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EN VEZ DE CONTROL DEL LAVADO DE DINERO,REIVINDICACION DE LA GUERRA SUCIA

Bin Laden agradecido

Por Horacio Verbitsky
Publicado en el Diario Página 12, Buenos Aires, 30 de octubre de 2001

De la Rúa dispuso suspender la integración de la UIF encargada de controlar el lavado de dinero y reformularla a gusto de los bancos. También desertó de la reunión extraordinaria del GAFI, el organismo internacional que sesiona hoy en Washington, para aplicar las resoluciones de Naciones Unidas contra el financiamiento del terrorismo. Mientras, la Armada intenta reivindicar la guerra sucia y el terrorismo de Estado.

Pese a toda la retórica respecto de la lucha contra el terrorismo, la Argentina desertó de la reunión extraordinaria del Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el Blanqueo de Capitales (GAFI), que se inició ayer y concluirá hoy en Washington. La plenaria fue convocada para coordinar los esfuerzos de detección y prevención del mal uso del sistema financiero mundial por parte de los terroristas. La ausencia de funcionarios argentinos especializados tomó como excusa la escasez de recursos debido a la política de déficit cero.

Pero, al mismo tiempo, el presidente Fernando De la Rúa solicitó que se interrumpiera el proceso de selección de los miembros de la Unidad de Información Financiera (UIF), que es el equivalente local del GAFI, y el ministerio de justicia tiene un proyecto en elaboración para reducir su integración de once a tres miembros, cediendo a los reclamos de los bancos, que aquí resisten el control a sus operaciones. De este modo, la Argentina desatiende las recomendaciones adoptadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que decidió por unanimidad que los 189 estados miembros de la organización debían combatir el financiamiento, entrenamiento y movimientos de los terroristas. La Argentina es representada en la reunión de Washington por funcionarios de la embajada, sin conocimientos sobre el tema en debate. En el mejor de los casos podrán comunicar las resoluciones finales adoptadas.

Enmienda por decreto
Los tres primeros y principales puntos de la resolución adoptada por el Consejo de Seguridad el 28 de septiembre prescriben prevenir y suprimir el financiamiento de los terroristas, congelar sin demora sus recursos y prohibir que se pongan fondos a disposición de organizaciones terroristas. Los estados miembros deben informar antes del 28 de diciembre qué medidas han adoptado para poner en práctica la resolución que, de acuerdo con el capítulo 7 de la Carta, es obligatoria. Tanto el GAFI como la UIF tienen como tarea adoptar medidas de control que dificulten el lavado de dinero. Esto como es natural es resistido por los bancos. El gobierno de los Estados Unidos tampoco había mostrado mayor entusiasmo en el establecimiento y aplicación de normas muy estrictas, porque esto molestaba a sus mayores bancos, tal como ocurre en la Argentina. Pero la actitud estadounidense cambió después de los atentados del 11 de setiembre, ya que los mismos circuitos que se usan para lavar dinero producto de la corrupción y el crimen organizado, sirven para canalizar fondos de organizaciones terroristas.

La Argentina, en cambio, en vez de hacer más estrictas las medidas de control, se propone relajarlas. La decisión fue anticipada el viernes por el diario patronal Ambito financiero, en una sugestiva nota bajo el amable título “Más burocracia para controlar el lavado”. En tono presuntamente irónico rememora disposiciones regulatorias de distintas épocas, sin relación alguna con el tema en cuestión. La ley 25.246, sobre prevención del encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo, prevé que la UIF esté integrada por once miembros, todos elegidos por concurso, cuyo resultado es vinculante para el Poder Ejecutivo, según el decreto 169 de enero de este año. Seis de ellos son concursados por la AFIP, la Sedronar la CNV, el Banco Central y los ministerios de justicia y de Economía. Los tres primeros ya habían elegido de ese modo a sus representantes, los especialistas García Lorea, Sain y Rabinovich; Justicia y el Banco Central, están a punto de emitir su dictamen y Economía convocó a concurso el 24 de octubre. Para los otros cinco cargos la inscripción en los concursos públicos nacionales se cerró el 17 de octubre. Pero la semanapasada, la Secretaría General de Presidencia envió a esos organismos una carta firmada por De la Rúa solicitando la suspensión de los concursos.

Fuentes del ministerio de Justicia dijeron que el hermano presidencial, Jorge De la Rúa tiene en elaboración un proyecto que modifica la ley de modo que la UIF sólo tenga tres integrantes: uno por el propio ministerio de Justicia,otro por el Banco Central y el tercero por el sector bancario. Salvo que el Congreso revoque antes la delegación de facultades al Poder Ejecutivo, esta reforma a medida de los deseos de los banqueros se haría invocando esa delegación.

