instalando progresivamente al Estado Nacional como pecado original. La gestión Terragno fue quizás demostrativa en esa transición.
El disciplinamiento del Poder Judicial al nuevo modelo avalando las ilicitudes en el proceso de privatización ha sido acompañado por una Legislatura complaciente desde las dos fuerzas políticas hegemonizadas por la estrategia neoliberal.
La Iglesia, crítica en otras latitudes, ha prestado desde sus máximas jerarquías un fervoroso apoyo, lo mismo que las Fuerzas Armadas convertidas en agencias de turismo intemacional y la dirigencia sindical oficialista. Los medios de comunicación, expresión de los intereses de las clases dominantes de las cuales forman parte, han sido adelantados en la Cruzada contra el Demonio Estatal.
El objetivo de fondo, realizable únicamente en esta situación política, es la destrucción final del modelo de Estado Peronista. La solidez de su construcción, basada en fuertes instrumentos de planificación estatal ha requerido décadas para desarticularlo. El hondo contenido social de ese modelo, sintetizado en la figura de Eva Perón, ha sido quizá lo más perdurable del mismo. Su política social, construida desde un mosaico de estructuras y acciones, ha diseñado en la Salud Pública, el Sistema Previsional o los Derechos Laborales una suerte de paradigma popular, tanto más firme por haber sido fruto de la práctica social y política de los trabajadores. La dinamitación del Warnes, inconcluso Hospital de Pediatría, es un mensaje fuerte hacia la sociedad. Dar vuelta la página de una buena vez.
El drama de las clases dominantes es que el nuevo modelo liberal, a diferencia del viejo conservadorismo, no tiene lugar en su interior para cooptar o al menos asimilar aspectos sociales básicos. La demanda del ajuste y la correlación de fuerzas explican la dureza del modelo.
Asi ganan la batalla en lo económico, logrando una mayor concentración del poder. Pero comienzan a perder la batalla en las ideas del modelo social. Tal vez el reclamo de la sociedad por la escuela pública sea expresión de ello.
Salud privada, educación privada, jubilación privada, son ofertas funcionales a la delegación del Estado de esas responsabilidades. Una lectura económica mostraría un negocio de 2.500 millones de dólares anuales para los pre pagos con la destrucción de las Obras Sociales. Y de otra suma similar para las compañías aseguradoras por su reemplazo del Estado como administrador de las cajas de pensión.
El impacto social de prosperar la legislación sería dramático pues acentuaría la estratificaclón y el individualismo en la cobertura de aspectos básicos como salud y previsión, dejándola librada a la oferta y demanda del mercado, en el que cada "individuo" eligiría el prepago o la compañía de seguros de acuerdo con sus "posibilidades". Así la responsabilidad del Estado se trasladaría a las personas aisladas.
La estrategia se completaría con la eximición de los empresarios de realizar los aportes jubilatorios de obras sociales y subsidios familiares, aduciendo la necesidad de bajar aún más los costos laborales, trasladando la responsabilidad de los sectores del capital a las personas, a través de nuevos impuestos al consumo, que marginan del mismo a los más débiles.
Hay otros mecanismos para aumentar la fragmentación social: la nueva legislación laboral intenta separar a los trabajadores, rompiendo los convenios colectivos por gremio y actividad, para pasar a convenios por empresa y contratos individuales y temporarios. Además de la intencionalidad de condicionar la afiliación sindical y romper la unidad de los trabajadores, se tendería a realizar el gasto salarial y social mínimo de acuerdo a la productividad de cada asalariado.
Algunos datos del "modelo chileno" pueden ser ilustrativos del pretendido final de este proceso: sólo 18% de la fuerza laboral sindicalizada y dispersa en 4.000 sindicatos; disminución de los costos laborales a la cuarta parte; destrucción de la seguridad social y del rol estatal en la previsión; financiación de la salud con 17% de aporte estatal; 1% patronal y 82% de la población... la filosofía según los hacedores del milagro es: "Señores, tengan cuidado con su futuro, y hagan su ahorro individual, pues si llegan a cierta edad sin haber ahorrado pues... les irá mal".
Resumiendo, las estrategias confluyentes de las clases dominantes se orientan a:
Las respuestas tradicionales a la pobreza han tenido otros marcos y condicionantes, muy diferentes del actual. Hoy el sistema desarticula o limita drásticamente los INSTRUMENTOS ESTATALES DESDE LOS CUALES CONTENER LAS NECESIDADES SOCIALES.
