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EL ANALISIS

El precio por abrir la ruta 34

Por Carlos F. Pastrana (Corresponsal en Salta)
Diario La Nación, Argentina

19 de Junio de 2001

SALTA.- El 30 de mayo un pequeño grupo de albañiles que construyen el hospital de General Enrique Mosconi al no tener respuesta de su pedido de un salario básico de $ 2,50 la hora resolvió cortar la ruta nacional 34, una vez más.

No hubo respuestas de funcionarios provinciales ni nacionales a la espera de que concluyera la medida de fuerza. El conflicto creció. Hubo otros cortes en Cuña Muerta, al norte de Tartagal, y luego en el acceso a la localidad de Profesor Salvador Mazza, lo que fue sumando reclamos. En total llegaron a quince.
Un camino alternativo paralelo a la ruta 34 abierto precisamente para poder sortear el problema del tránsito atenuó los efectos del conflicto.

El correr de los días hizo perder fuerza a los piquetes de Tartagal y de Profesor Salvador Mazza, que se levantaron, pero el de Mosconi se mantuvo inflexible, y, dado que no había intenciones de diálogo ni de las autoridades ni de los manifestantes, era previsible el desenlace que se produjo en la mañana de ayer.

Días pasados se detuvo a siete dirigentes, entre ellos José Barraza, integrante del Partido Obrero, que además fue procesado por "sedición" y otros delitos y quedaron otros tres manifestantes alojados en dependencias de la Gendarmería.
El jueves último comenzó el despliegue de los gendarmes y el movimiento alertó a los piqueteros que dieron la alerta por la sirena de bomberos voluntarios. Un comandante del cuerpo de apellido Miranda, de 63 años, es uno de los detenidos que, usando bombas generaron incertidumbre y comentarios sobre el "terror de los piqueteros".

Versiones encontradas
Ayer comenzaron los choques y las versiones encontradas sobre los responsables de la violencia desatada una vez más y que derivó en la muerte de dos personas de la zona y de más de una treintena de heridos.
En noviembre último murió un piquetero y en mayo un camionero.

El secretario de Seguridad de la Provincia, Daniel Nallar, reiteró que "no se dialoga con delincuentes", siguiendo el pensamiento del gobernador justicialista Juan Carlos Romero, que atribuye los desórdenes a personas extrañas.
El juez federal N° 1 de Salta, Abel Cornejo, coincidió en que desde el año último hay movimientos que exceden los reclamos sociales.
El magistrado recordó, entre otros episodios, la obstrucción de la destilería Campo Durand y la existencia de personas armadas en las protestas.
Por el contrario, Mara Puntano, abogada de los detenidos, advirtió sobre "un proceso de criminalización de los luchadores sociales" y aludió al hecho de que los tres dirigentes que permanecen detenidos son integrantes del Partido Obrero.

Los manifestantes y los gendarmes se acusan mutuamente de la balacera que se originó ayer, pero lo cierto es que un pedido de albañiles creció hasta convertirse en una nueva tragedia en el norte salteño.
Ayer no se dio la masiva adhesión popular que tuvieron protestas anteriores; en ello influyeron los disturbios de mayo y noviembre últimos.
Miles de desocupados por la privatización de YPF durante la gestión de Carlos Menem, y la recesión mantienen en la pobreza al Departamento San Martín, que permite el ingreso de más de dos millones de pesos mensuales por regalías pero que no se vuelcan en sus pueblos.

Desde 1997, los cortes de ruta se suceden y hay acuerdos que sólo se cumplieron parcialmente desde las esferas oficiales y con mucha lentitud.
Ahora ya ni siquiera se consideró necesario dialogar. Los piquetes parecen haber perdido fuerza. Pero el precio de reabrir la ruta fue mucho más caro.

"Serenidad"
La Comisión de Pastoral Social de la Diócesis de la Nueva Orán llamó anoche a "la serenidad de todos para superar la gravedad del momento. Hacemos un enérgico llamado a todos los que tienen responsabilidades en los gobiernos nacional, provincial y municipales, en los ámbitos ejecutivos, legislativos y judicial a asumir la responsabilidad política y social que les cabe".