Las finanzas del terror
El Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el Blanqueo de Capitales (GAFI) es un organismo intergubernamental cuyo propósito es elaborar y promover medidas para combatir el blanqueo de capitales. De tal modo procura impedir que recursos originados en actos delictivos se utilicen en actividades criminales futuras y afecten a las actividades económicas lícitas. Lo integran 29 países (entre ellos Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania, Francia, Japón, España, Italia, China, Suiza, Hong Kong, Bélgica, Canadá, Turquía, Argentina, Brasil y México) y dos organismos internacionales.
Es un organismo multidisciplinario que reúne a expertos encargados de adoptar medidas sobre cuestiones jurídicas, financieras y operativas, cuya secretaría ejecutiva funciona en París. Las Cuarenta Recomendaciones que el GAFI formuló en 1990 constituyen el marco básico de lucha contra el blanqueo de capitales y han sido concebidas para una aplicación universal. Abarcan el sistema jurídico penal y policial, el sistema financiero y su reglamentación, y la cooperación internacional. Los estados que no cumplen con los lineamientos básicos establecidos por el GAFI son incorporados a una Lista de Países y Territorios No Cooperantes. En Febrero de 2000, Bélgica propuso incluir a la Argentina en esta lista negra, porque no poseía una ley específica de lavado de dinero, ni una UIF que centralizara la información financiera.
Eludió su descenso a esa peligrosa categoría gracias a la sanción de la Ley 25.246, elaborada por la diputada Elisa Carrió y en junio de 2000, pasó a ser miembro pleno del GAFI, que mantiene dos reuniones ordinarias por año. La que concluye hoy en Washington es extraordinaria y fue convocada a raíz de la nueva situación mundial. La agenda incluye una descripción de los “métodos y técnicas usados en el financiamiento del terrorismo” y un Plan de acción del GAFI con recomendaciones especiales para combatir el financiamiento del terrorismo. También se planea emitir nuevas orientaciones para las instituciones financieras.

Valiente muchachada
Relajadas las medidas de control sobre aquellas cuestiones prácticas que están al alcance de su soberanía, el aporte de la Argentina al esfuerzo internacional, se reduce a la remilitarización de la seguridad interior que las Fuerzas Armadas propician con el pretexto del 11 de septiembre. En un reportaje concedido al comprensivo matutino “La Nación”, el jefe de la Armada, almirante Joaquín Stella dijo el domingo que debían “replantearse los conceptos de seguridad y defensa”, de modo de “adaptarse sin prejuicios al nuevo escenario mundial”. Stella agregó que la oportunidad para ello será el tratamiento de la ley de inteligencia nacional, que debería discutirse “más seriamente en el nuevo Congreso”.
El proyecto naval, que hizo suyo el presidente De la Rúa, de vínculos familiares con la Armada a través de su cuñado, el almirante Basilio Pertiné, crea un superconsejo de seguridad, defensa e inteligencia, que deroga de hecho la división entre defensa nacional y seguridad interior establecida por lasleyes respectivas. La referencia de Stella al “nuevo Congreso” no es casual. Los propulsores de esta reforma, que con el pretexto del terrorismo devolvería a los militares las facultades de opinar sobre absolutamente todo, incluso los planes de estudios en los colegios y el largo de las faldas de las mujeres, saben que el Senado se propone votar mañana el proyecto de ley que De la Rúa firmó el 22 de agosto, que preserva la división entre seguridad y defensa y reafirma la conducción civil del sistema nacional de inteligencia.
El proyecto tiene dictamen favorable de todas las comisiones involucradas. Los Jefes de Estado Mayor intentan presentar el regreso de las Fuerzas Armadas a niveles de decisión política y a tareas policiales como una respuesta moderna ante las denominadas nuevas amenazas. El reportaje a Stella demuestra que, en realidad, se fundamenta en conceptos tan rancios como el de las fronteras interiores, que el ex dictador Juan Onganía teorizó en su discurso de West Point hace 35 años y que la dictadura de Videla, Massera & Cia. aplicó hace 25. No por azar Stella expresa su esperanza de que “este nuevo terrorismo ayude a contribuir para que se vuelva a repensar la parcialización de nuestra historia. Yo abono la idea de una mirada amplia. En ese sentido, creo que esta experiencia plantea la posibilidad de esa visión totalizadora de los años de violencia en la Argentina”. Es decir, reivindicar la guerra sucia y el terrorismo de Estado.