Reduce la extensión y profundidad de los programas. Promociona sólo lo funcional al sistema: Sida y Droga desde una individualización esquizoide son temas excluyentes.
Desnutrición y salud mental son hoy ignorados en los planes oficiales, sin mencionar el agua o la vivienda.
El desmembramiento no sólo afecta los recursos económicos, también alcanza a la coherencia de políticas: el cólera ha tenido multitud de mensajes contradictorios, sin que el nivel central implementara una acción eficaz en la educación sanitaria.
Los "pliegues" del sistema, los espacios en el interior de las administraciones provinciales o municipales avalan o sufren el "clima" nacional. Quienes optan por ocupar posiciones como funcionarios de "mano izquierda" en el interior del Estado, ven limitadas sus posibilidades de maniobra: el Estado Hood-Robin es desempleador, privatizador de la obra pública y deshuazador de la salud.
El salario deprimido de los trabajadores de las áreas sociales no es sólo un problema particular de su sobrevivencia: tambien refleja EL ROL QUE ESTE ESTADO ASIGNA A LOS TRABAJADORES SOCIALES, DE LA SALUD Y A LOS EDUCADORES.
El sumergimiento social y económico de la comunidad, las instituciones sociales y los trabajadores de las mismas, afectadas todas ellas por las mismas políticas, hacen difusos los límites entre estos actores, y crean quizá por vez primera las condiciones para una profunda identificación ENTRE IGUALES. Así una misma problemática ha unido al pueblo, la escuela y los maestros. En este caso, el reconocimiento de los educadores como TRABAJADORES ha sido vital para desarrollar la DEMANDA COLECTIVA por la educación. Los límites también imprecisos entre trabajadores ocupados, desocupados y temporarios, puede dar lugar a una feroz competencia por ingresar al exiguo mercado laboral. En este sentido el empresariado ejerce fuertes presiones para profundizar la flexibilización laboral.
Sin embargo los conflictos locales por el cierre de fuentes de trabajo o privatizaciones (SOMISA, ACINDAR] han encontrado un marco solidario (comunidades de San Nicolás, Villa Constitución) como contracara de la lucha individual, impidiendo la utilización de los desocupados como instrumento para romper la resistencia sindical. Tampoco le ha sido sencillo al gobierno utilizarlos en otros conflictos (ENTEL).
La necesidad de hacer colectivos los problemas se basa en que ya no hay margen dentro del sistema para la solución individual. La autorresponsabilidad y la autoayuda, comunes en el discurso social hace una década han perdido sustento y vigencia, aunque puedan ser reflotadas de no mediar propuestas colectivas. La privatización de la jubilación, de la salud, de la educación, encuentran dudas en buena parte de la población, que ha comenzado a percibir el perfil de la política social del gobierno. Su insensibilidad y soberbia horadan el credo de la estabilidad, y EN EL DISCURSO ECONOMETRICO LAS CLASES DOMINANTES TROPIEZAN CON SU PROPIO LIMITE HACIA LA SOCIEDAD, pese a las advertencias poco convincentes de los Grondona.
En cualquier caso, desde los trabajadores de las áreas sociales, la necesidad de socializar los reclamos es vital, al igual que practicar la confluencia de las demandas sectoriales como contracara del asistencialismo individual, la ruptura grupal y el modelo de estratificación de los grupos económicos.
El vacío actual de opciones políticas conspira contra la profundidad y continuidad de la tarea social, pero no la impide.
Si la historia se parece al péndulo de Perón o a la espiral ascendente de Marx, está en discusión. Pero sin duda guarda poca similitud con la piedra inanimada de Fukuyama.
BUCHI BUC, Hernán: EL FACTOR HUMANO EN UNA ECONOMIA DE MERCADO. Ponencia. Bs. As. 1992
BUSTELO, Eduardo: CUESTA ABAJO. Bs. As., 1992, LOSADA.
FALEIROS, Vicente de Paula: A POLITICA SOCIAL DO ESTADO CAPITALISTA. San Pablo, 1983.
LOZANO, Claudio y JAUREGUI, Marcela: LAS POLITICAS SOCIALES EN CRISIS. IDEP-ATE, Bs. As. 1991
MUSGROVE, Philip: ECONOMIA DE LA SALUD, O.P.S. Washington, 1987
UNICEF e INDEC: INFANCIA Y POBREZA EN LA ARCENTINA. Bs. As. 1990.